Europa

El pasado 16 de noviembre comenzó en París un juicio contra militantes del PCE(r) y de los GRAPO. También la Audiencia Nacional española iniciará otro proceso contra miembros de estas organizaciones y también contra los Comités por un Socorro Rojo Internacional (SRI), que trabajan dando apoyo y recogiendo muestras de solidaridad que por todo el mundo reciben estos presos.
 
Estos juicios han venido precedidos por más de tres años de incomunicación e indefensión para los prisioneros, de acoso permanente a la integridad moral y política, de humillaciones y hasta palizas en las cárceles francesas.
 
Tres años de cárcel preventiva ha mantenido el juez instructor, el lepenista Jean-Louis Bruguière, a los comunistas y antifascistas detenidos en París en julio de 2002, junto a más de una veintena de militantes en el Estado español en una operación conjunta orquestada por Garzón y la Guardia Civil.
 
Ante el Tribunal de Grande Instance de París comparecerán, hasta el 2 de diciembre en 9 sesiones, Xaquin Garrido, Fina García Aranburu, Marcos Regueira, Antonio Lago, Belén López, María Ángeles Ruiz Villa, Fernando Hierro Chomón, Marcos Martín Ponce y Gema Rodríguez.
 
Este juicio repite el montaje al que fueron sometidos hace dos años los «Siete de París». El mismo esquema procesal, el mismo juez instructor, las mismas acusaciones de asociación ilícita, propaganda ilegal e integración en «banda armada»... las mismas falsificaciones de las pruebas e irregularidades.
 
El objetivo no es otro que la criminalización del PCE(r) y su asimilación a la organización armada GRAPO, cuando desde hace 30 años el PCE(r) no ha dejado de defender sus posiciones obreras y comunistas, y su actividad por la vía política.
 
La defensa insiste en la falta de pruebas realmente incriminatorias, y en denunciar que tras las continuas prórrogas que ha sufrido el proceso de instrucción sólo se esconde la imposibilidad de demostrar el nuevo "producto sacado de la manga denominado la banda armada PCE(r)-GRAPO" que sólo existe en la voluntad manipuladora de los jueces de la Audiencia Nacional y los Tribunales franceses.
 
Procesos que surgen de la cruzada belicista del gobierno de Aznar, en su ofensiva generalizada destinada a golpear a toda disidencia. Momento en que es aprobada la fascista Ley de Partidos -con la complicidad del resto de fuerzas parlamentarias- por la cual son declaradas ilegales diversas fuerzas y organizaciones políticas y sociales, se cierran medios de comunicación, etc.
 
En concreto contra el PCE(r), este ataque se realiza para justificar un proceso contra el partido para forzar en Francia una actuación similar. Por esta razón se detuvo entre julio y noviembre del 2002 a más de una veintena de militantes de orígenes políticos y sociales diversos, solidarios del SRI y las Asociaciones de Familiares de Presos Políticos (AFAPP), presentando a los detenidos en Francia como la presunta «cúpula de la banda armada PCE(r)-GRAPO». Muchos de los acusados en Francia se encuentran también encausados en el sumario español por los mismos hechos, cuando jamás una persona puede ser juzgada por los mismos hechos dos veces. Lo que se pretende en el juicio de París, no es más que la condena a un partido político, con una línea política revolucionaria.
 
El PCE(r) denuncia estos días que sus militantes ya tienen dictada su sentencia aún antes de iniciarse el juicio. Por ello, además de exigir su libertad, defiende el derecho a organizarse al margen de la legalidad burguesa y a luchar por el socialismo. Igualmente reivindica el derecho a la resistencia y pide el fin de la colaboración judicial, política y policial franco-española y la derogación, tanto en Francia como en el Estado español, de toda legislación especial «antiterrorista», de control social y recortes de libertades que bajo el paraguas de la amenaza «terrorista internacional» refuerzan un cúmulo de medidas legislativas destinadas a fortalecer la lucha ideológica y armada contra la disidencia interna de cada país.
 
21 días de huelga de hambre
 
Durante el tiempo de instrucción los prisioneros se encontraron con un absoluto aislamiento. El sistema judicial francés justifica la incomunicación (interdicciones) durante la instrucción del sumario para evitar que los acusados «manipulen» las pruebas. Pero una vez la instrucción finalizó, se continuó prolongando las interdicciones. Una medida explicable sólo como venganza ante las continuas denuncias sobre las irregularidades practicadas durante la instrucción del juez Bruguière.
 
Sólo tras una campaña internacional de denuncia y envío de telegramas y cartas, fue posible el fin de la incomunicación para los detenidos en las cárceles galas. El pasado 28 de octubre todos ellos iniciaron una huelga de hambre por la defensa de sus derechos.
 
Entre otras cosas se les niega todo tipo de información o documento importante sobre lo que se les juzga, la información facilitada lo fue únicamente en francés, les tienen retenida la comunicación con abogados y la calle, no se han permitido visitas a las que tienen derecho…
 
Inicio del proceso
 
El pasado 16 de noviembre comenzó el proceso en París. Durante las tres primeras jornadas el Tribunal no consiguió presentar pruebas sólidas sobre los acusados. Por su parte estos denunciaron el montaje y transmitieron el mensaje de que no iban a ser cómplices de ese circo pseudojurídico. Durante la tercera sesión los detenidos pusieron fin a la huelga de hambre.
 
En todas las jornadas se hizo público el sometimiento del Tribunal a los intereses del estado español, que es quien ha estado dictando y ordenando los ritmos de este proceso desde el mismo instante de sus detenciones en Francia en el verano del 2002, y después en la presentación y manipulación de pruebas falsas.
 
Los encausados denunciaron la vulneración de sus derechos más básicos y alegaron en su defensa los motivos de su militancia política y los objetivos de su lucha. En este sentido, hicieron un llamado a todos los trabajadores y jóvenes del Estado español a organizarse y seguir la lucha de resistencia contra el fascismo, a unir todas las luchas y frentes y, especialmente a potenciar la solidaridad con los presos y la denuncia contra la represión.
Para ellos debe de quedar claro que su lucha está motivada por la realidad social y política española: la alta tasa de mortalidad laboral, la precariedad en el trabajo, los sueldos miserables, las condiciones de los trabajadores inmigrantes, los continuos recortes de libertades, la persecución y criminalización de los movimientos disidentes, el cierre de medios de comunicación, la existencia de presos políticos en las cárceles, la generalización sistemática de la tortura…
 
El primer día del juicio se saldó con la expulsión de todos los procesados de la Sala nada más iniciarse la vista. La determinación categórica de todos y cada uno de ellos de tener como única y exclusiva respuesta la denuncia del aislamiento durante más de tres años y la calificación del juicio de un "Guantánamo jurídico" provocó el fin de la sesión. Al día siguiente, el proceso se desarrolló enteramente con interrogatorios que no sirvieron para aportar pruebas que justificaran los cargos, aprovechando las intervenciones para relatar circunstancias históricas, sociales y políticas, que deberían ser valoradas por el Tribunal. Aprendida la lección, durante la tercera jornada (18 de noviembre) no se permitieron más intervenciones "políticas", que permitían a los presos poner al descubierto la verdadera naturaleza del proceso.
Hasta París llegaron numerosas personas del movimiento de solidaridad y familiares. Pese al delicado estado de salud de algunos de los detenidos, hasta el momento se han mostrado frente al Tribunal firmes y confiados.
 
Sus intervenciones, limitadas a denunciar el montaje y a legitimar su ideología, llegaron a ser contestadas incluso por la presidenta del tribunal que llegó a decir que todo aquello le parecía muy bien pero que en esa Sala "no se discutía de política y que no comprendía qué tenían que ver esas situaciones con su pertenencia a una organización criminal, que es lo que sí se está juzgando", lo que fue contestado exigiendo la posibilidad de defenderse "exijo poder defenderme y sólo puedo hacerlo con una intervención política, pues somos militantes políticos y nuestra actividad es exclusivamente política. Y no cabe duda que si estamos presos es a causa de nuestra actividad política", afirmó Xaquin Garrido. Si alguien comenzó con un discurso político fue la presidenta, añadió, "a través del informe del sumario que ha escrito –o le han escrito que más da- en donde en montones y montones de páginas se habla –más mal que bien- del nacimiento de la OMLE y del PCE(r), se habla hasta del mayo del 68 francés, de la resistencia antifranquista...", "Lo único importante, lo quieran escuchar o no, continúa estando ahí fuera, donde están las causas por las que iniciamos nuestra lucha; la defensa de los intereses de los trabajadores. Seguir denunciando su explotación y opresión, seguir oponiéndonos a sus proyectos de guerra imperialista, organizar a la clase obrera, seguir la lucha de resistencia es de lo único de lo que queremos hablar y nos importa...".
 
El final de la sesión vino protagonizado por los detenidos, que decidieron poner punto final ante la falta de reconocimiento del Tribunal y la negativa a colaborar en el montaje. La respuesta policial fue contundente. En la sala aparecieron dos banderas republicanas (una de ellas fue ferozmente arrancada y entregada al Tribunal que permanecía impasible ante el espectáculo). Los detenidos son arrastrados y retirados de la sala por una veintena de policías. El público se lanza entonces a corear consignas de apoyo, siendo también desalojados.
 
Para el 2 de diciembre está prevista la presencia de un importante numero de solidarios venidos desde Italia y Suiza.