Azucena Berrutti, quien en el día de hoy asumirá como ministra de Defensa Nacional, aseguró ayer que los militares que sean citados por la justicia en el marco de investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, deberán comparecer a declarar como cualquier ciudadano. También afirmó que cuando la justicia así lo ordene, las puertas de los cuarteles se abrirán para que el equipo multidisciplinario de la Universidad de la República pueda investigar si hubieron allí cementerios clandestinos.
Preguntada al respecto en el programa La palabra y el poder de radio CARVE, Berrutti respondió que "Naturalmente, sí así el Juez lo ordena; naturalmente. Además usted sabe muy bien -y toda la audiencia lo sabe- el compromiso esencial que tiene el nuevo Gobierno con relación a esas investigaciones, y sin duda la intervención de los antropólogos es un método científico reconocido que ha dado resultado en otras ocasiones y al cual vamos a recurrir si es necesario obviamente. En ese caso, desde luego, si el Juez lo ordena, lo vamos a autorizar; estamos en la posición más amplia al respecto".
Un equipo de antropólogos, arqueólogos y geólogos ha realizado un estudio aerofotográfico del lugar del Batallón Nº 13, donde se ha denunciado que a mediados de la década del 70 fueron inhumados varios detenidos desaparecidos asesinados por tortura. Entre ellos se encontrarían la maestra Elena Quinteros y María Claudia García de Gelman. El presidente Tabaré Vázquez se comprometió personalmente con el poeta Juan Gelman y con el presidente argentino Néstor Kirchner a develar lo sucedido con el cuerpo de María Claudia.
Así lo hizo público el 5 de febrero de 2004 en el acto aniversario de los 33 años de la fundación del Frente Amplio. Allí Vázquez advirtió que el caso de la nuera de Gelman no estaba incluido en la Ley de Impunidad. Dijo claramente "Exigimos que aquellos que defendieron y defienden la ley de Caducidad no hagan de ésta un chicle para tratar de introducir en ella circunstancias, casos o personas que no están contempladas en esa ley (...) me resisto a creer que podamos asumir que el Estado uruguayo mandó a militares a raptar a una joven mujer embarazada para robarle a una niña y matarla después, no puede ser que esto lo haya hecho el Estado uruguayo, esto no lo ampara la ley de Caducidad".
Según afirma hoy el matutino ULTIMAS NOTICIAS, en las Fuerzas Armadas, especialmente en el Ejército, "se abrió una interrogante" sobre la actitud que adoptarán las nuevas jerarquías policiales en el caso de que la justicia les ordene llevar a declarar a militares. Es que desde la vuelta a la democracia en 1985, cuando recibían una comunicación de ese tipo, los jerarcas policiales se comunicaban directamente con el comandante en jefe del Ejército para alertarlo, y los requeridos se refugiaban en unidades militares.