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Las organizaciones de derechos humanos demandan la pronta entrega de Fujimori a la justicia peruana
Cristiano Morsolin
La Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH (www.aprodeh.org.pe ) exigió el lunes
7 de noviembre de 2005, a las autoridades chilenas, la extradición del prófugo
ex presidente Alberto Fujimori e invocó a las autoridades peruanas a realizar
las gestiones pertinentes a fin de que el cuadernillo de extradición incluya
todos los delitos por los que se le acusa y por ende sea juzgado, tal como
corresponde, por la justicia peruana. Ello conforme a lo establecido en el
tratado de extradición vigente entre ambos países desde 1932.
APRODEH se reafirma en el pedido de extradición de Fujimori por los delitos de
lesa humanidad, entre ellos los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como por
su responsabilidad en actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
El Emperador está desnudo
Durante la manifestación cívica del lunes 7 de noviembre de 2005 en demanda de
la extradición y juicio a Fujimori, Miguel Jugo, director ejecutivo de la
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), ha declarado que "tal como le sucedió
a Pinochet, decía Nelson Manrique, Fujimori no evaluó bien su viaje a Chile.
Como recordamos, el ex-dictador chileno viajó a Londres, aparentemente confiado
en su amistad con Margaret Thatcher y en los informes de sus abog ados quienes
le dijeron que no le pasaría absolutamente nada. Resultado: el juez Garzón
ordenó su detención y lo demás ya es una historia que todos conocemos.
Años después, Alberto Kenya Fujimori vuelve a cometer el mismo error… y con las
mismas consecuencias: la detención y el inicio de un proceso de extradición que
obviamente debe terminar en su juzgamiento y sanción ejemplar.
Fujimori creyó en dos cosas. En primer lugar que su situación iba a ser similar
a la de Daniel Borobio y Eduardo Calmell del Solar; y en segundo lugar, que en
el Perú las masas se levantarían y exigirían su presencia. Ni lo uno ni lo otro.
Hoy está en prisión, especi al por supuesto, como cualquier jefe de Estado que
es detenido en el exterior.
Durante la década pasada Fujimori sorprendía, a propios y extraños, con leyes y
acciones que lo pintaban como el todopoderoso o, según el dicho popular, como
aquel "que se las sabía todas". Esa misma imagen nos quieren presentar hoy sus
adeptos tras señalar que su detención en Chile durante los próximos dos meses
estaba "fríamente calculada". Sin embargo, basta ver el rostro del prófugo,
oculto detrás su mano, al ser trasladado del Hotel Marriott a la estación de
carabineros para descartar tal argumento.
Nos dicen también los fujimoristas que su líder venía a entregarse al Perú, vía
Chile, y junto a e stas versiones, toda una serie de mentiras adicionales para
seguir sosteniendo la imagen del ex-prófugo como todopoderoso. Al final, lo
único que constatamos –como lo han dicho muchos– es que Fujimori no es nada sin
Montesinos.
La primera y la más importante tarea es informar a la opinión pública sobre los
delitos que Fujimori cometió y la sanción que debe recibir por ellos.
En segundo lugar, demandar al Poder Judicial y Ministerio Público la
presentación impecable de los cuadernillos de extradición. De allí que los
familiares del caso de La Cantuta ya han dejado poderes a abogados de derechos
humanos de Chile (FASIC y CODEPU) para que los representen y garanticen su
derecho como víctimas a la verdad y la justicia. Paralelamente es necesario
ejercer vigilancia y presión para que todos los casos de violaciones a los
derechos humanos se tramiten convenientemente.
¿Que le queda hoy a Fujimori como lógica legal? Buscar librarse, en el proceso
de extradición, de algunos delitos para solo responder por algunos, aquellos que
tengan penas más bajas.
Pero hay un tema paralelo al legal. Pese a que muchos abogados y periodistas
señalan que estamos frente a un tema eminentemente jurídico –pues quien tomará
la decisión final será la Corte Suprema de Chile–, creemos que se trata de una
verdad a medias. Y es que la decisión final se encuentra en manos del gobierno
de Ricardo Lagos.
En el escenario de extradición, si finalmente la Corte chilena resuelve por tal
medida, será el Poder Ejecutivo chileno quien lo determine. Y si decidiera
expulsarlo, como sostiene una buena parte de la opinión pública mapochina, pues
también será decisión gubernamental. Con ello, el argumento de la politización
siempre estará presente, máxime si los dos países se encuentran con procesos
electorales ad portas.
Por tal motivo, creemos necesario exigir a los candidatos presidenciales
peruanos que se expresen de manera tajante contra las pretensiones de impunidad
de Alberto Kenja Fujimori. Los peruanos, por otro lado, no debemos consentir
ningún tipo de remilgo con el pres o en Chile. Partidos como Somos Perú, el
Movimiento Nueva Izquierda, pasando por el PDS el PS y otros, lo han hecho hasta
el momento.
En su encierro chileno, Fujimori extrañará a aquel personaje de la leyenda que
revelaría la verdad al emperador: la protección del Japón era el vestido de oro
que aquel tenía; pero en realidad estaba desnudo.
Posicion de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos CNDDHH
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos CNDDHH del Perú (www.dhperu.org ),
la comunidad internacional de derechos humanos, organizaciones de víctimas y
familiares de afectados por el conflicto armado interno, y organizaciones
sociales, nos encontramos movilizados y vigilantes ante las acciones a realizar
por el gobierno peruano y el Estado chileno frente a la llegada de Alberto
Fujimori. Este acto ha sido calificado como irresponsable tanto por el canciller
chileno Ignacio Walker, así como por el ex Canciller peruano Manuel Rodríguez
Cuadros dado el momento que atraviesan las relaciones entre ambos países.
Saludamos la inmediata detención del prófugo y la denegación del pedido de
libertad bajo fianza dictada por el juez Orlando Alvarez de la Corte Suprema de
Chile. Sin embargo esto no es suficiente y por ello exigimos a las autoridades
de ambos países realizar con celeridad las gestiones necesarias para que
Fujimori retorne al Perú, donde deberá ser debidamente juzgado por los delitos
que se le imputan, entre los que figuran: homicidio calificado, lesiones graves,
desaparición forzada, asociación ilícita para delinquir, peculado y falsedad
ideológica. Sobre los crímenes de lesa humanidad se consideran los casos de La
Cantuta y Barrios Altos, actos criminales cometidos por el Grupo Colina,
escuadrón de la muerte creado durante su gobierno, con su consentimiento y bajo
su mando.
Una delegación de defensores de derechos humanos y de víctimas del Caso La
Cantura han viajado a Chile para realizar acciones legales, entre los que se
incluyen el apersonamiento de los familiares de las víctimas en el proceso de
extradición. Así como para promover acciones de esclarecimiento con sectores de
gobierno y políticos, y coordinar la solidaridad de sectores sociales en la
lucha contra la impunidad. El grupo está compuesto por Francisco Soberón,
Secretario Ejecutivo de la CNDDHH, Raida Condor y Gisella Ortiz, familiares de
dos de los estudiantes asesinados en La Cantuta, Sofía Macher, Ronald Gamarra,
David Lobatón y Gloria Cano, miembros de la CNDDHH.
Familiares de víctimas de la Cantuta y Barrios Altos solicitan extradición de
Fujimori
Las señoras Raida Cóndor y Gisella Ortiz, junto a Tomás Livias, familiares de
las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, respectivamente,
solicitaron la extradición del detenido ex mandatario Alberto Fujimori en Chile,
según lo informó desde Santiago de Chile Gloria Cano, abogada de la Asociación
Pro Derechos Humanos (APRODEH) organismo patrocinador de los familiares y parte
civil en el proceso penal seguido a Fujimori.
El caso ha sido asumido por abogados de la Fundación de Ayuda So cial de las
Iglesias Cristianas (FASIC), organismo defensor de derechos humanos en el vecino
país. "Hemos recibido una amplia solidaridad de los organismos de derechos
humanos aquí en Chile tales como la Asamblea Nacional de Derechos Humanos y la
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU)", informó
Cano, quien forma parte de la delegación peruana que se encuentra en la capital
chilena participando de las primeras acciones legales destinadas a la
extradición del prófugo Fujimori.
Sobre el tema del ingreso de Fujimori a Chile, Cano señaló que hubo fallos en la
oficina de migraciones del aeropuerto chileno que están siendo investigados. "En
concreto, se trata de descubrir por qué habiendo impedimento de ingreso no se le
expulsó", agregó.
El tema de la expulsión, sostuvo Cano, debe seguir latente y es una opción que
no debe descartarse. Incluso hay organizaciones políticas chilenas como el
Partido Socialista y la Alianza Juntos Podemos que proponen la expulsión
inmediata de Fujimori de Chile, liderando una creciente tendencia de repudio al
prófugo que se extiende a la so ciedad civil chilena.
"Debemos ser exigentes y permanecer vigilantes para que las autoridades chilenas
cumplan con sus obligaciones internacionales", concluyó Cano, recordando el
derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, y que los delitos de lesa
humanidad por los que se le juzga a Fujimori son imprescriptibles y de
jurisdicción universal.
CHILE DEBE EVITAR QUE FUJIMORI SIGA EVADIENDO LA JUSTICIA
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL (www.cejil) ha
emitido un nota desde Washington donde "exhorta al Estado de Chile a que brinde
la colaboración necesaria para que el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori,
sea puesto a disposición de la justicia peruana. El ex mandatario fue detenido
el 7 de noviembre por las autoridades chilenas, 10 horas después de su
sorpresiva llegada a Chile, y luego de evadir, por cinco años, la justicia
peruana.
En noviembre de 2000, Fujimori huyó a Japón, en medio de un escándalo de
corrupción que lo involucró directamente. Desde este país asiático renunció a la
presidencia de la República. Mientras tanto, bajo los gobiernos democráticos, en
Perú se iniciaron investigaciones por las gravísimas violaciones de derechos
humanos y los hechos de corrupción ocurridos durante los diez años del régimen
autoritario de Fujimori. Como resultado de estas investigaciones, en la
actualidad, Alberto Fujimori enfrenta en el Perú 22 procesos penales en su
contra, por crímenes de lesa humanidad y por hechos de corrupción.
Dentro de los crímenes internacionales por los que Fujimori debe responder se
encuentran la masacre de La Cantuta, en la cual 9 estudiantes y un profesor
fueron ejecutados brutalmente en la Universidad Enrique Guzmán y Valle "La
Cantuta" y la masacre de Barrios Altos, en la que 15 personas fueron ejecutadas
y cuatro resultaron gravemente heridas. Este último caso fue analizado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, en marzo de 2001, concluyó que el
Estado peruano tiene la obligación de "investigar los hechos para determinar las
personas responsables de las violaciones de los derechos humanos y sancionar a
los responsables". Dados los hechos del caso, la sentencia de la Corte implica
la obligación del Perú de investigar la participación del ex Presidente en este
crimen de lesa humanidad.
Chile, al ratificar la Convención Americana, asumió el papel de garante de las
obligaciones de derechos humanos reconocidas en dicho tratado. Entre sus deberes
bajo la Convención Americana se encuentran el de contribuir al cumplimiento de
las sentencias de la Corte Interamericana y el de garantizar la investigación y
castigo de graves violaciones de derechos humanos, especialmente si estas
constituyen crímenes internacionales.
CEJIL recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó
a todos los Estados de la OEA, en el año 2003 a "adoptar las providencias nec
esarias para considerar [los] crímenes internacionales como delitos que dan
lugar a extradición y conceder la extradición de toda persona acusada de haber
cometido un crimen internacional o proceder a su juzgamiento". Adicionalmente,
Chile es Estado Parte de la Convención Interamericana contra la Tortura, la cual
lo obliga a "conceder la extradición de toda persona acusada de haber cometido
el delito de tortura". De igual modo, la Corte ha reiterado, en numerosas
oportunidades, que los Estados de la OEA deben "abstenerse de recurrir a figuras
como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de
responsabilidad, así como a medidas que pretendan impedir la persecución penal".
Para que el Estado peruano pueda investigar, enjuiciar y sancionar a todos los
responsables de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, es indispensable que
las autoridades chilenas permitan que Fujimori sea puesto, a la brevedad, a
disposición de la justicia peruana. Adicionalmente, su extradición debe
concederse de manera que no se limite la capacidad del Estado perua no de
investigar la participación del ex mandatario en los crímenes de lesa humanidad,
en particular, en las referidas masacres.
CEJIL reitera la alta responsabilidad que tiene el Estado de Chile para
contribuir al cumplimiento integral de las sentencias de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y para evitar la impunidad de graves violaciones de derechos
humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad, en el marco de la
Convención Americana".
La sociedad civil peruana (www.fujimoriextraditable.org.pe) considera que las
violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Fujimori
entre 1990 y 2000 fueron sistemáticas y generalizadas y constituyen delitos de
lesa humanidad, como fue documentado por la Comision de la Verdad y
Reconciliacion CVR (http://alainet.org/docs/4455.html ).
Sidiki KABA, Presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH
(www.fidh.org ) desde París enfatiza que "el juicio de Alberto Fujimori
contribuye a la consolidación del estado de derecho en el Perú, así como
constituye un paso importante en la superación de la impunidad, confiamos en que
las autoridades chilenas contribuirán a este propósito que se enmarca en el
espíritu y compromisos de la Carta Democrática Interamericana que reafirma "que
la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para
la existencia de una sociedad democrática", Sr. Presidente, usted ha manifestado
en más de una ocasión su compromiso con los derechos humanos, hoy se enfrenta a
un hito histórico, como en su momento lo fue el de solicitar la entrega de
Pinochet a las autoridades chilenas para que fuese juzgado por los tribunales de
su propio país, entregar Fujimori al Perú, será una manera de contribuir al
avance de la justicia en el mundo.
Cristiano Morsolin, educador-periodista italiano y operador de redes
internacionales.
Co-fundador del Observatorio Independiente sobre la Region Andina SELVAS,
trabaja en Latinoamerica desde 2001 con experiencias en Ecuador, Perù, Colombia
y Brasil.