Latinoamérica

En medio de la lluvia, la expectativa era el sentimiento reinante entre los ocupantes de la Iglesia de San Francisco, ubicado en la Carrera Séptima con Avenida Jiménez de Bogotá. Esta tarde, luego de 5 días de toma, la espera de los centenares de personas que ocupan este monumento religioso y de las personas que han venido acompañando este proceso era evidente en momentos en los que la comisión negociadora de los educadores y pobladores afrocolombianos se reunía con la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, y los comerciantes informales del Mercado de las Pulgas exigían respuesta a la reunión solicitada con la alcaldía.
   
La cuestión afrocolombiana:
 
El movimiento, iniciado el pasado jueves por educadores y delegados de diversas organizaciones de pobladores afrocolombianos venidos especialmente de los departamentos del Pacífico colombiano, se ha planteado como una lucha por tres reivindicaciones fundamentales para esta población que, con el paso de los años y de las injusticias, se ha convertido en una de las más marginadas y vulnerables del país.
 
En primer lugar, los educadores afrocolombianos se han planteado la lucha contra la reforma educativa que, por vía de concursos que desconocen la etnoeducación y el trabajo de centenares de docentes, lesiona gravemente la identidad y la construcción de las comunidades, planteando, el día de hoy, al Ministerio de Educación la necesidad de impulsar una política diferente en cuanto a la mejora de la calidad educativa de las negritudes colombianas y logrando que esta entidad aplazara la aplicación de estas medidas por los próximos 4 meses, hasta su revisión por la comisión pedagógica.
 
En segundo lugar se encuentra la problemática relacionada con el polémico censo nacional que el DANE realiza actualmente. Las comunidades negras plantean que este mecanismo es inexacto e incompleto y por ello proponen que los resultados del mismo expresen claramente los datos que permitan cuantificar la población afrocolombiana del país, su condición socioeconómica y sus ingresos exactos, con el fin de definir las condiciones exactas en las que esta población está subsistiendo y las diferencias que sufre con respecto a otras capas de la población, especialmente en temas como el derecho a la tierra, los salarios y condiciones de vida dignas.
 
El tema más complicado de la agenda, por último, está situado en el problema de la devolución de los territorios colectivos, como Jiguamiandó y Curvaradó (http://colombia.indymedia.org/news/2005/11/33185.php), que han sido usurpados violentamente a las comunidades y titulados, mediante todo tipo de marrullas legales e ilegales, a grandes terratenientes que los han destinado, especialmente, a la siembra agroindustrial de la palma aceitera con las gigantescas ganancias que la caracterizan gracias al negocio del biodiesel (http://colombia.indymedia.org/news/2005/10/32917.php). Ante esta flagrante violación a sus derechos, evidentemente cometida a la luz de la mal llamada ley de Justicia y Paz, las comunidades exigen el respeto de sus territorios colectivos, el cese de la violencia militar y paramilitar, que ya ha cobrado numerosas víctimas, la devolución de sus tierras y el aplazamiento de la aprobación del proyecto de ley forestal que cursa trámite en el Congreso hasta no sea revisado de acuerdo a las necesidades de estas comunidades.
 
Para el día de mañana se espera una reunión con delegados del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Social y el Ministerio del Interior y de Justicia, en la que la comisión negociadora de los afrocolombianos intentará concretar salidas y llegar a un acuerdo con el gobierno frente a estos puntos para poder dar por concluida la toma pacífica.
   
"¿Acaso es un crimen trabajar?":
 
De otra parte, al menos un centenar de vendedores estacionarios del Mercado de las Pulgas del Parque de los Periodistas de Bogotá, agrupados en la organización Asopulgueros, y de ex contratistas del programa Misión Bogotá decidieron iniciar su propia protesta y participar de la toma pacífica para exigir de la Administración Distrital soluciones concretas a las problemáticas que están atravesando actualmente.
 
El conflicto de los comerciantes informales se inicia con la política de supuesta recuperación del espacio público que han llevado a cabo las últimas alcaldías del Distrito y con la política de reubicación que ha trazado el Fondo de Ventas Populares, en cabeza de Inés Elvira Roldán, la cual sólo ha ofrecido soluciones insulsas a los comerciantes mientras, según denuncian los mismos, se malgasta el dinero de dicho fondo en "remodelar oficinas y financiar ‘elefantes blancos’ en los centros comerciales en los que dicen que nos van a reubicar: locales por donde nunca pasa nadie y no vendemos lo que necesitamos para llevarle de comer a nuestras familias".
 
El Fondo ha empleado presupuestos obtenidos de diversas fuentes, entre ellas las donaciones internacionales, para financiar programas como Misión Bogotá, donde se ofrecen trabajos en labores cívicas con bajos ingresos y contratos temporales, en los cuales se han empleado centenares de ex ambulantes, para plantear programas de capacitación y para impulsar una política de reubicación de estos trabajadores en centros locales subsidiados por el Distrito.
 
Dicha política es fuertemente criticada por los manifestantes. "Nos plantean como solución hacer cursos en el SENA donde no nos certifican lo que aprendimos, donde nos dicen que podemos ser ‘empresarios de éxito’ pero no cómo podemos llevarle de comer a nuestros hijos. Nos ofrecen locales por donde nadie entra a compara nada y nos echan a la policía a perseguirnos como criminales en lugar de ofrecernos algún trabajo fijo para sostenernos", aseguró un miembro de Asopulgueros.
 
Los comerciantes informales del Mercado de las Pulgas se unieron a la protesta el día de hoy, luego de que otro grupo de ambulantes firmara un acuerdo con el secretario de Gobierno del Distrito, Juan Manuel Ospina, para establecer un programa de subsidios y de empleo que solucionase su situación por vías diferentes a las policiales, desalojando el templo en la tarde del domingo.
 
La situación de estos vendedores se torna más dramática en la medida en que sólo pueden ejercer su oficio los domingos y días festivos, días en los que el Distrito autoriza la instalación del conocido ‘pulguero’, dando como resultado que estas personas deben entrar a la economía del ‘rebusque’ como medio de subsistencia el resto de la semana y enfrentando dramáticas penalidades económicas por sus bajos ingresos, por la escasez de trabajos que les ofrezcan estabilidad laboral y por el hecho de que muchos de ellos ya son parte de la llamada tercera edad.
 
En una comunicación facilitada a uno de nuestros reporteros, los vendedores de Asopulgueros y los ex contratistas de Misión Bogotá exponen que "pedimos ser tomados en cuenta: que nos auxilien con una buena ubicación y con trabajo diario. De esta forma no estarán violentando nuestros derechos a la igualdad, a trabajar y a vivir dignamente". Adicionalmente, exigieron del Gobierno Distrital la implementación de soluciones reales en materia de subsidios para los vendedores y sus familias, capacitación en áreas que realmente apunten a solucionar sus problemas económicos y en materia de empleo digno y estable.