Latinoamérica

Se multiplican las informaciones anónimas sobre los crímenes de la dictadura. Cuando superan los escollos del miedo y de la "discreción", detonan con su carga de sorpresa, como el episodio de Vichadero, nuestro Macondo.

Samuel Blixen
Brecha

El secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, no se molestó en ocultar su desagrado por la denuncia pública sobre la existencia, en el cementerio de Vichadero, Rivera, de 35 cuerpos no identificados que podrían corresponder a otros tantos prisioneros desaparecidos durante la dictadura militar. La denuncia fue formulada por Lile Caruso de la Asociación de Familiares de Asesinados Políticos, y el senador Eduardo Lorier, del Comité Ejecutivo del Partido Comunista, primero ante la fiscal Mirtha Guianze y después ante el propio Fernández; pero ante la eventualidad de que los restos ubicados en Vichadero pudieran "desaparecer", los denunciantes convocaron el miércoles 14 a la prensa y aportaron los detalles. Fernández atribuyó a una intención de protagonismo el que los dirigentes comunistas hubieran formulado la denuncia penal ignorando a la secretaría de la Presidencia, que reclama un control absoluto de toda la información vinculada a los crímenes de la dictadura y la potestad de orientar las investigaciones.
La reacción de Fernández confirma las apreciaciones del Servicio de Paz y Justicia, cuyos responsables han denunciado falta de transparencia de la Presidencia en el manejo de estos temas y han consignado el peligro de la ausencia de un control externo de las actuaciones. Otras fuentes ya habían alertado sobre la discrecionalidad del secretario de la Presidencia para aceptar o descartar las denuncias que se están multiplicando sobre la existencia de cementerios clandestinos, informaciones que no provienen orgánicamente del Ejército.
En los hechos, la aparición de un esqueleto en el Batallón 13, como consecuencia de una denuncia anónima, puso más en evidencia la ausencia de resultados de la información brindada por el comandante del Ejército, Ángel Bertolotti. Fernández ingresó al comienzo de esta semana al predio del Batallón 13 en compañía del ex soldado Sergio Pintado, quien cumplió servicio en esa unidad y que estaba dispuesto a señalar 27 lugares donde podría haber tumbas de desaparecidos. Pintado ya había dado testimonio ante la justicia, como también lo hizo el ex soldado Ariel López Silva y otros soldados que fueron interrogados por el juez Alejandro Recarey en la causa de la desaparición de Elena Quinteros.

EL DATO REVELADOR DE VICHADERO

En medio de ese empuje de informaciones anónimas surgió el episodio de Vichadero. Es, tal cual, un capítulo de Macondo. La información oficial de la existencia de cadáveres no identificados data de 2002, pero el conocimiento de que el cementerio de Vichadero había sido utilizado por los militares como lugar de entierro de sus víctimas es mucho más antiguo. Vichadero, a 130 quilómetros de la ciudad de Rivera, sobre la ruta 27, tiene alrededor de 1.500 habitantes; su cementerio, a unos tres quilómetros del poblado, tiene 148 sepulturas. En épocas de la dictadura, el sepulturero era despertado en horas de la madrugada por oficiales del Ejército que llegaban en camionetas con matrícula de Montevideo para efectuar enterramientos. No traían documentación, y cuando el sepulturero la reclamó, le contestaron que no insistiera porque le podía pasar lo mismo que al que estaba por enterrar. ¿Es lógico suponer que tales hechos no fueran comentados en el poblado? Sin duda, esas historias eran patrimonio de todo el pago. Por lo menos uno de los hijos del sepulturero, que heredó el cargo, lo comentó con una señora desconocida que hace unos días visitó el cementerio. ¿Qué hay en esos nichos?, le preguntó la señora, y el sepulturero le contó: "Esos son cadáver importantes", y se los mostró. Así, Caruso pudo confirmar que los militares usaban el cementerio de Vichadero para enterrar sus secretos.
El sepulturero hijo explicó a Caruso que en 2003, después de un pedido de informes realizado por el edil Robinson Silva, del Partido Socialista, desde la Intendencia de Rivera le ordenaron trasladar 35 cuerpos no identificados al osario común. Consciente de la importancia de tales restos, el sepulturero hijo tomó la precaución de envolver los esqueletos en nailon y depositar junto a cada uno de ellos un azulejo en el que consignó todos los datos conocidos; así impidió que se perdiera el rastro de esos cuerpos.
¿Quién dio la orden de pasarlos al osario? No se sabe, pero la documentación oficial de los distintos pedidos de informes –que el actual edil comunista Enrique da Rosa recopiló para reactivar la investigación– luce las firmas del secretario general Rodríguez, en nombre del intendente Tabaré Viera; del director de Higiene, Marne Osorio; del director de Departamento, Juan Emilio Techera; y del director de Necrópolis, Milton Gómez. A ninguno le llamó la atención que en un cementerio de 148 sepulturas hubiera más de 35 nn. ¡Qué cantidad de personas desconocidas vienen a morirse imprevistamente en Vichadero!
Por cierto que hay más nn, pero estos 35 son "especiales", y eso lo sabe el enterrador, porque se lo contó su padre. Su testimonio sobre la presencia de militares que llegaban con cadáveres es un punto fuerte a favor de la sospecha de que se trata de prisioneros desaparecidos. Hay, además, otros indicios: muchos de los esqueletos aún conservan restos de vestimenta, medias, una camisa de nailon con la grifa y otras prendas con fibras que el tiempo no destruyó; usualmente los cuerpos son enterrados desnudos.
Se ha argumentado que Vichadero queda muy lejos de Montevideo. También queda lejos el lago de Rincón del Bonete y allí fue encontrado el cuerpo flotando de Roberto Gomensoro Josman –con las manos atadas con alambre–, quien había sido detenido en marzo de 1973 en Montevideo y torturado en el Batallón de Artillería 1. La lejanía de Vichadero es quizás un elemento favorable para mantener el secreto. Después de todo, los rumores sobre esos enterramientos clandestinos de los militares se tomaron 30 años para perforar el miedo y salir a luz.
Para saber algo más sobre esos nn es preciso que el juez de Rivera, Federico Álvarez, analice los libros donde se consignan los enterramientos del cementerio de Vichadero. Aunque no hayan datos específicos, se puede establecer, por comparación con las anotaciones precedentes y siguientes, la fecha aproximada de cada enterramiento. Pero para descartar toda duda el juez puede ordenar la realización de análisis de adn, que después deberán ser comparados con los de los familiares de los desaparecidos. Esa diligencia es la que el juez penal Luis Charles eludió realizar cuando recibió la denuncia, en sobre cerrado, de manos de la fiscal Guianze. Charles entendió que correspondía a la justicia de Rivera la jurisdicción del caso, por más que la demanda había sido presentada en el expediente de la desaparición de Barrios, secuestrado en Buenos Aires. El magistrado ordenó trasladar los antecedentes a Rivera, pero inexplicablemente la comunicación no salió de Montevideo hasta el miércoles 14, después que se produjo la denuncia pública. Recién entonces el sobre fue enviado por correo expreso. Afortunadamente, el juez de Rivera había ordenado vigilancia policial en el cementerio de Vichadero, del cual no podrá sacarse ningún cuerpo.