TLC en Guatemala:
represión contra diálogo
Andrés Cabanas
Diagonal
A pesar de las protestas, el Congreso de Guatemala aprobó el 10 de marzo el
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TLC. La aprobación se produjo en
circunstancias negativas: con evidente desconocimiento por parte de los
diputados del contenido y las implicaciones del TLC y en un momento en que el
movimiento social y la Universidad estatal solicitaban la realización de una
Consulta Popular.
En vez del debate, el gobierno optó por la represión. La manifestación del 14 de
marzo, culminación de una jornada de paro nacional y de quince días de protestas
continuas, fue disuelta violentamente. Según la organización Mesa Global,
“la manifestación ocurría pacíficamente cuando la Policía Militar rodeó
las cuatro entradas del Parque Central de la capital. Comenzaron a disparar
bombas lacrimógenas y balas de goma a los manifestantes. Estos huyeron para
donde podían. La Policía Militar los persiguió para dispersarlos, tratando de
capturar a quienes pudieran acusándolos de daños a la propiedad pública”.
El mismo día se dictaron órdenes de captura contra dirigentes sociales, pero la
rapidez con la que el Procurador de los Derechos Humanos los albergó en las
instalaciones de la Procuraduría, obligó al gobierno a dar marcha atrás. El 15
de marzo, militares y policías dispararon contra una concentración en el
departamento de Huehuetenango, noroccidente del país, asesinando a Juan López.
La celeridad con la que el Congreso aprobó el TLC y la represión desactivaron
las protestas. La cercanía de la Semana Santa guatemalteca, equivalente al
verano europeo, funcionó también como factor desmovilizador. Pronto, los
penitentes y los “cucuruchos” (cofrades) fueron más numerosos y más
bulliciosos en las calles que los manifestantes.
Pero el éxito inmediato del gobierno implicó una debilidad a largo plazo y un
grave daño al país. Primero, por las consecuencias negativas del TLC: pérdida de
soberanía, amenaza de desaparición de cultivos agrícolas, competencia en
condiciones asimétricas con empresas transnacionales...
Segundo, porque la manera en que se aprobó el TLC debilitó la institucionalidad
democrática. Los diputados votaron sin debate un Tratado de trascendencia y
rechazaron la solicitud de consulta popular, por onerosa y por que de todas
formas –afirmó el presidente del Congreso Jorge Méndez Herbruger- la
población iba a decir sí. Sin embargo, lo importante de la consulta no era tanto
el resultado como el proceso de reflexión y articulación que implicaría. Y en
esto se volvía estratégica para la conformación de una cultura de diálogo, tan
inexistente en este país. “Esa fue la mayor pantomima en todo ese proceso
hacia la aprobación del TLC-USA. Un asunto negociado por elites empresariales y
políticas desde hace años; siempre cerrado” afirmó la escritora Tania
Palencia en el diario Siglo XXI.
El Presidente Berger contribuyó a la cruzada antidemocrática al ridiculizar y
minimizar las protestas (“son grupitos de 30, 70 personas”); atacó
directamente y por su nombre a algunos de los dirigentes sociales y sancionó el
Tratado mientras su Vicepresidente participaba en una comisión de diálogo.
Berger actuó como vocero de sectores empresariales: un presidente de exclusión y
no de consenso.
La oposición al TLC
Por su parte, el movimiento social llegó tarde a la cita del TLC. En los
mercados paralizados, en las calles colapsadas de la capital, en los caminos
bloqueados, muchos se preguntaban por qué si el TLC era tan importante no se
habían hecho movilizaciones antes. El movimiento social tampoco fue capaz de
mantener el nivel de las protestas; no ensayó nuevas formas de oposición más
allá de los bloqueos y las marchas; careció de Plan B para enfrentar la
represión del 14 de marzo y no pudo sumar fuerzas: fueron los mismos de siempre
los que estuvieron presentes en todos los escenarios de conflicto. Palencia
afirma que todavía el liderazgo social es reactivo y está a la defensiva:
“A pesar de su valentía, la izquierda insiste en priorizar su acción de
coyuntura. Es un liderazgo de días D”.
Sin embargo, la aprobación del TL no implica el cierre de un capítulo de
oposición. La represión abrió heridas y desnudó el carácter de un gobierno que
llegó al poder por el apoyo implícito de parte del movimiento social (como la
alternativa menos mala frente al exdictador y genocida Ríos Montt). Ese apoyo ha
finalizado y se esperan nuevas protestas, especialmente de campesinos, maestros
y el Frente contra la Minería.
En cierto sentido, la derrota del intento de detener la aprobación del Tratado,
puede derivar en lecciones positivas: la más importante, la necesidad de
fortalecer el incipiente esfuerzo de unidad representado por el Movimiento
Indígena, Campesino, Sindical y Popular. En segundo lugar, la urgencia de
renovar formas de acción para reducir la vulnerabilidad del movimiento. En
tercer lugar, la lucha por involucrar a más personas y nuevos sectores sociales
(algunas manifestaciones, como la del primero de marzo, fueron masivas pero no
suficientes), lo cual lleva implícito un debate sobre programas, métodos y
líderes. Todo ello es vital para enfrentar políticas económicas y sociales que
amenazan el destino de Guatemala como país, y políticas represivas que apuestan
por la vía de la violencia y la exclusión en vez del diálogo y el consenso, es
decir, en vez de intentar construir un país justo y democrático.
