Latinoamérica

El "partido de la impunidad" se atrincheró para dar la batalla contra la ley interpretativa que permitiría desarchivar los casos más emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos y reclamar la responsabilidad de los mandos militares que prohijaron y avalaron los delitos aberrantes.

Samuel Blixen
Brecha

La entrega por parte del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, del proyecto de ley a parlamentarios del Partido Nacional (PN) y a una delegación del Partido Colorado (PC) disparó un temor generalizado entre quienes guardan celosamente los secretos de la dictadura; una reacción defensiva como no la habían provocado ni los anuncios del 1 de marzo, ni los reclamos presidenciales de información, ni las nuevas denuncias en juzgados, ni las excavaciones en predios militares. Es que tales iniciativas no violentaban mayormente el cerrojo de la impunidad que durante dos décadas funcionó como un complejo mecanismo para abortar cualquier posibilidad de escarbar en el pasado: cuando los jueces investigaron las denuncias los mandos militares guardaron las citaciones en sus cajas fuertes. Para camuflar la insubordinación se votó una ley que atendía supuestamente a la "lógica de los hechos" derivada de un "inevitable" quiebre institucional; cuando esa ley debió confrontar un referendo popular, se apeló al terror propagandístico de un regreso "a los tiempos de las capuchas". Y cuando, a pesar de la ley, se abrieron resquicios para satisfacer el reclamo de los familiares de las víctimas, los presidentes de turno, llámense Sanguinetti o Batlle, ordenaron el archivo de los casos.
Ese poder político cómplice de la impunidad se cuidó de promover, en la estructura judicial, a quienes mantendrían la interpretación de la caducidad; y cuando algún magistrado pretendió desmarcarse, el aparato funcionó a la perfección para expurgar a los indeseables. Como la ley de caducidad es impecable en su objetivo político pero un desastre en su redacción, fue necesario que otros funcionarios desplegaran su cualidad de gurúes e interpretaran el "espíritu" del legislador, un maquiavélico recurso para superar cualquier omisión en el blindaje de la impunidad
Así, hasta que la ausencia de resultados concretos en la investigación del destino final de los desaparecidos, el punto muerto en que cayó la nueva política de derechos humanos, y los desbordes de algún fiscal impulsaron a un conjunto de legisladores oficialistas a redactar un proyecto de ley inicialmente destinado a allanar los impedimentos de los jueces para investigar las desapariciones, delitos de privación de libertad que no están amparados por la caducidad en la medida en que son permanentes. De hecho, en este aspecto no se necesitaría ninguna ley; simplemente algunos jueces en cuyos juzgados hay denuncias de desapariciones miran para el costado y se abstienen de actuar. Con ello abonan el "camino largo" de la verdad, una norma instalada en el país según la cual, por medios sutiles, se imponen todas las formas privadas de investigación, complejas, difíciles, agotadoras, para no ensayar la forma simple y directa. Por ejemplo, en lugar de la década larga que Sara Méndez invirtió para encontrar a su hijo Simón, y de los empeños del senador Rafael Michelini (que dio con una pista de Simón buscando las respuestas al misterio del asesinato de su padre), bien podría habérsele preguntado a José Gavazzo por el paradero del niño.
O bien se podría esperar que el juez Juan Carlos Fernández Lecchini, tan presto a desempolvar castigos ejemplarizantes, le preguntara a Ricardo Medina Blanco, a Manuel Cordero, a Jorge Silveira y al propio Gavazzo por la ubicación exacta de los cementerios clandestinos de los batallones 13 y 14, donde presuntamente estuvo enterrada Elena Quinteros. Está perfectamente habilitado: cuando el juez Alejandro Recarey, suplente por enfermedad del magistrado titular, se dispuso a formular la pregunta –y a tales efectos citó a los nombrados al juzgado– el partido de la impunidad perdió las casillas y el presidente Batlle presionó al enfermo, el juez Eduardo Cavalli, para que reasumiera su cargo y diera contramarcha en las citaciones. Nadie argumentó sobre una supuesta extralimitación de Recarey, por lo que Fernández Lecchini, quien terminó asumiendo la titularidad del juzgado, bien podría haberle ahorrado al presidente Tabaré Vázquez las idas y venidas para obtener de los militares responsables de la Operación Zanahoria una información precisa, que sigue siendo esquiva.
Pero Fernández Lecchini, que supuestamente supervisa las excavaciones en los predios militares, mira para el costado y se abstiene de hacer lo que debe. Por esa y otras razones algunos senadores oficialistas acordaron un borrador, que el secretario de la Presidencia pidió para estudiar antes de ser ingresado al Parlamento. Tras su paso por la Presidencia el borrador se convirtió en un proyecto de ley interpretativa (véase nota en páginas 2 y 3), que según algunas fuentes fue redactado por Gonzalo Fernández. Sin embargo, ante los legisladores blancos con los que se reunió el lunes 14, el secretario de la Presidencia habría aclarado que él "estaba actuando como emisario de un proyecto que había salido, fundamentalmente, de la cabeza de los parlamentarios frenteamplistas". En la reunión, Fernández habría admitido que el proyecto de ley es una especie de "mensaje general", no sólo para el Poder Judicial. Y cuando fue preguntado si la reapertura de casos archivados, que contempla el proyecto, obedece al hecho de que aparecieron elementos nuevos, afirmó que sí: "Por ejemplo la existencia del segundo vuelo (traslado clandestino de prisioneros desde Buenos Ares) que recién se supo ahora".
ENTRE LA CAUTELA Y LA VIRULENCIA
Tras el informe de los legisladores Beatriz Argimón, Luis Alberto Heber, Eber da Rosa, Francisco Gallinal, Gustavo Penadés y Carlos Camy, los integrantes del Directorio del PN –que darán a conocer una respuesta formal la semana entrante– evaluaron que el proyecto requiere "ciertas modificaciones" y aclaraciones, en especial en lo referido a la imprecisión del texto acerca de quiénes serían los mandos militares que podrían ser juzgados por los delitos de la dictadura. Los blancos admiten que "algunos oficiales" deberían ser juzgados, en especial después de que Fernández precisó que los autores directos de los crímenes "no son más de diez".
La reacción de los blancos –quienes dejaron aclarado que el partido no había participado de los pactos del Club Naval, a lo que Fernández habría respondido que él sabía que los blancos "tienen las manos limpias" respecto de denuncias sobre derechos humanos durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle– fue prudente y contrastó con la de los colorados, que fue violenta. Tras una reunión con los legisladores Washington Abdala y José Amorín Batlle y el ex integrante de la Comisión para la Paz Carlos Ramela, el Comité Ejecutivo del PC analizó la iniciativa del gobierno y concluyó, según afirmaron varios dirigentes, que se trata de una "venganza" contra los militares por la no aparición de restos de desaparecidos. El senador Sanguinetti no ahorró comentarios: consideró el proyecto como "un acto hemipléjico", además de una revancha, y opinó que el gobierno relanza "un debate que estaba terminado y que ancla al país en el pasado". Abdala prefirió la amenaza elíptica: "Esto es abrir una caja de Pandora", dijo. Ramela, por su lado, resucitó viejos cucos en las múltiples entrevistas que concedió a lo largo de la semana. "Es la muerte del Estado de derecho", sostuvo al descalificar la iniciativa, y auguró que el proyecto redoblará los escraches y pintadas contra el Poder Judicial. Ramela explicó que detrás del proyecto está la intención inconfesa de promover la derogación de la ley de la caducidad, pero que "no se animan a decirlo".
LA IMPUNIDAD RESISTE
Coincidiendo con Ramela en algunas de sus críticas, desde el Poder Judicial también se alzaron voces de rechazo, pero escudadas en el anonimato de "fuentes confiables". El Observador informó que "los magistrados están sorprendidos y molestos porque se les tiró con el fardo de tener que decidir qué rangos deben tener militares, policías y civiles para ser considerados mandos y quedar afuera de la ley de caducidad". Un ministro de la Suprema Corte, "que prefirió no identificarse", lanzó un salvavidas al sugerir que los militares citados para declarar en casos cerrados por anteriores gobiernos, "podrían interponer un recurso de inconstitucionalidad de la ley interpretativa".
La misma inconstitucionalidad será el argumento que esgrimirán los militares involucrados, tal como le informó el comandante del Ejército, Ángel Bertolotti, al presidente Vázquez, durante una reunión realizada el miércoles 16. Bertolotti le comunicó a Vázquez que "entre algunos integrantes del cuerpo existe malestar por el proyecto, en el entendido de que el gobierno deja por el camino el compromiso de sólo excluir de la ley el caso Gelman y los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz".
En el esquema no podían faltar el Círculo y el Centro Militar, que emitieron un comunicado descalificando el proyecto. Como para descomprimir la situación, el secretario de la Presidencia anunció, durante su entrevista con los legisladores blancos, que había habido hallazgos en el Batallón 14. Se trata de una suela de zapato y de vestigios de cal. El presidente Vázquez confirmó el hallazgo, pero eludió valorar su importancia. Todo parece confluir en mediados de diciembre, cuando expiren los plazos para encontrar restos de desaparecidos y para aprobar la ley interpretativa. Será un mes agitado.
Con Horacio Cassinelli Muñoz
"La caducidad es inconstitucional"
El constitucionalista Horacio Cassinelli Muñoz dijo que los responsables de las desapariciones pueden ser procesados hoy porque "la privación de libertad es un delito continuado". Señaló que el proyecto "parece interpretar que la ley de caducidad es la que produce el efecto de delito continuado para la privación de libertad, cuando en realidad debería interpretarse sencillamente que para todos los delitos continuados no corre plazo de prescripción mientras no cese su ejecución".
Ante la postura de Miguel Semino sobre la inconstitucionalidad del proyecto, el jurista señaló que "si se interpreta correctamente el derecho, lo que hay que declarar inconstitucional es la ley de caducidad, sobre todo por las potestades que le otorga al Ejecutivo". Dijo que "se renunció a la pretensión punitiva del Estado uruguayo, pero los crímenes de lesa humanidad pueden ser juzgados por cualquier otro Estado".