Latinoamérica

El centralismo y la excesiva burocracia perjudicaron el desarrollo económico y social de los departamentos, las provincias, los municipios y los pueblos indígenas y originarios. El delincuencial manejo de la res publicae, la debilidad de los órganos de fiscalización y control gubernamental, la precaria institucionalización de los poderes del Estado, el neoliberalismo rapaz y la excesiva injerencia política exterior, contribuyeron los últimos años a incrementar las grandes brechas entre ricos y pobres, el déficit fiscal, la emigración de cientos de miles de bolivianos al extranjero, mantener casi inalterables las deprimentes tasas de desempleo y el nivel de pobreza, y todavía alarmantes los índices de mortalidad infantil y esperanza de vida. La falta de realización de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y de solidaridad - consustanciales del Estado Social y Democrático de Derecho - conllevaron la emergencia de fuerzas opositoras e insurgentes en Bolivia los últimos años.
Las consignas mayoritariamente entusiastas de las autonomías departamentales, las autonomías de los pueblos indígenas y originarios, la nacionalización de los hidrocarburos, la política de tierras y territorio, deben dar pie a un concienzudo análisis crítico entorno a su contenido, su pertinencia y sus consecuencias reales. Lo que resulta evidente es que la legitimidad y la legalidad de este proceso constituyente está condicionado a la correspondencia de las reformas normativas con los principios del actual Estado social y democrático de derecho, vale decir, la dignidad y la libertad humana, la unidad en la diversidad multiétnica y pluricultural, la solidaridad, la justicia social, y el desarrollo económico y social armónico de todos los bolivianos.
Los consejos pre - constituyente y pre - autonómico, no deberían ser los únicos espacios de diálogo y concertación; por el contrario, la sociedad civil tiene el derecho y la responsabilidad de informarse sobre las propuestas de cambio normativo y asumir su rol presente aportando criterios para el debate. Las agrupaciones sociales, los medios de comunicación, las asociaciones de empresarios, los intelectuales, los obreros, los campesinos, los mineros, los empleados públicos y privados, los universitarios, los jóvenes, entre otros, tienen la responsabilidad de propulsar éstas y otras transformaciones en un escenario deliberativo amplio.
Concretamente, la agenda del debate podría profundizar algunos temas que en cierta medida ya se encuentran socializados: las competencias de los gobiernos autonómicos y de los pueblos indígenas y originarios, los beneficios económicos de la nacionalización de los hidrocarburos y de los otros recursos naturales no renovables, así como de las otras formas de intervención del Estado en la economía, el alcance preciso de la propiedad privada y de su función social, la institucionalización, coordinación, equilibrio y control de los poderes del Estado, la ampliación de los derechos fundamentales de tercera y de cuarta generación no reconocidos expresamente en la Constitución, etc. Asimismo sería importante introducir en el debate otros temas no menos importantes, como ser: la definición del sistema parlamentario, la política económica, exterior, fiscal, ambiental, educativa, cultural, migratoria y de promoción del turismo, la institucionalización del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República, la reforma del procedimiento de juicio contra dignatarios de Estado y jueces, la incorporación de la Procuraduría General de la República, sólo por citar algunos ejemplos.
En definitiva, el espacio de debate debería incluir todas las propuestas que guarden relación con los principios del Estado Social y Democrático de Derecho, en una lucha no restrictiva de ideas que tenga como horizonte común mejorar las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos bolivianos.
Ciertamente los logros de la Asamblea Constituyente dependen de la acción y la omisión de sus integrantes, así como del grado de eficacia de la reforma constitucional en el futuro. Por estas razones la interacción entre la sociedad civil y los asambleístas, y la adecuación del cambio normativo a la realidad social, y no viceversa, son inestimables.