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Latinoamérica

Se ha consolidado el triangulo narcoparamilitar: Ejecutivo-Legislativo-Judicial

P. Salavarrieta

      Con el último fallo de la colombiana Corte Constitucional que declara exequible la llamada 'ley de garantías electorales', que solo le da garantías al presidente candidato, se cierra el último capítulo, vergonzoso y apátrida, de la toma de todos los poderes públicos por el aparato mafioso narcoparamilitar que dirige el presidente candidato Uribe.
            La primera etapa consistió en la 'compra' del congreso hasta lograr que se estableciera la mayoría necesaria para que apoyaran todos los planes corruptos de Uribe. El pueblo colombiano, que todavía no ha sido engañado por los medios masivos de comunicación al servicio del gobierno, pudo darse cuenta como el gobierno fue cambiando el discurso descalificador contra el Congreso, de considerarlo un congreso corrupto e inútil hasta hacerlo ver como un congreso admirable por haber apoyado todas las iniciativas gubernamentales. Gran cantidad de parientes o allegados a los congresistas cooptados fueron nombrados en cargos diplomáticos o consulares.
            El segundo paso consistió en cooptar las altas cortes del poder judicial. Así vemos como en la Fiscalía General de la Nación se han nombrado fiscales paramilitares o militares cuyo único objetivo es anular o desviar cualquier investigación contra los narco paramilitares o sus socios o encubridores o colaboradores. Hasta el vicepresidente tuvo que protestar por fallos amañados.
            Luego siguió la cooptación con el Consejo de Estado, hasta tal punto ahora sometido al ejecutivo que ya revocó un fallo anterior suyo que obligaba al ladrón Londoño Hoyos a devolver a Ecopetrol las acciones que había adquirido ilegítimamente. No se demora la anulación de la sanción que decretó la Procuraduría contra el bandido Londoño Hoyos.
            También ha ejercido presión el mafioso Uribe sobre el Consejo de Estado para que cambie un fallo que condena a una empresa española por incumplimiento de lo contratado en una vía de gran importancia para el país.
Llega a tal el contubernio que a Uribe sale a recibirlo al aeropuerto español no el gobierno sino el presidente de la compañia española incumplida.
            ¿En donde le consignarán a Uribe sus honorarios o comisiones tanto por este 'negocio' como por las compras de armas y equipos bélicos y por la entrega de las empresas públicas colombianas rentables?             En la Corte Suprema de Justicia los fallos en especial en extradiciones contra los insurgentes son expedidos en tiempo record si ninguna sustentación o verificacion de pruebas y violando el debido proceso.
Obedecen lo que les ordena el capo Uribe.
            Ahora en la Corte Constitucional, que aparecía ante la opinión pública como independiente y juzgando en derecho, se ha producido la penetración mafiosa y sus fallos solo se dan para complacer a la mafia narcoparamilitar y en favor del capo Uribe.
            Cuando el congreso que se elija en marzo, que sin duda será de mayoría uribista narco paramilitar, por el engaño de los grandes medios de comunicación, la violencia y la coacción a los votantes, decida reformar la constitución otra vez para que el presidente pueda ser reelecto cuantas veces lo desee, sin ningún condicionamiento, la Corte 'Constitucional' actual volverá a declarar exequible tal esperpento jurídico, ya están en 'embarcados' y no se podrán salir o si no se sabrán los pormenores del fallo reeleccionario actual, chantaje físico por indignos. Se salvan unos pocos magistrados dignos.
            El aparato armado gubernamental es el verdadero cerebro y brazo ejecutor de la mafia narcoparamilitar, los altos mandos son quienes dirigen y coordinan esa mafia.
            Eso se explica porque el aparato armado gubernamental fue el creador del paramilitarismo y ha sido el planificador, director, financiador, ejecutor, y suministrador de personal de tal mafia desde hace muchísimo tiempo y lo continúa siendo actualmente.
            Los altos mandos armados y civiles se lucran de las acciones asesinas de estos bandidos narcoparamilitares gubernamentales.
            Todos estos poderes y los medios de comunicación saben de sobra la calaña de presidente candidato que están apoyando, e inclusive muchos de ellos en un pasado no tan distante se mostraban como luchadores implacables contra el narcotráfico del cartel de Cali, recordar el proceso 8000.
            Pero extrañamente nunca pidieron que se abriera un 'proceso 8000' contra el cartel de Medellín.
            ¿Cual sería situación ahora del presidente candidato si se hubiera abierto el proceso 8000 contra el cartel de Medellín en el gobierno de Samper con la presión que ejercía entonces el gobierno de Estados Unidos y con toda la documentación de que dispone al respecto?             Ahora todo eso lo 'olvidaron' y se esmeran en servir más y mejor a uno de los narcoparamilitares más criminales, violentos y corruptos, el presidente candidato.
            Sobre este mafioso se ha publicado mucha información interna e internacional, alguna procedente de organismos de inteligencia del gobierno de Estados Unidos.
            Los aúlicos del mafioso conocen toda la información sobre su pasado colaborador del narco paramilitarismo pero se hacen los de la vista gorda, saben que callando ganarán mucho más, es el caso de los dueños del periódico el tiempo y de muchos otros mas.
            El gobierno de Estados Unidos que conoce todos los pormenores de la colaboración de Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo no está interesado en publicar mas documentos al respecto pues necesita tener un 'amigo fiel' que les entregue las empresas rentables colombianas a las transnacionales y que apoye en los foros internacionales de importancia para la política y la economía de dicho país lo que ordene dicho gobierno. En caso necesario se recurrirá al chantaje y la amenaza de nueva publicaciones.
            Para guardar las apariencias se le permite al mafioso Uribe que 'discrepe' en cosas que no son de interés de Estados Unidos, caso bloqueo a Cuba.
            La labor de un nuevo gobierno democrático, progresista, pluralista, participativo, independiente y patriota es limpiar toda la podredumbre y corrupción que desde siempre ha existido en el aparato estatal y que ahora en la etapa narcoparamilitar uribista se ha incrementado hasta niveles inimaginables.
            Para lograr este nuevo gobierno es necesaria la integración patriótica de todos los colombianos honestos para mediante pactos políticos y sociales adelantar una campaña por la reconquista patriótica de la dignidad nacional. Paz con justicia social. No a la guerra que sólo enriquece a los vendedores de armas y a quienes reciben las comisiones u honorarios por tales compras.