Latinoamérica

La incapacidad de la justicia uruguaya ya alcanza niveles proverbiales. Esa ineptitud tiene varios orígenes. Por un lado, los jueces deben aplicar algunas leyes que van a contramano de la legislación internacional (como es el caso de la Ley de Caducidad), o que han sido copiadas directamente del código fascista mussoliniano (como la que tipifica el delito de "Sedición"). A eso se le suma su histórica carencia de recursos, situación que nada indica vaya a cambiar en el mediano plazo (un poder del Estado sin recursos ni propios ni suficientes no es un poder independiente). En forma paralela, su estructura kafkiana permite que en su seno convivan jueces y fiscales que interpretan las leyes en forma diametralmente opuesta.
Hay procesos paradigmáticos que no sólo no se han cerrado luego de más de una década de papeleos, sino que ni siquiera pasaron de la etapa del presumario. Los casos más notorios son el del asesinato del contrabandista Luis Ernesto González, y el de la funcionaria de Presidencia Susana Manzur, por no abundar. Pero el ejemplo más flagrante de la incapacidad de la justicia uruguaya es el caso del asesinato del chileno Eugenio Berríos, un operativo del Plan Cóndor desarrollado en pleno gobierno del presidente Luis Lacalle, cuya investigación no ha pasado la etapa del presumario luego de diez años de iniciada. Mientras tanto, la justicia chilena ya tiene condenados a los asesinos y está pidiendo la extradición de los militares uruguayos que fueron cómplices del crimen (quienes para la justicia uruguaya sigue siendo simplemente "testigos").
Es curioso, pero mientras los uruguayos hacemos gárgaras con nuestro "espíritu democrático", el nuestro es el único de los países en los que operó el Plan Cóndor en el que no ha sido posible condenar alguna vez a alguno de sus participantes. Ni un sólo terrorista de Estado ha sido procesado, ni aún por delitos cometidos antes o después del período de vigencia de la Ley de Caducidad. La actitud de algunos jueces y fiscales, y la de la Suprema Corte de Justicia misma, llevan a pensar a que -por más leyes interpretativas que se voten- hasta que no haya cambios en el contenido humano del Poder Judicial o se voten leyes que no den lugar a "interpretaciones", la impunidad seguirá rampante por estas playas.
Como contrapartida de esta actitud y aquella ineptitud, nos encontramos hoy con un juez que condena a cuatro personas por sus ideas. Es curioso, porque al juez Juan Carlos Fernández Lecchini no le importaron los destrozos que se produjeron al salirse de madre la manifestación del 4 de octubre en la Ciudad Vieja, sino su carácter anti capitalista y anti imperialista. Con sólo el testimonio de la policía, cometió la desmesura de procesar a cuatro ciudadanos por "sedición". Aplicando el mismo criterio, todos los que pensamos como ellos podríamos ser procesados en cualquier momento sin que sea necesario salir a romper vidrios o a abollar autos.
Pero además, al juez Fernández no pareció importarle mucho que los policías dejaran que ciertos "civiles" patearan a los detenidos bajo su custodia, ni que uno de los policías haya sido fotografiado con una pistola disparada apuntando a la altura de la cabeza en su mano. Tampoco las autoridades ministeriales parecen demasiado preocupadas por ambas circunstancias. Cual si se tratara de hechos menores y sin demasiada importancia, se prometen "las debidas investigaciones".
El subsecretario del Interior, Juan Faroppa, ha dicho que "Es una barbaridad decir que aquí hay presos políticos por pensar, como si se tratara de una dictadura; acá no hay presos por pensar, por sus ideas, están presos por cometer actos tipificados en el Código Penal como delitos". Si, claro, tiene razón. El problema es que el Código Penal tipifica como delito tener ideas anti capitalistas y anti imperialistas, o por lo menos deja la puerta abierta para que el juez de turno así lo interprete.
A principios del mes de septiembre, quien esto escribe participó en representación de Púlsar -la agencia de noticias de Amarc- en las Primeras Jornadas Internacionales de Redes Radiofónicas Comunitarias, en la ciudad de Madrid. En una pausa del trabajo, los participantes no españoles del Encuentro fuimos llevados a conocer la capital de España por nuestros anfitriones de la Fundación Redcon Voz. Nuestro paseo histórico-turístico se vio detenido por una manifestación que se desarrollaba en la Puerta del Sol.
Quien oficiaba de guía -sonriendo- nos pidió que esperáramos unos instantes mientras averiguaba si se trataba de "los buenos" o "los malos" (es decir, que iba a investigar si se era una manifestación de los fascistas o de alguna organización popular). Fue entonces que alguien dijo jocosamente: "bueno, si son los buenos, nos vamos con los manifestantes; y si son los malos, nos quedamos con la policía". "No, no -respondió nuestro guía- con la policía nunca". Eso.