Andréa Schmidt
CounterPunch
Traducido para Rebelión por Alba Cachafeiro

Son muchos los que coinciden en destacar la importancia de las próximas elecciones en Haití –las primeras desde que se expulsó a Aristide y su gobierno en el golpe de estado del 29 de febrero de 2004.
Los miembros de la comunidad internacional que apoyaron el golpe también coinciden: el consejero especial de Canadá para Haití, Denis Coderre, las ha considerado "una encrucijada" y un "punto de inflexión histórico". La élite de los negocios de Haití, que dirigió el golpe – y que aquí mencionamos sin ironía como "sociedad civil" – también coincide. Ellos ven la elección como un proceso a través del que su gente se puede consolidar en el poder. Y, tanto en las zonas urbanas como rurales, muchos activistas Lavala creen que ahora que la elección está ya en camino es un momento clave para demostrar que todavía son el partido que mejor representa a la mayoría pobre del país.
Pero hay otra razón por la que este proceso resulta significativo – y todavía más que nadie hable de ello. Haití está a punto de probar sus primeras elecciones biométricas.
Para votar, todo ciudadano mayor de 18 años debe solicitar un nuevo documento nacional de identidad que sustituirá las formas de identificación anteriores. Después de las elecciones, ese carné se convertirá en la identificación obligatoria para todos los haitianos y los unirá a servicios gubernamentales y registros financieros.
Los nuevos carnés incluyen tanto foto digital como impresiones dactiloscópicas digitales. En este momento, cerca de 2,9 millones de electores entre los 4 millones posibles han solicitado ya sus carnés en las oficinas de registro establecidas por todo el país por el Conseil Électoral Provisoire (CEP), con sustancial apoyo logístico de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La cuestión de si es deseable un carné así o no no fue debatida públicamente en la prensa haitiana, ni por el gobierno interino ni por la sociedad haitiana en general. La mayor parte del debate sobre el proceso de registro se centró en si sería accesible para la población rural y urbana pobre. Una sola oficina de registro cubre todo Cité Soley, y está en las afueras. Los campesinos de algunas zonas del país tienen que andar cuatro o cinco horas para llegar a esos centros de registro. Y tendrán que hacer el viaje otra vez para recoger el carné cuando esté listo.
A nadie parece preocuparle o ser especialmente consciente de las ramificaciones de la identificación biométrica: amenzas a la privacidad, vigilancia gubernamental e intergubernamental. La gente se sorprende cuando cuento que el Parlamento de Canadá rechazó un documento nacional de identidad biométrico para los canadienses en 2003, por las protestas a favor del derecho a la privacidad de los ciudadanos. El carné había sido propuesto por Denis Coderre, entonces ministro de inmigración de Canadá, que destacó su importancia para la seguridad nacional tras el 11-S. El Ministerio de inmigración de Canadá acabó creando un carné nacional obligatorio sólo para los inmigrantes con el estatuto de residentes permanentes.Todavía no es biométrico, aunque disponga de una banda digitalizada que contiene una serie de información que ayuda al gobierno canadiense a seguir la pista de los residentes permanentes.
Patrick Féquiere es miembro de la CEP, el cuerpo administrativo temporal que decidió utilizar este proceso electoral para instituir la identificación biométrica nacional. Él ve el nuevo sistema como una victoria para un país donde 450 mil personas – básicamente, pobres de zonas rurales – están efectivamente privadas de derechos porque no tienen ninguna forma de identificación estatal. Finalmente, estas personas van a "existir a ojos del estado".
Es bastante lógico que en un contexto electoral post-golpe, caracterizado por un gran desempleo, violencia y reorganización paramilitar, impunidad policial, violencia social y una alta intervención internacional en todos los niveles de gobernación, el puesto que ocupa en la lista de prioridades de Haití un debate nacional sobre la biométrica sea bastante bajo.
Pero a pesar de la retórica de la inclusión con la que se promocionan los carnés, para muchos haitianos la identificación biométrica amenaza con inaugurar una nueva forma high-tech de exclusion nacional y hemisférica.
La identificación biométrica se basa en un sistema controlado por ordenador que colecciona identificadores biológicos únicos como impresiones digitales, mapeamiento de retina o fotos digitales, los digitaliza y los almacena en una base de datos central. Cada vez que alguien enseña el carnet, el sistema computacional comprueba el dato identificador con el que aparece en la base de datos bajo su nombre. También puede aparecer otra información en la base de datos, como la fecha de nacimiento, dirección, historial médico, capacidad de crédito, historial político, u otra información conseguida a través de agencias de vigilancia, y compararse con los identificadores. La información puede ser compartida entre gobiernos, que pueden efectuar referencias cruzadas con los datos guardados en las diferentes bases de datos del país, utilizarlos para controlar a personas que entren en el país y marcar a aquellas que se consideren un "riesgo para la seguridad" o terroristas potenciales.
Se supone que un sistema de identificación biométrica hará la identificación más segura, al ser más difícil robar la identidad y así evitar la utilización fraudulenta de la identificación de alguien para votar, acceder a servicios sociales o atravesar fronteras.

Las voces críticas con el mencionado sistema expresan su preocupación por la privacidad y seguridad de los datos recogidos, así como su posible aplicación por el estado para trazar el perfil, perseguir y excluir individuos, o grupos, basándose en sus identidades.
Féquiere afirma que el gobierno haitiano no pretende abrir sus bases de datos a otros países. También dice que las condiciones de seguridad después del 11-S influyeron en la elección por parte del CEP de un sistema de registro de alta tecnología. Además, prevé que cuando los haitianos viajen a Estados Unidos, sus identificaciones biométricas se comprobarán con los propios registros biométricos estadounidenses. (Someterse a impresiones dactiloscópicas digitalizadas es en la actualidad una condición de entrada en Estados Unidos para la mayoria de extranjeros).
Utilizada así, la identificación biométrica en un carné obligatorio podría ser peligrosa, debido a la eficiencia con la que institucionaliza y exacerba los dobles patrones y las exclusiones que estratifican tanto a la sociedad haitiana como a todo el planeta. Haití es un país en que se presenta como terroristas a quienes luchan por sobrevivir en las chabolas más miserables, mientras ex-comandantes militares responsables de masacres, como Jodel Chamblain, andan libremente. Igual que en Colombia, la retórica de la guerra contra las drogas se utiliza mucho para trazar un perfil determinado, aterrorizar y matar gente pobre y activistas progresistas, al mismo tiempo que se les permite a conocidos miembros de cárteles, como Guy Phillippe, presentarse a la presidencia con la bendición silenciosa de "protectores" como Canadá y Estados Unidos.

Además, en un contexto político global en el que ya se deporta a personas como Maher Arar, ciudadano canadiense, para ser torturadas en Siria, si tienen un determinado perfil racial y se etiquetan como "terroristas" en una lista americana de "Observación de vuelos" (U.S. Flight Watch), los peligros potenciales de trazar el perfil biométrico a nivel hemisférico son elevados.
Los carnés de identidad de Haití se fabrican y digitalizan fuera del país, por la filial mexicana de Digimarc, una empresa con sede en Oregón, en la lista de proveedores de la International Foundation for Elections Systems (la IFES trabaja con organizaciones como a USAID, el National Democratic Institute e Elections Canada, para proveer "asistencia técnica destinada a fortalecer democracias en transición"). La Digimarc firmó el contrato de 1,5 millón de dólares con la OEA, y ahora los sistemas de la empresa se utilizan en todo el mundo.
¿Qué mejor camino para integrar todo un país en un programa de vigilancia biométrica que patrocinar un golpe de estado y aprovecharse del silencio provocado por la represión política, por los abusos de derechos humanos, por los rendimientos estancados y por el miedo de inestabilidad política perpetua que intranquiliza a quienes podrían cuestionar todo el proceso?
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