Latinoamérica

Guillermo Waksman
Brecha

La historia de la impunidad de los crímenes de la dictadura comenzó, según algunas interpretaciones, unos 15 meses antes de que naciera BRECHA: habría sido pactada –o se la habría aceptado de modo tácito– en el Club Naval, en agosto de 1984. Sin embargo, dos meses después, en octubre, todos los partidos, reunidos en la Conapro, acordaron lo contrario, es decir que los responsables de delitos de lesa humanidad serían juzgados y castigados conforme a la legislación vigente.1
Lo cierto es que en marzo de 1985, cuando Julio María Sanguinetti asumió como presidente, la Constitución no dejaba lugar a dudas: el Poder Judicial tenía la competencia exclusiva y excluyente para enjuiciar, condenar y castigar a los violadores de la Constitución y a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. A todos ellos.
Pero Sanguinetti sostenía que las Fuerzas Armadas no aceptarían que cualquiera de sus integrantes fuera preso y que, si eso llegaba a ocurrir, se insubordinarían. Por eso se mostraba partidario de buscar una "salida política". Para lograrla necesitaba ganar tiempo y con ese fin impulsó y participó directamente –con Miguel Ángel Semino, el secretario de la Presidencia– en la interposición de contiendas de competencia por parte de la "justicia militar", según él mismo lo admitió públicamente diez años después.2 Sabía de antemano que sólo se trataba de una chicana: la Suprema Corte de Justicia (scj) dictaminaría, más tarde o más temprano, que los jueces competentes eran los de la justicia ordinaria. Pero Sanguinetti pudo ganar nada menos que 20 meses: la scj recién se expidió el 24 de noviembre de 1986, y durante ese período, en el cual los jueces no pudieron comenzar siquiera a investigar, se negociaron dentro y fuera del Parlamento –sobre todo fuera– distintas alternativas de "acotamiento" del accionar judicial en este tipo de asuntos.
"El cambio en paz", que todo el mundo había interpretado como un simple eslogan electoral, se mostraba en toda su crudeza. Como ha sostenido Javier Miranda, la consolidación de la democracia, la pacificación y la impunidad fueron consideradas como tres partes de lo mismo. A lo largo de estas dos décadas Sanguinetti ha seguido defendiendo esa tesis con una coherencia digna de mejor causa. Basta recordar, a este respecto, la respuesta que dio el 30 de diciembre de 1997 a un derecho de petición que habían planteado los familiares de desaparecidos: "No hay documentos ni registros oficiales que puedan arrojar luz sobre los hechos denunciados". Agregaba que "las investigaciones exhaustivas solicitadas se enfrentarán con obstáculos insuperables que las condenan al fracaso". ¿No sabía, no podía o no quería? Elija el lector la alternativa que le resulte más verosímil.
El número 1 de BRECHA apareció en octubre de 1985 cuando ya habían comenzado las negociaciones entre el Partido Colorado, que llegó a impulsar un año después un proyecto de amnistía irrestricta para los militares –rechazado por el Senado–, el Frente Amplio, que reclamaba la aplicación lisa y llana del ordenamiento legal vigente, y el Partido Nacional, que terminó partiéndose a la mitad a la hora de impulsar y votar la ley de caducidad. Esta norma, que desde su sanción estuvo en el centro de todos los debates sobre los derechos humanos, se votó apenas un mes después de que la scj dictaminara la competencia de la justicia común y un día antes de que los primeros militares debieran comparecer en un juzgado.
Hija del miedo al desacato militar, al "golpe de Estado técnico", fue por eso mal parida, mal votada y mal ratificada en el referéndum de abril de 1989. El 2 de mayo de 1988 su constitucionalidad fue además mal avalada por la scj, por tres votos contra dos, y desde que entró en vigor fue mal aplicada por el Ejecutivo, que la estiró como si fuera de goma y llegó a invocar sus disposiciones para amparar a militares imputados por delitos económicos y a civiles responsables de delitos de lesa humanidad. Fue usada asimismo para impedir extradiciones por delitos cometidos en otros estados. Y fue rigurosamente olvidada, en cambio, durante los gobiernos de Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, a la hora de investigar el destino de los desaparecidos, como se dispone en su artículo 4.
La ley de caducidad ha sido severamente cuestionada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a partir de 1992 ha reclamado a las autoridades uruguayas su derogación, por ser contraria a principios consagrados en instrumentos internacionales ratificados por Uruguay.3 La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, sostuvo esa misma posición, con idénticos fundamentos, durante la visita que realizó a Montevideo en octubre de 2001. En ambos casos, la reacción de los principales dirigentes de los partidos tradicionales fue la misma: acusaron a la oea y la onu de violar la soberanía uruguaya.
Dentro de fronteras, en cambio, la legalidad de la norma no ha sido objetada, después del referéndum de 1989, por ninguno de los partidos políticos. Se ha llegado a sostener que, precisamente por haber sido confirmada por la ciudadanía, la norma no puede ser derogada por el Parlamento. No es así: desde el punto de vista legal, nada impide que una ley ratificada en un referéndum sea derogada como cualquier otra. Desde el punto de vista político, en cambio, no hay duda de que el respaldo de la ciudadanía le otorga un peso mayor al de cualquier otra norma. Ese respaldo no es el mismo, sin embargo, al otro día del referéndum que diez, quince o veinte años después. Hay elementos que permiten suponer que la sociedad uruguaya podría tener hoy una opinión distinta que hace 16 años. Por ejemplo, el factor miedo ya no tendría la incidencia que tuvo en 1989 y ha habido, además, una sustantiva renovación del padrón electoral: hoy estarían habilitados para votar quienes en aquel momento no habían cumplido dos años de edad.4
De todos modos, en diciembre de 2003 el Congreso del Frente Amplio aprobó, casi por unanimidad, promover "la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país" y consideró "fundamental establecer la verdad y hacer actuar a la justicia", pero rechazó por mayoría una moción en la que se impulsaba la derogación de la ley de caducidad. A su vez, Tabaré Vázquez, al asumir la Presidencia, el 1 de marzo último, confirmó que su gobierno no se proponía "llevar a nadie frente a la justicia fuera de lo que establece la ley de caducidad". El gobierno del ep-fa se ha manejado con esos criterios y todo indica que seguirá haciéndolo, aunque los escasos resultados hasta ahora obtenidos lo llevan a aplicarla de modo más restrictivo.
La historia de la impunidad uruguaya ha tenido, por supuesto, muchos otros actores. De un lado, las organizaciones de derechos humanos en general
–Madres y Familiares de Desaparecidos en particular–, figuras como las de Luis Pérez Aguirre, el senador Rafael Michelini, Tota Almeida de Quinteros, los abogados y varios jueces y fiscales que han actuado según su leal saber y entender, exponiéndose a traslados y otras formas de sanción.5
Del otro lado, muchos ex gobernantes y dirigentes políticos; entre ellos algunos que han pasado casi inadvertidos, como el ex canciller Didier Opertti, que en 1999 respondió al Parlamento que en la cancillería no había documentación alguna sobre la actuación de la dictadura en materia de derechos humanos, algo que la historia pocos años después se encargó de desmentir. En línea con la "doctrina Sanguinetti", la scj y muchos magistrados han mostrado un excesivo celo por no "revolver el avispero" militar. Por momentos ha dado la impresión de que en el sistema judicial se ha estado representando una especie de macabra comedia de enredos: cuando el fiscal quiere investigar, el juez entiende que no corresponde, o viceversa. La fiscal Mirtha Guianze pretende aclarar los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, pero el juez Roberto Timbal considera que han prescripto; la fiscal Ana María Tellechea pide el procesamiento de Bordaberry, pero la jueza Fanny Canessa entiende –créase o no– que ya ha sido juzgado; el juez Gustavo Mirabal quiere investigar el asesinato de María Claudia García, pero el fiscal Enrique Moller reclama el archivo del expediente.
Por supuesto que BRECHA no ha estado sola en esta historia. Durante sus primeros 14 años de vida estuvo muy bien acompañada, pero por unos pocos periódicos, radios y aun más escasos programas televisivos. Para la mayor parte de la prensa el tema de la impunidad de los crímenes de la dictadura fue tabú hasta el año 2000, cuando el entonces presidente Jorge Batlle "lo blanqueó" al anunciar un cambio en la política impulsada por Sanguinetti y crear, meses después, la Comisión para la Paz. n

1. En esa instancia, los partidos que habían participado en el Club Naval y el pn, que no lo había hecho, coincidieron en que "constituye un grave riesgo para la vigencia de los derechos humanos en el futuro mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto a la verdad de las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos y dejar impunes los hechos que constituyen ilícitos penales". Y para prevenir ese riesgo se comprometieron a "dotar al Poder Judicial de los instrumentos jurídicos reales que permitan efectivamente el cumplimiento de las investigaciones".
2. Véase la entrevista a Sanguinetti en el libro La transición en Uruguay, de Diego Achard (Banda Oriental, 1995).
3. Héctor Gros Espiell, entonces canciller del gobierno de Luis Alberto Lacalle, declaró a BRECHA que la resolución de la oea era "una bofetada al pueblo uruguayo", aludiendo a su confirmación en el referéndum.
4. Según información de la Corte Electoral, cuando se realizó el referéndum contra la ley de caducidad el padrón electoral incluía a 2.077.182 ciudadanos y al día de hoy los inscriptos son 2.474.676. El incremento neto es de 397.494 ciudadanos. Pero el cambio en la composición del electorado es mucho más significativo que lo que podría desprendese de esa cifra: en 1989 estaban habilitados para votar 280.089 ciudadanos que desde entonces fueron dados de baja, y hoy pueden votar 677.583 ciudadanos que hace 16 años no estaban habilitados para hacerlo. Sólo los nuevos inscriptos –es decir los que no podían votar en 1989– representan el 27,3 por ciento del padrón actual.
5. La scj trasladó a los jueces Alberto Reyes, el primero en disponer la búsqueda de restos en unidades militares, Alejandro Recarey y Susana Toscano, jueza de menores que ordenó practicar un examen de adn a un joven que podía ser el hijo de Sara Méndez. Por otra parte, el fiscal de Corte fue presionado para desplazar del ámbito penal a la fiscal Guianze, que tiene a su cargo el caso Elena Quinteros.