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Latinoamérica


 

Impunidad, justicia y capitalismo neoliberal. Reflexión sobre el caso chileno

Franck Gaudichaud
Rebelión
Traducción para Rebelión de Juan Vivanco

El tema de la tortura, de los presos políticos y, en general, de la barbarie dictatorial del general Pinochet lleva varios meses ocupando un gran espacio informativo en Chile. Sobre todo después de la publicación oficial, en noviembre de 2004, de un extenso informe gubernamental sobre la tortura y los presos políticos (conocido como Informe Valech) [i] . La comisión nacional nombrada por el gobierno de Lagos ha podido recoger más de 35.000 testimonios de presos políticos del régimen militar [ii] . En sus cientos de páginas se describen las salvajes prácticas del terrorismo de Estado contrarrevolucionario aplicado en Chile, al igual que en otras latitudes de América Latina, durante los años setenta y ochenta. Ante todo hay que decir que este informe supone un gran avance para el conocimiento y reconocimiento de una verdad histórica negada durante mucho tiempo.
Neoliberalismo y gestión de la injusticia
No cabe duda de que es el fruto de varias décadas de movilizaciones colectivas, tanto en Chile como a escala internacional, en pro de la Verdad y la Justicia. Por tal motivo, el gobierno chileno encabezado por el ″socialista″ Ricardo Lagos ha dicho que es un informe « sin precedentes en el mundo » e incluso reconoce que « la detención y las torturas constituyeron una práctica institucional de Estado que es inaceptable » y, en su opinión, « contraria a la tradición histórica de Chile » [iii] . Sin embargo, detrás de sus bonitas palabras se ocultan falsedades y disimulos que revelan el modo en que el gobierno social-liberal de la Concertación pretende interpretar y utilizar políticamente el afán de testimoniar de una parte de las víctimas de la dictadura. De entrada conviene recordar que la comisión sólo ha entrevistado a una pequeña parte de los cientos de miles de personas torturadas y encarceladas por los esbirros de Pinochet. Por otro lado, con el respaldo directo o indirecto de la derecha y la patronal, la táctica de Lagos es poner punto final al pasado bajo el pretexto de no «reabrir las heridas» de la historia. Por eso el informe se salda con una cínica indemnización económica «austera y simbólica» a las víctimas, según las propias palabras del presidente. [iv] No contenta con ello, la comisión se permite el lujo de dar carpetazo a la reclamación fundamental de la justicia, que es publicar los nombres de los verdugos, y obliga a sus miembros a guardar silencio absoluto ¡durante 50 años como mínimo! Como bien dice la revista Punto Final, esto da a la tortura de Estado —reconocida oficialmente— una verdadera «patente de impunidad». [v] La estratagema se ve aún más clara ahora que el gobierno chileno acaba de respaldar públicamente a la corte suprema de justicia que, además de rechazar el principio de colaboración internacional para los crímenes de lesa humanidad, ordena que los procesos incoados por crímenes contra los derechos humanos (actualmente son 356 en Chile) se concluyan en un plazo de seis meses, so pena de una suspensión temporal indefinida [vi] . Por supuesto las organizaciones de derechos humanos, como el CODEPU, [vii] han criticado estas medidas, recordando oportunamente que durante la dictadura esa misma corte suprema hurtó de forma sistemática los derechos más elementales a los ciudadanos chilenos poniéndose a las órdenes de la junta militar. Sin olvidar, además, que hoy en día son muchos los militares y funcionarios de la dictadura que disfrutan de una libertad dorada, con generosos salarios y jubilaciones pagados por el Estado, que las fuerzas armadas perciben constitucionalmente una proporción desorbitada de los beneficios que reporta la explotación del cobre (el llamado «salario de Chile»), y que los gastos militares, en este país, son los más elevados de toda Latinoamérica.
Así las cosas, ¿a qué vienen las jeremiadas del ministro de economía cuando destaca el esfuerzo «oneroso» que deberá hacer el gobierno para pagar las indemnizaciones a quienes padecieron violaciones colectivas, descargas eléctricas por todo el cuerpo, cigarrillos apagados en los pechos, asfixia, descuartizamientos, ratas que roen el vientre o la vagina, patadas en la cara, tortura psicológica, simulacros de ejecución y detención en condiciones infrahumanas durante semanas, meses o años? ¿Acaso vamos a aceptar sin rechistar que oficiales, parlamentarios, responsables de la prensa y patronos que participaron de una u otra forma en el régimen dictatorial, se permitan cuestionar la veracidad histórica de semejante ignominia? Sabemos que todos ellos recuerdan con añoranza los buenos tiempos en que su amado general Pinochet declaraba, henchido de orgullo: «hemos limpiado prácticamente la nación de marxistas». Lo cual no es de extrañar, porque las clases dominantes chilenas no pueden ocultar su profundo agradecimiento a una junta militar que hizo el trabajo sucio y les permitió restablecer la sacrosanta propiedad privada de los medios de producción, que en 1973 estaba amenazada por los sectores populares organizados. Otros, como Juan Emilio Cheyre (comandante en jefe de las fuerzas armadas), para explicar lo inexplicable, se limitan a hablar de un «contexto histórico», de la famosa polarización política que se habría creado con la Unidad Popular (1970-1973) o también de ciertos «excesos individuales» de funcionarios de la dictadura. [viii]
Movilizaciones colectivas contra la impunidad y justicia social
Pese a todo, gracias a décadas de movilizaciones colectivas en Chile y en el mundo y al tesón de un puñado de abogados y jueces, se han dado pasos significativos en contra de la impunidad. Sin duda alguna la proliferación de procesos y acusaciones, de gran valor simbólico, son puntos de apoyo para seguir luchando y debatiendo con las nuevas generaciones acerca de un pasado que no acaba de pasar. Lo vemos, sobre todo, en el reciente levantamiento de la inmunidad al viejo general Pinochet y su procesamiento en la causa de la Operación Cóndor por el juez Guzmán, o en las acusaciones, condenas y detenciones de varios antiguos agentes de las fuerzas represivas, entre ellos su máximo responsable, Manuel Contreras [ix] . No cabe menospreciar estos avances ni este reconocimiento oficial —siquiera parcial— de la barbarie de la dictadura, porque de momento estamos en una verdadera «guerra de posiciones» contra un aparato judicial que, a fin de cuentas, sigue siendo el del Estado burgués. También siguen en alto las «batallas de la memoria», como nos recuerdan en varios manifiestos ciudadanos, los historiadores opuestos al olvido institucional que se quiere imponer a toda la sociedad, lo mismo que los acuerdos de libre cambio con Estados Unidos y la Unión Europea. [x] Todos estos indicios muestran que debemos seguir movilizándonos. Pero hay que saber cómo, sobre qué bases y con qué metas. Porque no podemos eludir otro debate de fondo: ¿qué justicia reclamamos realmente? O como plantea acertadamente, en circunstancias distintas, Daniel Bensaïd: ¿quién es el juez? Porque un ardid del liberalismo es, precisamente, individualizar los crímenes y las responsabilidades del terrorismo de Estado para despolitizar su contenido y su significado histórico... [xi] En Chile y fuera de Chile, la justicia de Estado carece de… juicio. Es lícito y necesario, pues, que nos preguntemos en qué medida un Estado, que ha avalado una «intransición» democrática en plena continuidad institucional y económica con el régimen militar de Pinochet y los «Chicago Boys», podría hacer justicia sin tratar de cubrirla apresuradamente con un manto de impunidad o vaciar de significado social y político los crímenes cometidos. Pues como enseña la historia del siglo xx , el terrorismo de Estado contrarrevolucionario es cualquier cosa menos el resultado de una conducta individual anormal de un puñado de militares histéricos o extremistas. Es entonces cuando surge una noción de justicia esencial, la de justicia social, por la que miles de militantes y trabajadores sufrieron la represión de las dictaduras; y cuando todos esos cantos al «Estado de derecho» y a la tradición constitucionalista de las fuerzas armadas suenan a hueco. Porque ¿dónde está el «Estado de derecho» recobrado, si los propios gobiernos llamados democráticos legitiman la presencia de presos políticos en la cárcel de Alta Seguridad de Santiago y las escandalosas prácticas de tortura y represión brutal contra el pueblo mapuche rebelde? [xii] Por eso muchos militantes o ex-militantes revolucionarios se han negado a participar en el juego de la verdad y la reconciliación tan cacareado por las elites políticas (de «izquierdas» y de derechas), gestoras del capitalismo neoliberal. Para ellos, como para las Madres de la plaza de Mayo al otro lado de la cordillera, sólo habrá Verdad y Justicia plenas cuando las clases populares vuelvan a alzar la bandera del socialismo democrático por el que murieron, fueron torturados y encarcelados cientos de miles de latinoamericanos. Como dice el historiador Igor Goicovic Donoso, otro que, como muchos de sus compañeros, se ha negado a dar testimonio ante la comisión gubernamental sobre la tortura: « no me interesan los mendrugos que caen de la mesa de los opulentos o las miserables dádivas con las cuales el Estado burgués pretende repararme. La única reparación real y legítima tiene que ver con un proyecto colectivo de transformación de la sociedad, ajeno al Estado y a los intereses de clase que defiende; tiene que ver con el movimiento popular y sus luchas; tiene que ver con reparar los sueños y las utopías » [xiii] .
* Franck Gaudichaud es politólogo y coordinador de la sección Chile de la revista electrónica
www . rebelion . org – contacto: franckgaudichaud@yahoo.es .



[i] Véanse en la red los documentos del diario La Nación:
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/informe/Informe.pdf
[ii] De los que se han seleccionado unos 28.000.
[iii] Véase el diario Le Monde, París, 3 de diciembre de 2004.
[iv] La indemnización prevista es de unos 165 euros mensuales.
[v] «Tortura con patente de impunidad», Editorial de Punto Final, n.º 582, 23 de diciembre de 2004.
[vi] Véase J. Escalante, «La corte suprema juega a ganadora», La Nación, 27 de enero de 2005, y A. M. Sanhueza y J. Wilson, «Suprema ordena cierre de causas de DD HH y descarta punto final», La Tercera, 26 de enero de 2005.
[vii] Corporación de promoción y defensa de los derechos del pueblo (
www.codepu.cl ).
[viii] ALAI, «Informe Valech: el efecto», Agencia de Noticias de Chile, 23 de diciembre de 2004 y J. E. Cheyre, «Discurso del comandante en jefe del Ejercito», Santiago, 3 de noviembre de 2004 (véase el sitio del ejército de tierra:
www.ejercito.cl).
[ix] « Resistencia armada fue inútil: ex jefe de la DINA ya está preso », La Nación, 28 de enero de 2005.
[x] Véase el Manifiesto de historiadores, Historiadores contra los que torturan en nombre de la patria en
http://www.rebelion. org /noticia.php?id=8972 .
[xi] D. Bensaïd, Qui est le juge? Pour en finir avec le tribunal de l’histoire, Fayard, Paris, 1999.
[xii] Véase C. Opaso, «Ojos bien cerrados. Casos de torturas en democracia», Mapu Express, 17 de enero de 2005 (
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=10272) y sobre el informe del Observatorio Internacional de los Pueblos Indígenas (véase http://www.rebelion.org/noticia.php?id=9996 ).
[xiii] Igor Goicovic Donoso, La implacable resistencia de la memoria. Reflexiones en torno al informe de la comisión de prisión política y tortura, Osorno, 2005 en
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=10393.