Internacional

Hay al menos 2.225 personas cumpliendo cadena perpetua sin libertad provisional por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, han manifestado Human Rights Watch y Amnistía Internacional en un nuevo informe conjunto publicado hoy, 12 de octubre de 2005.

Aunque muchos de estos menores son ya adultos, el 16 por ciento tenían entre 13 y 15 años cuando se cometió el delito. Se calcula que el 59 por ciento fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de obtener libertad condicional en su primer juicio ante un tribunal penal. Cuarenta y dos estados tienen en la actualidad legislación que permite condenar a menores a cadena perpetua sin libertad condicional.
El informe de las dos organizaciones de derechos humanos, The Rest of Their Lives: Life without Parole for Child Offenders in the United States, es el primer estudio de ámbito nacional que examina la práctica de juzgar a los menores como a adultos y condenarlos a cadena perpetua en prisiones para adultos y sin posibilidad de obtener libertad condicional. El informe está basado en dos años de investigaciones y en el análisis de una serie de datos de centros penitenciarios estatales y federales que jamás se habían reunido antes. Esta información permitió a las organizaciones determinar las tendencias estatales y nacionales de la imposición de cadena perpetua sin libertad provisional a mediados de 2004 y analizar la raza, el historial y los delitos de los menores.

"Las personas menores que cometen delitos graves no deben quedar sin castigo –ha manifestado Alison Parker, investigadora de Human Rights Watch y autora del informe–. Pero si son demasiado jóvenes para votar o para comprar tabaco, también lo son para pasar el resto de su vida entre rejas."

Amnistía Internacional y Human Rights Watch publican este informe en un momento decisivo: aunque se ha reducido el número de menores que cometen delitos graves, como asesinato, los estados los condenan cada vez más a cadena perpetua sin libertad condicional. En 1990, por ejemplo, fueron declarados culpables de asesinato 2.234 menores, y al 2,9 por ciento de ellos se los condenó a cadena perpetua sin libertad condicional. En 2000, el índice de sentencias condenatorias se había reducido casi un 55 por ciento (1.006), pero el porcentaje de menores condenados a cadena perpetua sin libertad condicional ascendió un 216 por ciento ( a 9 por ciento).

"Dejemos las manos libres a los jueces y fiscales estatales y federales –ha señalado William F. Schulz, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos–. Démosles otras opciones aparte de convertir los tribunales en cadenas de montaje para la producción en serie de condenas preceptivas de cadena perpetua sin libertad condicional para menores, sin tener en cuenta sus enormes posibilidades de cambio y privándolos de toda esperanza de redención."


En 26 estados, la cadena perpetua sin libertad condicional es preceptiva para toda persona declarada culpable de homicidio premeditado, independientemente de su edad. Según el informe, el 93 por ciento de los menores que cumplen esta pena fueron declarados culpables de homicidio. Pero Human Rights Watch y Amnistía Internacional han determinado que aproximadamente el 26 por ciento fueron declarados culpables de "homicidio preterintencional", que supone que toda persona implicada en la comisión de un delito grave durante el cual se mate a alguien es también culpable de homicidio, aunque no haya causado directa o personalmente esa muerte.

Por ejemplo, Peter A., de 15 años, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por homicidio preterintencional. Había ido a robar a un lugar con dos conocidos de su hermano mayor y estaba esperando fuera, en una camioneta, cuando uno de los otros dos complicó las cosas y mató a dos personas. Peter dijo: "Aunque estaba allí, jamás disparé ni mate a nadie". Sin embargo, tuvo que rendir cuentas por el doble asesinato, porque en el juicio se determinó que había robado la camioneta utilizada para ir a casa de las víctimas.

Las organizaciones de derechos humanos afirman también que el temor generalizado e infundado a los "superdepredadores" adolescentes –jóvenes violentos, con largos historiales criminales, que hacen presa en la sociedad– ha llevado a los estados a juzgar cada vez más a los menores como a adultos. Diez estados no han fijado una edad mínima para condenar a menores a cadena perpetua sin libertad condicional, y actualmente hay al menos seis menores cumpliendo esta pena que tenían 13 años cuando cometieron el delito del que fueron declarados culpables. Una vez condenados, estos menores son enviados a prisiones para adultos y tienen que vivir entre bandas de adultos y depredadores sexuales y en condiciones muy duras.

Según Amnistía Internacional y Human Rights Watch, no hay correlación entre el uso de la cadena perpetua sin liberad condicional y los índices de delincuencia juvenil. No hay indicios de que esta pena impida la delincuencia juvenil o sirva para reducir sus índices. Por ejemplo, en Georgia raras veces se condena a menores a cadena perpetua sin libertad condicional, pero los índices de delincuencia juvenil en este estado son menores que en Misuri, donde se impone la pena a menores con mucha más frecuencia.


"Se puede proteger la seguridad pública sin imponer al menor la pena de prisión más severa posible", ha señalado Parker.

Se calcula que, en todo el país, el índice de menores de raza negra condenados a cadena perpetua sin libertad condicional es 10 veces mayor que el de blancos (6,6 frente a 0,6). En algunos estados, la proporción es aún mayor. En California, por ejemplo, los menores negros tienen 22,5 veces más probabilidades que los blancos de ser condenados a cadena perpetua sin libertad condicional, y en Pensilvania, los menores hispanos tienen 10 veces más probabilidades que los blancos (13,2 frente a 1,3).

Estados Unidos es uno de los pocos países que permiten condenar a menores a cadena perpetua sin libertad condicional. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por todos los países del mundo, excepto Estados Unidos y Somalia, prohíbe esta práctica, y al menos 132 países han rechazado la pena totalmente. Otros 13 países tienen leyes que permiten su imposición a menores, pero, fuera de Estados Unidos, sólo hay en la actualidad unos 12 menores cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional ponen también en tela de juicio la idea de que los menores condenados son irrecuperables, que está implícita en la pena que se les impone.

"Los menores que cometen delitos graves tienen todavía la capacidad de cambiar y mejorar su vida –ha manifestado David Berger, abogado del despacho de O’Melveny & Meyers e investigador de Amnistía Internacional para este informe–. Es hora de que las autoridades estatales y federales tomen medidas positivas para aplicar políticas en las que se intente recuperar a los menores en vez de dejarlos en la cárcel para el resto de su vida."

Las organizaciones piden a Estados Unidos que ponga fin a la práctica de condenar a menores a cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional. En el caso de los que se encuentran ya cumpliendo esta pena, se deben tomar de inmediato medidas para que tengan acceso a procedimientos de concesión de la libertad condicional.

Se puede consultar el informe completo en inglés en el sitio web de Amnistía Internacional-Estados Unidos: http://www.amnestyusa.org/