El Poder Ejecutivo desestimó la legitimidad del recurso de revocación interpuesto por José Luis González, el abogado del poeta argentino Juan Gelman, contra una resolución del año 2003, que establece que el secuestro y el asesinado de su nuera, María Claudia García, no puede investigarse por ser una acción comprendida por la Ley de Impunidad. Para tomar esta resolución, el Presidente Batlle argumentó que el acto impugnado no tiene naturaleza administrativa y por ende no admite la acción recursiva.
El 24 de agosto de 1976, cuando fue secuestrada en Buenos Aires junto a su esposo Marcelo -el hijo del poeta argentino Juan Gelman- María Claudia García tenía 19 años y no militaba políticamente. De todas maneras, la pareja fue llevada al centro de detención clandestina y torturas Automotores Orletti, donde Marcelo fue torturado y asesinado. María Claudia, con un embarazo avanzado, fue trasladada secretamente a Uruguay e internada en la cárcel clandestina del Servicio de Información y Defensa del Ejército (SIDE). Cuando dió a luz, su hija fue entregada a la familia de un jerarca de los servicios policiales de Inteligencia que la anotó como propia, y luego ella misma fue asesinada. Se presume que sus restos estuvieron enterrados en el cementerio clandestino del Batallón N° 13.
El siguiente es el texto de la resolución presidencial: "02/02/05 - DESESTIMASE RECURSO INTERPUESTO POR EL SEÑOR JUAN GELMAN VISTO: el recurso de revocación interpuesto por el Doctor José Luis González -en representación del señor Juan Gelman- contra el Mensaje del Poder Ejecutivo de fecha 28 de noviembre de 2003 RESULTANDO: I) que por el mencionado Mensaje, el Poder Ejecutivo se dirige a la Suprema Corte de Justicia, en relación al Mensaje 260/2003 de fecha 4 de noviembre de 2003, referido a las actuaciones que se tramitan en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2do. Turno, autos caratulados: "González, José Luis, en representación de Gelman, Juan. Denuncia". Ficha P462/2002.- II) que por dicho acto -conforme con los fundamentos en él esgrimidos-, se puso en conocimiento de la referida Corporación que los hechos invocados por el denunciante y presuntamente acaecidos, se encuentran comprendidos en el artículo 1ro. de la Ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986 CONSIDERANDO: I) que el acto impugnado carece de naturaleza administrativa y por ende no admite los medios recursivos administrativos, por haber sido dictado en ejercicio de función jurisdiccional excepcional, conferida por la Ley 15.848 citada II) que el pronunciamiento del Poder Ejecutivo -de considerar los hechos pertinentes comprendidos en el artículo 1ro. de la Ley de referencia, como en el presente caso- tiene fuerza vinculante para el juez penal, quien está obligado a clausurar la causa y archivar el expediente.
III) la pertinencia de desestimar la presente impugnación, poíno configurarse los presupuestos esenciales, en virtud de que el acto recurrido no tiene naturaleza administrativa.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA RESUELVE: 1ro. Desestímase el recurso de revocación interpuesto por el doctor José Luis González en representación del señor Juan Gelman, contra el Mensaje del Poder Ejecutivo de techa 28 de noviembre de 2003, por carecer el acto recurrido de naturaleza administrativa.
2do. Comuníquese, publíquese, notifíquese al interesado y oportunamente archívese".

2) MURIÓ EL TORTURADOR Y ASESINO JULIO CÉSAR VADORA "UN EJEMPLO PARA SUS CAMARADAS DE ARMAS" MONTEVIDEO/URUGUAY/05.02.05/COMCOSUR AL DÍA -

El pasado 31 de enero, el jefe del ala uruguaya del Plan Cóndor, Julio César Vadora (84), partió rumbo al infierno llevándose consigo sus secretos. El general retirado fue Comandante en jefe del Ejército entre 1974 y 1978, los años en los que las dictaduras del Cono Sur cometieron los actos represivos más atroces y repudiables. En 1977 ocupó el primer lugar en la logia golpista de los Tenientes de Artigas, al fallecimiento de su fundador, el general Mario Aguerrondo.
Su sepelio se llevó a cabo con honores militares en un cementerio privado, y contó con la presencia de varios generales y oficiales retirados y en servicio, y del hasta ese día comandante en jefe del Ejército, el teniente general Santiago Pomoli. En las piezas oratorias del caso, se señaló que en vida el criminal fue "un ejemplo para sus camaradas de armas", y el comunicado emitido por el Estado Mayor del Ejército destacó que el violador de los derechos humanos prestó "meritorios servicios" a la institución. El actual jefe de la División de Ejército I, el general Juan Córdoba, dijo que su muerte "enluta al Ejército", y que "su huella quedará indeleblemente estampada" (por lo pronto, su huella sí será indeleble en la memoria de quienes ordenó torturar y en la de los familiares de quienes ordenó desaparecer y asesinar).
En efecto, durante los años en que Vadora comandó al Ejército y a los Cóndores uruguayos, se produjo el mayor número de desapariciones, particularmente en Argentina y en Uruguay. Por ejemplo, las de Elena Quinteros y María Claudia García, el secuestro y apropiación de la hija de ésta y de Simón Riquelo, y los secuestros y asesinatos en Buenos Aires de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw.
Consultada por la prensa, la integrante de la organizaciòn "Plenaria Memoria y Justicia", Irma Leites, dijo que "habiéndolo conocido en la cárcel y sabiendo cómo organizaba las torturas, realmente no puedo lamentar su muerte". Leites sí lamenta toda la información sobre el Plan Cóndor, que Vadora se llevó a la tumba.
Para entender la importancia del papel que Vadora jugó en la coordinaciòn represiva de las dictaduras del Cono Sur, baste recordar que entre los documentos desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, figura un informe de Inteligencia que en 1976 advertía sobre una conspiración de la dictadura uruguaya para asesinar a sus opositores en el exilio. Luego de los asesinatos de los parlamentarios Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y el matrimonio Whitelaw-Barredo el 20 de mayo de ese año en la ciudad de Buenos Aires, el secretario de Estado estadounidense y Premio Nobel de la Paz Henry Kissinger, dio directivas a sus embajadores para que hicieran contactos con los militares de la región con el fin de incidir en los gobiernos para que morigeraran sus procederes.
A Henry Siracusa, el embajador en Uruguay, se le ordenó realizar "un acercamiento con el general (Julio C.) Vadora más que con el presidente actuante o el presidente designado, que aparentemente no sabe nada acerca de la Operación Cóndor y que ante cualquier situación probablemente tendría poca influencia" (en 1976, Uruguay tuvo tres "presidentes" civiles: Juan Bordaberry, Alberto Demicheli y Aparicio Méndez).