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Human Rights First denunció que, desde 2002, más de cien presos han fallecido en centros de detención de Estados Unidos, y subraya la negligencia con la que han actuado las autoridades militares. La ONG estadounidense, con sede en Nueva York y Washington, califica de «extremadamente inadecuado y dañino» el método de investigación, y resalta que ni siquiera han tomado declaración a testigos clave ni recopilado pruebas

Más de cien prisioneros han muerto en centros de detención de Estados Unidos desde 2002, según afirmó ayer la organización estadounidense no gubernamental Human Rights First, que adelantó un informe que será publicado próximamente en el que se incluyen 27 casos que el Ejército ya ha identificado como homicidios, supuestos o confirmados, y al menos otros siete en los que los presos fueron torturados hasta la muerte. Buena parte de los casos incluidos en el informe ocurrieron en Irak, en los centros de detención de Mosul, Tirkrit y Abu Ghraib, entre otros.
Esta información llega a pocos días de la reunión que la próxima semana realizará una Comisión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes para debatir la conveniencia o no de incluir en el proyecto de ley sobre «interrogatorio militar» de Estados Unidos una enmienda recientemente aprobada por el Senado que prohíbe las torturas y los malos tratos a prisioneros de guerra.
Human Rights First, fundada en 1978 y con sede en Nueva York y Washington, resalta que la muerte de decenas de presos bajo custodia del Ejército revela un «método de investigación extremadamente inadecuado y dañino» sobre estos fallecimientos en prisión. A modo de ejemplo, expone que las autoridades militares ni siquiera han tomado declaración a testigos clave sobre estas muertes y tampoco han recopilado y mantenido pruebas que pudieran ser utilizadas en un juicio. Además, tal y como destaca, las investigaciones criminales y administrativas llevadas a cabo por el Ejército se han interferido unas a otras y han comprometido la búsqueda de los responsables de estas muertes.
Por otra parte, los comandantes militares no han informado adecuadamente sobre las muertes de presos bajo su responsabilidad y sólo han comunicado estos fallecimientos varios días o incluso semanas después de que ocurrieran, en muchos casos únicamente después de que el caso transcendiese a la opinión pública. La ONG también acusa a los comandantes de interferir en las investigaciones.
El pasado 5 de octubre, el Senado aprobó con 90 votos a favor y 9 en contra una enmienda presentada por el senador John McCain y otros congresistas republicanos para que «el Manual sobre Inteligencia en Campañas del Ejército» sea de aplicación obligatoria en todos los casos de custodia militar.
Esta enmienda refuerza la prohibición de los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los prisioneros. El Gobierno estadounidense dijo que el Manual «no es obligatorio para las agencias de Inteligencia o para las acciones de Estados Unidos en el extranjero».
El propio presidente George W. Bush amenazó con vetar esta enmienda del Senado. El portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, llegó a decir que este cambio, prohibir a los soldados «inflingir un trato cruel, inhumano o degradante» a los detenidos, «limitaría la capacidad del presidente como comandante en jefe para llevar a cabo de forma efectiva su guerra contra el terrorismo».
Cabe recordar que, desde hace cuatro años, EEUU mantiene a más 500 personas presas en el campo de concentración de Guantánamo. En febrero, una juez federal declaró ilegales estas detenciones e inconstitucionales los procedimientos legales empleados por el Gobierno. En abril, los presos de Guantánamo comenzaron una huelga de hambre indefinida en protesta por las brutales condiciones de vida y su detención indefinida. EEUU también tiene centros de detención en Afganistán, en la isla del Pacífico Diego García y en barcos.