El 15 de enero del 2005, aproximadamente un mes antes de ser asesinado (junto con siete personas más), Luis Eduardo Guerra, líder de la comunidad de paz de San José de Apartadó, advirtió sobre la muerte y el desplazamiento como una posibilidad siempre latente en la región.

Apolinar Díaz-Callejas

Pregunta de Emília Bolinches.- ¿Por qué se constituyó la Comunidad de Paz de San José de Apartadó?

Luis Eduardo Guerra.- Fue como consecuencia de todo el conflicto que hubo en la región desde el 95, todo el desarrollo del proyecto paramilitar, el exterminio de la Unión Patriótica, del Partido Comunista y en general de todas las organizaciones populares que había en la región. Cuando se dio todo este exterminio a sangre y fuego por parte de las fuerzas militares y los paramilitares, las comunidades campesinas de San José de Apartadó, los que habitábamos las veredas, quedamos completamente solos y sufriendo todas las agresiones del Ejército y los paramilitares. La gran mayoría de las 32 comunidades que existían se tuvieron que desplazar y nosotros, los que estábamos todavía en 11 comunidades, decidimos buscar como apoyo en la Iglesia para ver qué podíamos hacer: si nos dejábamos matar ahí, si nos teníamos que ir... porque la gran mayoría no teníamos para dónde irnos. Y ahí es donde se inicia la posibilidad de que con el apoyo de la Iglesia y de algunas ONG nacionales se buscara o se hiciera una propuesta. Inicialmente lo que era buscar territorios humanitarios para concentrarnos ahí y pedirle respeto a todos los actores armados, incluyendo el Estado, los paramilitares y la insurgencia.

EB.- ¿En qué situación se encuentran estas comunidades ahora?

LE.- Pues cuando ya nos organizamos hicimos la Declaración. Eso fue el 23 de marzo del 97 que firmamos el compromiso de no participar en la guerra, de no colaborar con ningún actor armado. Como consecuencia de esto hubo una represión más fuerte, hubo el desplazamiento masivo de estas 11 comunidades donde enfrentaron masacres, donde dieron plazos para que se desplazara la gente con amenazas de que los mataban.

De ahí en adelante nos concentramos todos en este caserío de San José de Apartadó. Unos seguimos en el proceso, como 630 personas. Otros no, otros se fueron porque ya no creían que nos iban a respetar.

Y de ahí para acá ha sido una situación de resistencia porque hemos tenido masacres, asesinatos selectivos, estamos hablando de que nos han asesinado más de 130 personas de la población civil, varios líderes de la comunidad, de que hemos buscado todas las instancias del Estado a nivel nacional. Hemos, inclusive, propuesto comisiones de investigación y los resultados han sido ninguno. Todos estos asesinatos están en la impunidad.

La situación actual es que prácticamente lo que vemos es una nueva estrategia para seguir atacándonos que es el bloqueo económico, que son las amenazas muy abiertamente de los paramilitares y los militares.

Porque en este gobierno, Uribe se ha caracterizado por eso, porque ya los paramilitares se sienten totalmente parte del Estado y ellos mismos hacen los controles como si fueran el Estado, y aunque esto es denunciado a nivel nacional e internacional no pasa nada.

Que nosotros inclusive hemos sido muy claros en nuestros principios, hemos mantenido una posición de neutralidad frente a la misma insurgencia, mas sin embargo lo que dicen es que nosotros seguimos siendo organizados por la misma insurgencia, que recibimos órdenes directas de la insurgencia para desprestigiar al Estado y para denunciar al Estado y para decir que el Estado es el único que viola los derechos humanos.

Creo que eso es una mentira a todas luces porque nosotros lo hemos dicho públicamente y lo seguimos diciendo de que dentro de estos asesinatos la subversión también tiene una gran participación, más de 20 casos, que nosotros no tenemos por qué ocultarle nada a ninguno de los actores armados. Lo único que nosotros hemos pedido es respeto a los que son parte de la población civil. Entonces ya no vemos que nos están acorralando con las masacres, con los tiros.

Los asesinatos sí, pero muy selectivos, pero sí con un desprestigio porque sabemos que el mismo Gobierno tiene propios funcionarios haciendo un desprestigio desinformativo a nivel internacional, a nivel inclusive de las mismas embajadas, diciendo que ellos tienen toda la voluntad y que son las comunidades las que se oponen a que el Gobierno haga presencia cuando es una total mentira, y que ellos no son los violadores de los derechos humanos, que los violadores de los derechos humanos es la insurgencia, cuando hemos dicho que hay un ejemplo muy claro:

¿Cuántos muertos tenemos? ¿En cuánto han participado las fuerzas militares? ¿Toda la estructura paramilitar que hay en Urabá por quién está apoyada? Creo que es una situación difícil en estos momentos porque económicamente y políticamente el Gobierno está haciendo un trabajo muy fuerte contra las comunidades, sobre todo contra San José de Apartadó.

EB.- ¿En esta situación, qué van a hacer las comunidades? ¿Cómo se plantean el futuro?

LE.- Nosotros siempre hemos dicho, y en eso somos claros, hasta el día de hoy estamos resistiendo y todavía como nuestro proyecto es de seguir resistiendo y defendiendo nuestros derechos. No sabemos hasta cuándo porque lo que hemos vivido durante toda la historia es que hoy estamos hablando, mañana podemos estar muertos.

Que hoy estamos en San José de Apartadó, mañana puede estar la mayoría de la gente desplazada porque puede haber una masacre de 20 ó 30 personas, eso no es algo imposible. Aquí en esta región todo es posible. Pero mientras estemos, nuestros proyectos de vida siguen y es como defender a la población civil. Por eso estamos proponiendo a las comunidades cómo inclusive construir espacios comunitarios donde la gente no tenga que desplazarse a San José de Apartadó, desde allí la gente se resguarde y defienda su territorio. Estamos también como hermanándonos con otras comunidades a nivel nacional, otras comunidades que también están resistiendo y como entre todos diseñar nuestro propio proyecto de vida. Está lo de la Universidad de resistencia.

No quiere decir que nosotros estamos en una resistencia armada. Nuestra resistencia es contra el Estado, seamos claros, pero una resistencia no armada, es una resistencia civil. Desde defender inclusive nuestra misma Constitución. Desde decirle al Estado: es que usted está violando la Constitución, lo que nosotros estamos es legitimando al Estado no atacando al Estado. Entonces nuestro proyecto sigue, no sabemos hasta cuando.

Económicamente para estas comunidades es muy difícil resistir pero seguimos teniendo propuestas económicas para hacer proyectos que nos garanticen de que tenemos la alimentación y una mínima dignidad como personas para poder seguir resistiendo porque hay un dicho muy claro que mientras el estómago esté lleno pensamos y podemos hacer mucho, pero cuando el estómago está vacío ahí se acaba todo.

Mensaje especial y documentos de prensa sobre el asesinato a garrotazos de ocho integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia (Colombia), entre ellos algunos niños, con la solicitud para que los lectores se dirijan al Secretario General de las Naciones Unidas pidiendo su intervención en este caso criminal que no puede quedar en la impunidad, del mismo modo dirigirse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha venido actuando en la creación y relativa protección de las comunidades de paz constituidas en la citada población de Apartadó.

Se teme que la intervención y ocupación militar en la zona de la masacre, anunciada por el propio Presidente de la República, pueda conducir a más hechos de sangre y a la impunidad de las masacres ya cometidas, pues en el documento que leyó el propio presidente Uribe Vélez en la población de Carepa de la región de Urabá, el domingo 20 de marzo, afirmó que 'en esta comunidad hay gente buena, pero ALGUNOS DE SUS LIDERES, PATROCINADORES Y DEFENSORES ESTAN SERIAMENTE SEÑALADOS POR PERSONAS QUE HAN RESIDIDO ALLI DE AUXILIAR A LAS FARC'.

Respecto de esta afirmación, Thora Gehl, representante para Colombia de la Consejería en Proyectos, ong que acompaña a la comunidad de San José desde hace 10 años, afirmó 'que el pronunciamiento del presidente Alvaro Uribe demuestra que sí hay conflicto, contrario a lo que ha repetido el mandatario', y agregó 'es altamente preocupante que se señale a la población como colaboradores de la guerrilla sin prueba. Esto es grave porque pone en riesgo a esta comunidad que tiene medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos'. A su vez, el magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, Alfredo Beltrán, declaró: 'el problema no es discutir si Colombia puede ejercer la soberanía o no. El problema es cómo se resuelve la situación de los habitantes de la comunidad, respetando los derechos humanos. El Estado debe garantizarles los derechos a la vida y a la integridad' (El Tiempo, 21.03.05).

Un asesinato a garrotazos de hombres, mujeres y niños, como el ocurrido en Apartadó, debe levantar la conciencia mundial y de las organizaciones jurídicas internacionales, especialmente de las encargadas de la defensa y protección de los derechos humanos. Por ello solicito su colaboración, promoviendo el envío de mensajes al Secretario General de las Naciones Unidas para la intervención de esa organización y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que haga urgente y más intensa presencia en las comunidades en que se cometieron esos crímenes.

Por ello resolví enviar a ustedes algunos documentos sobre los asesinatos múltiples a garrotazos ocurridos en la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó, entre los días 21 y 22 de febrero de este año.

La revista Semana, la de mayor circulación en Colombia, en su edición 1.192 de marzo 7-14 de 2005, informa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 'le ordenó al gobierno colombiano que protegiera a esta comunidad (Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como señala la revista en el texto inicial) que se declaró neutral desde 1997. Pero, pese a los esfuerzos, el Estado no lo ha logrado. Han sido asesinadas más de 156 personas, la mayoría de ellas a manos de paramilitares. La comunidad también ha denunciado bloqueos de alimentos, amenazas y hostigamientos de las Fuerzas Armadas'. Los líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se comunicaron con el director de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República para que hicieran presencia en la zona de los crímenes, pero 'la comunidad decidió adelantarse y salir en busca de sus muertos. Después de siete horas de camino llegaron a la vereda La Resbalosa, donde ya soplaba el frío de la muerte, una rula con sangre, y en la casa grafitos de la AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). A unos metros estaba la fosa común'. A palazos quedaron al descubierto los cuerpos destrozados de Alfonso Bolívar Tuberquia y su familia. Continúa Semana: 'una vecina de la vereda relataría más tarde que en la mañana del 21 de febrero Bolívar llegó hasta su finca poseído por el pánico: 'yo vi a Sandra (su esposa) cuando cayó herida. Le dispararon'. El hombre se sentó pensativo en un tronco y después dijo: 'Tal vez pueda salvar a los niños', y sin pensarlo se devolvió hasta su casa. Nunca más volvió. Su cuerpo, el de su esposa y de un trabajador de la finca estaban descuartizados. Separados el tronco, las extremidades y la cabeza. Los niños (de 6 y 18 meses), degollados. Después del terrible hallazgo, un grupo de la Comunidad de Paz salió a buscar a la otra familia desaparecida, la de Luis Eduardo Guerra. Una hora después encontraron al hijo de Guerra -de apenas 11 años- degollado a la orilla del río Mulatos. Más adelante, los cuerpos de Guerra -de 35 años- y su joven compañera de 17 estaban tendidos sobre el camino. Los cerdos y los gallinazos habían devorado sus cuerpos durante los cinco días que permanecieron allí. Esa noche del viernes, en medio del llanto y del dolor, los habitantes de San José cuidaron los cadáveres como si se tratara de una liturgia. Allí permanecieron hasta el domingo, cuando llegó la Fiscalía y se dispuso el entierro'.

El diario El Tiempo, en edición del 15 de marzo, anuncia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 'alista resolución por caso de Apartadó' y agrega:

'La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le hizo ayer un corte de cuentas al Estado colombiano sobre las medidas que ha tomado para proteger a las comunidades de San José de Apartadó, en Antioquia, y las de Jiguamiandó y Curbaradó, en Chocó. En una audiencia en San José de Costa Rica se analizó la seguridad y la violación de derechos humanos en esas comunidades. Un vocero de ese tribunal afirmó que tanto representantes del Gobierno colombiano, como de los pobladores, 'fijaron sus posiciones de una manera fluida'. Se espera que en los próximos días la Corte Interamericana emita una resolución que, al parecer, estaría enfocada a nuevas medidas provisionales para estas comunidades. Al cierre de esta edición se esperaba el pronunciamiento desde San José de Costa Rica. La audiencia tomó importancia ante el reciente asesinato de ocho personas de la comunidad de paz de San José de Apartadó y por la polémica desatada tras el anuncio del ministro de Defensa, Jorge A. Uribe, de que la Fuerza Pública hará presencia allí. Sobre el caso de San José, el alto tribunal de la OEA ha hecho cinco llamados desde 1997 exigiendo protección a los gobiernos colombianos para esta población. Inclusive, el 24 de noviembre del 2000 la Corte dictó una medida provisional, tras una solicitud de la Comunidad Interamericana, requiriendo al Estado 'mantener las medidas necesarias para proteger la vida de los 189 miembros de esta comunidad''.

Les anticipo mis agradecimientos, y si es posible enviarme los textos de sus mensajes.
Atentamente,
Apolinar Díaz-Callejas
(Miembro de la Comisión Andina de Juristas, ex Senador de la República y ex Ministro del Gabinete del Presidente Carlos Lleras Restrepo).