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Argentina: La lucha continúa

La política oficial en derechos humanos

La Esma... ¿y después?

"Este Gobierno ha terminado con la represión", aseguraba la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.
Quienes protestan por falta de trabajo o porque sus hijos fueron asesinados en manos de la policía, los estudiantes y docentes que reclaman una mejor educación, los médicos de todo el país que están en huelga, los presos políticos ¿también creerán que se acabó la represión? Pero si somos derechos y humanos...

 Agencia Sociales -
Agencia de Noticias Facultad de Ciencias Sociales – UBA

CIRCUNSTANCIAS DEL ASESINATO


Asesinato en cárcel o comisaría 30.60 %

Fusilamiento de presunto ladrón 28.30 %

Asesinato en discusión/prepotencia 26.80 %

Asesinato de Terceros 7.10 %

Causas Fraguadas 2.40 %

Asesinato entre miembros de las fuerzas 2.40 %

Otras 2. 40 %

EDAD DE LA VÍCTIMA

Hasta 14 años 4.90 %

De 15 a 25 años 65.40 %

De 26 a 35 años 17.30 %

De 36 a 45 años 6.40 %

Más de 45 años 6 %

CANTIDAD DE CASOS POR DISTRITO

Provincia de Buenos Aires: 48.10 %

Santa Fe: 12.70 %

Córdoba: 8.60 %

Ciudad de Buenos Aires: 7.90 %

Mendoza: 4.20 %

Corrientes: 2.40 %

Tucumán: 2.10 %

Entre Ríos: 2.10 %

Chubut: 1.30 %

Santiago del Estero: 1.20 %

Río Negro: 1.20 %

Catamarca: 1.10 %

Neuquén: 1.10 %

La Pampa: 1.10 %

Otras Provincias: 4.90 %

CASOS SEGÚN FUERZA A LA QUE
PERTENECE EL IMPUTADO

Policías Provinciales (todas): 72.8 %
Servicios Penitenciarios: 10.6 %
Policía Federal: 0.5 %
Gendarmería Nacional: 1.7 %
Prefectura: 1.3 %
Otras: 3.2 %

Fuente: CORREPI

http://correpi.lahaine.org/

correpi@fibertel.com.ar

 

"En democracia existieron, y aún persisten, violaciones masivas de derechos y libertades, que responden a prácticas heredadas de los gobiernos dictatoriales y que perduran, entre otros lugares del Estado, en las rutinas de diversas fuerzas policiales y de seguridad". El diagnóstico realizado por la Secretaría de DDHH de la Nación[i] es, seguramente, compartido por la sociedad en general, ya que es quien continúa sufriendo esas prácticas forjadas en la última dictadura militar a diario. ¿Pero cuáles son los otros lugares del Estado en dónde "persisten" esas prácticas?, ¿cuáles son las que evidentemente exceden el accionar de las Fuerzas de seguridad? ¿Qué son los derechos humanos hoy? ¿Hacia dónde están dirigidas las políticas oficiales? ¿Por qué las violaciones dictatoriales parecen ocupar un lugar tan importante que llegan al punto de parecer excluyentes de las violaciones actuales?

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sostiene que tanto la política hacia el pasado como hacia el presente forman parte de una misma tarea: "Tenemos un área de memoria que tiene que ver con la base de datos de los detenidos-desaparecidos y con los proyectos de recuperación de los centros clandestinos, cuyo peso está en función al nivel del trauma y brutalidad de la tragedia. Pero también hay otras áreas que tienen que ver con la promoción, difusión y recepción de denuncias sobre derechos vulnerados. Los derechos sociales, económicos y culturales tienen un peso importante", afirma Ana Barrio, responsable del Área de prensa de dicho organismo. Sin embargo, hay aclaraciones que merecen ser mencionadas: "Cuando recibimos una denuncia, gestionamos ante las distintas áreas de gobierno la resolución de esa situación. Pero la pelea por la vivienda, la salud, la educación es una pelea que excede a un organismo público, la tarea que puede hacerse es aportar a la concientización para esa pelea. Lo que tiene que ver con el cambio de rumbo de las políticas económicas es una lucha de la sociedad".

Si no es tarea de un Organismo de Derechos Humanos, entonces, ¿en quiénes reside la responsabilidad de garantizar la vigencia plena de los derechos humanos como lo son, entre tantos otros, el derecho a la salud, la educación, la vivienda, a la libertad de expresión, a la protesta?

 Museos

 Hace poco más de un año el Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, abría las puertas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino de detención más importante de la última dictadura militar, con la intención de transformarlo en un Museo de la Memoria. Para ello invitaba a los organismos de Derechos Humanos y a la sociedad en general a darle una forma definitiva al proyecto.

¿Qué hay hoy en la ESMA? "En el lugar que ya está desocupado, terminamos la colocación de unos carteles de señalización que relatan cuál era el recorrido de los secuestrados. Hay una segunda etapa de desocupación que debiera estar cumpliéndose en julio, y una tercera etapa que terminaría en diciembre de este año. En la parte que ya está desocupada (siete edificios paralelos a Libertador que incluyen el Casino de Oficiales, lugar de alojamiento de los detenidos-desaparecidos) hemos garantizado el tema de la seguridad con personal de custodia civil, y llevamos adelante todo lo que tiene que ver con las tareas de mantenimiento del lugar", comenta Ana Barrio.

Por ahora, la ESMA no está abierta de manera irrestricta. Las visitas deben ser autorizadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos. Con respecto a la ejecución de alguno de los proyectos presentados todavía no hay ninguna decisión tomada, una comisión bipartita evaluará su factibilidad, después el Jefe de Gobierno y el Presidente de la Nación tomarán la decisión final.

En la Ciudad de Buenos Aires, son cuatro los Espacios para la Memoria que actualmente están en funcionamiento: "El Parque de la Memoria, en Costanera Norte; el Olimpo, un centro clandestino que funcionaba en Virrey Cevallos al 600, que pertenecía a la Fuerza Área y la ESMA. Además estamos trabajando en la excavación de lo que era el centro clandestino del Club Atlético, en Paseo Colón y San Juan", cuenta Barrio. Y agrega: "Si bien cada lugar tiene su particularidad, hay una base común que es la recuperación no sólo del sitio histórico sino de la memoria de lo que allí sucedió, de la memoria de los que por allí pasaron, y de la denuncia de quienes ejecutaron el terrorismo de estado".

La nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte de la Suprema Corte de Justicia, el último 14 de junio viene a completar, por el momento, el trabajo realizado en materia de Derechos Humanos, con la mirada puesta en el pasado. Queda abierto ahora el camino para que los genocidas de ayer sean procesados y llevados a juicio oral y público. Al respecto Gerardo Etcheverry, abogado militante en la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), comenta: "Indudablemente es un paso hacia el juicio y castigo, pero el apoyo a la nulidad de las leyes de impunidad se hace en la convicción de que hay tan pocas pruebas que muy pocos militares en actividad van ser afectados. La enorme mayoría de los desaparecedores no están identificados y el Estado no dio ningún paso para dar a publicidad los legajos de cada uno de los funcionarios que prestaron servicio en las agencias policiales y militares. Esto es una política de defensa de las instituciones, no una garantía de justicia".

 ¿Política en Derechos Humanos?

 El informe presentado ante la ONU en Ginebra por Alerta Argentina junto a 50 organizaciones sociales el último 15 de abril, señala el "progresivo reforzamiento del sistema represivo institucional, visible en el proceso de reformas legislativas que agravan los delitos cometidos por los sectores pobres y/o marginados de la población, así como en la criminalización de la protesta social". El mismo documento señala que "los procesamientos, estimados en más de 4.000, se han registrado principalmente en las regiones y provincias más conflictivas, mostrando que, lejos de ser casuales, forman parte de una política de Estado".

 Si bien mucho se ha hablado de sucesivas purgas y descabezamientos en las cúpulas de las fuerzas de seguridad, por parte del Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, "lo que hicieron en realidad –según señala el representante de CORREPI- fue disminuir, a través de una serie de modificaciones internas, los cargos más altos en el organigrama; entonces quedó una cantidad de gente sin funciones. Esto tiene un plazo de un año, en estos días es probable que varios de ese centenar estén de nuevo en la fuerza o reclamando que los reintegren. Fue una purga falsa. Si el Estado quisiera que los miembros de las instituciones que, supuestamente, persiguen la comisión de delitos no sean delincuentes tendrían que echarlos, pero lo que le quedaría en cualquiera de las fuerzas sería muy poco".

Según un informe realizado por CORREPI, desde el 25 de mayo de 2003, el Estado ha asesinado a 229 personas con el gatillo fácil o la tortura, hasta diciembre de 2004 (ver cifras en recuadro). El resultado: el Estado asesina a una persona cada 55 horas."No se trata de hechos aislados, sino de prácticas sistemáticas y de políticas que surgen desde las instituciones -dice Etcheverry-, no podemos pensar que porque se juzgue a un porcentaje ínfimo de los autores, hay realmente un cambio en las políticas de la institución". Y agrega: "Buena parte de las políticas de este gobierno busca la recreación de consensos sobre las instituciones, y fundamentalmente sobre las instituciones represivas ¿Cuál es la forma de recrearlas? Plantear que hubo un pasado, la dictadura, y que hoy hay un presente y un futuro ajenos a todo eso, en los cuales no se violan ni se violarán los derechos humanos".

 Presos políticos y contravenciones que reprimen

 La cantidad de presos políticos es más alta que en cualquier otro momento. En la actualidad existen alrededor de unas 4.000 personas procesadas y una veintena de encarcelados.

Por otro lado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige un Código de Convivencia que constantemente pone en cuestión la vigencia de ciertas garantías individuales como las de trabajar, protestar. Etcheverry comenta al respecto: "El gobierno tiene un discurso garantista y una práctica absolutamente represiva. Eso se vio cuando la bancada kirchnerista apoyó el Código Contravencional; en algún aspecto mostraron sus disidencias con las líneas más duras, pero en otros aspectos los proyectos de algunos kirchneristas eran más duros que los proyectos macristas".

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, la respuesta ante casos de denuncias relacionados con el Código Contravencional consisten en derivar a las personas hacia otras instancias, ya que –como cuenta Ana Barrio- "cuando los casos tienen que ver con instancias de judicialización nuestra intervención es limitada, nosotros no estamos en condiciones de patrocinar un caso. Si viene un vendedor ambulante, nosotros lo derivamos a un patrocinio jurídico gratuito y seguimos el caso, pero no tenemos capacidad de intervención directa".

 Indudablemente las situaciones que ponen en cuestión el cumplimiento de los derechos humanos no se agotan en los casos de represión y privaciones a la libertad; pero son suficientes para poner en relieve la necesidad de superar una concepción sobre derechos humanos restringida a lo sucedido en otros tiempos y que nada tendrían que ver con el presente, ya que, en palabras de Gerardo Etcheverry, "vincular derechos humanos sólo con el pasado es una significación que le quieren dar aquellos a los que no les interesa defender los derechos humanos de hoy. Es relativamente fácil hoy en día, después de tantos años, juzgar a unos pocos responsables del terrorismo de Estado. Es mucho más difícil hoy en día garantizar el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, garantizar que las personas no sean discriminadas, que no sean reprimidas, el acceso a la función pública, a la cultura. Ninguno de los sucesivos gobiernos que tuvimos desde el ‘83 hasta la fecha está dispuesto a garantizarlos, porque un gobierno de un modelo neoliberal no es un gobierno de los derechos humanos".