Latinoamérica

Colectivo Miguel Enriquez
El Rebelde

A. Estado de la Economía.

La economía neoliberal del país mantiene la tendencia sostenida de crecimiento durante el último trimestre (julio-septiembre), de 5,2%, acercándose al estimado de crecimiento del PIB para el 2005 de un 6%, aunque con un incremento leve de la inflación (4,3% a octubre), la que se explicaría por el ritmo de inversión y consumo de las empresas más que por un aumento del consumo de la población, cuyos salarios, en su gran mayoría, se encuentran estancados. Siguiendo con una política exterior al servicio de los intereses del empresariado, se firman durante las últimas semanas dos nuevos acuerdos de libre comercio, esta vez con China y la India, dos de las economías más grandes y dinámicas del mundo. El entorno económico internacional ha sido favorable a la estrategia primario-exportadora del bloque dominante, pese al alza de los precios internacionales del petróleo durante los últimos meses, ya que el mayor precio del cobre (US$ 2 la tonelada) y otros productos de exportación han más que compensado esas alzas. En el caso del cobre y molibdeno, están entregando gigantescas ganancias a las mineras privadas, que prácticamente no pagan impuestos en el país, y a través de Codelco, los mayores niveles de recursos al Estado de los últimos años, permitiendo que el presupuesto de Hacienda 2006 sea históricamente expansivo: 200 millones de dólares de "libre disposición" para el próximo gobierno, fuera de todos los otros ítemes del presupuesto aumentados. Por contrapartida, el alza del cobre ha llevado a una baja progresiva del precio del dólar, lo que en una economía basada en la exportación de materias primas es un problema potencial, que afecta a los otros sectores exportadores no-mineros, que ven reducirse sus ganancias al disminuir el valor de la moneda en que se les pagan sus productos en los mercados internacionales. Sin embargo, el BC mantiene su decisión de no intervenir el precio de la divisa, contando con el apoyo de los grandes grupos económicos, alineados tras la consigna de que el Estado no debe interferir en el funcionamiento de los mercados. Como podemos apreciar, la economía de los dueños del poder y la riqueza está en pleno ciclo expansivo, superada la crisis económica y prácticamente resuelto el problema de gobernabilidad interna, a través de una serie de ajustes institucionales, la continuidad de la Concertación como el agente político hegemónico de las clases dominantes, la incorporación de los comunistas al sistema político y un consenso emergente en torno a la necesidad de introducir "correcciones" al modelo. Prueba de ello son las expectativas del gran empresariado, que para el quinquenio 2005-2009 –el período que gobernará Bacheletcontemplan inversiones por más de 24 mil millones de dólares, concentradas en los sectores de minería, energía e inmobiliario, de los cuales 6 mil 300 millones corresponderían sólo a la inversión materializada el 2005, casi un 30% del PIB. Por eso, Lagos recibió una ovación de más de un minuto de duración en el último encuentro empresarial de la Enade, y el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), máxima instancia empresarial, se permitió la libertad de decir que "sus" empresarios lo amaban . Sin embargo, esos buenos indicadores macroeconómicos tienen un costo social que pagan los trabajadores y empleados comunes y corrientes, y sus familias. Costo social que no es cíclico, sino que corresponde a las características estructurales de la economía que han impuesto en el país las clases dominantes durante los últimos 32 años, y que se resume en tres palabras: explotación, exclusión y opresión. De acuerdo a un informe de Naciones Unidas, de hace unos meses atrás, Chile es uno de los países con peor distribución del ingreso del mundo: el 20% más rico se lleva el 62,2% de los ingresos del país. El 20% más pobre, el 3,3%. El 10% más rico, posee el el 47% de los ingresos, frente al 1,2% del 10% más pobre. El 20% más rico gana 18,7 veces más ingreso que el 20% más pobre, lo que sitúa al país al nivel de Paraguay, Honduras, Zambia y otros países africanos. Durante el trimestre julio-septiembre la tasa de desempleo fue de un 8,5% de la fuerza de trabajo, según el gobierno, que considera "empleados" a quienes hayan trabajado remuneradamente o por cuenta propia ...¡al menos una hora! la semana anterior a la aplicación de la encuesta. El desempleo afecta principalmente a los sectores de menores ingresos y a los jóvenes, donde, según sus propias cifras, la tasa de desocupación se dispara sobre el 25%. De los empleos creados según el gobierno, aumentan los trabajadores por cuenta propia, que es empleo precario de baja remuneración, baja productividad y baja cobertura social. De hecho, la mitad del empleo creado el 2004 sólo duró cuatro meses y ni siquiera alcanzó la cobertura legal para que los trabajadores se acogieran al seguro de cesantía. Así mismo, el prácticamente nulo aumento de los salarios frente al repunte cíclico de la economía confirma una vez más que el mayor crecimiento no tiene un impacto directo ni en el empleo ni en las remuneraciones de los sectores medios y populares del país. Es decir, el chorreo no existe. Por otra parte, la Fiscalía Nacional Económica acusó de colusión a la mayoría de las Isapres, en perjuicio de los usuarios del sistema, lo que sigue demostrando que el sistema no beneficia a los trabajadores ni a los sectores medios. Con la puesta en funcionamiento del Auge, entre julio y agosto, más de 12.000 usuarios se traspasaron del sistema privado a Fonasa, precisamente porque en el sistema privado menos prestaciones de salud salen muchísimo más caras y exist e n claras muestras de discriminación hacia cierto tipo de usuarios del sistema, como las embarazadas y los adultos mayores. En el caso de las AFPs, el 44% de la Fuerza Laboral no cotiza y el 45% de los que cotizan hoy corren el riesgo muy probable de no lograr la pensión mínima garantizada por el Estado al momento de jubilar, lo que ha instalado con fuerza el debate tanto sobre la distribución de los ingresos y precariedad laboral, como sobre la efectividad misma del sistema de AFP´s. Sin embargo, cuando se aprobó en el Congreso la creación del Tribunal de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, los mismos parlamentarios y sectores políticos que hablan hoy de "corregir el modelo" o critican la concentración de estas empresas, despenalizaron la colusión entre empresas y eliminaron las facultades de la fiscalía para requisar computadores y grabar conversaciones, dejándola sin herramientas para hacer su trabajo. Las clases dominantes siguen haciendo caer contra los pobres todo el peso de la ley –por ejemplo, a través de la rebaja en la edad de imputabilidad penal a 14 años y fuertes penas- mientras ellas mismas se ponen a resguardo de que sean investigados sus negociados, robos y estafas. Tan evidente es el impacto negativo que tiene el modelo neoliberal en las condiciones de vida del pueblo, que Felipe Lamarca, uno de los dueños del poder (ex Gerente General de COPEC, la matriz del Grupo Angelini y ex Presidente de la SOFOFA), hizo una dura crítica al modelo económico, a la mala distribución del ingreso y a la concentración de la propiedad, logrando instalar el debate con mayor fuerza de estos 15 años, básicamente porque quien lo instala es uno de los más importantes ejecutivos de las clases dominantes, un representante de los poderes fácticos que controlan el rumbo del país, a quien se suman otros poderosos empresarios como Hernán Hoschild e incluso Hernán Somerville, presidente de la CPC y de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Sus críticas coinciden con los planteamientos que había realizado la Iglesia Católica sobre la desigualdad escandalosa, en una carta pastoral de la Conferencia Episcopal, de mayo, y en el sermón del Te Deum, en septiembre, así como con el discurso que viene planteando la actual presidencia de la DC y un sector del PS, sobre la "corrección del modelo". Sin embargo, no es una posición única entre las élites, ya que un coro de empresarios, políticos y académicos –la derecha más duraha salido a refutar a Lamarca, situando los problemas no en el modelo, sino en la carencia de reformas microeconómicas y una deficiente política económica, lo que según ellos es responsabilidad exclusiva del gobierno.

B. Bloque en el poder poder.

El bloque en el poder mantiene completamente la iniciativa política frente a los pocos sectores del pueblo organizado que tratan de articular una propuesta alternativa. Cierran institucionalmente la etapa de transición, promulgando las últimas reformas a la constitución de la Dictadura y, a la vez que preparan las condiciones para un nuevo pacto social, se arman de los instrumentos de represión necesarios para someter al pueblo rebelde.

La nueva Cuestión Social.

Como señalábamos, coinciden en sus denuncias sobre la mala distribución del ingreso, la concentración de la propiedad y los efectos perversos del modelo neoliberal, la Conferencia Episcopal, líderes gremiales del empresariado y representantes de los grandes grupos económicos, así como la directiva del PDC, sectores del PS y los cuatro candidatos presidenciales. Esta autocrítica no es fruto de una nueva conciencia progresista de las clases dominantes, de una renovada piedad cristiana ni menos de un giro a la izquierda de las élites políticas, sociales y económicas del país, como interesadamente algunos analistas han llegado a señalar. Por el contrario, este nuevo consenso en el diagnóstico muestra que la situación de explotación y desigualdad social del país ha llegado a ser tan evidentemente brutal, que ha encendido las luces de alerta amarilla al interior de las clases dominantes. Ya no es sólo Alejandro Foxley -economista, ex senador, ex ministro de Hacienda durante el gobierno de Aylwin y actual encargado del programa económico de Michelle Bachelet, quién especula públicamente sobre la posibilidad de un estallido social, ni son sólo las hipótesis de conflicto del Ejército, que ya a principios de los ´90 -con su tesis de las fronteras interiores- había iniciado la conceptualización estratégica del problema. Esta vez las clases dominantes han empezado a reconocer que las situaciones de explotación y desigualdad, de fragilidad de los sistemas políticos, no son un problema de gobernabilidad o seguridad interna que afecta sólo a los países vecinos "más atrasados" de la región, sino que son un riesgo latente para su exitosa y moderna economía capitalista neoliberal. Preocupación redoblada durante noviembre, a raíz del estallido social de las comunidades empobrecidas de los suburbios de Francia, en donde hasta una revista de farándula se dió el tiempo para hacer comparaciones con la situación de nuestro país. Hace cien años, entre 1910 a 1938, frente al auge de la organización social, sindical y política autónoma, revolucionaria, de unas emergentes clases obreras, campesinas y sectores medios, frente a grandes ciclos de movilizaciones y luchas populares, frente al surgimiento de fuertes movimientos anarquistas, comunistas y socialistas en el seno de ese movimiento popular, un sector de la oligarquía dominante comprendió que era más efectiva la neutralización de esos sectores, a través de la negociación de reformas al sistema político y económico, de concesiones que paliaran en alguna medida las situaciones más extremas del pueblo trabajador. Comprendieron que se dominaba mejor a los pobres, no a través de un combate abierto, de la represión violenta de sus luchas –como las matanzas de la Escuela Santa María de Iquique o Ranquil- sino otorgándoles un espacio de participación, que no cuestionara las bases ni del sistema económico, ni del sistema de dominación vigente, a la vez que permitiera el aislamiento de los sectores revolucionarios. A esas preocupaciones de la oligarquía se las llamó en ese entonces "La Cuestión Social", y sus frutos fueron la Constitución de 1925, la dictación del primer Código Laboral y la convergencia paulatina de intereses entre las clases dominantes, en particular una emergente burguesía industrial, con las dirigencias políticas reformistas del movimiento popular, principalmente socialistas y comunistas (en ese tiempo los Humanistas no existían; tampoco Fuerza Social ni los Surdos). Esa convergencia hizo posible el gobierno del Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda, que marca el comienzo de la construción de un capitalismo de base estatal en Chile, de un largo ciclo de estabilidad política que se extiende por casi 40 años, y también de la participación de socialistas y comunistas en el régimen político y en distintos gobiernos hasta 1973, cuando el Golpe Militar derrumbó en un día todo un orden en crisis que dejó de ser funcional a los dueños del poder y la riqueza, y que incluso amenazaba con tener una salida revolucionaria. Los costos para los sectores populares de esos 40 años fueron, entre otros, la mantención de la explotación capitalista, la contención de sus luchas y su restricción casi exclusiva a la lucha reivindicativa, en los marcos de la legalidad acordada con la burguesía; la exclusión de los campesinos de la lucha política y por lo tanto la mantención por décadas de sus miserables condiciones de vida y opresión política, y el aislamiento y dispersión de los sectores revolucionarios, por lo menos hasta la creación del MIR el año 1965. Hoy día, a pesar de que no existe un fuerte movimiento popular ni existen como actores políticos relevantes organizaciones políticas populares y revolucionarias, como hace 100 años atrás, existen condiciones sociales para su surgimiento, que expresan también un potencial de desintegración social que también afecta la viabilidad del sistema de dominación en el país. Eso las clases dominantes lo ven, y tienen muy presente la experiencia del período previo a la Unidad Popular, así como el ciclo de protestas populares contra la dictadura en los años ´80 o la situación de Franncia, Bélgica y Alemania hoy día. Si aquellos que nunca han cedido nada sin luchar y han defendido sus intereses incluso a costa del genocidio de una parte del pueblo chileno, están tan dispuestos ahora a discutir sobre la nueva "cuestión social", es porque saben que existe el riesgo real de perder pan y pedazo de sus privilegios, de no rectificar algunos aspectos del modelo y de no ser capaces de mantener a amplios sectores del pueblo presos de su sistema de dominación. Se ha generado una masa crítica proclive a la "corrección" del modelo económico, siempre en el marco del capitalismo, cuyo discurso público es la escandalosa desigualdad, pero cuya preocupación de fondo es la proyección, en términos de gobernabilidad, de "seguridad nacional" de los problemas sociales que el modelo causa.

El fin de la Transición y un nuevo Pacto Social

Las clases dominantes saben que en este escenario es clave la legitimidad del poder político. Para ellos, un cuarto gobierno de la Concertación da un mayor resguardo a la estabilidad política porque tiene mayor respaldo social. Por eso también las reformas constitucionales hacen más "presentable" el régimen, nacional e internacionalmente, al sacar el nombre de Pinochet de la Constitución y eliminar o modificar varias de las figuras jurídicas más cuestionadas -como los senadores designados o el rol y composición del Consejo Superior de Seguridad Nacional, entre otras-. Por eso, la UDI apoyó a Lagos en su peor momento, cuando explotó el escándalo CORFO-Inverlink, temiendo un resquebrajamiento del orden institucional, como sucedía en Argentina por esos mismos días y por eso la derecha como sector perdió su oportunidad de ser el agente político hegemónico del bloque en el poder, al demostrar con su canibalismo político su nula capacidad de gobernabilidad interna. La Concertación no sólo logró recuperar su liderazgo, alcanzando el gobierno de Lagos un porcentaje de aprobación cercano al 70% en las encuestas, en su último año, sino que lo proyecta ahora a través de su futura Presidenta y de una inyección de recursos histórica para la acción clientelizadora del Estado. Incluso, por fin los actores políticos del bloque en el poder, nuevamente después de 32 años, aceptan discutir la incorporación formal del Partido Comunista al régimen institucional, reconociéndole de nuevo su carácter histórico de factor estabilizador, domesticador de los sectores populares (al menos nominalmente de ese 9% que logró representar electoralmente en las municipales del 2004) Esto, porque el Juntos Podemos Más, la alianza electoral del PC, restringe conscientemente y sin que nadie se lo pida su actividad política, abandonando en los hechos la articulación de la lucha electoral con otras formas de lucha y organización populares, constituyéndose en un canal de domesticación institucional de la lucha popular, legitimador de la legalidad patronal, en un momento en que hasta las clases dominantes perciben la posibilidad de una ruptura, y por lo tanto, donde las tareas de una organización revolucionaria son otras, no el apuntalamiento del sistema. Es por esto que consideramos que son el último componente subordinado dentro del bloque en el poder, al igual que la CUT, aunque con evidentes contradicciones internas entre su carácter popular, su discurso crítico de oposición y su real rol estabilizador de la lucha de clases. Todo este proceso que señalamos, que nos parece indicativo de un nuevo pacto social que busca darle mayor legitimidad y gobernabilidad al sistema de dominación, manteniendo la hegemonía de las clases dominantes, se va expresando en una serie de gestos y medidas concretas: Por un lado, el gobierno entrega un reajuste excepcional de un 5% a los empleados públicos, haciendo un llamado al empresariado para igualar sueldos y salarios. Acuerda también un reajuste progresivo de sueldos, por dos años, para profesores municipales, amarrando a la directiva pro-gubernamental del Colegio. Además, no sólo promulga la Ley de Financiamiento Universitario, generando un sistema de crédito para los estudiantes de Ues privadas, sino también anuncia el financiamiento del 100% de los aranceles universitarios de referencia del 60% de los estudiantes con menores ingresos, amarrando así a las directivas estudiantiles de la Confech. En este nuevo clima de entendimiento, los dirigentes del PC y el candidato del Juntos Podemos Más visitan al Comandante en Jefe del Ejército y, en una serie de gestos "históricos", el presidente de la CPC, Hernán Somerville, visita a la directiva de la CUT en su sede, visita que es devuelta por los dirigentes de la CUT en la sede de la CPC.

El arsenal de las clases dominantes

Sin embargo, las clases dominantes lo son, precisamente porque por su posición tienden a pensar y actuar estratégicamente. A diferencia de una izquierda con anteojeras electorales y vocación de comparsa, estas mismas élites políticas, económicas, sociales y militares comprenden que a pesar de sus esfuerzos hegemónicos, a pesar de haber constituido una mayoría social para el modelo, una parte no despreciable de los excluidos no podrán ser cooptados y neutralizados. Se impone entonces la necesidad del control y la represión de estos sectores que con su sola existencia niegan la política pacificadora del bloque en el poder, y la detección y anulación temprana de aquellos sectores organizados del pueblo que puedan liderar y organizar a esos descontentos. Se impone entonces la necesidad de criminalizar la protesta social y criminalizar a una generación de jóvenes empobrecidos por el modelo y sin alternativas reales de integración. Las principales herramientas son jurídico-institucionales: la Reforma Procesal Penal, que con su ejército de fiscales se transforma en una verdadera moledora de carne para el pueblo pobre y marginal, y una serie de leyes ad-hoc como la nueva Ley de Control de Armas o la rebaja de la imputabilidad penal juvenil de 18 a 14 años. Esas leyes están ahí para llevar a esta generación de jóvenes de las calles y los pasajes de las poblaciones, directo a alguna de las 10 gigantescas cárceles que se están construyendo en el país, para albergar a 20 mil nuevos condenados. Por eso somos el país de Latinoamérica con mayor cantidad de presos en relación con su población. Más que Brasil, más que Colombia o Argentina. Las nuevas leyes están ahí, también, para sacar a los dirigentes sociales, sindicales, estudiantiles y al pueblo organizado, de las acciones directas, de las movilizaciones y las barricadas en los puertos, las calles o las tomas en las industrias o fundos de los patrones, únicas formas de lucha efectivas que contrapesan en algo en desmesurado poder con el que cuentan sus enemigos de clase. Junto al aparataje jurídico institucional de control y represión, también las clases dominantes han venido poniendo a punto sus instrumentos operativos preventivos: fieles al carácter contrainsurgente del Estado, heredado de la Dictadura Militar, se constituyó la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), incorporando a las FF.AA. con plenos derechos al trabajo de seguridad interna, y la Concertación ha venido colocando a la cabeza de Carabineros e Investigaciones casi exclusivamente a altos mandos ligados al trabajo de inteligencia durante los últimos 15 años. En el caso de los primeros, su nuevo General Director, José Bernales Ramírez, hasta su nombramiento era el jefe de la Dirección de Inteligencia y tuvo a su cargo la neutralización de la Coordinadora Arauco-Malleco y la militarización policial del territorio mapuche. Finalmente, por si lo anterior fuera poco y los sistemas preventivos, de control y represión se vieran sobrepasados, el Ejército, la principal institución armada del país y la más desprestigiada por su implicación en las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, a la cabeza del General Juan Emilio Cheyre, logra avanzar a pasos agigantados en su relegitimación e inserción social nacional e internacional y culmina su proceso de reforma interna iniciado con el Plan Alcázar de Pinochet. Un ejército de altos mandos pasados por la escuela de la CNI -13 de 30 generales- (como ha debido reconocer el gobierno tras las denuncias contra el segundo al mando de la misión chilena en Haití) que de a poco, en un doble movimiento, se reestructura doctrinaria y organizacionalmente para hacer frente a sus enemigos históricos, a la vez que vuelve a encubrir su carácter contrainsurgente, de brazo armado de las clases dominantes, con el manto ideológico del "Ejército profesional", de "todos los chilenos", operación en que hasta el PC con sus visitas coopera y en la cual la tragedia de los soldados de Antuco, pueblo pobre uniformado, es utilizada sin escrúpulos por los altos mandos en otra de sus maniobras comunicacionales.

C. La coyuntura electoral y el campo popular

Lo señalado hasta ahora, y en anteriores números de "El Rebelde", es el escenario en el cual, para nosotros, adquiere sentido la coyuntura electoral. Es un momento de un proceso más amplio de relegitimación del sistema de dominación, y de continuidad de las condiciones de explotación, exclusión y opresión de los sectores populares. Es un momento necesario en los reacomodos del bloque en el poder, en sus ajustes, en un período de la lucha de clases que consideramos similar (en sus procesos, no en sus tiempos ni en sus actores) al vivido las primeras décadas del siglo XX, y que nos pone frente a desafíos similares. Las clases dominantes lograron conformar su alianza política, ideológica, económica y social, su bloque histórico, cooptando a su proyecto a una amplia base social y política popular. Las candidaturas de Lavín, de Piñera y Bachelet expresan matices, contradicciones menores entre las clases dominantes, pero un mismo carácter burgués. Son tres sectores de un mismo bloque, que se disputan la condición de agente político hegemónico sobre las mayorías nacionales. La candidatura de Hirsh expresa en sus contenidos el descontento y las esperanzas de algunos sectores del pueblo, pero su función final en el actual contexto político del país es estabilizadora. Proporciona una salida institucional para descomprimir ese descontento acumulado y es una moneda de cambio frente a la segunda vuelta electoral, para negociar la incorporación de ese sector de la izquierda en el sistema político, como ya adelantó en una entrevista de prensa Manuel Riesco, economista, candidato a senador y coordinador del programa económico del Juntos Podemos, y como ya había ocurrido cuando el PC minimizó la candidatura de Gladys Marín, para no perjudicar a Lagos frente a Lavín el año 2000. Creemos que la coyuntura electoral desvía el debate en el campo popular, hacia la participación o no en las elecciones y la forma que asume esta. Es una agenda que nos imponen las clases dominantes en la cual se dejan envolver también sectores radicalizados. Pensamos que no podemos, bajo la justificación de una supuesta madurez política, o con el temor de quedar aislados, ser comprensivos con las maniobras de la izquierda electoral, cuando esa comprensión implica acomodar nuestro accionar político y ser cooptados indirectamente en el vagón de cola del bloque dominante, vía alianzas políticas con el PC. ¡Qué mejor ejemplo que la actuación de esa izquierda en la CUT durante estos 15 años, que después del paro de agosto del 2003 se asustó de la convocatoria que podía tener y termina haciendo chistes de mal gusto como el supuesto "paro" de octubre de este año! Incluso, la posibilidad del voto nulo, dada la actual correlación de fuerzas políticas entre el campo popular y el bloque en el poder, la consideramos también un mecanismo institucional de descompresión político-social, un mecanismo legal y simbólico de protesta sin consecuencias políticas reales, contemplado desde el inicio en la cancha rayada por el enemigo, que por mucho descontento que cargue, se expresa sólo a través de un papelito, que también simbólicamente termina validando la legitimidad de quienes optan por las otras alternativas presidenciales y parlamentarias. Por el contrario, consideramos que el debate de la izquierda revolucionaria no es si participar o no en la coyuntura y la agenda impuesta por los dueños del poder y la riqueza, sino construir nuestras propias coyunturas y agendas. La agenda de los pobres. Eso no se logra diluyéndonos como sector en las estrategias políticas del reformismo, ni menos limitandonos a denunciarlos eternamente como traidores a la clase trabajadora. Se logra fortaleciéndonos como sector en lo ideológico, lo político, lo orgánico y en nuestros vínculos con el movimiento social. Se logra escogiendo los espacios en los que dar nuestras peleas y apuntar a aquellas formas que nos permitan efectivamente avanzar junto al pueblo en conciencia, organización y lucha, en forma independiente y autónoma de las clases dominantes y sus aliados del campo popular. Ciertamente, en el actual escenario político la izquierda revolucionaria ocupa una posición no sólo marginal, sino casi inexistente. Esta situación se va a mantener en el tiempo, en la medida en que no salgamos de la lógica del reducto, del "ghetto", y sólo podemos salir de esa lógica fortaleciendo nuestra vinculación con los sectores populares y fortaleciendo nuestras organiaciones. No basta que nos juntemos un par de veces al año a compartir nuestras experiencias entre organizados; no basta que nos coordinemos para peleas puntuales en algunas universidades, sindicatos u otro movimiento social, o nos autoconvoquemos para el calendario anual de actos "político-culturales", donde siempre vemos las mismas caras. Menos, que pensemos que rompemos el reducto de la ultra porque nos empezamos a juntar con representantes de la izquierda tradicional, que en relación a la gran mayoría del pueblo son casi tan marginales como los sectores revolucionarios. Romper con la lógica de trinchera implica para nosotros vincularnos al movimiento social que en estos momentos está dando sus luchas, contribuir a su fortalecimiento con lo que podemos aportar y hacer las vinculaciones necesarias para constituir al menos una corriente clasista y popular en su seno. En algunos sectores creemos que eso está tratando de surgir espontáneamente, como en algunas recientes luchas sindicales de trasnacionales de los alimentos, o en las luchas de los deudores habitacionales o el reciente movimiento de los profesores contra la evaluación docente, que no responde únicamente a la pugna interna del PC con Fuerza Social. En otros, corresponde a un impulso un poco más estructurado, como en el caso de recientes luchas estudiantiles donde poco a poco los sectores revolucionarios comienzan a converger con una perspectiva de largo plazo, comenzando a obtener también resultados en la lucha institucional de la que hasta ahoras se habían mantenido alejados. Es a través de luchas como esas como creemos se rompe la lógica del reducto, también, porque es desde esas luchas a partir de las que se van conformando plataformas de lucha más generales, desde donde el aprendizaje de un sector puede servir para que otro sector se monte ya sobre un cierto acumulado de experiencia, donde se comienza a problematizar y vislumbrar los contenidos de un proyecto alternativo de sociedad y donde efectivamente la organización revolucionaria contribuye a la la lucha de clases contra los poderosos, cuestionando sus políticas, su legalidad, las formas de organización impuestas al movimiento popular. Donde podemos hacer un aprendizaje junto al pueblo que permita ampliar desde las mismas luchas la base social de los sectores revolucionarios. Es ahí donde debieran estar puestos nuestros máximos esfuerzos, y es ese el espacio donde debieran converger nuestras organizaciones.

ARTICULANDO LAS FUERZAS POPULARES; LA LUCHA CONTINUA

Ver: http://usuarios.lycos.es/cedema/Chile/MIR/ElRebelde272.pdf