Bolivia arrastra un conjunto de reivindicaciones ancestrales no atendidas, desigualdades que se han hecho estructurales, propias del sistema, y conflictos abiertos o históricamente mal resueltos. Ese pasado marcado por la inestabilidad define el presente en el cual se reavivan los antiguos y los nuevos diferendos políticos, sociales y económicos. Y este resurgimiento de la conflictividad se produce en medio de una gestión de gobierno insegura, débil, vacilante. Carlos Mesa, llegó a la presidencia como sucesor constitucional de Gonzalo Sánchez de Losada, derrocado por las revueltas populares de octubre del 2003. Para asegurar su supervivencia ante un país crispado que rechazaba los planes para la entrega de las reservas nacionales de hidrocarburos prometió cambiar el rumbo. Pero en pocos meses se advirtió que Mesa no asumía ese compromiso, y gobernaba de modo zigzagueante cediendo alternativamente a las presiones recibidas desde diversos flancos: una de ellas, casi permanente, la de los intereses de las grandes empresas petroleras extranjeras; otra, la de la embajada norteamericana en La Paz, que suele expresar abiertamente su opinión sobre cuestiones internas del país, y una tercera,
la de las reacciones populares a las medidas anunciadas por el propio gobierno.
Todo está como era entonces
Han transcurrido ya 15 meses de aquellas revueltas populares que costaron más de medio centenar de muertos y quinientos heridos por la represión ordenada por Sánchez de Losada antes de huir del país ( hacia Estados Unidos ). Y las cuestiones fundamentales siguen sin resolver.
Lo que hace más crítica la situación es la ausencia de proyectos políticos que integren la profunda diversidad boliviana. Los partidos políticos están profundamente desacreditados. Los sectores populares están divididos y con unos liderazgos cuestionados por sus bases. Organizaciones que fueron poderosas años atrás, como la histórica Central Obrera Boliviana, COB, adolece de las mismas debilidades.
El MAS, Movimiento al Socialismo liderado por el líder campesino Evo Morales tiene una fuerte implantación electoral basada en sus raíces entre las asociaciones indígenas, campesinas y obreras de Bolivia, pero tiene dificultades para extenderse a otros sectores. Felipe Quispe, "El Mallku", con ascendiente sobre sectores aymaras no ha tenido demasiado eco en sus recientes convocatorias y también su influencia tiene un alcance limitado. Morales y Quispe han mantenido frecuentes diferencias y han sido incapaces de articular sus movilizaciones y objetivos. Una de las causas puede ser el personalismo que imprimen a sus políticas y la falta de una auténtica perspectiva de alcance nacional.
El propio presidente Mesa carece de fuerzas propias. Tiende a sustentarse en alianzas precarias, donde debe desconfiar más de los aliados circunstanciales que de los rivales políticos. Una sola cosa parece tener clara Carlos Mesa: sabe que no puede repetir el error de su predecesor y utilizar la violencia para reprimir. Sería como jugar con fósforos en un depósito de gasolina. Por el contrario, reitera que lo que advirtió el pasado 9 de enero: si hay muertes y violencia, presentará su renuncia.
Amenaza para unos, objetivo para otros
Esa, la de su posible renuncia, es una amenaza efectiva para muchos sectores que saben que sería muy difícil llenar ese vacío en las circunstancias actuales, pero no para quienes vienen medrando entre bambalinas con la intención de retomar el camino de Sánchez de Losada en su primer gobierno ( 1993-1997 ). Este funesto liquidador, –como Menem en Argentina – emprendió el desmantelamiento del estado y entregó los principales recursos del país. Entre quienes han sido acusados de jugar ese papel, está el senador Hormando Vaca Diez, presidente del Congreso, quien sucedería a Mesa ante su eventual dimisión. Este personaje fue quien ordenó 30 de marzo pasado que la policía retirara al minero Eustaquio Picachuri que reclamaba en el hall del Parlamento por su jubilación y la de miles de compañeros, despojados de su derecho por la Ley de Pensiones de Sánchez de Losada. Un episodio que terminó dramáticamente con la inmolación del trabajador . ( Ver SERPAL 265-04 )
Vaca Diez, junto con el vicepresidente del Senado, Gonzalo Chirveches, controla las bancadas parlamentarias del MIR, ( Mov. Izquierda Revolucionaria ), MNR ( Mov. Nacionalista Revolucionario y NFR (Nueva Fuerza Republicana ), denominaciones que nada tienen que ver con sus posiciones,sus prácticas y sus objetivos. En realidad estas formaciones tan justamente sospechadas por los ciudadanos, vienen bloqueando en el Congreso el debate y la aprobación definitiva de la Ley de Hidrocarburos. De tal modo eluden el mandato popular del referéndum del 18 de julio pasado en defensa de la soberanía y propiedad de los yacimientos de hidrocarburos y la refundación de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
La reivindicación autonómica
El nuevo periodo de inestabilidad se abrió cuando el presidente Mesa dispuso por decreto el aumento de los precios del diesel y la gasolina. El sector agroindustrial de Santa Cruz, encabezó el rechazo a la medida y a través de un constituído Comité Cívico promovió movilizaciones que con el transcurrir de los días derivó en el resurgimiento del antiguo reclamo por la autonomía. Santa Cruz genera gran parte del Producto Bruto Interno del país ( casi un tercio ) y constituye el sector más desarrollado, que lo ha convertido en polo de atracción de la migración interna. En los últimos años, los dirigentes del sector empresarial han pregonado reiteradamente que Santa Cruz paga los impuestos que permiten mantener un aparato estatal que consideran burocrático e ineficaz. Estos y otros argumentos basados en cifras irrebatibles, han servido para sembrar una prédica de inocultable tinte demagógico que tácitamente ignora o desprecia al resto de la población boliviana, con matices racistas incluídos. La idea de que "solos nos irá mejor" pretende ganar incluso a los sectores más postergados de la sociedad cruceña. Como sucediera durante los procesos de independencia del reino de España, las ideas de una elite hablan de "un cambio que favorecerá a todos", pero en realidad es guiado por un sector y a favor de sus propios intereses. La amplitud del Comité Cívico incluye entre sus activistas a los grupos "Nación Camba" y "Juventud Cruceñista" considerados como neofascistas.
Esta perspectiva explica que sectores campesinos e indígenas expresen su rechazo o al menos su abierta desconfianza en las propuestas del Comité Cívico cruceño. La Coordinadora de Pueblos Etnicos, el Movimiento Sin Tierra, la Federación Departamental de Colonizadores y la Organización Indígena Chiquitana, entre otras, han rechazado "descolgarse" de un proceso nacional y exigen que el posible rediseño del estado boliviano se realice en el marco de una Asamblea Constituyente. Decenas de organizaciones sociales de base han creado la Coordinadora de Defensa de la Democracia, para desmarcarse del Comité Cívico. Aquí se agrupan campesinos del norte cruceño, sindicalistas, juntas vecinales, magisterio y estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno.
Pero a pesar de estas reservas, el Cabildo abierto convocado por los cívicos para el pasado viernes 28 de enero, congregó a decenas de miles de personas que dieron su apoyo a los dirigentes del proceso autonomista. La tensión de los dias previos por lo que aparecía como una acción "rupturista" e ilegal, fue disipándose horas antes al conocerse que el gobierno de Mesa admitía la demanda y le daría curso con medidas constitucionales. Una de las condiciones básicas era que en ese Cabildo no fuera elegido ya un gobernador autónomo. Afirman que en esa negociación medió la Iglesia Católica. Así se consiguió desactivar, al menos por el momento, la posibilidad de una intervención militar basada en el argumento constitucionalista de preservar la integridad del país. Otro gesto de buena voluntad del presidente, fue una pequeña reducción en el precio del diesel, que pasó a 3,72 bolivianos ( menos de 50 centavos de dólar ) por litro.
Lo cierto es que el argumento de los cruceños es reversible. Ellos afirman que son quienes más consumen diesel y por tanto exigen la rebaja en el precio del producto. Pero como el diesel seguirá subvencionado por el estado, lo que no ingrese por su venta directa, lo terminarán pagando todos los bolivianos, consuman o no el hidrocarburo.
¿ Y la Asamblea Constituyente ?
El presidente Mesa, consecuente con su compromiso convocó para el próximo 12 de julio a la primera elección de gobernadores departamentales por voto popular. Hasta ahora y "desde siempre" eran designados como prefectos por el Poder Ejecutivo. Añadió Mesa que "las autonomías son un paso previo a la Asamblea Constituyente". Y este es un punto fundamental : amplios sectores sociales
reclaman que el tema de las autonomías forme parte de los debates y acuerdos de la futura Asamblea Constituyente. Este instrumento ha sido presentado también por el Movimiento al Socialismo como la herramienta "popular, democrática y participativa" que permita avanzar hacia "la refundación de nuestra patria".
Y sin que constituya una panacea de efectos inmediatos para la gran cantidad de problemas no resueltos que tiene Bolivia, la reclamada Asamblea Constituyente es el marco donde pueden debatirse y resolverse todas las reivindicaciones sectoriales. De lo contrario, los damnificados serán una vez más, los de siempre: los campesinos, los indígenas, los trabajadores, los ex mineros, los eternos postergados.
El resto de los partidos políticos, consecuentes con su estrechez de miras, se anota a la nueva perspectiva de elegir gobernadores considerando que pueden recuperar el protagonismo perdido. Un optimismo exagerado si se tiene en cuenta el absoluto desprestigio que tienen entre los ciudadanos.
Las carroñeras y sus gestores
Hormando Vaca Diez, senador por Santa Cruz y actual presidente del senado, y vicepresidente de la república ( ya lo citamos al comienzo de esta nota) mantiene estrechos vínculos con las empresas petroleras transnacionales que aspiran al control de las reservas de gas y petróleo del subsuelo boliviano. El olor de la nueva crisis atrae a las grandes corporaciones como carroñeras tras la víctima suponiéndola indefensa y débil. Esas empresas pretenden bloquear una Ley de Hidrocarburos que responda a la voluntad de soberanía sobre sus recursos expresada por el pueblo boliviano en referéndum. Vaca Diez, uno de sus principales gestores, es señalado como parte del sector más corrupto de su partido, el MIR de Jaime Paz Zamora y le imputan además, vínculos con narcotraficantes como Oso Cavaría y Meco Domínguez en la década de los años 90. Según recuerda Bolpress, el vicepresidente también tiene permanentes contactos con David Greenlee, embajador de los Estados Unidos, quien fue jefe de la CIA en Bolivia a fines de los años 80. A su pedido intenta que el parlamento apruebe una ley de inmunidad a favor de tropas norteamericanas, para que en el caso de una actuación en suelo boliviano, quedaran fuera del alcance del Tribunal Penal Internacional. Como puede deducirse Vaca Diez es un nombre a tener en cuenta por sus peligrosas polivalencias.
En un artículo publicado por Bolpress, Andrés Solís Rada escribe que "pretender entender el intento de designar "gobernadores" para los departamento de Santa Cruz y Tarija, en los que se halla la casi totalidad de los 53 Trillones de Pies Cúbicos (TCFs) de gas natural sin tomar en cuenta los intereses de las grandes petroleras del mundo, como Shell, Enron, Repsol, Total, British Gas y Amoco, que operan en Bolivia, se asemeja a estudiar el sistema respiratorio del ser humano prescindiendo de los pulmones. Las transnacionales están impacientes por exportar esas reservas a Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, México y Estados Unidos, sin negociar con un Estado Nacional, que, pese a estar reducido a piel y huesos por el neoliberalismo, es todavía un interlocutor al que las transnacionales pretenden sustituir por "gobernadores" dóciles a sus designios."


Otros datos a tener en cuenta
Para evitar la mayor extensión de esta nota, añadiremos de forma resumida otros
elementos y datos que permitan perfilar la complejidad de la crisis boliviana.
Más de 200 organizaciones sociales de todo el país reunidas los dias 27 y 28 de enero en La Paz coincidieron en señalar que el estado boliviano debe recuperar las empresas estatales privatizadas, en particular aquellas estratégicas. Afirman que tras 10 años de políticas de "capitalización", los resultados son de beneficios para los intereses externos, y no para el país. También reclamaron una nueva ley de pensiones que beneficie y proteja realmente a los trabajadores pasivos.
El presidente Carlos Mesa designó vicepresidente del directorio del Banco Central de Bolivia a Fernando Paz Valdivieso. Este funcionario tiene entre sus antecedentes haber sido nombrado " a dedo" por el ex presidente Sánchez de Losada como presidente del mismo banco en agosto del 2003, en una decisión considerada inconstitucional y adoptada aprovechando los feriados de las fiestas patrias.
Estas decisiones de Mesa no son precisamente un ejemplo de su ruptura con las políticas de su derrocado predecesor.
El ya citado Andrés Solís Rada, destaca la responsabilidad de gran parte de los medios de comunicación en la situación existente. Afirma que salvo excepciones están siendo controlados por capitales transnacionales y oligárquicos. "El grupo español "Prisa", añade, controla la red de televisión más importante del país, además de influyentes periódicos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Casi ninguna radio, canal o periódico importante puede prescindir de la publicidad de las transnacionales, las que, por esa vía, imponen políticas editoriales e informativas. Agrega: "Son estos medios los que respaldan los objetivos separatistas en el oriente boliviano". "Hacen juego a esta posición los postulados indigenistas a ultranza, que también desean astillar al país". "Ambas posiciones cerraron hasta ahora la posibilidad de debatir los marcos de un proceso de descentralización autonómico".
Un horizonte nada fácil
Del cuadro que componen estos apuntes se deduce que los sectores populares tendrán que dinamizar sus organizaciones, buscar coincidencias urgentes en sus objetivos inmediatos, y estar alertas ante propuestas que alienten una fragmentación del país. La convocatoria para elegir representantes para una Asamblea Constituyente debería ser una prioridad por ser el ámbito idóneo para
debatir y acordar el rediseño del estado. Dada la situación, articular estas propuestas no será tarea fácil.
El vuelo bajo de las carroñeras es una advertencia suficientemente grave como para impulsar la unidad de los bolivianos, de la inmensa mayoría que no está implicada en los manejos de los gestores o beneficiarios de las políticas de entrega. De todos aquellos que no forman parte de las estructuras parasitarias que históricamente se han transferido el poder de gobernar. Es la hora del postergado pueblo boliviano.
Redacción de SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa