El gobierno Uribe y sus aliados en los grandes medios de comunicación venían asegurando que gracias a las políticas del presidente la economía colombiana había tenido una gran reactivación. Sin embargo, las cifras estadísticas son contundentes al respecto. En el mejor de los casos nuestra economía habrá crecido en el año 2004 un 2,5%, porcentaje muy inferior al registrado por la mayoría de los países latinoamericanos y que no alcanza a compensar las pérdidas y retrocesos sufridos en años anteriores.
La pequeña reactivación que se dio benefició ante todo a los sectores más ricos del país y a algunos grupos de la clase media y en buena parte la misma puede atribuirse a factores como el alza en los precios del petróleo y de otras materias primas como el carbón y el café en los mercados internacionales, el aumento de las remesas de los emigrantes colombianos en el exterior , un despegue parcial de la industria de la construcción y la presencia de los temidos y a la vez codiciados dólares del narcotráfico.
Una prueba de que la modesta reactivación lograda no benefició a los grandes sectores populares es que el consumo de alimentos siguió bajando, mientras la mayoría de los empleos creados se ubicaban en la llamada economía informal o del "rebusque". Más del 60% de los empleos en la actualidad hacen parte de ese "rebusque" o desempleo disfrazado.
Mientras tanto el déficit fiscal del Estado permanecía inmodificable y antes por el contrario la tendencia era a que aumentara aún más ante los múltiples compromisos clientelistas que el presidente Uribe, ahora en actitud de candidato a la reelección en el 2006, ha ido adquiriendo en los llamados " Consejos Comunitarios" que realiza los fines de semana en las distintas regiones del país. El déficit supera los 5 mil millones de dólares y el gobierno lo está financiando con nuevos préstamos externos que profundizan la dependencia económica de la nación. En unos dos o tres años si no se descubren nuevos pozos petroleros pasaremos a ser importadores del combustible y esta nueva sangría nos costará no menos de 2.500 millones de dólares cada año complicando más el manejo de los dineros de la tesorería del Estado.
Si a esta suma se le agrega el inmenso costo que para el país representa el aumento acelerado de las Fuerzas militares y policiales en estos años que totalizan cerca de 370 mil miembros tendremos un panorama que no va a ser muy halagador en los tiempos que se avecinan. Para este año 2005 el gasto militar subirá a más de 4 mil millones de dólares y sin una ayuda sustancial de los Estados Unidos va a ser imposible sostener el programa de la llamada "Seguridad Democrática" en el período 2006-2010.
Pese a las promesas del presidente y al surgimiento de pequeños planes asistencialistas del Estado, que tratan de remediar con pañitos de agua tibia el cáncer de la miseria en el país, las situaciones de exclusión de las mayorías de la población no dan tregua. Más del 65% de la población se encuentra en la pobreza y no menos de 11 a 12 millones de personas padecen la indigencia, la miseria. Muchos de ellos son gentes desplazadas por el conflicto político-militar que sigue golpeando a la nación y que el año pasado dejó otros 205 mil desplazados por la guerra, que se suman a los casi tres millones que se habían registrado en los diez años anteriores.
Una economía como la colombiana basada en la exportación de materias primas , de bienes de consumo como los textiles que no necesitan de una tecnología muy compleja y de mano de obra barata , no puede aspirar a lograr tasas de crecimiento que permitan empezar a superar las condiciones de inequidad y de miseria que padecen millones de nuestros conciudadanos. El tratado de Libre Comercio que está a punto de firmarse con los Estados Unidos va a ratificar tanto nuestra condición de economía dependiente y atrasada como la renuncia a cualquier plan que permita nuestra inserción, nuestra presencia en el mundo privilegiado de las sociedades tecnológicamente avanzadas.
ESTADÍSTICAS Y MAQUILLAJES
El gobierno anunció la disminución del desempleo nacional a 11,7% cuando en el año 2003 se había situado en 13,3%. En las principales ciudades el desempleo es del 13,9% y el subempleo bajó del 34% en el 2003 a 31,9% en diciembre del 2004.
Vistas así las cifras puede argumentarse que la administración Uribe ha tenido un notable éxito en sus programas de creación de empleo, pero la realidad es bastante diferente.
En primer lugar, el gobierno ha manipulado las estadísticas de desempleados y de empleados sacando del número de desempleados a aquellas personas que se han cansado de buscar un trabajo y se han resignado a su suerte. Según los funcionarios oficiales esta gente ha dejado de buscar empleo porque o se dedicó a estudiar o en su familia ya tienen suficiente dinero para costearse los gastos domésticos y no necesitan de su colaboración laboral. Son explicaciones risibles por decir lo menos. Lo cierto es que al hacer esta operación el número de desempleados continuará disminuyendo mes por mes, porque en un mercado de trabajo tan difícil como el colombiano seguirán abundando las personas que por la racha de negativas a sus solicitudes de empleo abandonen la búsqueda activa de un puesto , de un oficio remunerado.
En segundo lugar, las estadísticas gubernamentales caen en una contradicción insalvable. Afirman que a finales del 2004 había 348 mil desempleados menos en Colombia que a finales del 2003. Pero en seguida informan que solo se crearon 214 mil puestos de trabajo en ese mismo período, lo que deja un saldo absurdo de 134 mil "nuevos empleados" que no tienen puestos de trabajo.
No son de extrañar estas mentiras oficiales, si se tienen en cuenta las denuncias hechas por el anterior director del Departamento Nacional de Estadísticas al momento de presentar su renuncia indignado por las presiones de funcionarios del Palacio Presidencial que querían silenciar la divulgación de algunas cifras de seguridad no muy favorables a la administración Uribe.
Entre tanto, las utilidades de las grandes empresas se multiplicaban. El sistema bancario reconocía ganancias en el año 2004 por más de 2 billones y medio de pesos, unos 1200 millones de dólares, cifra que representaba un gran aumento en relación a las utilidades de los años anteriores. Los empresarios del café se veían beneficiados con una pequeña bonanza debido al fracaso de las cosechas en Brasil y en algunos países centroamericanos por cuestiones climáticas.
Otros sectores como el cementero y las acerías están produciendo al máximo de su capacidad alentados por la gigantesca demanda mundial de esos productos hecha por países como la China. El Grupo Santodomingo, monopolista de las cervezas en Colombia , consolidaba el control de los mercados de esa bebida en países como Ecuador, Perú y Panamá. Mientras tanto, el Grupo Empresarial Antioqueño o "Sindicato Antioqueño", el grupo financiero más poderoso de la nación, vendía su compañía tabacalera a la Philip Morris de los Estados Unidos por más de 300 millones de dólares y expandía negocios en varios países de América Latina. Así mismo, fusionaba, impulsaba el proyecto de unir en una sola entidad sus bancos (Colombia, Conavi, Corfinsura), para convertirlos en una entidad financiera con ganancias de más de 500 mil millones de pesos anuales, unos 230 millones de dólares.
Este contraste entre la extrema riqueza y la extrema pobreza es uno de los hechos negativos más notables de nuestra sociedad. No en vano somos uno de los países de América Latina donde las diferencias entre ricos y pobres son más agudas.
El fracaso del Estado en la orientación y prestación de servicios sociales básicos a la población como la salud, la educación, la vivienda hace más evidente esa desigualdad.
En el caso de la salud, la privatización operada por la ley 100 de 1991 deja hoy por hoy un terrible balance . Son más de 60 los hospitales públicos cerrados por quiebra económica y no menos de 22 millones de personas carecen de cualquier tipo de asistencia médica. Mientras tanto , las empresas prestadoras de salud han aumentado descomunalmente sus ganancias a costillas de los salarios de médicos, enfermeras y la mediocre atención a los afiliados. El Instituto de los Seguros Sociales se encuentra al borde de la liquidación no solo por los malos manejos administrativos de sus directivos, sino por la estrategia impulsada por altos funcionarios de los últimos gobiernos de debilitarlo económicamente y favorecer así los intereses de los empresarios privados de la salud y de los Fondos de Pensiones.
A propósito, estos Fondos de Pensiones manejados por los grandes grupos empresariales de Colombia han logrado acumular con el dinero aportado por sus casi 6 millones de afiliados cerca de 24 billones de pesos, unos 10 mil millones de dólares, dinero que los ha convertido en los principales inversionistas de la Bolsa de valores de Bogotá y prestamistas muy importantes del propio Estado. Ha sido un negocio redondo para estos empresarios que se han hecho a un capital enorme sin necesidad de exponer dinero propio en estas empresas.
EL DOLOR DEL DÓLAR
La devaluación o pérdida de valor del dólar de los Estados Unidos en todo el mundo , gracias a planes ideados por el gobierno Bush para hacer más competitivos o baratos los productos de ese país y reducir así el déficit comercial norteamericano , ha tenido también efectos profundos en nuestra economía. De un lado, los exportadores se han perjudicado al recibir menos pesos por sus productos. Sectores como el banano y las flores han sido fuertemente afectados y el gobierno ha lanzado un programa de subsidios que les reconoce un dinero extra por las exportaciones que realicen, tratando de evitar una oleada de despidos de trabajadores y cierres de empresas.. Los importadores en general se han visto, por el contrario, favorecidos al tener que entregar .menos pesos por las mercancías que traen del exterior, en especial de los Estados Unidos.
El propio gobierno también ha gozado de beneficios con la caída del dólar , puesto que la deuda externa calculada en pesos ha tenido una reducción en el pago de capital y de intereses de la misma.
Si la situación de devaluación del dólar persiste, es indudable que muchos empleos ligados a los sectores exportadores se perderán al reducirse las utilidades de los empresarios que manejan esos negocios. Por ejemplo, la industria textil vive ahora una muy difícil coyuntura, tras la bonanza económica que ha tenido en los últimos años gracias a las exportaciones protegidas por acuerdos especiales que se han venido haciendo con los Estados Unidos. De un lado, la caída del dólar ha reducido sus ingresos y del otro , la terminación de los pactos de cuotas en el mercado mundial a partir de este 2005 , facilitará la entrada masiva de telas y ropas confeccionadas de China y de India a los países desarrollados , que son mucho más baratas que las colombianas y las latinoamericanas gracias a los muy bajos salarios que ganan los obreros chinos e Hindúes y a la eficacia en los sistemas de producción de estos países. Si no se aplican estrategias innovadoras por parte de los empresarios colombianos veremos un nuevo desastre laboral y financiero en un sector clave para los planes políticos de Uribe y sus socios en el gobierno , ya que está íntimamente ligado a los grupos empresariales antioqueños que han sido los principales impulsadores de la carrera del presidente.
UN CENTAVITO DE FELICIDAD
El gobierno se vió obligado a retirar del Congreso su proyecto de una nueva reforma tributaria, que incluía el aumento desproporcionado del impuesto del IVA( Impuesto al valor agregado) a muchos productos básicos de la llamada canasta familiar. La resistencia de los parlamentarios a aprobar medidas tan impopulares en una época preelectoral y las disputas internas de los Uribistas por repartirse las prebendas, los auxilios y dineros ofrecidos por el gobierno para premiar su lealtad en el tema de la reelección presidencial tuvieron mucho que ver con el retiro del proyecto.
Entre tanto, el Fondo Monetario continua su implacable tarea de vigilancia y asesoría a la economía nacional presionando la ejecución de "reformas" como la pensional , que aumenten la edad mínima de las jubilaciones, el monto de las cotizaciones de los empleados y disminuyan los ingresos de los pensionados. Para defender iniciativas de este tipo los economistas neoliberales hablan indignados sobre las inequidades del actual sistema pensional argumentando que solo un 20% de la población tiene acceso a ese derecho y que esta situación convierte a los pensionados en unos verdaderos privilegiados de nuestra sociedad.
Pero lo que no cuentan es que más del 75% de esos pensionados tienen jubilaciones por debajo de los 800 mil pesos mensuales, unos 300 dólares, cifra con la que es muy difícil cubrir todos los gastos de la vida familiar. Y tampoco cuentan que la causa para que no exista un mayor porcentaje de personas inscritas en el sistema de pensiones, es precisamente la sobre explotación que los empresarios hacen de la mano de obra pagándole unos salarios de hambre, y eludiendo los compromisos de la seguridad social para aumentar la acumulación de sus ganancias, sacando provecho de la informalidad o "rebusque" dominante en nuestra economía.
La fórmula planteada por el gobierno y por el Fondo Monetario busca restringir aún más los derechos de los trabajadores empobreciéndolos para cubrir con los dineros arrancados a los jubilados parte del déficit fiscal.
Otra cosa es que exista un pequeño número de pensionados privilegiados, entre los cuales se cuentan excongresistas, expresidentes, exministros que gozan de unas jubilaciones altísimas gracias a las condiciones especiales que han tenido para conseguirlas, condiciones que necesitan modificarse para darle una mayor equidad al sistema.
La desprotección social es una triste realidad cotidiana en nuestro país. Si hablamos, por ejemplo, de nuestros niñ@s , 6 millones quinientos mil se encuentran en la pobreza y un millón en la miseria según cifras de la UNICEF. Un millón de niñ@s han sido desplazados por la guerra que se vive en Colombia.
Más de 2 millones 800 mil niñ@s están por fuera del sistema educativo y 2 millones 700 mil tienen que trabajar para sostener a sus familias.
Si nos referimos a los ancianos, cerca del 80% de los mismos carecen de ingresos económicos propios para sobrevivir y dependen de la solidaridad de sus familias o de la caridad de las comunidades. Este problema se agravará en los próximos años con el aumento de la población con una edad superior a los 60 años , dado el crecimiento de las expectativas de vida y la disminución relativa de la población infantil.
Más del 46% de las mujeres que trabajan ganan menos del salario mínimo mensual, unos 140 dólares, dato que explica la vigencia de las estructuras machistas no solo en el marco familiar, sino en el mercado laboral, donde muchísimas mujeres se ven obligadas para sobrevivir a desempeñar trabajos rutinarios, muchas veces degradantes y peligrosos para su integridad física.
Para todas estas inequidades el gobierno Uribe no tiene respuesta. El presidente ha hecho de la guerra contra el terrorismo su máxima prioridad y a esa guerra ha destinado cuantiosas inversiones del Estado. Para citar un solo caso : Entre Julio del 2002 y Diciembre del 2005 el pie de fuerza militar se ha incrementado en 95 mil uniformados. El presupuesto del Ministerio de Defensa aumentó un 12,6% del año 2004 al año 2005 , pasando de 10 billones y medio de pesos, unos 4 mil millones de dólares, a 11,8 billones de pesos, unos 4 mil setecientos millones de dólares.
POLÍTICA
LOS VOTICOS DEL PRESIDENTE
Aunque intente negarlo el presidente Uribe se encuentra en plena campaña como candidato a la reelección en el 2006. Sus visitas a las regiones se han multiplicado y no ha perdido oportunidad para aparecer en los medios de comunicación inaugurando obras, entregando pequeños subsidios a gentes de los sectores populares o dirigiendo los mal llamados "Consejos Comunitarios" que son televisados a todo el país.
Sin embargo, pese a que el Congreso aprobó la ley que permite la reelección presidencial inmediata, Uribe no las tiene todas consigo. La ley debe ser estudiada por la Corte Constitucional para atender las demandas que se han hecho en su contra por vicios de forma y de fondo en la aprobación de la misma. Si los magistrados encuentran esos vicios la ley puede ser derogada, anulada o por lo menos modificada para que la reelección entre a operar no en el 2006 , sino en el 2010, lo que acabaría con las aspiraciones del presidente para perpetuarse en el poder.
Existen muchas posibilidades de que la ley sea derogada o modificada por la Corte y a esas posibilidades le están apostando este año los distintos grupos de oposición para afinar sus estrategias electorales. Del pronunciamiento de la Corte dependerá en buena parte, también, la posibilidad de unir a la oposición en una sola candidatura.
Los sectores conservadores del país liderados por los grandes gremios empresariales y la mayoría de los congresistas de los antiguos partidos Liberal y Conservador están alineados con el presidente. Desde el punto de vista de sus intereses tienen razón en esa alineación. El gobierno de Uribe ha protegido sus negocios, ha controlado parcialmente los avances de la guerrilla y ha manejado con mano dura las protestas sociales. No ha vacilado en proponer reformas laborales en contra de la población trabajadora o liquidar empresas del Estado , que a juicio del gobierno estaban dominadas por sindicatos demasiado fuertes.
Igualmente, ha tolerado la progresiva paramilitarización de la vida política en muchos departamentos del país, donde los líderes de los grupos armados de extrema derecha imponen a su amaño la elección de gobernadores, de alcaldes y malversan los dineros públicos a través de contratos de obras o de empresas prestadoras de servicios de salud.
Además, Uribe se ha convertido en un aliado incondicional del gobierno de los Estados Unidos, aplicando al pie de la letra las políticas que se trazan en Washington para combatir el narcotráfico y el terrorismo.
La oposición, a su vez, no ofrece una sola cara. De un lado , está el sector seguidor del expresidente Samper y del excandidato Serpa dentro del partido Liberal. En este sector no hay unanimidad de opiniones, porque si bien hay un grupo radicalizado en la oposición a Uribe, hay otros cercanos a Samper que no descartan del todo una futura alianza con el gobierno.
Dentro del Partido Conservador, el expresidente Pastrana se ha convertido en un enemigo total de la reelección de Uribe, aunque solo ha conseguido el respaldo de una minoría de los líderes del Partido, para apoyar su posición.
La llamada izquierda democrática se presenta dividida en dos coaliciones. De un lado está el Polo Democrático encabezado por el alcalde de Bogotá , Luis Eduardo Garzón y por el senador Antonio Navarro. Dentro del Polo militan dirigentes procedentes de los partidos tradicionales, intelectuales y sindicalistas de tendencias socialdemócratas, grupos indígenas y campesinos que están identificados en la construcción de una alternativa política al dominio que ha ejercido por decenas y decenas de años en el país la oligarquía Liberal-Conservadora.
Del otro está Alternativa Democrática, coalición en la que participan partidos de izquierda como el Comunista o el Moir, así como nuevos grupos cívicos, indígenas, campesinos y cuya diferencia con el Polo se origina tal vez en que su oposición al gobierno Uribista es aún más contundente, más radical. Alternativa Democrática lanzó la precandidatura del Senador y exmagistrado Carlos Gaviria, pero el propio Gaviria ha sido claro en que le interesa buscar una Alianza con el Polo y con otros grupos para enfrentar, si es del caso, con una candidatura unificada la reelección de Uribe.
Mientras tanto, los exalcaldes de Bogotá, Antanas Mockus y Enrique Peñaloza han lanzado sus candidaturas tratando de pescar en el río revuelto de este juego político. Mockus ha hecho acercamientos con el Polo, mientras Peñaloza , animado por el expresidente Samper no descarta la idea de luchar por la candidatura del Partido Liberal.
Solo cuando la Corte Constitucional se pronuncie sobre las demandas contra la ley de reelección , podrá saberse a ciencia cierta como se delinearán , como se resolverán las alianzas, las coaliciones para las elecciones presidenciales del 2006.
MAMBRÚ SIGUE EN LA GUERRA
La intensificación de la guerra parece ser la decisión tanto del gobierno como del grupo guerrillero más importante, FARC. Uribe extraditó a los Estados Unidos a uno de los líderes de la guerrilla, Simón Trinidad, quien meses atrás había sido capturado en Ecuador donde adelantaba gestiones políticas y financieras para su organización. El presidente , en una hábil jugada política para tratar de no aparecer como intransigente, le había ofrecido a las FARC no extraditar a Trinidad a cambio de que los rebeldes liberaran a un buen grupo de los militares y políticos que tienen secuestrados, pero la guerrilla a su vez en otra maniobra política rechazó el ofrecimiento.
Las FARC pueden ahora alegar que su lucha es contra el imperialismo norteamericano y presentar a Trinidad como una víctima de las políticas serviles del gobierno colombiano con los Estados Unidos. Por otra parte, la decisión de Uribe hace todavía más difíciles las condiciones para que se de el llamado canje o intercambio humanitario de los militares y políticos que tiene en su poder la guerrilla, por los líderes rebeldes que están en las cárceles del Estado.
Como si esto fuera poco en un operativo que violó la soberanía de Venezuela, las agencias de seguridad colombianas en complicidad con algunos militares de ese país secuestraron en Caracas y trasladaron a nuestro país a uno de los principales agentes financieros y políticos de las FARC en el exterior, Rodrigo Granda, apodado por los medios de comunicación como" el canciller de las FARC". El operativo nos devolvió a los tiempos de los corsarios, de los piratas, porque el gobierno colombiano tras muchas negativas y mentiras reconoció que había pagado una recompensa a los autores del secuestro. Sobra decir que se ha presentado un incidente diplomático con el gobierno del Coronel Chávez y que Uribe al validar estos métodos de guerra está justificando a la vez los métodos criminales que use la contraparte. El fin no justifica los medios y menos si se pretende actuar en un Estado de Derecho.Esto explica que Chávez , en represalia, haya paralizado los acuerdos y proyectos industriales que ambos gobiernos se habían comprometido a realizar en estos meses.
Pero nuestro presidente se negó a reconocer el error cometido y antes por el contrario su gobierno acusó al de Venezuela de facilitar en su territorio la permanencia de líderes y frentes de la guerrilla colombiana, alegando que tenía pruebas al respecto La mayoría de la clase política del país cerró filas alrededor de Uribe, con el argumento al estilo Bush ,de que era válido perseguir terroristas en suelo extranjero, si con estos operativos ganaba la seguridad de Colombia.
A propósito de Bush, su gobierno se alineó con la posición colombiana y la nueva secretaria de Estado, Condolezza Rice, atacó al gobierno de Chávez calificándolo de un "estorbo" en América Latina. Con esta actitud tan diciente de Rice, muchos, comenzando por el propio Chávez, han deducido que tras la posición colombiana se oculta una conspiración, un plan para desestabilizar al gobierno venezolano.
Los gobiernos de Brasil, Perú y México han ofrecido sus buenos oficios para mediar en el incidente, porque lo cierto es que este tipo de incidentes no benefician para nada la causa de la unidad latinoamericana, y si facilitan, por el contrario, la intervención de la superpotencia imperialista..
Tal vez en todas estas maniobras del gobierno está imperando un triunfalismo desbordado al considerar que tienen arrinconados, cuasi derrotados a los grupos guerrilleros, lo que no deja de ser una flagrante equivocación. El Plan Patriota que busca asumir el control territorial del sur del país, zona donde las FARC han tenido tradicionalmente sus mayores bases de poder ofrece muchos vacíos políticos y militares.
De un lado, es imposible copar áreas tan extensas y con tantas dificultades geográficas con el número de soldados disponibles, máxime si el enemigo se ha replegado con habilidad evitando ofrecer un blanco directo a los avances de las Fuerzas del Estado. Del otro, la ofensiva militar no parece haberse complementado con un programa serio de servicios sociales a la población, programa que significaría el triunfo político real del Estado en esas zonas. A la población local se la ha privado de los ingresos económicos que generaban la coca y el narcotráfico, pero no se le han dado alternativas eficaces para subsistir. Y mientras este vacío se de el Plan Patriota no podrá consolidarse.
Las FARC le apuestan al debilitamiento a largo plazo de los planes del gobierno ya que calculan , y no sin razón, que la cantidad de recursos económicos que demanda un operativo como este del Plan Patriota es tan grande que el Estado no tendrá como asegurar su continuidad en los próximos años.
Por ahora, los medios de comunicación presentan como el mayor éxito de Uribe su programa de Seguridad Democrática. Es verdad que ha disminuído el número de asesinatos, de ataques a las poblaciones, de secuestros y extorsiones, pero también es verdad que en muchas ciudades y departamentos se ha consolidado el poder de los grupos paramilitares, quienes a sangre y fuego aplicando métodos mafiosos contra la población civil han logrado traer lo que Uribe y sus asesores llaman "Paz" a esas regiones. Muchos líderes opositores de esas zonas han sido asesinados en medio de la más perfecta impunidad. La prensa independiente ha sido silenciada y la corrupción y el autoritarismo practicados por la nueva alianza de gamonales o caciques políticos tradicionales y jefes de los grupos paramilitares les asegura, por ahora, el control casi absoluto de la maquinaria estatal en varios departamentos del país.
SANA, QUE SANA, COLITA DE RANA
Las publicitadas desmovilizaciones parciales de grupos paramilitares, han servido para que el presidente aparezca ante un sector de la ciudadanía como un hombre de paz, que está trabajando con eficacia por resolver el conflicto político militar que vive el país. Las desmovilizaciones se vienen haciendo a voluntad de los comandantes paramilitares sin ningún marco jurídico que las regule, sin una ley de verdad, justicia y reparación que impida que se consolide la impunidad para los múltiples crímenes que los desmovilizados y sus jefes cometieron contra la población civil.
Solo en los próximos meses el Congreso estudiará la ley de verdad, justicia y reparación que entre a crear unos criterios, unas normas , para resolver la situación jurídica de los desmovilizados. El gobierno quiere una ley blanda, laxa, que reduzca o elimine las penas de prisión para los comandantes de las autodefensas y evite investigaciones en profundidad de las acciones criminales de los mismos. Un grupo de parlamentarios, liderado por el Senador Rafael Pardo, ha diseñado un proyecto que contempla penas efectivas de prisión para los principales responsables de los delitos atroces cometidos, así como tribunales independientes para juzgar estos delitos , una comisión de la verdad que se encargue de divulgar ante la opinión pública los hechos criminales de los cuales son responsables los grupos paramilitares, así como de resarcir con indemnizaciones económicas, devolución de propiedades y otras medidas similares a las víctimas de la violencia desatada por las llamadas Autodefensas.
Pero mientras se da este debate en el Congreso, el Comisionado de Paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo, continua promoviendo las desmovilizaciones parciales que ya empiezan a mostrar contradicciones y nuevos riesgos. Nuevos riesgos porque a pesar de las promesas del Estado de ayudar por unos meses con subsidios económicos y apoyos educativos a los reinsertados en la vida civil, a mediano y largo plazo no existen soluciones de empleo que permitan darle piso sólido a esa reinserción. Es muy probable que hombres acostumbrados al uso brutal de las armas y a tener como miembros de los grupos paramilitares sus necesidades básicas satisfechas, al encontrarse en situaciones de escasez económica, de precariedad en la vida civil retomen las armas y se vinculen a nuevas bandas de delincuentes, creando nuevos espacios de violencia en la sociedad.
Los comandantes paramilitares encabezados por Salvatore Mancuso siguen a la espera de la definición de su situación jurídica. Mancuso, quien ha sido pedido en extradición por los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, ha logrado con el proceso de desmovilizaciones la buena voluntad del gobierno para impedir, por ahora, esa extradición.En la práctica, lo que Mancuso y sus colegas esperan es una absolución, un perdón total de sus acciones criminales y el poder disfrutar de sus fortunas y poder político en el futuro sin mayores complicaciones jurídicas. De hecho siguen manejando el poder real en muchos departamentos y aunque aparentemente han desmovilizado a cientos de sus hombres, han conservado en armas a otra buena parte hasta tanto no se resuelva favorablemente su situación legal.
La impunidad ronda todos estos procesos , que van a dejar como herencia la continuación de la cultura mafiosa en la política regional, la persistencia de modelos autoritarios y antidemocráticos en el manejo de los departamentos y municipios con la perpetuación de la alianza entre el viejo clientelismo de los políticos tradicionales y el nuevo poder de los jefes paramilitares reinsertados.
Los grandes grupos empresariales del país que apoyan las políticas del presidente parecen satisfechos con esta perspectiva, ya que les garantiza una estabilidad, una seguridad para sus negocios y la permanencia de un modelo económico como el neoliberal que ha sido tan conveniente para sus intereses.
El problema para Uribe y los jefes paramilitares es que a mediano plazo la impunidad concedida a las acciones criminales de las Autodefensas, va a ser denunciada e investigada en tribunales internacionales y sus principales autores serán procesados como ha ocurrido y sigue sucediendo en los casos de Yugoslavia, Ruanda, Argentina, Chile,etc. Sin justicia y reparación a las víctimas será muy difícil hablar de verdadera paz en el país.
TRATOS Y RETRATOS
Dentro del segundo grupo guerrillero, ELN, al parecer se da un intenso debate para definir las futuras estrategias de la organización. Según declaraciones de uno de sus comandantes a periodistas españoles, el ELN estaría interesado en hacer parte de una coalición política de izquierda en las próximas elecciones. Sin embargo, líderes del Polo y de Alternativa Democrática fueron claros en manifestar que sin el abandono de la vía armada es imposible hablar de alianzas con el ELN.
El gobierno mexicano ha hecho de mediador entre la administración Uribe y los elenos para tratar de mantener vivas las esperanzas de un acuerdo de paz entre las partes. Hasta ahora no hay resultados concretos porque Uribe exige en la práctica la desmovilización sin condiciones del grupo guerrillero sin hacer ninguna concesión política o reforma social de fondo. Por su parte el ELN hace una serie de demandas políticas que un gobierno conservador y autoritario como el actual rechaza de plano.
El tiempo trabaja en contra de la organización guerrillera: Su capacidad militar se ha reducido, los paramilitares y las tropas del Estado han copado muchas de sus áreas de influencia, la coyuntura internacional no es favorable a procesos de cambio social por la vía armada y en un país urbanizado como lo es ahora Colombia la cultura y los imaginarios populares también han sufrido grandes transformaciones en estos últimos cuarenta años.
MOVIMIENTO POPULAR
SILENCIO, ENFERMO GRAVE
El vicepresidente Francisco Santos afirma que la situación de los derechos humanos " ha mejorado muchísimo en el país" en estos dos años de gobierno de Uribe. Sostiene que hay menos secuestros, menos desplazados, menos asesinatos y masacres y que se ha recuperado la gobernabilidad en más de 300 municipios de la nación.
Ahora bien, es verdad que la tasa nacional de homicidios se ha reducido de 65 asesinatos por cada 100 mil habitantes, a 42 por cada 100 mil pobladores. Pero en algunas regiones, donde subsiste el conflicto más agudo entre los grupos armados irregulares se ha aumentado notablemente. Departamentos como Arauca, Guaviare y Casanare tienen tasas altísimas por arriba de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes. En ciudades como Cali se registraron en el año 2004 más de 2200 asesinatos superando con creces las cifras de Bogotá.
En algunas zonas el número de asesinatos ha disminuído porque los grupos paramilitares han consolidado su control armado y político en el territorio y los crímenes se han hecho más selectivos.
Entre tanto, las comunidades indígenas vienen sufriendo una oleada de asesinatos contra sus dirigentes a manos de los diferentes grupos armados, incluyendo las fuerzas del Estado. Desde el 2000 han sido asesinados más de 360 indígenas en diferentes partes del país. Además, comunidades enteras son prisioneras en sus resguardos y están en riesgo de desaparecer. Este confinamiento no permite siquiera la entrada de medicinas y de alimentos a esas comunidades. La neutralidad que los indígenas han declarado ante el actual conflicto y la voluntad de mantener sus propias formas de organización social , incomoda a los grupos armados, quienes tratan a través de la violencia de quebrar la resistencia de esos pueblos.
Muchas comunidades indígenas se ubican en zonas estratégicas para el tráfico de armas y de narcóticos, para establecer cultivos de coca o de amapola o para establecer gigantescas explotaciones de recursos naturales como la madera, la pesca, o construír represas, carreteras, puertos,etc y esto explica la campaña que ejercen los grupos armados para desalojarlos de esos territorios.
El gobierno alega que se han dado ayudas y protección efectiva a comunidades en riesgo de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Catatumbo, Chocó, Sur del Tolima, Arauca, Cauca, pero las autoridades indígenas denuncian el etnocidio que se está cometiendo contra sus gentes con la complicidad del Estado. Recordemos que en Colombia hay unos 780 mil indígenas repartidos en 6685 resguardos ubicados en 458 municipios del país.
De otro lado, en el 2004 fueron desplazados por las situaciones de guerra que se viven en la nación más de 205 mil personas, aunque el gobierno alega que la suma real no pasa de 130 mil. Antioquia, Caquetá, Meta y Norte de Santander han sido los departamentos con un mayor número de víctimas de este atropello.
En el Sur del país el desplazamiento ha aumentado como consecuencia de la aplicación del "Plan Patriota" puesto en práctica por las Fuerzas Armadas Estatales. Las Zonas fronterizas han sido las más afectadas por este doloroso fenómeno . El 61% de los desplazados provienen de estas regiones. Esto explica que más de 8500 personas hayan solicitado refugio o asilo en países vecinos. Hay más de 60 mil refugiados colombianos en Ecuador, Venezuela y Panamá, de los cuales solo un 15% han sido reconocidos como tales por esos países y más del 40% se encuentran viviendo en la miseria.
La libertad de prensa es otra víctima del actual conflicto. En muchos departamentos ha desaparecido ante la intimidación brutal de los grupos armados irregulares que no toleran el ejercicio democrático del periodismo. En Norte de Santander fue asesinado por paramilitares un periodista radial y otros 16 están amenazados de muerte si insisten en seguir adelantando su trabajo de comunicación. La mayoría de los crímenes cometidos contra periodistas en el país ha quedado en la impunidad a pesar de las protestas y reclamos de las asociaciones nacionales e internacionales de ese gremio al gobierno.
Y a toda esta situación se agrega la autocensura que practican los grandes medios con sede en Bogotá , silenciando muchas informaciones que van en contra de los intereses de los dueños del poder político o de los grandes empresarios del país del conocimiento de la llamada "opinión pública". Los noticieros de televisión de los canales privados son una buena muestra de esta manipulación, presentando, por ejemplo, la información de orden público de acuerdo a los datos y boletines que les entregan los voceros del gobierno, sin molestarse en contrastar, en verificar tales noticias con otras fuentes.
PALO BONITO
Pese al recorte de libertades que se padece en muchas regiones de la nación, la protesta social de los diferentes sectores populares no ha desaparecido. Antes, bien, en el año 2004 las manifestaciones de protesta aumentaron en relación con el año 2003. Más de la mitad de esas protestas fue motivada por el incumplimiento de pactos o acuerdos hechos con las comunidades por parte de funcionarios del gobierno, por reclamos a decisiones políticas del Estado o exigiendo la vigencia de los derechos humanos.
Movilizaciones como la marcha de 60 mil indígenas caucanos a la ciudad de Cali en el mes de septiembre reclamando la protección real del Estado para su cultura, sus formas de organización y sus comunidades son bastante dicientes de la voluntad de resistencia que acompaña a un sector de nuestro pueblo. Han abundado también las protestas contra la reelección presidencial, contra la firma del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, por el cierre de hospitales y de universidades públicas, las privatizaciones de empresas estatales, la política petrolera, la reforma pensional y un largo etcétera de muchas causas más que golpean las condiciones de vida de la población.
La mayoría de las protestas se han centrado en las zonas urbanas y aunque en muchas ocasiones los funcionarios del gobierno nacional han intentado descalificarlas como fruto de "la acción de unos cuantos elementos subversivos", representan la lucha de sectores representativos de nuestra sociedad por construír una democracia real en el país.
El sistemático asesinato de dirigentes populares , de defensores de los derechos humanos en algunas regiones como la Costa Atlántica o Norte de Santander se ha convertido en una práctica protegida por la indolencia de los funcionarios del Estado encargados teóricamente de garantizar los derechos básicos a la ciudadanía. La corrupción ha permeado, ha penetrado muchos sectores de la administración pública que prefieren pactar sus propios acuerdos de enriquecimiento y sobrevivencia personal con los Señores de la guerra, antes que comprometerse en acciones riesgosas en defensa de las libertades públicas. Por ejemplo, no menos de 500 mil millones de pesos de dineros del Estado, unos 200 millones de dólares, pasan anualmente a poder de los grupos paramilitares a través de falsos contratos de obras, de servicios de salud, etc.
Son las mismas transacciones y operativos que realizaban los grupos guerrilleros cuando dominaban departamentos como Arauca, Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo.
Todo esto remarca la necesidad de seguir luchando por la construcción de redes de grupos y de organizaciones sociales que en forma autónoma y transparente vayan creando espacios democráticos en Colombia que faciliten la participación de la ciudadanía en defensa de las libertades y del patrimonio públicos.

* Revista Encuentro