Miles de vecinos y trabajadores coparon hoy las calles de la ciudad oriental de Santa Cruz en el reinicio de la lucha popular por la nacionalización del gas y el petróleo y en rechazo a las medidas económicas antipopulares del gobierno boliviano, cada vez más alineado con las petroleras extranjeras.
En las más importantes ciudades del occidente, en La Paz y El Alto, la Central Obrera Boliviana (COB), los campesinos y las Juntas de Vecinos también alistan acciones de masas y una huelga general con bloqueo de caminos, que comenzarían a desarrollarse a partir del lunes. En otras ciudades del interior, los sectores sindicalizados y populares también se organizan para tratar de resistir, y luego anular, la decisión gubernamental de elevar el precio de los carburantes.
Casi al filo del fin de año, el gobierno del neoliberal Carlos Mesa dispuso la reducción de la subvención a los carburantes y aprobó el incremento de los precios de la gasolina, el diesel y otros combustibles en una escala que va del 10 al 23 por ciento, lo que motivó la protesta popular, atizada además por la intención de transportistas y comerciantes de elevar sus tarifas.
El fin de las subvenciones y el aumento de precios de los carburantes habían sido exigidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como requisitos para facilitar apoyo crediticio a las anémicas finanzas públicas. Anualmente, el Estado boliviano pagaba un subsidio a las petroleras extranjeras de alrededor de 80 millones de dólares, monto que ahora deberá ser abonado por los consumidores.
Los organismos internacionales también demandan la inmediata aprobación de una ley de Hidrocarburos que preserve los intereses de las compañías petroleras que operan en Bolivia, como son Repsol, British Petroleum, Petrobras, Total, Shell, Enron y otras, viabilizando sus millonarias exportaciones y ganancias. Todo ello bajo el repudio de las organizaciones sociales y populares que reclaman la nacionalización de los hidrocarburos, como la mejor vía para acceder a combustibles baratos y beneficiarse de las millonarias utilidades que reporta el negocio de exportación a Brasil y la Argentina.
En la ciudad de Santa Cruz, la movilización popular fue convocada por la Central Obrera Regional y la Federación de Juntas Vecinales, que cuestionaron la política económica gubernamental, orientada a defender los intereses de las transnacionales petroleras y descargar el peso de la crisis sobre la población empobrecida.
"El pueblo no está en condiciones de soportar ningún incremento de tarifas. No se puede aumentar la carga sobre un pueblo hambriento", dijo el Rodolfo Landívar, presidente de las Juntas Vecinales de Santa Cruz.
Los sectores empresariales, vinculados a la agroindustria y la agricultura, también manifestaron su rechazo al incremento de los precios de los carburantes, especialmente del diesel, que es utilizado ampliamente en las labores productivas y de transporte.
En horas de la tarde, los manifestantes se enfrentaron con fuerzas policiales al intentar tomar por la fuerza las instalaciones de la Prefectura local, clamando por la inmediata renuncia del presidente Carlos Mesa y la anulación de sus medidas antipopulares, que se traducen en el alza del costo de vida y mayores penurias para la población. Los reportes oficiales dan cuenta de dos civiles heridos por balines y una decena de contusos, además de destrozos parciales en la Prefectura y en la sede de los transportistas, también atacada por los manifestantes.