Latinoamérica

Franz Chávez
IPS

La Constitución de Bolivia parece no ofrecer más alternativas de reemplazo presidencial si Eduardo Rodríguez renuncia, como amenazó ante las demandas jurídicas y radicales posiciones regionales que ponen en duda la realización de las elecciones previstas para el 4 de diciembre.

La democracia boliviana, en crisis casi permanente desde octubre de 2003 por la caída de dos gobiernos, se encuentra en una nueva encrucijada a causa del fallo del Tribunal Constitucional que ordena, para los nuevos comicios, la redistribución territorial de los 130 escaños de la Cámara de Diputados según el último censo de población y vivienda de 2001.

El fraccionado parlamento no logra acuerdo para aplicar la sentencia, debido a la tenaz resistencia de legisladores de la empobrecida región occidental del país, que perdería seis escaños en favor de la próspera zona oriental y del valle central. A ellos se agregan otras tres demandas presentadas en el Tribunal Constitucional, que cuestionan la convocatoria a elecciones generales y de prefectos (gobernadores) departamentales.

Una interrupción del calendario electoral tendría consecuencias imprevisibles y podría conducir al desastre, dijo a IPS el sociólogo Joaquín Saravia, catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés, con el cual coinciden otros expertos y políticos.

El Congreso se constituye con el Senado, donde cada uno de los nueve departamentos tiene tres escaños, y la cámara baja distribuida hoy en 31 legisladores de La Paz, 15 de Potosí y 10 de Oruro, correspondientes a la región occidental, otros 18 para Cochabamba, del valle central, 22 de Santa Cruz, nueve de Beni y cinco de Pando, por la zona oriental, 11 de Chuquisaca y nueve de Tarija, ambos distritos del sur. La nueva conformación de Diputados le restará tres representantes a Potosí, uno a Oruro y dos a La Paz, mientras que Santa Cruz ganaría cuatro diputados y Cochabamba los dos restantes. Este debate se presenta de manera coincidente con el ascenso en las encuestas de opinión de votos del candidato a presidente por el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) y líder indígena de los cultivadores de hoja de coca, Evo Morales Ayma. Las consultas también proyectan que no habrá un ganador que obtenga la mitad más uno de los votos emitidos, como requieren las normativas para ungir de modo directo al nuevo presidente de Bolivia. Y ahí aparece el trasfondo de la discusión por la nueva conformación del Congreso legislativo.

Es que, de confirmarse en las urnas los números de los sondeos, será el parlamento surgido en esos mismos comicios el responsable de elegir al mandatario, por mayoría absoluta de legisladores presentes, entre los dos candidatos que hayan recogido la mayor adhesión ciudadana.

Mientras las organizaciones cívicas de occidente defienden el actual número de representantes en el Poder Legislativo, el oriental departamento de Santa Cruz considera justa su demanda de obtener cuatro representantes acorde a su crecimiento poblacional. Pero el debate está empantanado y amenaza los comicios del 4 de diciembre, lo cual ha motivado la aflicción del presidente Rodríguez, quien fuera nombrado en junio por el Congreso con esa tarea como prioridad. Rodríguez llegó al gobierno desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, por la fórmula a que apeló el parlamento tras la renuncia de Carlos Mesa, acosado por protestas populares y los reclamos de autonomía de los departamentos orientales y sureños.

A su vez, Mesa también había sido impuesto por el Congreso el 17 de octubre de 2003, tras el derrocamiento del gobierno del derechista Gonzalo Sánchez de Lozada, del cual era su vicepresidente.

Una revuelta popular de más de un mes de duración encabezada por líderes izquierdistas, sindicales e indígenas, reprimida a sangre y fuego, le costó el gobierno a Sánchez de Lozada, poco más de un año después de asumir, y huyó del país rumbo a Estados Unidos, donde había pasado parte de su vida.

Las protestas, que dejaron un saldo de 67 personas muertas, nacieron en la región occidental en oposición al proyecto de exportación de gas natural a México y Estados Unidos, por puertos chilenos, y en reclamo de la estatización de los recursos de hidrocarburos, hoy en manos de empresas transnacionales. Mesa no pudo culminar el período constitucional hasta 2007, como era su mandato, debilitado por protestas de igual origen ante la aprobación de una ley de hidrocarburos que se entendió no contemplaba las demandas populares.

La Constitución preveía entonces que la presidencia fuera ocupada por el entonces titular del Senado o por su igual de Diputados, pero el desgaste político del Congreso generó un ambiente adverso a ello. La tercera opción fue Rodríguez.

La amenaza de renuncia del presidente relanzó la discusión por la sucesión, pero ahora obliga a una interpretación de la Constitución, que parece haber agotado sus posibilidades de respuesta. En el Congreso se afirma que el probable reemplazante sería el hoy presidente del Senado, Sandro Giordano, pero los analistas son pesimistas pues entienden que su legitimidad sigue cuestionada. El experto y ex parlamentario de la Democracia Cristiana Benjamín Miguel Harb afirma, empero, que no hay agotamiento de la Constitución. Giordano debe suceder a Rodríguez en caso de renuncia, con todas las atribuciones para ejercer el mandato y convocar a elecciones para presidente y vicepresidente, explicó a IPS. Sin embargo, Giordano ya desechó esa posibilidad, en un intento de conciliar posiciones regionales y políticas que faciliten la concreción de las elecciones. Mientras, Morales Ayma continúa creciendo en la intención de votos. Una encuesta hecha a pedido del partido rival, el centroizquierdista Unidad Nacional (UN), y difundida el 17 de septiembre, le otorga al líder indígena el primer lugar con 24 por ciento de las preferencias electorales.

Le siguen en su orden, Samuel Doria Medina, de la UN, con 22 por ciento, y el derechista y ex presidente Jorge Quiroga, del frente Podemos, con 18 por ciento. También la firma Encuestas y Estudios ubica primero a Morales, con 26,1 por ciento de la intención de votos, seguido en este caso por Quiroga, con el 22,6 por ciento, y por Doria Medina, con 12,3 por ciento. Ante ese escenario, el diputado del MAS Antonio Peredo atribuye la actuación del Tribunal Constitucional a una retribución de favores políticos de los magistrados que lo componen al nombramiento obtenido durante la administración de Sánchez de Lozada. "Somos prisioneros del Tribunal Constitucional", dijo el candidato a la vicepresidencia por el MAS, el sociólogo y ex líder guerrillero Alvaro García Linera, quien se suma a una corriente de opinión que propone cambios en las atribuciones y la forma de elección de miembros del Tribunal.

En otra lectura de la crisis política, el sociólogo Saravia advierte que las posiciones regionales se acentuarían y conduciría a una precipitada construcción de la autonomía pregonada por el oriental departamento de Santa Cruz. La zona occidental impulsaría la realización de la Asamblea Constituyente, para lograr esa autonomía buscada, pero ello podría terminar en una crisis por la fortaleza de oriente, explicó a IPS. Los partidos con marcada representación regional y sus líderes, y el probable sucesor de Rodríguez podrían ser rebasados en un desborde social, según Saravia. "Estamos acorralados y sólo el instinto de sobrevivencia garantiza la continuidad de la democracia", advirtió.