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La cooperación internacional condiciona el desembolso de créditos a la conformación de una empresa del agua semiprivada y a la aprobación de una ley de hidrocarburos que no afecte demasiado los intereses de las empresas petroleras.

El presidente del Directorio Unico de Fondos (DUF), Alfonso García, informó que los conflictos sociales y la falta de una Ley de Hidrocarburos 'viable' ponen en riesgo el dinero de donación que es destinado al Plane, un programa de empleo de emergencia. García señaló que hasta junio habrá recursos, pero se necesitan 6 millones adicionales para llegar a fin de año. Después no habrá más financiamiento de la Comunidad Europea. Bolivia sólo tendrá acceso a 130 millones de dólares de fondos concesionales multilaterales y bilaterales si implementa una serie de reformas y si aplica una política 'viable' en el sector petrolero, lo que implica no afectar los intereses de las empresas con la nueva ley de hidrocarburos y la exportación del gas a mercados de ultramar. La ampliación del acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) impone como condiciones, además, un déficit fiscal controlado y medidas para fortalecer al sector financiero. En las últimas dos semanas de crisis política, el Presidente Carlos Mesa y sus colaboradores reiteraron hasta el cansancio que no es posible atender las dos principales demadas populares: el cobro de 50% de regalías a la producción de hidrocarburos y la conformación de una empresa pública del agua en La Paz y El Alto, porque esas medidas contrarían los intereses de la cooperación internacional. El Presidente estuvo a punto de renunciar debido a las presiones por ambos lados, por lado los movimientos sociales y por otro la inflexible comunidad internacional. La cooperación internacional y los organismos multilaterales de crédito son co responsables de la aplicación del ajuste estructural a la economía desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado. Desde entonces, se atribuye al modelo de libre mercado la permanente efervescencia social que hace ingobernable al país.En 1997 el Banco Mundial condicionó la renegociación de la deuda externa boliviana a la concesión de los sistemas de distribución de agua de las ciudades de La Paz y El Alto a una empresa privada. Ocho años después de la concesión a la empresa Aguas del Illimani, subsidiaria de la transnacional francesa Suez, una rebelión popular estalló en El Alto reclamando porque no se habían cumplido las metas de expansión del servicio. Actualmente, más de 200 mil personas carecen del servicio y los costos de instalación subieron hasta 445 dólares. Los vecinos de El Alto proponen que la administración del servicio de agua potable y alcantarillado vuelva a manos municipales, pero la cooperación, especialmente la alemana, exigen que se mantengan los capitales privados. El dirigente de la federación de regantes de Cochabamba, Omar Fernández, denunció en Ginebra que la cooperación internacional insiste en privatizar el agua en Bolivia. 'Después de la Guerra del Agua habíamos logrado importantes conquistas respecto a las leyes sobre el agua. Conseguimos que se respeten las organizaciones sociales comunitarias, las gestiones públicas y sociales del agua. Pero la Cooperación Internacional, más exactamente la cooperación alemana, representada en Bolivia por la GTZ, apareció como una especie de mediador que trata por todos los medios de reestablecer la privatización'.'Quieren imponernos mancomunidades, sociedades anónimas mixtas y que el agua se rija bajo las normas del Código de Comercio como si fuera una mercancía. Nosotros hemos rechazado este modelo de gestión comercial e injusta. Pero la GTZ presiona y chantajea al país ya que son ellos los que controlan los financiamientos para la gestión del agua. Ellos han dicho claramente que si no hay sociedad anónima mixta, que si la gestión del agua no se rige al Código de Comercio, no habrá financiamiento para el agua', denunció Fernández en el Foro Alternativo Mundial del Agua.