Latinoamérica

Reforma agraria, latifundio y propiedad privada. Los tres parecen ser temas que están reactivando el clima de polarización existente en Venezuela, a escasos dos meses de las elecciones legislativas. En su avance hacia lo que denomina el "socialismo del siglo XXI", el presidente Hugo Chávez inicia un programa de "profundización de la revolución bolivariana" que tiene en la redistribución de tierras uno de sus vértices fundamentales.

En el centro de esta polémica, se encuentran 317 predios que el gobierno considera "propiedades ociosas" y "latifundio". En total, suman 2,7 millones de hectáreas de las cuales el Instituto Nacional de Tierras se dispone a adjudicar unos 2,4 millones. Según este organismo, casi un 80% de las tierras en Venezuela son "ociosas". La clave de la actual situación se ubica en descifrar la eventual conciliación entre la revolución "socialista bolivariana" y la propiedad privada, en pocas palabras, entre el gobierno y la clase empresarial. O si bien estamos en vísperas de un nuevo enfrentamiento.

¿Recuperación o expropiación?.

En este sentido, septiembre ha sido el mes en el cual el mandatario venezolano decidió acelerar el proceso de reparto popular de la propiedad rural, a fin de eliminar el latifundio. En las últimas tres semanas, se han recibido denuncias e informaciones de ocupación de fincas y agroindustrias (entre ellas, plantas de la multinacional Heinz y silos de la firma Polar, la empresa más importante del país) mientras el propio Chávez instaba a los alcaldes y gobernadores "chavistas" a expropiar solares desocupados.

Ya a principios de año, el gobierno había expropiado más de 100.000 hectáreas de la empresa británica Vestey Group Ltd. y del complejo turístico Hato Piñero. Esta semana, el gobierno anunció el cierre temporal de empresas como IBM, Microsoft y otras 13 transnacionales por "irregularidades" en el pago del IVA. Los sectores empresariales acusaron al gobierno de amenazar la propiedad privada y violar así la Constitución. Precisamente, la utilización semántica de los términos aumenta la fricción: el gobierno señala que son "recuperaciones" y "rescate" mientras la oposición lo denomina "expropiación" y "confiscaciones".

A pesar de la firmeza en la acción y la retórica, que deja una impresión contraproducente, el gobierno no parece renunciar al diálogo: según el presidente del INT, Richard Vivas, las próximas haciendas que serán ocupadas se realizarán bajo un procedimiento acordado con los propietarios. En un acto público, el propio Chávez declaró que "queremos negociar con los terratenientes".

Para no dejar dudas sobre la legitimidad de la acción estatal, la mayor parte de las ocupaciones de "propiedades ociosas" se realizaron con un amplio despliegue del aparato militar, acompañados de cientos de campesinos pertenecientes a movimientos rurales. Ante las cámaras de TV en su dominical programa "Aló Presidente", Chávez juró que "o se acaba el latifundio o muero en el intento". Y alertó "a quién no quiera negociar, le enviaremos el ejército y una orden judicial".

La finca de la discordia.

En un país donde la política se ha convertido en una confrontación de amplio impacto mediático, principalmente televisivo, Chávez anunció la profundización de la Ley de Tierras (aprobada por decreto presidencial en 2001), transmitiendo desde una hacienda rural, "La Marqueseña", ubicada en el estado Barinas, donde gobierna su padre, Hugo de los Reyes.

Acompañado de Joao Pedro Stédile, uno de los líderes del Movimiento de los Sin Tierra brasileño, Chávez hizo una propuesta pública al dueño de la finca, Carlos Azpúrua, en la cual de las 8.490 hectáreas que conforman la finca, le dejaría a su dueño 1.500, mientras otras 2.700 serían para la zona protectora de una represa y el resto formaría parte de las llamadas "empresas de producción social".

No parece ser nuevo el interés presidencial por "La Marqueseña", lo cual refleja también una vieja reivindicación personal, ahora extensiva a la situación del rural venezolano. El propio Chávez le confesó en 1998 al historiador venezolano Agustín Blanco Muñoz que aquellas tierras le pertenecían a su bisabuelo, un líder popular durante las guerras civiles que asolaron al país a finales del siglo XIX.

Ahora, y ante las diversas protestas y reacciones del sector privado y de los propietarios de tierras ante lo que consideran una "política de confiscaciones y expropiaciones", Chávez explicó que llegó a un acuerdo con su propietario para que parte de las tierras "sean trabajadas por el pueblo". Es lo que el propio presidente denominó el "método Chaaz", iniciales de Chávez y Azpúrua.

Pero el problema de la tierra en Venezuela no es de mayor magnitud que en países como Brasil y México. El retorno a la democracia en 1959 y la Constitución de 1961 permitieron al gobierno de Rómulo Betancourt implementar una amplia reforma agraria en la que se repartieron millones de hectáreas entre centenares de miles de campesinos en un país con una marcada estructura rural pero que empezaba a disfrutar de la modernización y urbanización propia de la renta petrolera.

El atractivo urbano descuidó el campo y no eliminó el latifundio. La gran masa de campesinos que llegaron a las ciudades trastocó la realidad demográfica, con una concentración urbana cercana al 90% desde la década de los sesenta. El sector agroalimentario se resintió de tal manera que, a pesar de ser un país agropecuario, Venezuela importaba más de la mitad de sus alimentos.

El momento político.

Chávez sabe lo que se juega, a nivel electoral y político. Está a las puertas de una nueva convocatoria electoral, sumamente decisiva porque supone la renovación de escaños en la Asamblea Nacional. En estos momentos, el "chavismo" apenas supera la mayoría de diputados, tras diversas deserciones del bloque oficialista.

A diferencia de las elecciones municipales de agosto pasado, las legislativas de diciembre muy probablemente provoquen una masiva participación electoral que reforzará el poder del "chavismo" en la Asamblea Nacional, dejando a la desarticulada oposición con una escueta participación. Diversos sectores de la oposición consideran que el presidente Chávez tiene "congeladas" una serie de medidas y leyes que reforzarán aún más el poder presidencial a partir de enero de 2006. Y no hay que olvidar que en diciembre del próximo año se convocarán elecciones presidenciales, donde Chávez busca la reelección hasta el 2012.

En esta coyuntura, la Ley de Tierras se ha convertido en uno de los principales estandartes de la revolución bolivariana y en objo de recelo por parte de los dirigentes de la oposición, sectores empresariales y ganaderos, así como medios de comunicación. Las fuertes protestas en los medios y de los sectores empresariales dieron como resultado una insólita reunión: la semana pasada, en el palacio de Miraflores, dialogaron el presidente Hugo Chávez y su homólogo de la patronal empresarial Fedecámaras, José Luis Betancourt. Dicha acción despertó todo tipo de reacciones y especulaciones.

Elegido en julio pasado como presidente de Fedecámaras, Betancourt había sido el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedenaga, el organismo más opositor a la ley de Tierras del gobierno. En 2001, el propio Betancourt rompió ante las cámaras de televisión la Gaceta Oficial (Boletín Oficial del Estado) que contenía el decreto de ley. Desde entonces, se señaló a Betancourt como uno de los principales abanderados de la oposición radical a Chávez.

Esta reunión entre el presidente y la patronal era la primera desde que, en 2001, Chávez dialogara con el entonces presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, conocido para la posteridad como el personaje que se autoproclamó presidente durante la breve remoción de Chávez en el poder, en abril de 2002. En esta oportunidad, Chávez señaló que deseaba un diálogo "en el que nadie salga humillado".

De dólares a euros.

Ante las actuales medidas gubernamentales, pocos logran descifrar el desenlace político para los próximos meses. En el ambiente se palpa un reforzamiento del poder de Chávez, consolidado en su popularidad, los programas sociales y los altos precios del petróleo. Pero se aprecian también fisuras en su movimiento y un ambiente de incertidumbre social y política que afecta las previsiones económicas. En el aspecto de la lucha contra la pobreza, baluarte popular del gobierno, su gestión quedó levemente afectada con el reciente informe de la ONU en la cual señalaba el aumento de la pobreza en Venezuela.

A las tensas relaciones entre Washington y Caracas se le agrega ahora la decisión de Chávez de retirar dos tercios de las reservas internacionales venezolanas en dólares (en total, $2.000 millones),hasta ahora depositadas en bancos estadounidenses, para ser cambiados en euros hacia bancos suizos.

El presidente del Banco Central de Venezuela, Domingo Maza Zavala, anunció que esto se debe a un proceso de diversificación de divisas extranjeras y que se está estudiando la posibilidad de invertir en yuanes chinos y yenes japoneses. Pero analistas y sectores financieros dentro y fuera del país consideran que Chávez intenta quebrar la autonomía del BCV.

Si bien a mediados de septiembre, el presidente Chávez acusó a EEUU de estar planeando una invasión militar a Venezuela, al mismo tiempo que Washington descertificaba levemente a Venezuela en la lucha antidrogas y acusaba a Chávez de desestabilizar la región, autoridades venezolanas y norteamericanas renovaron los canales de cooperación en la lucha antinarcóticos.

Sobre el cambio monetario de las reservas venezolanas, en Wall Street restaron importancia al asunto, aduciendo que se trataba de una operación normal. Pero nadie se atreve a pronosticar que futuro le espera al proceso revolucionario de Chávez. Lo que sí parece cierto es que el "socialismo del siglo XXI" ha llegado a un punto de no retorno, ampliando sus objetivos a escala internacional.

Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional