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Ecuador
: La hora de la verdad: reforma o revoluciónAlberto Cruz
Ecuador vuelve a enfangarse en la crisis política en la que está sumido desde
el derrocamiento de Lucio Gutiérrez de la presidencia, el 20 de abril de este
año. Quien rige de presidente desde entonces, Alfredo Palacio, ha lanzado un
órdago político intentando convocar una Asamblea Constituyente para dar paso a
la pretendida "refundación del país". Con ello se ha enfrentado al Congreso,
dominado por quienes le han amparado en estos seis meses en la presidencia, e
incluso al Tribunal Supremo Electoral, donde también ha sido rechazada la
propuesta por considerarla no ajustada a los criterios constitucionales. Y, de
forma sorprendente, un sector de los denominados "forajidos" ha hecho suya la
apuesta apoyando a quien hasta este momento se ha caracterizado por mantener los
privilegios de la oligarquía poniendo en marcha medidas económicas y sociales de
claro corte neoliberal y profundamente conservador. La propuesta de Asamblea
Constituyente tenía sentido en abril, y la sigue teniendo ahora, pero añadida a
otros aspectos claves para esa pretendida refundación del país: el Tratado de
Libre Comercio con EE.UU. y el mantenimiento de la base de Manta como elemento
estratégico del Plan Colombia.
Alfredo Palacio, vicepresidente con Lucio Gutiérrez, llegó a la presidencia como
resultado de la crisis endémica en que vive Ecuador desde hace años, de la
magnitud que alcanzó la lucha popular, de la profundización de las
contradicciones interburguesas. Era un gobierno que nacía comprometido con el
norteamericano (de ahí las renuncias, tempranas, de ministros como Rafael
Correa, opositor a las políticas del FMI, o Mauricio Gándara, crítico con la
base de Manta) y con las clases dominantes tradicionales, representadas de
manera particular con el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática
puesto que la mayoría de sus ministros y altos cargos representaban, y aún lo
hacen, a estas organizaciones políticas. La ID ha tenido a su subdirector, algo
así como el vicesecretario general, en el gobierno en dos carteras, primero en
Comercio Exterior y luego en Interior, ostenta también el Ministerio de Asuntos
Exteriores y casi un centenar de militantes están en cargos de alto nivel en el
gobierno de Palacio. El PSC cuenta con la gerencia del Banco Nacional de
Fomento, por ejemplo.
Palacio prometió que cuestiones de gran calado, las que supondrían "refundar el
país", como el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., el mantenimiento de la base
de Manta, la participación en el Plan Colombia e, incluso, la convocatoria de
una Asamblea Constituyente serían sometidas a consulta popular. En sus seis
meses de gobierno ha decidido mantener la base de Manta (desde la que EE.UU.
actúa en Colombia y sirve de trampolín para el envío de mercenarios a Iraq, por
ejemplo), ha efectuado operaciones policiales contra militantes de las FARC y ha
reiterado hasta la saciedad que está dispuesto a firmar el TLC, a "culminar con
éxito" la negociación que se mantiene desde hace año y medio, estando aún en la
presidencia Lucio Gutiérrez. El pasado 23 de octubre, Palacio mantuvo un
encuentro con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en el que Ecuador accedió
a la mayor parte de las propuestas colombianas y no sólo con el TLC, que
negociarán ambos países conjuntamente con EE.UU., sino con el combate contra las
FARC y las fumigaciones en las zonas fronterizas.
El actual ministro de Comercio, Jorge Minllingwoth, un representante de la elite
económica bananera, es un firme partidario del TLC y no quiere ni oír hablar de
una posible pregunta a la población sobre el mismo. Es el clásico exponente del
despotismo ilustrado en Ecuador, el viejo paradigma de "todo para el pueblo,
pero sin el pueblo". Pregunta para la Asamblea Constituyente sí, decisión
soberana sobre el TLC, no. Aceptar este juego sin incluir el TLC en la consulta,
supondría una Constitución reaccionaria, con amparo legal a los intereses de las
multinacionales y la defensa de los intereses de los grandes grupos económicos
ecuatorianos frente a las aspiraciones emancipatorias del pueblo ecuatoriano.
Este es el panorama actual con la convocatoria de Asamblea Constituyente, que
recoge una vieja aspiración popular y claramente expresada en el mes de abril,
presentada ahora como una cortina de humo para ocultar una nueva vuelta de
tuerca de la política neoliberal y proimperialista que viene desarrollando el
gobierno de Palacio desde hace seis meses. Por si a lo mencionado anteriormente
no fuese suficiente, aún se pueden dar tres datos más: primero, la política
presupuestaria diseñada por Palacio y su gobierno para el año 2006 implica que
una tercera parte, unos 2.900 millones de dólares, estará destinada a pagar la
deuda externa; segundo, aún colea el conflicto con las petroleras, especialmente
con la Occidental (Oxy), a quien los sectores populares han exigido le sea
retirado su contrato de explotación del petróleo y expulsada del país por
incumplimiento de sus obligaciones, algo a lo que se niega, también, el ministro
de Energía del gobierno Palacio; tercero, se acaba de aprobar la exención de
impuestos durante diez años a las empresas nacionales y extranjeras que
inviertan en sectores estratégicos, como petróleo, electricidad, alta
tecnología, carreteras, puertos, etc.
Por lo tanto, la propuesta de Asamblea Constituyente lanzada en estos momentos
por Palacio no es más que una gran cortina de humo con la que ocultar los
principales aspectos de su política y atraerse a los tan traídos y llevados
"forajidos", para terminar, supuestamente, con la "partitocracia corrupta", por
utilizar una expresión muy en boga en estos momentos en Ecuador. Y este sector,
de nuevo, entra al trapo haciendo abstracción de los aspectos reseñados más
arriba. Apoyar la convocatoria de una Asamblea Constituyente sin tener en cuenta
las variables mencionadas anteriormente y sin exigir al mismo tiempo la
ratificación popular o el rechazo del Tratado de Libre Comercio supone, ni más
ni menos, que colocarse en la senda neoliberal por mucho que se revista la
protesta de consignas antipartido o apelaciones al poder de la "sociedad civil".
Una sociedad civil que, como en Venezuela, está siendo alentada hábilmente por
el imperialismo estadounidense –como en su momento se hizo en Ucrania- para
perpetuarse en el poder cambiando algo para que todo siga igual. Organizaciones
pretendidamente "no gubernamentales" como Participación Ciudadana y Ruptura 25,
que se significaron en abril y lo hacen ahora como las principales impulsoras de
la Asamblea Constituyente, reciben financiación de la Administración Bush, al
igual que la famosa "Súmate" de Venezuela ante el descrédito de una oligarquía
corrupta hasta la náusea y sin posibilidades de lanzar un candidato que pueda
poner en peligro el mandato de Chávez.
Si ya en abril los "forajidos", un movimiento carente de dirección y compuesto
principalmente por elementos de la clase media empobrecida y representantes de
la pequeña burguesía, se contentaron con el recambio oligárquico y no reclamaron
en sus asambleas el cambio de política –apenas hubo mención al TLC o la base de
Manta, por poner un ejemplo- ahora, en octubre, siguen por la misma senda y
colocan, ni más ni menos, que a Palacio al frente de sus manifestaciones
haciéndole poco menos que el gran líder que va a salvar a Ecuador a través de la
convocatoria de una Asamblea Constituyente en la que no estén representados los
partidos. Pero la gran pregunta es ¿va a cambiar las estructuras económicas del
país, esas que obligan a casi una cuarta parte de la población a un exilio
económico, esas que permiten que el 10% de la población ostente el 45% de la
riqueza nacional? Y más, ¿se va a aceptar que la consulta se ciña a los
parámetros que le preocupan a Palacio – una sola pregunta que dice "Autoriza
usted que se convoque la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que
transforme la nación, reestructure el Estado ecuatoriano y expida la
Constitución que anhela el pueblo de Ecuador?"- o se van a incluir aspectos como
el TLC, el mantenimiento de la base de Manta o la implicación en el Plan
Colombia?
De nuevo un movimiento popular se enfrenta al dilema de reforma o revolución, a
la toma del poder político o al abandono del mismo siguiendo la consigna
zapatista de "cambiar el mundo sin tomar el poder" y olvidando que la toma del
poder constituye una realidad insoslayable para llevar adelante las
transformaciones necesarias en las estructuras económicas, sociales y
culturales. Cuando no hay más que un movimiento espontáneo, cuando no se derrota
al poder y se implanta un nuevo orden social la historia viene demostrando que
el capitalismo no se siente en peligro cuando se le pretende "derrotar" con
reformas parciales.
El capitalismo admite a los rebeldes, pero no a los revolucionarios. Admite a
Lula, pero no a las FARC, por poner un ejemplo. En cada país hay que tener
presentes los factores internos y externos que hacen posible una u otra vía para
luchar por la justicia social. En unos es la lucha electoral, como en Venezuela;
en otros es la lucha armada, como en Colombia. En Ecuador se está a las puertas
de un cambio crucial y la responsabilidad de los movimientos populares no puede
quedarse en meras transformaciones cosméticas, reformistas. O se toma el poder o
no se puede cambiar el mundo.