Latinoamérica

Durante la realización de su programa dominical Alo Presidente N° 234, en medio de las 8.490 hectáreas de terreno que conforman el hato La Marqueseña, en el Estado Barinas, el Jefe del Estado sorprendió a los sectores recalcitrantes y de vocación golpista, al anunciar de manera pública una propuesta cuyo fin es: incrementar la productividad de las tierras con la participación de campesinos, productores y el Estado.
Al insistir una vez más en la fórmula del dialogo hizo un llamado a los sectores privados solicitándoles que: "no se dejen empujar por el fanatismo de algunos medios de comunicación social, detrás de los cuales están las mentes más salvajes, bárbaras y apátridas que no tienen nada que perder".
Sobre el Ingeniero Carlos Azpúrua, propietario del hato La Marqueseña, el Presidente Hugo Chávez expresó: "es un venezolano decente, un venezolano dispuesto, a trabajar con el gobierno, dispuesto a aceptar una realidad. Mis saludos al señor Azpúrua, los canales de comunicación están abiertos". Igualmente mencionó que de no llegar a un acuerdo con el Ingeniero, él "tiene todos los recursos legales para tratarlo, porque aquí, no vamos a atropellar a nadie".
Por otra parte, Carlos Azpúrua, declaró a algunos medios privados de difusión que saluda el diálogo directo sostenido con el Presidente Hugo Chávez Frías, y solicitó tiempo para dar una "respuesta sustentada en hechos" a la propuesta hecha por el Jefe de Estado.
De nada sirvió el ambiente preparado con anticipación sembrando tendencias y matrices dirigidas desde los medios privados de difusión durante una semana, orientadas al tema de la propiedad privada y las "expropiaciones", bajo añejas consignas: "el gobierno atropella la propiedad privada"; "vamos hacia el castro comunismo"; "luego vendrán por tus casas, por tus carros e incluso por tu ropa" y otras por estilo.

La actitud del Sr. Azpúrua y el llamado del Jefe del Estado constituyen un par de hechos excepcionales, que deja al oposicionismo mediático-golpista sin "instrumento" que les sirva para reeditar su plan desestabilizador de sembrar la violencia callejera (guarimba) y someter de nuevo a los venezolanos a episodios como los de 2002 y 2003, que produjeron perdidas superiores a los 15 millardos de dólares al país.
La desestabilizadora visión mediática
El Presidente es quien más claro ha entendido que la guerra mediática sostenida por la mayoría de las empresas mediáticas ha sido constante y sistemática en contra de su gobierno, por ello agregó el Presidente: "están cumpliendo una tarea: tratar de desestabilizar al país, para facilitar la agresión imperialista."
Afortunadamente han fracasado en su empeño por derrocar al Presidente Chávez, no obstante es preciso tener presente -como bien lo recuerda el Primer Mandatario Nacional- son: "lacayos del imperialismo, los dueños de televisoras, periódicos, cadenas de radio, están tratando de llevarnos a una situación de conflicto abierto que a ellos les convendría, para solicitar la intervención de los supuestos pacificadores de Norteamérica".
Vale acotar que esta acción mediática ha sido una conducta delictuosa reiterada durante los últimos años, recuérdese por ejemplo, los llamados a: · La desobediencia que hicieran a partir de la aprobación de la Ley Habilitante, y en particular sobre la Ley de Tierras · El llamado insurreccional, a la sedición realizado por los militares golpistas en el show de la plaza Altamira. (octubre del 2002) · La desobediencia tributaria (no pagar impuestos) durante el paro patronal y sabotaje petrolero de diciembre de 2002 y enero de 2003; · La inoculación mediática de altas dosis de odio que llevó a algunos sectores de la clase media a padecer de "disociación psicótica". · Los cacerolazos a funcionarios públicos. · Las marchas nocturnas. · Una recolección de firmas para solicitar un referendo consultivo que pretendieron darle carácter revocatorio. (El fraudazo) · La "guarimba" (secuestro de vecinos y violencia callejera).
Todos eventos funestos, algunos de estos con lamentables víctimas inocentes, que sólo tenían por objeto desestabilizar al país para justificar los planes intervencionistas.
La soberanía alimentaria
Son estos sectores reaccionarios y golpistas los que pretenden descalificar como "ilegales" las acciones contra el latifundio emprendidas por el Gobierno Nacional y algunos gobiernos regionales. Estas descalificaciones no son nuevas, al comenzar el presente año, el presidente de Fedeagro hizo llamados a la "guerra civil" (Últimas Noticias, 12/01/05). Sin embargo, aún con toda esa presión Venezuela avanza en la transformación agraria.
No es necesario elaborar argumentos que justifiquen la posición asumida por el Gobierno Nacional, las razones y fuerza de ese empeño, vienen dadas por la responsabilidad establecida al Estado en la Constitución de la República Bolivariana que contempla lo siguiente en su Artículo 305: "El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola."
También el Artículo 156, relativo a la competencia del Poder Público Nacional en sus parágrafos 23 y 25 contemplan: la seguridad alimentaria y la producción agrícola, del modo que sigue: "23. Las políticas nacionales y la legislación en materia de sanidad, vivienda, seguridad alimentaria, ambiente, aguas, turismo, ordenación del territorio y naviera. 25. Las políticas nacionales para la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal."
La Constitución Venezolana fue aprobada mediante referendo por el pueblo, por lo tanto sus disposiciones son un mandato popular. Para cumplir y hacer cumplir dicho mandato el Estado retoma su papel rector en materia agraria y promueve la participación corresponsable de la sociedad en planes y estrategias, para producir los alimentos necesarios a fin de garantizar el derecho a la alimentación como derecho humano fundamental.
En ese cumplimiento constitucional se apoya el llamado formulado por el Presidente Chávez a los propietarios de tierras cuando señaló ayer en la edición N° 234 de su programa dominical que: el latifundio es uno de los más poderosos obstáculos para el desarrollo del país y mientras exista es imposible echar las bases del progreso nacional.
El volumen de la producción agropecuaria cumpliendo los lineamientos del proceso revolucionario: sustentabilidad, distribución, pago de salarios a campesinos y precios justos a productores entre otras condiciones es uno de los pilares del proyecto diseñado en la Constitución Nacional, y su cumplimiento mandato popular.