Un Instituto internacional afirma que la política antidrogas
ha provocado un crecimiento de la pobreza en América Latina
Adital
El fracaso de la política antidrogas en Latinoamérica ha provocado un
crecimiento de la pobreza y la tensión y ha profundizado un mayor desplazamiento
campo-ciudad y la migración desde los países afectados hacia Europa y Estados
Unidos. La evaluación ha sido hecha por Pien Metaal, miembro del Programa Drogas
y Democracia del Transnational Institute con base en Amsterdam, que plantea un
nuevo enfoque al tratamiento del tema de la producción, el pequeño tráfico y
consumo de las drogas.
"Es mayor el impacto negativo de la lucha antidrogas que los buenos resultados,
lo que obliga a revisar la criminalización de este fenómeno para darle un
enfoque social y de mayor respeto de los derechos de los sectores involucrados",
dijo la holandesa, que hace unos días estuvo en un seminario internacional en
Bolivia, parte de la campaña Coca & Soberanía.
Según el Centro de Estudios en Migraciones (CEM) ella agregó que la falta de
respuestas ha provocado una creciente migración de gente que ya no puede
cultivar coca u otros productos alternativos, o que ya no tiene otros ingresos
dentro o fuera del circuito coca-cocaína. "El Chapare se ha convertido después
de la erradicación forzosa a finales de los 90, principios de los 2000 en zona
de expulsión, siendo zona de inmigración originalmente", dijo la entrevistada.
Metaal también lamentó que otra vez algunos migrantes sean utilizados o se dejen
utilizar para el transporte de droga en su equipaje o en su propio cuerpo.
Hizo notar que, el cambio del enfoque puede dirigirse hacia la
descriminalización del consumo de drogas y a no dar prioridad a la represión de
sus protagonistas. Explicó que existen reportes científicos como el de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que en 1995 estableció que el consumo de
la hoja de coca no tiene efectos negativos y que el uso moderado del clorhidrato
de cocaína (droga más pura) no genera grandes problemas en la mayor parte de los
casos, pero si los productos como el crack o la pasta base de cocaína. "Lo que
define más el daño provocado por el consumo son las condiciones socio económicas
de los consumidores y la salud individual de ellos", agregó la especialista.
Por motivos políticos ese y otros argumentos fueron ignorados y, por el
contrario se dio lugar a acciones represivas en el cultivo de la coca, la
producción y consumo de droga, dijo. En el caso del cultivo, se estimuló la
erradicación forzosa y se aplicaron insuficientes programas de desarrollo
alternativo que no fueron una respuesta a las demandas económicas de los
productores, que la cultivaban por necesidad y no por ser delincuentes, afirmó
Metaal.
"La apertura de los mercados de Europa solo ha beneficiado a ciertos
empresarios, pero el productor campesino sigue sumido en la pobreza, puntualizó
Metaal, durante la entrevista en su oficina en Wittenstraat de Amsterdam. En el
caso de la producción y tráfico de droga, todo el peso de la ley cayó sobre los
productores de la coca y las "mulas", prisioneros por varios años, pero no se
afectó a los "peces gordos" ni al gran circuito económico que se mueve de manera
abierta y a la vez subterránea. A los consumidores se los trata más como a
delincuentes que como a enfermos y se los recluye en lugares donde son víctimas
del contagio criminal, ya que ahí están los que han violado otras leyes.
Con los países que pertenecen al circuito coca-cocaína se han "narcotizado" las
relaciones lo que ha provocado una situación de desigualdad y castigos injustos,
como impedir el libre tránsito de bolivianos, peruanos o colombianos hacia
Europa y EE.UU. "Es necesario revisar todos estos puntos y cambiar las
convenciones internacionales sobre el tema de las drogas, para evitar que el
clima de violencia y pobreza se acreciente en Latinoamérica", puntualizó la
investigadora del Programa Drogas y Democracia.
