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El Ministro de Gobierno Galo Chiriboga, dijo que la soberanía radica en el pueblo y por lo tanto se debía consultarle si está de acuerdo en que se llame a una Asamblea Constituyente. Paralelamente, el gobierno nacional emprendió en los últimos días una intensa y costosa campaña publicitaria a través de la televisión en la que se destaca el testimonio de algunas personas que repiten la frase 'yo decido'.

Si el Ministro de Gobierno es sincero y honesto, y la publicidad es sincera y honesta, el gobierno nacional, además de consultar a la población sobre la Asamblea Constituyente, también preguntaría a la ciudadanía si está de acuerdo con la firma del TLC (Tratado de Libre Comercio), si está de acuerdo en que se mantenga la entrega de la Base de Manta a las fuerzas armadas estadounidenses y si está de acuerdo en que se declare la caducidad del contrato con la empresa petrolera Occidental acusada de no cumplir la ley.

Como no hay porque dudar de las palabras del Ministro ni de la publicidad, seguramente en estos días el gobierno ecuatoriano va a proponer un plebiscito sobre esos tres temas fundamentales para el futuro del país. Si no lo hace seguramente el Ministro renunciará a su cargo para mantener intacta su palabra de que la soberanía radica en el pueblo. Si nada de eso ocurre sería una comprobación más de que la palabra del gobierno y de los funcionarios gubernamentales vale tan poco o nada como la de la mayoría de los diputados.

Además, se podría pensar que la propuesta de Consulta para llamar a una Asamblea Constituyente es sólo un golpe de efecto con el objetivo de conseguir 'apoyo popular' para poder negociar mejor, en un momento de desprestigio gubernamental y sabiendo que la consulta sería rechazada por el Tribunal Supremo Electoral.

La instalación de una Asamblea Constituyente puede ser un paso fundamental para construir una institucionalidad en la que el eje fundamental sea la equidad. Pero no se puede construir sobre una base de mentira. Si no se establece mediante plebiscito la suspensión de las negociaciones del TLC, la caducidad del contrato con la OXY, y la necesidad de concluir el convenio de la Base de Manta (por lo menos cuando finalice en 2009 para no 'irrespetar un acuerdo internacional'), cualquier norma de soberanía que se establezca en la nueva Constitución será ficticia. La presión social por la Constituyente debe ir acompañada de la presión por estos tres temas, dando así contenido a la movilización y evitando sea utilizada por el gobierno.