Latinoamérica

Mario Amorós
Diagonal

En los últimos meses de su mandato presidencial, el socialista Ricardo Lagos está maniobrando con diversos recursos para consolidar una de las dos caras de su legado: la impunidad de los responsables del genocidio que la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet perpetró contra la izquierda. La otra parte de su herencia, el modelo neoliberal implantado a sangre y fuego por la tiranía, se ha blindado durante su mandato con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Durante los tres lustros de la interminable transición chilena sólo 46 personas han sido juzgadas y condenadas en firme por las violaciones de los derechos humanos y de ellas 24 ya han recobrado la libertad porque recibieron penas muy livianas, según los datos recopilados por la periodista Lucía Sepúlveda Ruiz.
A pesar de los notables avances conquistados a partir de la presentación de la primera querella criminal contra Pinochet por parte de Gladys Marín (secretaria general del Partido Comunista) en enero de 1998 y de la detención del tirano en Londres nueve meses después, la impunidad perdura en Chile y la principal preocupación del Gobierno de la Concertación (coalición de socialistas y democristianos en el poder desde 1990) es librar de la condena a los 372 uniformados actualmente procesados.
De hecho, a finales de agosto Lagos indultó a Manuel Contreras Donaire, uno de los autores materiales del atroz asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez en 1982, y recientemente su Gobierno ha promovido el nombramiento como juez de la Corte Suprema del magistrado Rubén Ballesteros, firme defensor del decreto-ley de amnistía dictado el 19 de abril de 1978 por Pinochet.
Además, en estos momentos en el Congreso Nacional está registrado un proyecto de ley apoyado por la derecha y la Concertación que promueve la rebaja de penas para los condenados por violaciones de los derechos humanos, incluidos dos de los peores torturadores de la dictadura como Osvaldo Romo y Miguel Estay Reino.
Por si fuera poco, en su discurso con motivo del 32º aniversario del golpe de estado, el pasado 11 de septiembre, Lagos no tuvo pudor en citar unas palabras del último discurso del Presidente Salvador Allende ("Superarán otros hombres este momento gris y amargo en que la traición pretende imponerse...") para avalar sus maniobras en favor de la impunidad. Ese mismo día la represión policial de las movilizaciones populares causaron la muerte de Cristián Castillo, un joven de apenas 16 años.
Durante los 503 días de detención de Pinochet en la capital británica Lagos fue el principal paladín de la consigna que justificó su regreso a Chile: el tirano podía ser juzgado en su país. Londres, Madrid y Santiago lograron consumar su retorno el 3 de marzo de 2000 y apenas ocho días después Lagos recibió la banda presidencial. Su sexenio se ha caracterizado por los continuados intentos, unos más explícitos, otros más implícitos, por preservar la impunidad de los asesinos y los torturadores.
Frente a la connivencia de la derecha y la Concertación, partidarias ambas de la impunidad y del neoliberalismo, siervas ambas del imperialismo en un momento histórico de resurgir de la esperanza en América Latina, se levanta la unidad de la izquierda, alcanzada por primera vez desde 1973. El Pacto Juntos Podemos Más, integrado por más de 60 organizaciones de todo tipo, ha elaborado con una amplia participación un programa político unitario, ha aprobado una lista única para las elecciones parlamentarias del 11 de diciembre y ha elegido como candidato presidencial a Tomás Hirsch, quien tiene como rivales a la socialista Michelle Bachelet, al derechista Sebastián Piñera y al pinochetista Joaquín Lavín.
Su éxito en las elecciones municipales de octubre pasado (10% de los votos y 92 concejales) y su creciente implantación social y territorial invitan a pensar que el pueblo chileno se unirá al clamor continental que repudia un modelo económico, social y cultural enemigo del ser humano.
Parte esencial de las luchas del Juntos Podemos Más es el combate por las metas históricas del movimiento de derechos humanos: la verdad, la justicia y la memoria. No en vano dos de los más importantes abogados de derechos humanos, Carmen Hertz y Eduardo Contreras, figuran como candidatos a diputados en su lista. Precisamente, ésta aseguró el pasado 11 de septiembre: "Durante estos 15 años el Gobierno ha engendrado, uno tras otro, proyectos de impunidad que hemos sido capaces, tras arduos esfuerzos y luchas, de abortar".