Bajo la mirada de Washington

El 31 de enero de 2005 el presidente venezolano Hugo Chávez fue recibido triunfalmente por los militantes altermundialistas del Foro Social Mundial de Porto Alegre. El que para la izquierda latinoamericana se ha convertido en el símbolo de la resistencia al neoliberalismo y a la hegemonía estadounidense habló en aquella ocasión de la necesidad de «implantar una economía social para superar el capitalismo». Después de haber soportado las intrigas de la Casa Blanca, que lo intentó todo para desestabilizarle, Chávez vuelve a ser la bestia negra de la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y de los nostálgicos de la guerra fría como el Secretario de Estado Adjunto, Roger Noriega, el Subsecretario de Estado, John Bolton, el «duro» Elliot Abrams, Viceconsejero de Seguridad Nacional, o John Negroponte, veterano de la guerra sucia en Centroamérica y actual director de la todopoderosa Agencia Nacional de Seguridad. Obsesionados por impedir que, según ellos, surja una... «nueva Cuba», recurren a los métodos aplicados contra todos los gobiernos y países que han tratado de independizarse del Imperio.
Tras salir airoso del intento de golpe de estado del 11 de abril de 2002, del cierre patronal de diciembre de 2002-enero de 2003 (64 días de cese de la actividad económica), del referéndum revocatorio del 15 de agosto de 2004 y de las elecciones del 31 de octubre del mismo año, que dieron a su movimiento 20 de los 22 gobernadores y 270 de los 337 alcaldes, el presidente bolivariano aplica una audaz política en pro de los sectores desfavorecidos. Tras recuperar el control de la empresa nacional petrolera PDVSA, en 2004 se han invertido en planes sociales 3.500 millones de dólares de la renta petrolera(1). Por otro lado, Chávez ha desempeñado un papel decisivo en el escenario latinoamericano, donde ya no está aislado (aunque no siempre bien acompañado).
Los efectos perversos del dogmatismo liberal promovido por Washington, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han ocasionado un indudable giro a la izquierda en el subcontinente (Argentina, Brasil, Panamá, Uruguay) durante los últimos años. Hasta en Méjico se vislumbra una victoria del actual alcalde de la capital, Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), proyecto estadounidense de recolonización económica del continente, la situación le permite al presidente venezolano impulsar su proyecto de Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), una integración basada en la colaboración y no en la competencia, inspirada en el principio del desarrollo endógeno y dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población.
En este sentido, un primer paso ha sido la creación en Perú de la Comunidad Suramericana de Naciones, formada por doce estados («Declaración de Cuzco», 8 de diciembre de 2004)(2), aunque de momento es una organización más bien simbólica y Estados Unidos conserva en ella varios aliados incondicionales (Colombia, Ecuador, Perú y, fuera de esta área geográfica, los países centroamericanos).
Más concretamente, además de la alianza estratégica con La Habana (mediante un acuerdo de petróleo a cambio de médicos y maestros), Venezuela acaba de concertar otra con Brasilia. El 14 de febrero se firmaron en Caracas 26 acuerdos que van del sector energético (cooperación entre PDVSA y Petrobrás en los ámbitos de exploración, refino, etc.) al militar. A ellas hay que sumar, el 1 de marzo de 2005, la declaración conjunta de Chávez con Néstor Kirchner (Argentina) y Luiz Inacio Lula Da Silva (Brasil), durante la toma de posesión del nuevo presidente uruguayo Tabaré Vázquez, exponentes los tres de una izquierda moderada. En esta «minicumbre» los cuatro presidentes han decidido reforzar la integración regional y la cooperación multilateral, una decisión que se concreta en varios acuerdos bilaterales entre Venezuela y Brasil y Venezuela y Argentina, y la perspectiva de futuros acuerdos trilaterales. Por su lado Tabaré Vázquez ha firmado un acuerdo de intercambio de petróleo venezolano por productos alimentarios uruguayos.
Como elementos de su proyecto bolivariano, Chávez trabaja activamente en la creación de una cadena de televisión regional, Telesur —para contrarrestar la influencia de la CNN—, de Petrosur —un bloque petrolero latinoamericano—, un fondo económico para enfrentar el agudo problema de la pobreza y un Banco Suramericano de Desarrollo.
En su afán por reducir la dependencia tradicional venezolana del mercado estadounidense, Chávez ha llegado a importantes acuerdos con países emergentes como India, Suráfrica y China. En diciembre de 2004 se entrevistó con su homólogo Hu Jintao en Pekín para discutir un nuevo acuerdo bilateral (China va a duplicar su consumo petrolero en la próxima década).
El 27 de marzo de 2001, en una declaración ante el Congreso de Estados Unidos, el general Peter Pace, a la sazón jefe del Comando Sur del ejército, consideró que en el esquema de poder global, que incluye el control del petróleo, América Latina y el Caribe tienen más importancia para Estados Unidos que Oriente Próximo. Así las cosas, además del papel de locomotora que desempeña el presidente Chávez en la resistencia latinoamericana al orden dominante, Washington ve con desagrado la entrada de China, Rusia y Brasil, a medio plazo y por la puerta grande, en la Faja del Orinoco, que está considerada como la mayor reserva planetaria de crudo. Después de haber respaldado el golpe de estado del 11 de abril de 2002 (el «11-A») y haber tomado partido sistemáticamente por la oposición, hasta que esta se liquidó a sí misma, Estados Unidos vuelve a la carga para crear una situación similar a la que precedió al 11-A. Un goteo constante de declaraciones de «altos funcionarios de la Casa Blanca» y periodistas «bien informados» prepara a la opinión pública estadounidense de cara a una desestabilización de Venezuela. En noviembre de 2004 Condoleezza Rice alertaba a los países de la región «sobre el riesgo que supone el régimen chavista», llamaba «ex rebelde» al presidente (en alusión a su intentona de golpe de estado del 4 de febrero de 1992) y a Venezuela, «problema real». Chávez replicó: «Se equivocan, yo no soy un ex rebelde, soy un rebelde». El 18 de enero la nueva responsable de la diplomacia estadounidense volvió a calificar a su gobierno de «fuerza negativa en la región».
En febrero de 2005, durante varios días, valiéndose de los voceros de varias instituciones —Casa Blanca, Departamento de Estado, CIA—, Washington relacionó la revolución bolivariana pacífica con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y acusó a Caracas de ser una «amenaza regional», tener un gobierno «inestable», ser un «proveedor poco fiable de petróleo», y desatar una carrera de armamentos.
Tras la acusación de vínculos con las guerrillas colombianas (recurrente y desempolvada al menor pretexto, por burdo que sea) está la crisis, tan grave como breve, entre Colombia y Venezuela tras el secuestro en Caracas, el 13 de diciembre, del «embajador» de las FARC Rodrigo Granda, llevado clandestinamente al país vecino (por los servicios de información colombianos en combinación con oficiales venezolanos «untados» con más de un millón de dólares) con desprecio de las formalidades legales y vulneración de las leyes internacionales sobre la extradición (3).
El «arsenal de Chávez», por su parte, consiste en la compra de 40 helicópteros de combate MI-35 y Mig a Rusia (Washington se niega a vender a Venezuela repuestos para sus F-16, adquiridos en la década de 1980), 24 aviones de caza Super Tucán a Brasil, radares a China y Brasil para la protección de su espacio aéreo, cuatro corbetas construidas en los astilleros españoles Izar y seis aviones de transporte C-295 fabricados por la filial ibérica del consorcio europeo EADS (4), y por último 100.000 fusiles de asalto A-47 a Moscú.
Al respecto, nadie parece haber reparado en que gracias a la ayuda masiva de Washington a Bogotá en el marco del Plan Colombia, la capacidad convencional del ejército colombiano ha aumentado considerablemente, y no sólo en materia contrainsurgente, lo que en teoría carece de sentido, ya que la estructura convencional de un ejército no sirve para luchar contra las guerrillas. Hoy en día las Fuerzas Armadas colombianas son cuatro veces superiores a las venezolanas en potencia de fuego. Para la revolución bolivariana el peligro puede proceder tanto de Bogotá como de Washington, ya que Colombia, en relación con los intereses estratégicos de la Casa Blanca, está considerada acertadamente como el Israel de la región andina.
Por último, para la historia menuda (y la ironía de la situación), cabe recordar que la debilidad estratégica del ejército venezolano fue esgrimida como argumento por varios oficiales que participaron en el golpe de estado de abril de 2002 —especialmente por los generales Pedro Antonio Pereira (aviación) y Efraín Vásquez Velasco (ejército de tierra) y el contraalmirante Daniel Comisso Urdaneta (armada)—, quienes acusaban al presidente Chávez de debilitar la institución militar. En efecto, con unos precios del petróleo muy inferiores a los actuales, Chávez había reducido el presupuesto del ejército en un 47% y lo había «aligerado» de la cuarta parte de sus efectivos, desviando recursos para los programas sociales. De modo que se ha limitado a restablecer un equilibrio roto momentáneamente.
Roger Noriega, subsecretario de estado para América Latina, ha declarado sin embargo que la compra de 100.000 A-47 y 40 helicópteros a Rusia «es un motivo de gran preocupación para nuestros aliados de América Latina, así como para el pueblo venezolano» (5). En el Washington Post del 27 de febrero, Robert D. Novak, con el título de «La infección de América Latina», denuncia que Chávez extiende su influencia «con más facilidad de lo que nunca habría soñado su amigo y aliado Fidel Castro» y le acusa de querer desestabilizar Nicaragua, Bolivia, Perú y Ecuador. Juan Manuel Santos, ex ministro de Hacienda colombiano y miembro de la familia propietaria del diario El Tiempo (lo mismo que el actual vicepresidente Francisco Santos), acusa al presidente bolivariano en un artículo titulado «Venezuela arde... y puede incendiar Colombia» (6).
Para acentuar la presión y apuntando claramente a Caracas y a su «democracia participativa», Washington propone modificar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su próxima reunión, que se celebrará en el mes de julio en Fort Lauderdale (Florida), dotándola de «un instrumento que permitiría a la región aislar los regímenes que se aparten gradualmente de la democracia e intervenir en ellos». El director de la CIA, Porter Goss, pone la guinda al predecir que en 2005 habrá una «situación inestable» en Venezuela.
Fortalecido por sus indiscutibles éxitos electorales, Chávez ya no tiene enfrente una oposición creíble. Pero la solución democrática no es necesariamente el método más utilizado para reducir la soberanía y la independencia de las naciones. George W. Bush refuerza el Comando Sur. El Plan Colombia, al que se ha sumado el Plan Patriota, se despliega este año a lo largo de la frontera venezolana. De Colombia, precisamente, procedían los 91 paramilitares detenidos el 2 de mayo de 2004 en los alrededores de Caracas. Los habían reclutado para que, vestidos con uniformes del ejército venezolano, perpetrasen una matanza, atacasen cuarteles y asesinasen al presidente Chávez, haciendo recaer la responsabilidad en las tropas oficiales para provocar el caos y justificar una intervención extranjera (7).
La amenaza se mantiene. «Chávez debe morir como un perro, lo merece», declaró fríamente desde su exilio el ex presidente Carlos Andrés Pérez (destituido por corrupción), y añadió: «No se puede salir de Chávez y entrar inmediatamente a la democracia. (...) Se requiere una etapa de transición, de dos o tres años, para sentar las bases de un Estado de Derecho»; «el día que caiga Chávez hay que cerrar la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia también» (8). ¡Como el 12 de abril de 2002! El 25 de octubre de 2004, desde Estados Unidos, en un programa de televisión de la cadena 22 de Miami, el actor y comunicador Orlando Urdaneta llamó a sus conciudadanos a asesinar al presidente, diciendo que «el problema venezolano se resuelve con un rifle de mira telescópica». Sin que hubiese ninguna reacción del gobierno estadounidense, que tampoco se preocupa por la presencia de campos de entrenamiento paramilitares de sectores golpistas vinculados a los anticastristas exiliados en Homestead (Florida) (9). En abril de 2004 el general «disidente» Felipe Rodríguez, que había pasado a la clandestinidad hacía cinco meses, declaró sin ambages que estaba organizando grupos clandestinos para derrocar al presidente (10).
El 18 de noviembre de 2004 fue asesinado el fiscal Danilo Anderson, que había procesado a los firmantes del decreto del 12 de abril de 2002 por el que se instauraba una dictadura en Venezuela. Fue algo más que un aviso. Las amenazas no deben tomarse a la ligera, y las palabras de Chávez en el programa Aló Presidente del 20 de febrero: «Si me asesinan, hago responsable al presidente de Estados Unidos, George Bush», tampoco.
Maurice Lemoine es autor de Chávez presidente!, Editions Flammarion, Paris, que saldrá en abril de este año.
Maurice.Lemoine@Monde-diplomatique.fr
(1) El País, Madrid, 20 de febrero de 2005.
(2) Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay (Mercosur), Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (Comunidad Andina), Chile, Guyana y Surinam.
(3) Ex marido de Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC en febrero de 2002, Jean-Charles Lecompte ha afirmado que el gobierno colombiano conocía la presencia de Granda en Caracas y quiso así impedir la reunión que iba a celebrar con una delegación suiza para abordar el asunto del intercambio hmanitario y la liberación de la senadora (El Universal, Caracas, 2 de marzo de 2005).
(4) El País, 20 de febrero de 2005.
(5) CNN, Atlanta, 13 de febrero de 2005.
(6) Revista Dinners.
(7) Véase Hernando Calvo Ospina, «Aux frontières du Plan Colombie», Le Monde diplomatique, febrero de 2005.
(8) El Nacional, Caracas, 25 de julio de 2004.
(9) También cuentan con una extraña protección los tenientes de la Guardia Nacional José Colina Pulido y Germán Rodolfo Varela, implicados en los atentados contra las embajadas de España y Colombia en Caracas, en 2003, que pidieron asilo en Estados Unidos en diciembre de 2003. Seguirán en este país «porque existen pruebas suficientes de que correrían peligro si fueran extraditados a Venezuela»(El Universal, Caracas, 23 de febrero de 2005).
(10) Miami Herald, 10 de abril de 2004.