Latinoamérica

Revista Insurrección

Al proyecto político de ultraderecha que está en implantación  le   despejaron el camino para que continúe la marcha, a sus anchas.
 
La oligarquía de viejo cuño,  la emergente narcoparamilitar y el imperio están de fiesta y les cayó como anillo al dedo el fallo de la Corte Constitucional que declaró exequible el acto legislativo 02 de 2004 que institucionaliza la reelección presidencial inmediata.
 
La decisión tomada por amplia mayoría, con el voto afirmativo de siete de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, posibilita al Presidente Uribe prolongar el mandato por cuatro años más. Y tal vez sueñe hasta el 2019 o más allá, hasta que consolide el proyecto político que lidera, pues no queda duda que pretenderá seguir extendiendo su gobierno, apoyado por el Congreso unanimista y de bolsillo. 
 
El fallo aprobatorio de la Corte Constitucional se hizo con un criterio "político", tal como  lo exigieron los dueños del país, dictado en parte para salvaguardar el país de las catástrofes que lo azotarían, según amenazas, si la aprobación de la reelección no se daba.
  
Esta decisión insignificante en apariencia, abre las compuertas de par en par a un  nuevo régimen que viene creciendo y en expansión persistente, como un cáncer que  copa el cuerpo del Estado y devora la democracia, oxigenando la dictadura  que ya se ha venido implantando en el país.
 
Faculta a los enemigos de los derechos ciudadanos para que continúen desarticulando las instituciones  que aún quedan de la Constitución del 91 y protegen el mínimo de derechos civiles, sociales y democráticos de los colombianos.
 
El fallo habilita al Presidente y le da vía libre para que aproveche los recursos del Estado en la campaña política, con miras a ganar en las elecciones de mayo de 2006.
 
El Estatuto de garantías electorales, que complementa el acto legislativo que instituyó la reelección y está pendiente del examen de la Corte Constitucional, carece de fuerza para limar los dientes de la campaña del candidato-presidente y recomponer el desbalance entre éste y los otros  candidatos.
 
No hay medida de comparación. El Presidente tiene a su favor las ventajas que le da el ser gobierno y Jefe del Estado, tiene en sus manos los recursos y mecanismos para hacer proselitismo, el apoyo sin reservas de  la oligarquía, de los "patrones" narcoparamilitares y del imperio, y las dos empresas electorales  que le dieron el triunfo en el 2002: la de las "motosierras" narcoparamilitares y la de los  gremios oligárquicos.
 
Es indiscutible la maquinaria a favor y con ventajas "no santas" para ganar sobrado en el "cuadrilátero" electoral. No se puede perder de vista tampoco la obsesión sin consideración de límites de Uribe,  de imponer a "rajatabla" el proyecto ultraderechista que lidera.
 
Está en su contra que no tiene resultados concretos y medibles para mostrar, pues la mayoría de las cifras que se propagan en su beneficio son virtuales.
 
Las elecciones para renovar cuerpos colegiados y elegir Presidente en el 2006, están viciadas de antidemocracia.
 
Es de resaltar, entre otras irregularidades, la ausencia de garantías reales para los candidatos contrapuestos al uribismo, el clima intimidatorio impuesto por los "señores de la motosierra"  aliados del gobierno, la puja de éstos por llegar al Congreso a como dé lugar y sobrepasar el 35% de parlamentarios que tienen actualmente, según lo han reconocido  Salvador Mancuso y Vicente Castaño, "patrones" del narcoparamilitarismo.
 
Estas elecciones presentan grandes similitudes con las celebradas en 1950: el proyecto "franquista" unanimista liderado por Laureano Gómez, la violencia contra la oposición "gaitanista" y el paramilitarismo conservador extendido a todo el país  con la misión de exterminar las familias de ideas liberales y comunistas.
 
La historia se repite en ocasiones en sus rasgos más generales. Y para desgracia de los colombianos ahora no solo es un proceso electoral viciado de ilegitimidad,  sino también con graves anuncios intimidatorios, aún cuando apenas ha comenzado.
 
No  es de extrañar, según el rumbo que lleva el  proyecto uribista,  que este desemboque como el de Laureano Gómez en una exacerbación de la violencia que exterminó cerca de 300 mil colombianos en nombre de la "defensa" del Estado, de la religión,  de la familia y de la amenaza comunista, a  mitad del siglo pasado. Ahora sería en nombre de la llamada "amenaza terrorista", según el lenguaje uribista.
 
La década del cincuenta del siglo pasado y el unanimismo del proyecto laureanista, nos dejó dolorosas y amargas experiencias, heridas que todavía sangran y que los años transcurridos no las han sanado todavía.
 
Las elecciones del año entrante pasarán a la historia, marcarán un hito importante en el futuro del país, por los niveles de violencia que desde ya se anuncian y por la sangre que salpicará este  proceso electoral.
 
El proyecto político que lidera Uribe Vélez  se ha ido implantando a cuenta gotas,  escudado en la lucha contra la "amenaza terrorista de la insurgencia". Es un proyecto totalitario, de derecha, antidemocrático, que tiene como propósito blindar los grandes intereses económicos de la oligarquía colombiana y de las trasnacionales a costa de menoscabar los intereses nacionales, la democracia real y el bienestar de la población.
 
Este tipo de proyectos necesita de la guerra para sostenerse y es en ella que se sustenta y justifica la represión.
 
Hitler quemó el Parlamento alemán para acusar a los comunistas y desatar la persecución a muerte contra éstos y sus opositores. La oligarquía colombiana y el gobierno de los Estados Unidos asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán en 1948, para culpar a los comunistas y justificar la violencia contra el pueblo.
 
Los atentados contra el Presidente, hechos por el mismo servicio de inteligencia del gobierno, el  DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y el realizado contra Germán Vargas Lleras la semana anterior, urdido por políticos y narcotraficantes desafectos a este senador, están dentro de la misma lógica.
 
Los colombianos tenemos que pensar en serio y profundamente sobre lo que está ocurriendo, ubicar bien dónde está el peligro, cuáles son las verdaderas amenazas y la magnitud de la catástrofe que se cierne sobre el país. Y sobre todo, cómo y por dónde  salir  del túnel.
 
Por eso y a pesar de las intimidaciones de la guerra sucia narcoparamilitar y de la estructura terrorista del Estado, tenemos que continuar sin desmayar la lucha por construir el nuevo país, donde podamos vivir en paz, dueños del futuro, unidos en la defensa del interés nacional.
 
Unir y sumar fuerzas para contener y derrotar el proyecto ultraderechista antes que se implante definitivamente, unir y sumar fuerzas  para trabajar en torno a una alternativa con  un modelo político y económico que tenga como base el interés nacional, la democracia real y el bienestar de todo el pueblo.
 
Estos son los retos que tenemos los demócratas y progresistas de verdad, los revolucionarios de todos los matices, en esta coyuntura electoral tan difícil y peligrosa, cualitativamente distinta a las anteriores coyunturas.
 
Cambiar de actitud para "ser con otros", achicar distancias en las diferencias que tenemos y luchar desde un programa mínimo consensado,  es un imperativo  inaplazable para que el país sienta que  hay alternativa cierta y que un mundo mejor es posible construirlo, entre todos.
 
En la unidad, solidaridad y lucha del pueblo está la tabla de salvación y la clave para derrotar el proyecto ultraderechista, que sí es derrotable, ¡seguro!