La situación de inestabilidad que vive en estos días la República de Bolivia, se debe fundamentalmente a que ese país aplicó con más anticipación las medidas neoliberales que propugna el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) auspiciada por Estados Unidos para la región.
Tres aspectos han caracterizado la historia moderna de Bolivia: ser uno de los países más pobres de América Latina; saqueo de sus riquezas minerales y naturales por parte de empresas foráneas y la super explotación de su mayoritaria población india como mano de obra barata.
En 1985, ante una incontrolable inflación que motivó numerosas manifestaciones sociales, el presidente Hernán Siles Zuazo renunció y fue sustituido por Víctor Paz Estensoro.
La primera medida decretada por el nuevo mandatario fue promulgar un decreto denominado "relocalización" por medio de la cual se despedía a 25 000 mineros, se fijaban los precios de los productos por las leyes de la economía de mercado y se protegía la inversión extranjera en detrimento de las empresas nacionales.
Según argumentó Paz Estensoro, la relocalización era la única forma de salvar al país y llevarlo hacia la modernidad. Veinte años después, Bolivia se encuentra en peores circunstancias.
El producto interno de la nación andina de 7 812 millones de dólares clasifica como el cuarto más bajo de Latinoamérica solo por encima de Paraguay, Honduras y Nicaragua.
Las olas neoliberales que penetraron en América Latina impulsadas por Estados Unidos y los organismos financieros internacionales, se hicieron más fuertes con la llegada del primer período presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).
Lozada, cuyo padre laboró para Nelson Rockefeller en Estados Unidos, propagandizó y puso en marcha el denominado Plan de Todos que estipulaba la privatización de las empresas estatales con miras a que el PIB del país creciera un 11 % anual y se disminuyera el desempleo.
Como plantean varios analistas, esa etapa se caracterizó por un neoliberalismo sumamente agresivo que privatizó las empresas nacionales y facilitó a las transnacionales adueñarse de los trenes, aviación, servicios de agua, luz, teléfono, educación, recursos naturales como el oro, el petróleo y el gas natural.
Otros de sus postulados básicos para beneficiar aún más a las compañías extranjeras fue que ningún hombre de negocio ni empresa boliviana podía participar en las privatizaciones porque el ciudadano de ese país es corrupto y el foráneo resulta más serio y responsable.
Para que las transnacionales invirtieran masivamente en el país, el régimen de Lozada redujo los impuestos a un 50 % para contratos de 40 años de duración y desde entonces las compañías como Total Fina ELF, British Gas, Repsol, Enrón y Petrobrás, entre otras, solo pagaron un impuesto de 18 % que se estipula como uno de los más bajos del mundo.
Es decir, la abundante riqueza petrolera sale del país y solo deja al empobrecido pueblo boliviano el 18 %.
Actualmente Bolivia tiene 8 300 000 habitantes con un elevado índice de pobreza del 70 %, a pesar de contar con la segunda reserva de gas natural de América del Sur. El país también exporta oro, zinc, plata soja y aceites comestibles.
Las penurias generalizadas desbordaron los movimientos sociales que tomaron fuerza en abril del 2000 cuando el pueblo de Cochabamba, que enfrentó durante ocho días a las fuerzas policiales, logró la salida de la compañía transnacional estadounidense Bechtel, que controlaba los recursos acuíferos de esa ciudad y había decretado cobros excesivos por los servicios.
En el 2002 Sánchez de Lozada llegó nuevamente al poder pero en esa ocasión con solo el 22 % de los votos mientras el Movimiento al Socialismo (MAS) del líder cocalero Evo Morales se adjudicaba el 20,5 % de los sufragios. Asimismo, el MAS y el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) obtenían 4| escaños en el Parlamento.
Obligado a adoptar nuevas medidas neoliberales durante una visita que realizó a la Paz, en febrero del 2003, una comisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno decretó un impuesto exorbitante a los ya de por sí bajos salarios, lo que provocó revueltas masivas que dejaron un saldo de más de 30 muertos.
En agosto de ese año, las demostraciones se intensificaron cuando los consorcios petroleros intentaron exportar gas natural boliviano a México y California por un puerto chileno. Durante 15 días los manifestantes soportaron la represión, pero inmovilizaron al ejercito y Sánchez de Lozada huyó hacia Estados Unidos.
Llegó al poder el entonces vicepresidente Carlos Mesa quien se comprometió a llevar adelante una nueva ley de hidrocarburos. Un referendo realizado en julio del 2004, aprobó que se pusiera fin a la ley de privatización de los hidrocarburos en Bolivia.
El primer proyecto de ley elevado al Congreso planteaba la recuperación estatal de los yacimientos de gas y petróleo; otorgaba al ejecutivo el control de los precios, la comercialización interna y la exportación de esos recurso, e incrementaba en 50 % los ingresos para el Estado boliviano
Las empresas extranjeras lo rechazaron e iniciaron una serie de amenazas que iban desde amedrentar y tratar de comprar a miembros del Congreso para que no la aprobaran, hasta amenazas de abandonar el país y llevar el diferendo a organismos jurídicos internacionales.
Ante la situación, Mesa propuso otro proyecto que aprobó el Congreso y que grava a las transnacionales con impuestos de 32 %, pero con la flexibilidad de las leyes nacionales para la evasión impositiva, las empresas burlarán los impuestos.
El MAS exige que paguen el 50 % sin deducciones.
Al volver con fuerza las movilizaciones y bloqueos de carreteras, Mesa planteó su renuncia que no fue aceptada por el Parlamento y ahora presiona a las masas para que acepten sus decisiones.
El escenario se presenta explosivo porque en el fondo esta una lucha visceral entre los grandes consorcios petroleros que obtienen abundantes ganancias, frente a un pueblo empobrecido que lucha por sus reivindicaciones. Esperemos a ver quien obtiene la mejor parte.