He dicho opinar y no decidir pues conviene tener presente que la expresión de la ciudadanía española será únicamente vinculante para el gobierno del estado, no decisivo. De hecho el presidente Rodríguez Zapatero ya ha firmado la Constitución en Roma. Por tanto nada de ejercer la soberanía popular, que para soberanos ya están los que mandan. Y Juan Carlos de Borbón.

La campaña por el Sí es “la campaña”, cualquier otra posibilidad no existe. Algunos medios de prensa afines al poder la han titulado como “Campaña de concienciación por el voto afirmativo”. Ya se sabe que el compromiso del Estado español con la Europa del capital y la guerra no es ni nuevo ni débil. Que en esta Europa de los mercaderes se decide al margen y de espaldas a los pueblos. Pero al menos podían guardar las formas. En democracia, el fondo y la forma son ambas importantes. Aunque ello suponga dar por supuesto que la ‘democracia’ española tiene un fondo.

De modo que institucionalmente en lugar de dar a conocer el texto sobre el que se pide el parecer, para que los ciudadanos libremente decidan, lo que se hace es, abiertamente, propaganda por el voto afirmativo. La campaña fue presentada el pasado día 4 por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Pero diez días antes, en el reiterativo y cansino discurso de Navidad, Juan Carlos de Borbón ya había mostrado y pedido el apoyo para el nuevo texto europeo.

Es importante tener este detalle presente para ver el alcance de tan marrullera campaña. Y así ante el recurso presentado a la Junta Electoral Central por el colectivo "Otra Democracia Es Posible" (OtraDem), en el cual se denuncia la acusada parcialidad de la campaña informativa del Gobierno al tiempo que se solicitaba el cierre de la página web sobre el referéndum por entender que los contenidos de la citada página "estaban sesgados", la Junta Electoral Central decidió salomónicamente prohibir el eslogan gubernamental, "Los primeros con Europa", pero no el cierre de la página de internet al considerar que "los actos de propaganda" celebrados con anterioridad a la aprobación del Real Decreto de convocatoria de un referéndum "no están sujetos a los límites que en materia de campaña establece la legislación electoral vigente"; y que, en este sentido, "no le corresponde indicar cual es la jurisdicción que pueda resultar competente respecto a la hipotética vulneración de la Ley General de Publicidad".

Tan peregrina explicación no empaña la certeza de que en la página gubernamental abundan las referencias explícitas, e incluso literales, por el voto 'Sí'. Y que ello, como bien recoge la denuncia, “degrada las condiciones de igualdad de la consulta”. El hecho de que la susodicha página esté sufragada con fondos públicos y forme parte de la campaña institucional de quienes convocan el plebiscito es “lo que convierte su propaganda en delito electoral”.

No ha sido esta la única denuncia interpuesta ante la Junta Electoral Central (JEC). Un grupo de organizaciones sociales y políticas de Cantabria también han denunciado a su gobierno regional por “apoyar con dinero público el voto favorable a una de las opciones en el referéndum”. En términos similares se recoge también la denuncia que Diego Valderas, Coordinador General de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) ha presentado ante la Junta Electoral de Andalucía.

También en el extranjero

Pero la campaña por el Sí no conoce fronteras. El ministerio de Asuntos Exteriores ha dado orden (y folletos) a las diferentes legaciones diplomáticas para que aleccionen a los ciudadanos españoles residentes en el extranjero. Los actos y la publicidad usada para tal efecto adolecen, una vez más, de la parcialidad ya denunciada. La propaganda es de una sinrazón que raya en el absurdo.

Frases tales como: “¡Un elemento nuevo! A partir de ahora, un país podrá abandonar la Unión Europea si así lo desea”; “La Carta garantiza el respeto de la dignidad humana, del respeto a la vida, la prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y la seguridad, el respeto de la vida privada y familiar, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, etc.”; la Constitución también recoge “los derechos sociales de los trabajadores, la protección del medio ambiente o el derecho a una buena administración”; son reiterativas de la máxima implícita ‘o la Constitución o el caos’. Pues ¿acaso todos esos derechos y garantías no estarán a salvo si los ciudadanos deciden no dar el visto bueno al texto constitucional?

Lo que no cuentan, por ejemplo, es el profundo déficit democrático que supone la nueva Constitución. Nada dicen que la aprobación de la misma nos situaría de hecho en una autocracia, donde ninguna institución es electa, a excepción de un raquítico Parlamento Europeo casi sin poderes efectivos.

Se añaden teléfonos de consulta, gratuito y de pago (¿?), y páginas web. Que informan sobre la Constitución Europea, pero no es fácil llegar a leer el texto constitucional. Lo lógico y normal sería que el gobierno hiciese llegar el mismo a los potenciales votantes. No que estos tengan que llamar a tal o cual número de teléfono para pedirla.

Muy interesante, y muy clarificador, resulta el artículo de Joaquín García “Votar de oidas” ({http://www.rebelion.org/noticia.php?id=10320}). Frente a quienes vaticinan “una hecatombe para Europa si sale el "no" en el referéndum” argumentando que “se perdería buena parte de la credibilidad ante los mercados, que sería dejar pasar una oportunidad única para avanzar y consolidar derechos sociales a nivel europeo”, conviene recordarles la verdadera “hecatombe que es elevar a la categoría de Ley Fundamental los principios de un sistema económico neoliberal que a nivel planetario genera desequilibrios sociales cada vez más fuertes entre ricos y pobres, que poco a poco va instalando la precariedad en el mundo laboral, que distancia cada vez más al ciudadano de las tomas de decisiones, etc”.