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En el Referéndum, el Presidente Carlos Mesa recibió el mandato de recuperar la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo y de asegurar el 50% de la renta petrolera a favor del Estado. Para lograr ese objetivo, se tendría que revisar todos los contratos suscritos al amparo de la Ley de Hidrocarburos de Gonzalo Sánchez de Lozada -que confieren la propiedad a las transnacionales y fijan 18% de regalías-. El gobierno no está dispuesto a obligar a las empresas a modificar esos contratos.

En el programa televisivo 'El Presidente responde' difundido anoche en cadena por la televisión, el Presidente Mesa repitió una y otra vez que la Ley de Hidrocarburos propuesta por el Ejecutivo tiene una visión distinta y se diferencia de la Ley del anterior gobierno porque 'ideológicamente creemos que las ideas que representaba el anterior gobierno no han dado resultado en función de los intereses de usted, porque todas aquellas cosas que estamos buscando: eliminar la pobreza, mejorar los salarios, aumentar el empleo, no han sido logrados con el modelo anterior'.

Mesa asegura que su propuesta se diferencia a la del gobierno anterior porque ahora se considera al gas como un recurso estratégico y porque se reconoce la necesidad de recuperar la fuerza y el protagonismo del Estado. El anterior gobierno condenó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a ser una empresa residual. Mesa jura que su gobierno quiere recuperar ahora una empresa fuerte, con recursos, con dinero para que pueda invertir en explorar, explotar, comercializar y exportar gas y petróleo, de modo que sea una empresa como Petrobras en Brasil, o PDVSA en Venezuela.

Sin embargo, el Presidente declara que no es posible modificar los contratos petroleros suscritos por el anterior gobierno, es decir imponer nuevas reglas del juego a las empresas petroleras que hagan posible la recuperación de la propiedad y el aumento de ingresos para el Estado, simplemente porque esa acción 'compromete la fe del Estado'.

Mesa considera que cobrar 50% de regalías, como propone el MAS, significa romper 'un concepto fundamental de seguridad jurídica y de respeto a los contratos existentes'. 'Los contratos existentes no son la maravilla universal, pero comprometen la fe del Estado boliviano. Cuando el Estado firma un contrato con una empresa extranjera, esa firma compromete al gobierno que firmó y a todos los gobiernos que siguen hasta que se cambien las reglas de juego, siempre y cuando ese cambio no afecte cuestiones esenciales que justificaban la presencia de ese inversionista en Bolivia'.

'Si yo cambio esta proporción y en vez de 18% de regalías paso a 50%, modifico una cláusula básica de ese contrato. Si usted ha hecho un contrato con alguien y alguien no respeta una de las cláusulas del contrato que usted ha firmado, ese alguien tiene derecho a denunciar ese contrato ante un árbitro'. Eso pasaría si se aprueba una Ley de Hidrocarburos con el 50% de regalías. Al día siguiente, las empresas extranjeras pueden denunciar el contrato ante un árbitro y si ese árbitro les da la razón, obviamente habrán ganado la batalla, porque en el momento en el que alguien denuncie el contrato los países de la comunidad internacional y los organismos multilaterales bloquearían la cooperación e inversión en el país, advierte Mesa.

Mesa explicó que tampoco es posible aumentar los impuestos a las petroleras porque éstas podrían demandar al país por 'confiscación'. 'Las empresas petroleras pagan impuestos en función de su capacidad. Si nosotros les cobramos una cantidad desproporcionada, ellos pueden también llevarnos a un tribunal, pueden argumentar que los impuestos son tan altos que no les permiten ninguna ganancia'.

Lo que el Presidente está diciendo es que si se cambia el porcentaje de las regalías, las petroleras pueden llevar al país a un arbitraje y si los impuestos son tan altos que se hacen imposibles, las empresas también pueden argumentar confiscación a través de impuestos.

Un Presidente derechizado

El sometimiento del Ejecutivo a los intereses transnacionales demostrado en los últimos días ha llevado a muchos analistas políticos a decir que la administración Mesa se está derechizando. Mesa asegura que no viró a la derecha y que tampoco le dio la espalda al pueblo al acercarse a los sectores más conservadores. 'Hoy hablar de derecha y de izquierda es muy difícil, ya no estamos en el mundo bipolar, de marxismo versus capitalismo, estamos en una realidad globalizada muy complicada', explica el Presidente.

'Créanme, si yo pudiera cobrarle el 100% de impuestos a las empresas estaría encantado, pero una cosa es lo ideal para Bolivia y otra cosa es lo razonable'. Sin la aprobación de una Ley de Hidrocarburos viable, simple y sencillamente no es viable el gobierno ni la economía en el corto, mediano y largo plazo, ni la continuación del sistema democrático, explica Mesa.

Bolivia depende de las inversiones de las transnacionales para desarrollar la industria energética. 'La inversión extranjera es indispensable para Bolivia, no es algo que podemos aceptar o no si nos gusta o no nos gusta; es indispensable, no podemos desarrollar el gigantesco potencial para convertir a Bolivia en el gran centro de producción energética sin inversión extranjera'.

El gobierno de Bolivia no aboga por las transnacionales, 'si lo hiciera me hubiera quedado con la ley de don Gonzalo Sánchez de Lozada. Tan simple como eso. ¿Para qué quisiera yo cambiar la ley si yo estuviera a favor de las transnacionales? No abogo por las transnacionales, abogo por la viabilidad del país, porque es fácil hacer demagogia', le dijo el Presidente a una televidente. El Estado boliviano no tiene la plata que necesita para sacar el petróleo y el gas, porque son hasta 7.000 millones de dólares en inversión. Todo lo que produce Bolivia en un año hace 7.500 millones de dólares, por eso necesitamos a las transnacionales, no porque nos guste, ni nos encanten las transnacionales. No quiero transnacionales como las que teníamos antes, que ganaban mucho y el Estado boliviano poco; ahora queremos que el Estado boliviano gane el 50 por ciento, sumando impuestos y regalías, promete Mesa. El Presidente explica, además, que las empresas pagan 18% de regalías, 32% de impuestos, además de entre 25 y 30% de costo de producción y se quedan con un 25 a un 30% de ganancia. 'Bolivia tiene el 50% neto y las petroleras tienen realmente de ganancia entre el 25 y el 30%, esto para que no de la impresión de que Bolivia pone el esfuerzo y ellos nada. Nosotros ponemos el petróleo y ellos ponen el costo de producción y la ganancia para ellos es 25 a 30% y para Bolivia 50%'.

¿Por qué no nacionalizar?

La nacionalización de la Gulf fue un proceso histórico, que tuvo un momento adecuado, cuando Bolivia era un productor 'chiquitito' y cuando Bolivia tenía créditos internacionales que le permitieron a Yacimientos una capacidad de exportación, cuando ya había hecho la inversión la Gulf, recuerda Mesa.

Ese momento histórico ha cambiado radicalmente. Bolivia entonces, para el gas que producía, probablemente requería 100, 200, 300 millones de dólares, hoy Bolivia necesita 6, 7, 8 mil millones de dólares para que el proceso en conjunto tenga éxito. La diferencia es tan gigantesca que la capacidad que Bolivia tiene hoy no lo permite. 'La historia no se repite, la historia te da lecciones, tienes que aprenderlas. La nacionalización del 69 tuvo un momento, una lógica y un contexto; hoy las características del país, de su contexto internacional, de la plata que tenemos y del tamaño del gas que tenemos es radicalmente distinto', dijo Mesa.