Latinoamérica

Una veintena de organizaciones no gubernamentales (ONG) hará una veeduría de los efectos de las operaciones militares en las comunidades civiles.
La misión, que partirá de Bogotá el próximo 30 de noviembre, visitará comunidades afectadas por las acciones militares del 1 al 3 de diciembre, informó la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CCAJAR).
Se trata de una iniciativa para llamar la atención sobre los graves efectos del Plan Patriota en el ámbito humanitario, explicó la organización no gubernamental (ONG) en un comunicado divulgado en la capital colombiana.
Más de 17.000 efectivos de las Fuerzas Militares colombianas participan en el Plan Patriota, lanzado en febrero de 2004 y que cuenta con la asesoría estadounidense.
La ofensiva tiene alcance sobre vastas regiones selváticas del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, departamentos del sur y sureste del país con una extendida presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incluido el "secretariado" o mando central de la organización rebelde.
La CCAJAR precisó que la denominada "Misión de observación al corazón del Plan Patriota" se centrará en Puerto Toledo, aldea de la localidad de Puerto Rico, en el departamento del Meta, y Calamar, población en la región vecina del Guaviare.
La movilización, convocada por asociaciones o comités de asuntos humanitarios de los departamentos alcanzados por la ofensiva militar, recibió el apoyo de 21 ONG nacionales de defensa de los derechos humanos, sindicales y de la Iglesia católica, entre otras.
El objetivo de la iniciativa es la elaboración de un informe que recogerá las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que han sido formuladas por las comunidades, anticipó la CCAJAR.
Asimismo, incluirá recomendaciones al Estado colombiano, al Congreso estadounidense y a los gobiernos de otros países que han contribuido o proyectan cooperar con el Plan Patriota, a fin de que se respeten los "mínimos humanitarios en el desarrollo de las hostilidades".
El informe será entregado el 5 de diciembre a la Vicepresidencia de la República, al Ministerio del Interior y de Justicia, a la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo en Bogotá. Un día después será divulgado públicamente, también en la capital colombiana.
Con EFE