Latinoamérica

Por Narciso Isa Conde

Los senadores y diputados (as) de la República Dominicana reciben sueldos veinte y veinticinco veces superiores al salario mínimo.

Dietas jugosas.

Dos exoneraciones de vehículos de lujo en cada periodo.

Placa oficial. Pasaporte oficial para ellos y toda su familia. Permiso para portar armas de fuego.

Préstamos del Banco de Reservas.

Desmesurados viáticos de viaje. Presupuesto millonarios para fundaciones y ONG’s propias.

Seguro médico. Pensiones de lujo. Canastas millonarias.

Y paro de contar.

¿Es esa una forma de representar a un pueblo cada vez mas empobrecido por los ajustes del FMI, las privatizaciones, los paquetazos fiscales... que ellos mismos aprueban?

Pero no conforme con eso, los (as) hay que alquilan sus placas oficiales a contrabandistas y narcotraficantes, que reciben sobornos de grupos mafiosos y de empresarios y gobiernos inescrupulosos, que venden sus votos en el hemiciclo, que venden sus exoneraciones, que usan los salones VIP de los aeropuertos para contrabandear y traficar, que negocian prebendas para sus familiares, que diligencian privilegios y canonjías a cambio de alianzas coyunturales.

En los Ayuntamientos se dan situaciones similares con los (as) señores regidores (as) . De honoríficos han pasado a ganar grandes sueldos, a recibir dietas espectaculares, a disfrutar de exoneraciones y privilegios, a vender sus votos en las salas capitulares, a dirimir la preeminencia a tiros, a vender derecho a pasaportes oficiales, a negociar con los bienes raíces de la municipalidad y con los permisos y regulaciones establecidas.

¡Acaso no estamos frente una usurpación, previa perversión, del sufragio universal!

¿No es esto un secuestro de las formas democráticas del gobierno?

¿Así se representa una sociedad?
Agréguesele a todo esto que las horas de trabajo son generalmente escasas y que todos (as) y cada uno de ellos (as) tiene derecho a ejercer su profesión, a trabajar a nivel privado, a montar negocios...

En estos días difíciles en los que se esgrime el tremendo impacto negativo del alza del precio del petróleo sobre la economía dominicana y se le exige al pueblo hambriento, a los consumidores de bajos y medianos ingresos, mas sacrificios, se me ocurre sugerir, entre otras, las siguientes medidas:
Convertir la representación congresional y municipal en funciones honoríficas, poniéndole a legisladores y regidores una media jornada de trabajo gratuito en esas instituciones y otra media dedicada a sus negocios y quehaceres personales.
Prohibirles las exoneraciones de vehículos.
Retirarle el presupuesto oficial a las Fundaciones y ONG’s de su propiedad o de sus familias.
Retirar las placas y pasaportes oficiales para que estos (as) señores (as) se igualen con la ciudadania común.
Reducir en un 50% los viáticos.
Escoger entre las personas de mas solvencia moral dentro de nuestra sociedad, Comisiones de Vigilancia Moral asignadas a cada Cámara y a cada Ayuntamiento, con la función de prevenir, denunciar y someter a sanción las prácticas de corrupción.

No es demasiado pedir si tenemos presentes que vivimos en una sociedad donde existen 6 millones de pobres y tres millones de indigentes, donde todavía hay damnificados del huracán George (hace siete años), donde se dice que las escuelas están siendo equipadas de computadoras y no tienen pupitres, donde la luz eléctrica llega escasas horas a los hogares y negocitos, donde los hospitales públicos son almacenes de enfermos, donde el precio de morir o de enfermarse equivale a empeñar el futuro de los hijos y familiares.

El Poder Ejecutivo necesitaría su propio recetario antiderroche y de entrada establecer un sistema de contabilidad abierta en todas las instituciones del Estado, accesible desde la condición de simple ciudadano.

¿Es mucho solicitar?

De ninguna manera. No se trata de nada del otro mundo, aunque sin embargo me temo que en caso de implantarse normas como estas, asistiríamos a una huelga general de legisladores y regidores y a unas elecciones congresionales y municipales desiertas de blancos, morados y colorados.

¡Para bien del país!

Y si al Poder Ejecutivo se le mide con la misma vara, se correría el riesgo de que Leonel Fernández y sus mejores colaboradores hagan uso de su Green Cart.

¡Para bien del país!