Feliciano Hernández

La pretendida regulación de los juegos de apuestas y sorteos entró en otro capítulo más de una interminable serie, luego de que la Cámara de Diputados interpuso a principios de noviembre una controversia constitucional ante la Suprema Corte por considerar que la Secretaría de Gobernación excedió sus funciones al emitir en octubre del presente un reglamento de la actual ley federal que rige a esa siempre floreciente industria, justo cuando el Legislativo tiene a la vista un dictamen de una nueva ley en la materia.

'Hay una extralimitación del Ejecutivo', acusó el diputado Daniel Ordóñez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrante de la Comisión de Gobernación, que junto con la de Turismo y Hacienda en los últimos meses prepararon el dictamen correspondiente para su votación en el pleno. 'El haber expedido un reglamento para una ley que está por derogarse es un exceso. Como en otras ocasiones, otra vez el Ejecutivo impone un reglamento de algo que no está legislado. No es correcto'.

A pregunta expresa de este medio, el legislador señaló que la iniciativa de Ley de Juegos con Apuestas y Sorteos llegó a la Comisión de Gobernación para sus observaciones y agregados y a mediados de noviembre el proyecto de dictamen prácticamente estaba listo, también por parte de la Comisión de Turismo. 'Creemos que es posible que salga en este periodo. Es una nueva ley, completa, sobre la cual el Ejecutivo deberá expedir un nuevo reglamento'.

El diputado del PRI, Francisco Javier Bravo Carbajal, quien presentó la iniciativa de ley referida, coincidió en que el nuevo reglamento expedido por Gobernación, 'resultaba muy a destiempo; se llega incluso a caer en una aberración en donde el reglamento queda por encima de la propia ley vigente desde 1947'.

A final de cuentas, en lo que sí hay consenso es en que la actual legislación desde hace muchos años quedó rebasada por la realidad y tiene polarizada a la sociedad y al Congreso casi en una proporción de 50-50. 'El gran reto y la exigencia para quienes formamos parte del Legislativo es el de poner a tono esa ley, de una vez por todas para evitar que se engendre la situación que desafortunadamente ahora estamos encontrando, que es un reglamento mucho más amplio y específico que la propia ley vigente'.

En los últimos años el Congreso analizó diversas propuestas para actualizar la legislación en la materia, pero ha fracasado reiteradamente porque se enfrenta a poderosísimos grupos de interés (Forum 132 y 133, abril y mayo de 2004), siendo algunos de los propios legisladores cabilderos de aquellos, a favor y en contra de una nueva ley. Por un lado el duopolio televisivo, Televisa-Tv Azteca, se siente amenazado por una potencial reforma que pondría en riesgo sus intereses al obligarlos a transparentar sus cotidianos sorteos y concursos, de donde obtienen jugosas ganancias como resultado de la manipulación del televidente y de los muy bajos impuestos que pagan.

El diputado Ordóñez Hernández advierte que 'hay muchas anomalías en todo esto; por eso es necesario que ya expidamos la nueva ley, porque el gobierno está siendo rebasado por esa industria de la suerte, uno de cuyos ejemplos más recientes es el de los tele-juegos, donde Televisa está ganando cantidades que ni siquiera sabemos a cuánto ascienden, ni cuántos premios se entregan, ni el monto de la ganancia por sorteo, en los cuales pueden participar menores con una simple llamada telefónica'.

Por otro lado están en la jugada las grandes cadenas hoteleras nacionales y las internacionales, con destinos de playa o de ciudad, que ven como una fuerte competencia a las poderosas marcas de casinos internacionales, que han expresado planes de abrir sus centros de apuestas justamente en esos 'territorios' que ya tienen dueños, restándoles afluencia turística a los mismos y por lo tanto han mantenido una guerra sin cuartel, aunque en otros casos han convenido aliarse.

En la misma arena del enfrentamiento están algunos grupos conservadores que responden a intereses de la alta jerarquía católica, que a través de las parroquias controla muchas ferias y fiestas de ciudades y barrios donde ocurren todo tipo de apuestas y por las que pagan a Gobernación muy modestas cantidades por los permisos obtenidos, además de otorgar bajo la mesa jugosas aportaciones a funcionarios de la dependencia, por lo cual esa jerarquía católica se ha beneficiado grandemente de un 'territorio sin ley'. Por eso argumentan que los casinos traerían o incrementarían los vicios existentes, drogas, alcohol, lavado de dinero, fuga de divisas y prostitución. Como si nada de esto estuviera ya muy arraigado en la población.

Ante esos grupos de interés por supuesto que se encuentran los que están a favor de los casinos, quienes también han exagerado los potenciales 'beneficios' para la sociedad mexicana, señalando que generarán mucho empleo directo e indirecto y que invertirán para empezar al menos unos 3 mil millones de dólares en diversas regiones del país. Han detallado una larga cadena de supuestos beneficios, desde el empleo para los lugareños, hasta los impuestos para municipios, estados y Federación. Señalan que el país traería más turismo de apostadores. En este caso se encuentra el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco-Servytur) y otras. La guerra de cifras que llevan a cabo desde hace años ha sido manejada a conveniencia. Hay algo de verdad en todo eso, pero también de exageración.

En la misma pugna siguiendo a los que se oponen a la autorización de casinos, también figuran los organizadores clandestinos de los llamados 'brincos', que son una variedad incalculable de centros de apuestas prácticamente ambulantes y que igualmente han sido muy felices operando bajo un territorio sin ley: ahí corren apuestas millonarias y se facilita más el lavado de dinero.

Al mismo tiempo y durante muchos años los funcionarios de Gobernación -de los gobiernos en turno- se han beneficiado bastante de los cortos alcances de la actual legislación, para lo cual se han valido eficazmente del monopolio que ejercen sobre los permisos y vigilancia, favoreciendo a grupos y personajes determinados.

Los beneficios están a la vista

En medio de todos flota un clamor generalizado demandando que de una vez por todas se actualice el marco legal, con o sin casinos. 'Tenemos dos iniciativas ya dictaminadas y presentamos una más a principios de octubre, con el fin de que se discuta y se apruebe o rechace, de acuerdo a lo que se consideró en la comisión de Turismo, entendiendo que el dictamen además deberá nutrirse por parte de las comisiones de Gobernación y de Hacienda para que llegue al pleno', expresó Bravo Carvajal en esta entrevista.

Hasta ahora, parece que los opositores a la autorización de casinos son mayoría, ¿cómo ve el asunto?

-A final de cuentas entramos en el terreno de lo especulativo. Lo importante es afrontar el tema, que es responsabilidad de nosotros, y dar luz al respecto. A mí lo que me preocupa es que ha pasado mucho tiempo y no hay una votación. Creo que de hecho el que 247 diputados de los seis partidos políticos suscribieran la nueva iniciativa, le da un significado mayor. Es una cifra nada despreciable para el momento de una votación.

¿Ese proyecto de dictamen incluyó la autorización de casinos?

-Sí, pero es un instrumento de trabajo modificable por las argumentaciones y el análisis que surja al interior de las comisiones. Podría ser cambiado en parte relevante o muy superficialmente.

¿Cuál es la aportación de esa iniciativa de ley?

-Si bien la iniciativa ya contaba con 175 artículos, el proyecto de dictamen amplía en alrededor de 60 artículos ese número y viene a reforzar los capítulos en contra del lavado de dinero; también pretende abrir un capítulo especial para lo que es la prevención y el combate de las adicciones, destinando incluso un fondo del 2.0 por ciento del impuesto especial dedicado exclusivamente a prevenir y combatir las adicciones. También incluye una serie de artículos para reforzar lo que es una preocupación manifestada en distintos foros, que es la competencia desleal entre los inversionistas del sector. Esto a final de cuentas es el fruto del trabajo que realizamos en 18 foros en12 entidades a partir de la presentación de la iniciativa y con una consulta vía internet que nos permitió mejorar el trabajo previo y nos dio el dictamen para avanzar en el tema.

En relación al reglamento, lo que se observa como una gran carencia de Gobernación es que prácticamente no toca a las televisoras en sus concursos y sorteos que realizan, en los que únicamente pagan un mínimo impuesto por el permiso que les da la autoridad correspondiente, cuando según estándares internacionales es entre un 10 y 15 por ciento por cada sorteo, el cual además se apega en el momento. Un estudioso del tema señala que este reglamento sale para proteger a las televisoras. Les deja un gran mercado.

-Hay que entender que la ley es jerárquica y está por encima del reglamento. El problema es que la actual ley es muy ambigua y está rebasada, pero esto tiene solución con las reformas y obviamente el reglamento tendrá que adecuarse. Lo que nos debe preocupar es encontrar el feliz término del trabajo legislativo y tener una modernización del marco jurídico al respecto.

Diversos sectores han estado planteando la necesidad de que se actualice esta ley, con o sin casinos, porque hay muchos aspectos que se pueden regular para beneficio de la sociedad en general y no sólo de unos cuantos.

-Por supuesto que sí. La iniciativa que presentamos abarca lo que es el juego con apuestas y sorteos en todas sus expresiones. La iniciativa lo plantea como permisible, pero yo en lo personal me he pronunciado de acuerdo con una realidad que tenemos y donde según cifras proporcionadas por Gobernación, hay alrededor de mil 500 casinos clandestinos que se llaman 'brincos'. Creemos que al margen de que nos guste o no, tenemos que abrir los ojos. Hay actualmente 151 países que permiten los casinos y en América solamente Cuba y México los prohíben. Yo en lo personal me pronunciaría por una regulación completa que contemple incluso los casinos, pero es una opinión muy particular. El criterio que se impondrá en la Cámara es el de la mayoría. Somos tres comisiones que vamos a dictaminar (Turismo, Gobernación y Hacienda) y está a consideración de la totalidad de los diputados para el efecto de que realicemos lo que creemos más conveniente para el país.

¿Cuáles son las novedades en esa iniciativa?

-Se mantiene lo propuesto por la iniciativa original. Hay una Comisión Reguladora, que tiene un carácter federal; se redujo el número de integrantes de la misma para quedar en nueve, cinco del Poder Ejecutivo (Gobernación, Turismo, Hacienda, Seguridad Pública y PGR) y cuatro comisionados ciudadanos propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, con reconocida solvencia académica y moral. Si bien es cierto que las decisiones serán por mayoría se requerirá que por lo menos tres comisionados ciudadanos voten en el sentido de los cuatro y no podrá tomarse ninguna decisión sin el voto de al menos tres de los comisionados. Esto nos da una transparencia y nos permite una legitimidad mayor. Hay que decirlo: también estamos obligando en el proyecto de dictamen a que todos los actos de la Comisión sean debidamente transparentados de tal suerte que puedan ser consultados vía internet por cualquier ciudadano.

En relación a los impuestos, ¿qué esquema proponen en la iniciativa?

-Además de los impuestos IVA, ISR y otros, estamos proponiendo uno especial de 9 por ciento sobre ingresos brutos, es decir todo lo que ingresa nada más restando lo que corresponde a los premios y de esa cantidad estaría destinándose 48 por ciento al municipio, 2 por ciento para el fondo de prevención, 30 por ciento para la entidad federativa, y 22 por ciento para la Federación, incluyendo 2 por ciento para prevención en los municipios donde se establezcan los casinos. Además hay un impuesto del 5.0 por ciento para el pago de inspección y vigilancia y toda la infraestructura aledaña correrá por supuesto a cargo del permisionario; quienes soliciten permiso deberán acreditar el origen de su inversión y la licitud de la misma.

¿Cómo hicieron en este proyecto de dictamen para resolver la cuestión sobre el origen geográfico de la inversión?

-Se propone que 50 por ciento mínimo deberá de ser nacional; también se mantienen los requisitos de inversión bastante altos, con un mínimo del 50 por ciento del promedio que resulte de los 20 casinos más importantes de América y un máximo del 120 por ciento. Aquí también abrimos una mayor participación de la Secretaría de Turismo en el sentido de que aliente al sector externando su opinión y de acuerdo a la infraestructura en el lugar; y la Comisión Reguladora podrá relevar en ciertos lugares la inversión mínima y esto va a permitir que en determinado momento se decida la infraestructura existente.

Otro aspecto interesante es que, contrario a lo que sucede en los bancos amparados en el secreto bancario, el proyecto de dictamen propone la obligación de entregar los estados financieros en el momento en que la Comisión lo requiera, bajo pena de incurrir en un ilícito que sería castigado incluso con prisión y con la pérdida del permiso correspondiente. Se trata de impedir el lavado de dinero y garantizar que también podamos cuidar y prevenir las adicciones.

Finalmente, hay consenso entre los legisladores para aprobar la ley con o sin casinos, que han sido el problema de fondo. Incluso -admite Ordóñez- 'decidimos invitar a discutir a los opositores de los casinos, para no emitir una ley que genere inconformidad'. Por lo pronto, ahí está la controversia del Legislativo contra el Ejecutivo. Mientras la Suprema Corte decide sobre el particular, el nuevo reglamento expedido por Gobernación tendrá que aplicarse y podrían transcurrir desde algunas semanas hasta varios meses. 'Espero que se pueda ganar el recurso de la controversia contra el Ejecutivo, para que se suspendan los efectos del reglamento hasta que se emita la nueva ley'.