Crisis Chile - Perú: ¿están sus pueblos involucrados?
Marcel Claude Rebelión
En cuanto a la crisis con Perú, una vez más y como en muchas materias, la
posición del gobierno chileno resulta irritante e inaceptable. En primer lugar,
porque tal como se encargara de decirlo el ministro Vidal, en estos casos la
"tradición republicana chilena" mira cualquier discrepancia o matiz como una
suerte de traición a la patria. En segundo lugar, porque las verdaderas razones
que explican la posición del gobierno son invisibles para la opinión pública,
mientras se arguyen razones de Estado para exigir actos de fe a los ciudadanos.
Sin embargo, a partir de antecedentes que son de público conocimiento, es
razonable postular que este conflicto no es un mero asunto de soberanía
limítrofe.
Lo que sabemos es que Perú basa su demanda en una recomendación de la Convención
del Mar, la CONVEMAR, marco jurídico internacional que Chile suscribió y
ratificó y que recomienda resolver los límites marítimos en base a "líneas
equidistantes" desde el límite terrestre. Dado el ángulo que se forma en la zona
fronteriza Chile-Perú, el vecino país sostiene, en concordancia con la CONVEMAR,
que la línea divisoria es una diagonal y no la actual línea paralela que hoy
está vigente. La tesis peruana, por lo tanto, no puede ser considerada
descabellada o una arbitrariedad, en la medida que está fijando la línea base
que se requiere previamente para suscribir la CONVEMAR, y, en segundo lugar,
porque Chile ratificó y suscribió dicha convención que es posterior a los
acuerdos que establecen la línea paralela y, por lo tanto, el gobierno chileno
debe asumir que la firma de dicha convención, le abre una puerta de legitimidad
a Perú para redefinir la frontera marítima con Chile.
Además, es curioso que el gobierno chileno haya impugnado sólo ahora y con tanta
virulencia el proyecto de ley presentado por el presidente Toledo al Parlamento
peruano. Debería nuestro gobierno informar a la ciudadanía que ya a principios
de febrero de este año una delegación peruana informó a las autoridades de la
cancillería chilena sobre la existencia de una comisión técnica que se
encontraba elaborando el sistema de líneas de base y su proyección sobre el
espacio marítimo. Incluso, en versión del canciller peruano, se había advertido
de la decisión política de que el asunto se definiría a través del Congreso
Peruano. Si el problema es de la gravedad que plantean las autoridades chilenas,
entonces cabe preguntarse por qué no se utilizaron desde esa fecha las
herramientas diplomáticas y políticas que pudieran haber evitado llegar a la
actual situación.
La acción desproporcionada del presidente Lagos –que incluyó misiones
internacionales, reuniones con el Consejo de Seguridad Nacional tipo "ejercicios
de enlace", declaraciones aparatosas y el ceremonioso voto político del
Parlamento- no sólo dista mucho de la altura de miras y el sentido de la
responsabilidad que debe tener un estadista, lo que tanto gusta a Ricardo Lagos,
sino que también nos habla de que hay verdades que no se dicen y que están más
allá de las resonantes declaraciones de las autoridades chilenas.
Una primera verdad oculta dice relación con la cuestión electoral. El gobierno
chileno sabe que la posibilidad de una segunda vuelta crece y que es necesario
revertir el desangre de votos lento pero sistemático que ha experimentado
Michelle Bachelet en los últimos meses. Como se sabe, en Chile el chauvinismo se
despierta fácil y violentamente con este tipo de conflictos. Lagos, bien
asesorado, explota dicha tendencia irracional para mostrarse como un líder a la
cabeza de un conglomerado que sabe defender la soberanía chilena de la "agresión
peruana". No es posible dejar pasar la reunión privada que sostiene Lagos con la
candidata de la Concertación para tratar el conflicto con Perú. No fue ni un
error ni una liviandad, sino un acto de clara intencionalidad política para
favorecer a Bachelet.
Algo más sofisticado pero no menos importante a la hora de recurrir a la defensa
de la soberanía marítima, es el asunto, siempre poco transparente, de la
propiedad de los recursos marinos que pertenecían a todos los chilenos y que
fueron entregados por el gobierno de Lagos, en propiedad privada, a los grandes
grupos económicos que operan en el sector pesquero, sin costo alguno para éstos,
al impulsar una ley de Pesca que le ha incrementado enormemente las ganancias a
grupos económicos como COPEC, perteneciente al empresario Anacleto Angelini. En
ese momento, cuando el Parlamento chileno aprueba abrumadoramente dicha Ley, no
hubo ningún glorioso civil ni militar que se pusiera a tocar los tambores de
guerra, como ahora sí lo han hecho.
En la misma dirección y claramente vinculado al asunto de la propiedad de los
recursos marinos, no debe dejarse al margen que este conflicto por la soberanía,
esconde poderosos intereses económicos, detrás de los cuales están el grupo
Angelini y el desarrollo de la industria salmonera. El territorio en disputa
abarca unos 35 mil kilómetros cuadrados de mar donde se explota entre el 30 y el
40% de los 4,5 millones de toneladas de pescado que es la materia prima para la
industria chilena de la harina de pescado, una de las más grandes a nivel
mundial. Desde esa zona, a lo largo de toda la Primera Región –donde opera el
grupo Angelini beneficiado con cerca del 80% de las cuotas de captura por la Ley
de Pesca- se extrae cerca de un millón de toneladas de anchoveta, usada
principalmente para elaborar harina y aceite de pescado que se utiliza para
alimentar a los salmones. Chile es el segundo mayor productor de harina de
pescado y también segundo productor mundial de salmones, mien tras Perú es el
primer productor mundial de harina de pescado. En consecuencia, habría que
preguntarle al Presidente Lagos acerca de cual es soberanía que está defendiendo
¿la de Chile o la de Angelini y las salmoneras? No pueden pasar inadvertidas las
declaraciones de un alto ejecutivo de Corpesca, el consorcio pesquero de
Angelini, Felipe Zaldívar Larraín, hermano de Adolfo y Andrés, quien alertó
preocupado sobre el efecto que el conflicto tendría para la industria pesquera,
debido a que el 40 por ciento de las capturas a nivel nacional está en la zona
en litigio.
Finalmente, para las mentes siempre alertas y reticentes a comulgar con ruedas
de carreta, como el babeado asunto de la soberanía, este conflicto no puede ser
más funcional a los intereses del señor Andrónico Luksic, otro jerarca y cabeza
del grupo económico más cercano a Lagos, quien ha sido aplaudido de pie por el
Presidente, invitado reiteradamente a giras presidenciales y nominado por Lagos
la figura empresarial central en la Cumbre de la APEC, realizada en Chile en el
2004. Como se sabe, la justicia peruana le sigue un juicio por corrupción al
señor Luksic y ha dictado orden de captura internacional en su contra, iniciando
a su vez los tramites para solicitar la extradición al gobierno Chile. Como era
de esperar, el gobierno de nuestro país asumió como un asunto de Estado la
defensa de Luksic, involucrando a la propia Cancillería y a altos funcionarios
del Estado. Es impensable que en este contexto de crisis y amenazas veladas de
conflictos mayores, la justicia peruana e ncuentre la buena disposición de la
justicia chilena, su gobierno y su pueblo para entregarles a Luksic ¿qué se
creen estos peruanos, nos quitan el mar y ahora quieren llevarse a esta lumbrera
que tanto bien le hace a Chile?
La posición peruana también tiene sus explicaciones políticas y de distinta
naturaleza y no necesariamente es más justa su posición que la chilena. Pero, de
allí a salir a exacerbar los chovinismos y despertar viejas odiosidades, para
esconder intereses privados, no es responsable, es ruin y mediocre. Menos aún
favorece la integración de los pueblos de la América Latina.
Marcel Claude es Economista y miembro de la ONG "Oceana"