Argentina: La lucha continúa

Con la campaña electoral pisándole los talones, el gobierno de Néstor Kirchner salió a deslegitimar la protesta social y a aumentar la presión represiva con apoyo de los candidatos de otras listas, como el tándem Patti- Chiche Duhalde, y Macri- Lopez Murphy. A pesar de esto, en estos días se viven diversos conflictos donde los sectores populares pujan por una redistribución de la riqueza más equitativa. Se vienen dando luchas protagonizados por piqueteros, trabajadores de la salud, docentes, estudiantes, judiciales, médicos, estatales, portuarios, petroleros, químicos y aeronáuticos.
Para hoy está convocada una marcha a Plaza de Mayo "Por el trabajo, el salario, la salud y la educación, y contra la represión a la protesta social", en reclamo de trabajo para todos y salario a 1.800 pesos, un subsidio universal de 350 pesos para los desocupados, más presupuesto para salud y educación, la derogación de las Leyes Federal y Superior de Educación. Para el 16 de este mes, otra marcha de estas características tendrá lugar. Confluyen -entre otros sectores- las organizaciones de desocupados no cooptadas por el gobierno, el personal no médico del Garrahan y la comunidad universitaria. La marcha también reclamará por la libertad inmediata de los presos políticos.
Ante la protesta piquetera, la política oficial ha sido optar por la presencia de Gendarmería Nacional, la fuerza responsable de numerosas muertes de manifestantes en Neuquén, Salta y Corrientes, durante los años de gobierno de Menem y De La Rua. Al pedido de diálogo por parte de los voceros de las organizaciones de desocupados, el gobierno ha dicho que exige que "dejen de hacer cortes", aunque no garantizan cumplir con las demandas sociales planteadas.
El habitual vocero presidencial, Aníbal Fernández, viene siendo quien justifica el accionar represivo y la creciente militarización de las calles. El gobierno señala a la protesta como "política" y desconoce la legitimidad de los reclamos. Consultado por la emisora representante de los sectores más retrógados de la sociedad, Radio 10, respecto a las medidas que numerosos grupos piqueteros llevaron adelante en esta semana, dijo que "esta queja sorpresiva representa un exceso del derecho a peticionar, lo cual es un delito que el Estado sancionará". El ministro del Interior amenazó con que los movimientos "no están en condiciones de hacer lo que se les antoje, se les terminó".
Por su parte, en declaraciones que transcribe Clarín, el jefe de gabinete Alberto Fernández preanunció una práctica de contrainsurgencia como la aplicada por el terrorismo de estado en los setentas al hablar, refiriéndose a las organizaciones, de "un nuevo modo de foquismo, que sólo llevan adelante militantes, y que no tiene que ver con las expresiones espontáneas de la sociedad".
Estas bravuconadas se vieron traducidas en las represiones de la semana pasada: en Buenos Aires, con la infantería en La Rural y en Santa Cruz con el grupo GEO. Forma parte también de esta política la "marea verde" de gendarmes que, pertrechados con equimiento para confrotar situaciones de guerra, se hicieron presentes para impedir movilizaciones populares en Formosa y La Matanza el miércoles pasado y el lunes y viernes últimos en el Puente Pueyrredón, cuando también se cerró la Plaza de Mayo en una acción de la que no se registraban antecedentes desde la última dictadura militar.
La respuesta del gobierno a los reclamos de los ocupados no son muy diferentes. Respecto al Garrahan, también a Radio 10, dijo Aníbal Fernández que los trabajadores tienen "una intransigencia incomprensible que tiene que ver con la extorsión" y los acusó de poner "en vilo la vida de quienes son atendidos en ese lugar". Hoy, los empleados del hospital iniciaron un nuevo paro de 48 horas, mientras que se dio a conocer que cobraron sus haberes con el descuento por tres días de huelga. Las autoridades del nosocomio anunciaron que harán sumarios al personal una vez que se terminen las medidas de fuerza. Inspectores del Ministerio de Trabajo se hicieron presentes para certificar si se cumplían las coberturas mínimas de personal, lo que fue denunciado como una "persecusión" por los delegados de ATE. Los trabajadores reclaman que el dinero equivalente al 20 por ciento de aumento ofrecido para todo el personal del hospital sea redistribuido con el fin de que se beneficien los trabajadores con salarios más bajos.
El Garrahan no es el único hospital en lucha. En Haedo, en el Posadas, se cumplía esta semana una huelga exigiendo la efectivización del aumento salarial que se acordó a principio de mes y para que se incorpore al personal precarizado. Desde el gobieno bonarense se ha ordenado descontar los días de paro. También en el Gran Buenos Aies, en el marco de un paro de ATE zona sur, pararon los empleados de los Hospitales Meléndez, Gandulfo, Evita, de Lanús, Paroissien de La Matanaza y el de Moreno en demanda de reales e inmediatos incrementos salariales. En Santa Rosa, La Pampa, el miércoles último fuerzas de la Brigada de Investigaciones, civiles del Grupo GEO y la policía provincial reprimieron a los empleados del hospital Lucio Molas, mientras que el gobierno local envio esquiroles para romper la huelga. Los trabajadores, que demandan un básico de 900 pesos para la categoría inferior, denunciaron la "militarización" del hospital.
Otro sector en lucha que se viene destacando son los estudiantes y docentes universitarios, que se suman a la marcha de mañana. La CONADU y la CONADU Histórica encabezan el reclamo salarial y han alcanzado unidad con el estudiantado que apoya los planteos y se posiciona en defensa de la educación pública. Tomas, clases públicas y movilizaciones se vienen dando en las universidades de todo el país. El punto de lucha más destacado es Córdoba, donde las marchas han alcanzado una masividad notoria.
Además, en estos momentos están detenidos en Santa Cruz tres manifestantes que pedían trabajo en Pico Truncado y Caleta Olivia. Siguen encarcelados por manifestarse contra el Código Contravencional frente a la Legislatura 15 vendedores ambulantes y prostitutas, cinco de los cuales están en huelga de hambre y uno de ellos se encuentra internado en el Hospital. Y continúa preso Gabriel Roser, piquetero del MUP de Ringuelet en el FPDS, por una causa fraguada por punteros locales.
Este somero repaso de la situación de sectores que luchan no puede dejar de mencionar a los ocho trabajadores del puerto de Corrientes, frontera con Paraguay, que iniciaron una huelga de hambre por una semana en protesta como "último recurso ante el drama de la desocupación que viven", ya que perdieron sus empleos por denunciar sus "penosas condiciones laborales". Y tampoco dejar de lado otro hecho ni mencionado por los medios masivos: en San Salvador de Jujuy una marcha multisectorial que reclamaba contra el aumento de la tarifa de los colectivos fue reprimida por la policía cuando intentaron entregar un petitorio en la municipalidad. Como puede observarse, por la extensión y la diversidad de las problemáticas, es difícil de imaginar que se deban a militantes izquierdistas infiltrados entre los trabajadores y mucho menos que se trate de un "pacto de desestabilización", tal como trata de hacer creer el gobierno.