Latinoamérica

Las organizaciones que convocamos a esta movilización, hemos sentido la imperiosa necesidad de juntarnos, de manifestar marchando por nuestra principal avenida.
De esta forma, también queremos seguir siendo protagonistas de los tiempos en que nos ha tocado vivir y compartir algunos elementos que no constituyen un acervo propio y particular de las organizaciones que representamos, sino que son parte de una construcción colectiva de la humanidad tendiente a crear las herramientas jurídicas mas eficaces para defender a los seres humanos de las arbitrariedades de los Estados.
Defender los derechos humanos en esa perspectiva, es siempre una tarea que tiene como requisito indispensable una labor de equidistancia y exigencia frente al Estado.

Es el Estado desde todas sus instituciones el que tiene el deber ético y jurídico de trabajar por la verdad. Verdad indispensable sobre los hechos acaecidos en el periodo trágico que vivió nuestro país. Verdad necesaria que no puede limitarse a la ubicación de los restos de nuestros desaparecidos.
No es sobre una verdad recortada que se pueden sentar las bases para que se adopten desde las instituciones del Estado todas las medidas que obligan las normas del derecho humanitario internacional y nuestra Constitución.
Han sido necesario en muchos casos, más de 30 años para que las denuncias de las victimas y de las organizaciones de derechos humanos, sean corroboradas y aceptadas por las instituciones del Estado. Aspiramos y reclamamos que no sea necesario ni un día más, para que se adopten por parte de las autoridades las medidas que establece el derecho humanitario internacional, para rectificar, reparar y prevenir la realización de acciones similares en el futuro.

¡ No queremos que ese pasado de crímenes y terror, pueda ser el futuro para las generaciones que nos sucederán!.

Es desde esa preocupación que nos obliga a mirar el futuro, que nos sentimos comprometidos con nuestro pasado.
Desde esa perspectiva continuamos reclamando que se investigue y esclarezca todos los asesinatos políticos, las desapariciones, las torturas y el vaciamiento económico del que fue objeto el país. Para ello es imprescindible que las investigaciones tengan como objetivo el establecer lo que sucedió por todos los medios que dispone el Estado y con la mayor exactitud.
La pregunta con la que comenzamos a buscar a nuestros desaparecidos ¿Dónde están? aún sigue sin respuesta. ¿Dónde está la información de los hechos que llevaron a su desaparición? Dónde están los responsables?
El por qué, dónde, cuándo, cómo y por quién, deberá ser la repuesta que se nos brinde.

Es inadmisible que luego de 20 años de vida democrática, existan archivos y otras informaciones en poder de instituciones y funcionarios o ex funcionarios del Estado a los que no se puede acceder. Democratizar esa información sería una importante contribución al esclarecimiento de los hechos constitutivos de violaciones a los derechos humanos.
Es inadmisible que el sistema judicial continue, en muchos casos, ignorando lo que establece la normativa humanitaria internacional, que es derecho vigente en nuestro país. Sólo esta omisión puede explicar hoy que cuando el Poder Ejecutivo no oficia de sostén de la impunidad siga sin responsabilizarse y sancionar a los autores, coautores y autores ideológicos de tantos horrendos crímenes.

La acción eficaz de la justicia es un elemento esencial de construcción de las democracias en su función de investigación, contralor y garante independiente de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sólo una adecuada acción de ella, puede ser un imprescindible acto de educación y normalización después que años de dictadura arrasaron con los mas elementales derechos. La acción de un Sistema Judicial independiente, con valor y compromiso para hacer justicia, es la garantía para un estado de derecho. El otro camino, el de la impunidad, ya sabemos a donde nos conduce: a la impunidad de la corrupción generalizada desde el Estado.

El Estado uruguayo adhirió a compromisos internacionales que establecen que la desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad que como tal no prescribe. Ha aceptado que por su naturaleza es permanente, por lo que se sigue cometiendo de forma continuada hasta que aparezca la persona con vida, o, en su caso, hasta que aparezcan sus restos y pueda certificarse legalmente la fecha y causa de su muerte. En consecuencia, el Poder Ejecutivo no deberá entorpecer en ningún caso la labor de la Justicia y debe prestar la mayor cooperación a las instituciones nacionales e internacionales en todos aquellos casos donde se tramiten causas originadas en violaciones a los derechos humanos.

Hasta ahora el nuevo gobierno, ha dicho que así actuará y en aquellos casos que le han llegado, ha actuado. Esperamos que se mantenga esa conducta.
Consideramos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, de gravísimas violaciones a los derechos humanos, toda la sociedad uruguaya y particularmente quienes sufrieron directamente los arrestos indebidos, las torturas, los juicios ilegales y/o sin garantías, la cárcel, el asesinato, la desaparición forzada y los menores apropiados y sus familias. Y sobre esas conductas, no aceptamos que se nos haga también responsables.

La víctimas del terrorismo de Estado, los que sufrieron gravísimas violaciones a los derechos humanos, tienen el irrenunciable derecho de reclamar el enjuiciamiento de esos hechos, de sus ideólogos, instrumentadores y colaboradores. Y tienen además el derecho a reclamar la no permanencia en cargos estatales de personas civiles y militares que hayan actuado con responsabilidad directa tanto en la instrumentación del golpe de Estado como en delitos de tortura, asesinatos, desaparición de personas, apropiación de menores.

No es aceptando reivindicaciones genéricas de las actuaciones del pasado de las fuerzas armadas, que se construye el nunca más. No es manteniendo una versión falsa de nuestra historia en las páginas web del Ejercito, que se visualiza un cambio de mentalidad en nuestras fuerzas armadas. No es inundando las páginas de los diarios con informaciones falsas, dando informaciones a cuenta gotas y calculando como mantener la impunidad, que se fortalece la democracia.

No podemos dejar de señalar, sin embargo que en esta coyuntura en la que nos encontramos, hay algunos hechos nuevos que revelan un cambio político notorio y público.
El gobierno que asumió el 1º de marzo de 2005 ha adoptado decisiones claramente distintas a las sostenidas por los anteriores. Por ejemplo la resolución referente a la denuncia por privación de libertad de María Claudia García de Gelman.. Sin perjuicio de las particularidades de este caso, recordamos que TODOS los delitos que hemos estado denunciando son aberrantes y todos igualmente merecedores de la investigación judicial pendiente.

¡Es aberrante todo delito de lesa humanidad!.

También este nuevo Ejecutivo ha asumido resoluciones que se encuadran en una interpretación de la ley de caducidad, que le establece a dicha norma sus límites. En ese marco ha excluido de su alcance los delitos cometidos antes del 27 de junio de 1973. Sería saludable que también excluyera los delitos que se siguieron (y siguen) cometiendo después del 1 de marzo de 1985.

También el Presidente anunció, que los asesinatos de Zelmar y el Toba, están excluidos de la ley de caducidad, al igual que los mandos.
Estos ejemplos son un claro signo de que se ha operado un cambio en el órgano al que la ley de caducidad le atribuye potestades con relación a los delitos de la pasada dictadura.

Estamos acá también para reafirmar ese camino nuevo que abre las posibilidades de la acción de la justicia.
También es un hecho nuevo los informes que los comandantes de las Fuerzas Armadas le han entregado al Presidente, pues ellos aportan datos nuevos que el Poder Judicial debería investigar, en torno al Plan Cóndor.
Sin embargo esa nueva información más allá de su veracidad o no, sobre el destino y el posible paradero de nuestros desaparecidos, renueva incertidumbres, dolores y angustias.

Por ejemplo el informe del Comandante de la Fuerza Aérea da cuenta que el 6 de octubre de 1976 se verificó un "segundo vuelo" en el que se trasladó prisioneros uruguayos desde la Argentina a nuestro país. Sabemos que a diferencia de lo ocurrido con el "primer vuelo", esos trasladados ilegalmente, permanecen desaparecidos porque fueron ejecutados.
Este dato, pone en entredicho las conclusiones del Informe Final de la "Comisión para la Paz, que el Poder Ejecutivo anterior aceptó como "versión oficial" de los hechos.

¿ Quienes integraron la nomina del segundo vuelo?. Exigimos saberlo con certeza y pronto.

Nadie discute que los primeros traslados reconocidos de secuestrados en 1976 fueron utilizados por la dictadura para fingir una "invasión" que le permitiera al régimen dictatorial fortalecerse ante el gobierno de EE.UU con la publicidad engañosa de un falso "rebrote" guerrillero.
Los comunicados de las Fuerzas Conjuntas de los días 29 y 30 de octubre de 1976 dan cuenta de 62 detenidos, en esa ocasión. Sin embargo sólo aparecen 27 detenidos. Queremos saber qué ocurrió con los demás.
La Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por nuestro país debe ser cumplida cabalmente.
La Ley de caducidad originó según el Informe 29/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que "las víctimas, familiares o damnificados por las violaciones de derechos humanos han visto frustrado su derecho a un recurso, a una investigación judicial imparcial y exhaustiva que esclarezca los hechos, determine sus responsables e imponga las sanciones penales correspondientes".

La figura del desaparecido representa el ejemplo máximo del horror. Ese horror aún nos atrapa. A nosotros y al conjunto de la sociedad.
La desaparición de los detenidos, condenados a no vivir y a no morir, produce una herida atroz que no cierra, que permanece con la ignorancia de sus paraderos.
Los responsables de estos crímenes aberrantes no han dejado de dañarnos. Aún hoy mantienen una conducta macabra: señalan cementerios clandestinos sin tumbas o tumbas sin cuerpos. Aún hoy nos someten a una tortura atroz. Eso es lo que hacen.

Esto es lo que no debemos permitir. VERDAD, JUSTICIA y NUNCA MAS.