Los gobiernos neoliberales de América Latina han vendido, y venden todavía, las
empresas públicas que han sido compradas, casi en su totalidad,por
transnacionales de los países más ricos. Los programas de privatización han
significado, sólo en el período 1990-1999, la transferencia de más de 300 mil
millones de dólares del patrimonio público de las naciones latinoamericanas a
diversos poderes económicos de los centros del capitalismo mundial.
El producto de esa entrega de recursos públicos nunca se invirtió en el
mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos, sino que constituye uno
de los mayores escándalos de corrupción en la historia de nuestros países. Una
verdadera mafia político-empresarial se apropió de una inmensa riqueza acumulada
con el trabajo y el ahorro de varias generaciones. No es por casualidad que
América Latina sea el continente más desigual del planeta.
Se produjo así con las privatizaciones una doble expropiación. Las
transnacionales del Norte repatriaron beneficios fabulosos a costa del
empobrecimiento de nuestras naciones. Y los ricos latinoamericanos se hicieron
más ricos, despojando a las mayorías de la riqueza social que representaban las
empresas públicas.
Si bien el Estado social no abolió la propiedad privada, sí creo un área de
propiedad social, jurídicamente propiedad de todos al servicio del bien común. A
pesar de que las cúpulas burocráticas estatales y privadas utilizaron casi
siempre en beneficio propio esa propiedad social, no pudieron, sin embargo,
impedir que los pobres pudieran acceder a alguna parte de la riqueza del
patrimonio común de la nación.
En Costa Rica, gracias a las luchas históricas de nuestro pueblo importantes
servicios públicos: educación, salud, agua, telecomunicaciones, energía,
seguros, finanzas, vivienda social, etcétera, fueron sustraidos a la lógica
mercantil del beneficio privado e integrados a un concepto de propiedad pública
que, pese a sus limitaciones y abusos por parte de los plutócratas, garantizó
una importante inclusión de la población en el goce de derechos humanos
fundamentales.
Desde principios de los años ochenta los neoliberales emprendieron una ofensiva
contra el sector público en todas sus formas. Lograron erosionar gravemente la
educación y la enseñanza, succionando recursos públicos que hicieron florecer el
sector privado, privatizaron una ancha faja de los servicios financieros,
también las industrias del cemento, del aluminio, de los fertilizantes, así como
otros servicios y patrimonios públicos por medio de la figura de las
concesiones: aeropuerto, revisión técnica vehicular, playas, muelles,
carreteras. El expolio ha sido gigantesco, y algún día habrá que cuantificar la
suma.
La privatización es un robo, pues significa de hecho transferir a los ricos la
propiedad de los pobres, cuya única propiedad era aquella de la que pueden gozar
los no propietarios, la propiedad social. Ahora, con el TLC, se quiere practicar
un asalto programado a la propiedad social que todavía forma parte del
patrimonio de los costarricenses: telecomunicaciones, energía, salud, agua,
educación, seguros, biodiversidad.
Se insulta la inteligencia de los costarricenses cuando se afirma que nadie
quiere vender ni un lapicero que sea propiedad del Estado; la privatización es
un proceso, recordemos por ejemplo el caso del cemento, se dijo entonces que se
trataba de socializar un bien público, colocando las acciones en muchas manos,
hoy el cemento es de capital extranjero y los ticos pagamos el cemento más caro
del mundo. Los cantos de sirena de la apertura sólo pueden desembocar en las
reglas del juego de la ley mercantil, precisamente lo que se trató de impedir
con el Estado social, en tanto que expresión de intereses colectivos.
José Merino del Río. Presidente del Partido Frente Amplio
