Kosteki - Santillán: prólogo a la segunda edición del libro "Darío y Maxi, dignidad piquetera"

Apertura de los archivos de la SIDE: los motivos de la desconfianza de familiares, abogados y compañeros de militancia de los jóvenes asesinados
 
El Frente Darío Santillán (integrado por el MTD Aníbal Verón, donde militaban Kosteki y Santillán), reeditó recientemente el libro "Darío y Maxi, dignidad piquetera" con un prólogo actualizado en el que relatan minuciosamente la secuela de presiones, mentiras y especulaciones que llevó finalmente a los familiares a hablar del "entorpecimiento" de la investigación por parte del gobierno, y hacer declaraciones que expresan desconfianza ante el nuevo anuncio presidencial. Por su parte, los abogados agregan que la SIDE "ya respondió a un pedido de la fiscalía que no existía tal documentación", y piden que el ministro Fernández aclare mejor a qué se refiere entonces con el anuncio.
La utilización del reciente anuncio en el marco de la disputa por los cargos electorales con el duhaldismo, agranda la desconfianza: si bien empujado por la presión de las organizaciones piqueteras y de derechos humanos, el anuncio fue hecho al mismo tiempo que el presidente ordenaba el lanzamiento de su propio armado electoral en la provincia de Buenos Aires, bajo la hipótesis de que los tironeos con el ex-presidente, señalado como principal responsable político de los asesinatos, puedan profundizarse.
«Para ustedes hay plata para los emprendimientos productivos, metan todos los proyectos de vivienda que quieran, y con la causa del 26 algo podemos hacer, pero primero tienen que acabar con las marchas y los cortes», dicen quienes participaron de las reuniones con el presidente que les dijo el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, y a partir de allí se profundizaron las diferencias de los piqueteros con el gobierno: "no estamos dispuestos a negociar la sangre de nuestros compañeros caídos en un despacho ministerial", aclaran desde el Frente Darío Santillán.
La cita de Oscar Parrilli pertenece al prólogo recientemente publicado, que difundimos a continuación. El trabajo de investigación completo  puede consultarse en la Sección Los Hechos (www.masacredeavellaneda.org/index.php?blog=3) del Diario del Juicio que se publica en Internet (www.masacredeavellaneda.org).

 (Libro "Darío y Maxi, dignidad piquetera: los autores intelectuales y los responsables políticos que no investigó la justicia")
Prólogo a la segunda edición
2002- 2005, tres años de impunidad

I-
Cuando terminamos la primera edición de este libro, en mayo de 2003, habían transcurrido once meses desde la represión que se conoció como Masacre de Avellaneda. Para ese entonces pudimos dar cuenta de nuestra experiencia: relatamos los hechos desde la mirada piquetera, desde quienes fuimos perseguidos, baleados y asesinados por luchar por trabajo, dignidad y un cambio social. Describimos con minuciosidad los aprestos y el plan represivo, indagamos en la autoría ideológica y señalamos claramente a los responsables políticos, develando la serie de reuniones previas, directivas y complicidades necesarias desde las primeras líneas del gabinete presidencial que el propio Eduardo Duhalde encabezó días previos a la Masacre. También hurgamos en el expediente judicial, señalamos a fiscales cómplices del accionar policial y a jueces condescendientes con el poder político. 

El poder encubre sus propios crímenes y, protegiendo a sus ejecutores, se protege a sí mismo, decíamos en aquel primer prólogo, y agregábamos: “Si durante estos meses la impunidad tuvo algún contrapeso, éste fue la permanente movilización popular que mantuvimos cada día 26 de cada mes. El señalamiento público de los responsables a través de la denuncia, la movilización y los escraches se convirtió en la forma en que los de abajo tenemos de exigir justicia”.


II- 
Al mismo tiempo que publicábamos este trabajo, asumía la presidencia Néstor Kirchner, quien haría de la bandera de los derechos humanos uno de sus principales estandartes. ¿Era de esperarse entonces el fin de la complicidad y la impunidad? ¿Era posible que a partir de este gobierno algo cambiara?

Desde el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (y ahora, desde el Frente Popular Darío Santillán) no somos muy afectos a las caracterizaciones dogmáticas de la realidad política, y en este caso, ante la decisión de acercamiento del gobierno hacia nosotros y las promesas de dar respuestas a las demandas populares, preferimos ver “al rengo renguear”, antes de ser concluyentes en tal o cual caracterización. Por eso vamos a historizar brevemente la secuela de promesas, silencios y especulaciones presidenciales en torno a esta causa para concluir, finalmente, con el balance a tres años que da título a este prólogo.

Quienes escribimos estas líneas, como compañeros de militancia de Darío y Maxi, fuimos testigos directos de los anuncios que el propio presidente hizo expresando la necesidad de “ir a fondo, caiga quien caiga” para que los asesinatos de nuestros compañeros no fueran coronados por la impunidad. Esas palabras textuales utilizó Kirchner en el primer encuentro que tuvimos en la Casa de Gobierno, el 19 de junio de 2003, días antes de cumplirse el primer aniversario de la Masacre. Diecisiete delegados elegidos por nuestros movimientos de base habíamos sido citados para hablar directamente con el presidente recién asumido, y nuestro planteo principal en una reunión que se extendió por más de dos horas fue la complicidad política que encubre los asesinatos de Avellaneda. ¿Si nos fuimos aquella vez con expectativas por las palabras de Kirchner? Las repercusiones periodísticas de aquel encuentro nos refrescan la memoria: “Fue un gesto importante porque es la primera vez que un presidente nos recibe, nos reconoce como interlocutores legítimos ante la problemática social, y se compromete a tomar medidas concretas en función de nuestras demandas”, dijimos al salir del encuentro. Considerando que de los gobiernos anteriores veníamos recibiendo principalmente balas (Carlos Menem y los asesinados en Cutral-Có y Tartagal, Fernando De la Rúa y los muertos del 19 y 20, Duhalde y los asesinatos de nuestros compañeros Javier, Maxi y Darío), la expectativa sonaba justificable.

Pasaron los meses después de aquella reunión, y si bien algunos emprendimientos comunitarios en distintos barrios donde había organización piquetera empezaban a ser subsidiados por el gobierno, no veíamos que se hiciera nada que implicara un avance contra la impunidad en la causa del 26. Las reuniones con el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, encontraban como respuesta a nuestros planteos sólo evasivas y dilaciones.

Para el 30 de octubre de ese mismo año, volvimos a ser convocados para hablar con el presidente. Algunos interpretaban la convocatoria como oportunista, ya que esa misma tarde que nos recibirían en la Casa Rosada, iba a anunciarse una masiva movilización en repudio a la decisión del gobierno de denunciar judicialmente a otro grupo de desocupados que había bloqueado el Ministerio de Trabajo buscando ser atendidos. De la protesta participaron el conjunto de las organizaciones piqueteras y un amplio arco de organismos de Derechos Humanos, y entre nosotros se instaló la preocupación por no ser “usados” a través de la invitación presidencial para profundizar las diferencias en el campo popular (algunos piqueteros anunciando una marcha opositora, y nosotros siendo recibidos en la Casa de Gobierno). Finalmente resolvimos que si aceptábamos esa convocatoria, uno de los reclamos que llevaríamos al presidente sería el mismo que se expresaría en la marcha opositora: el pedido de que el ministro Tomada retirara la denuncia penal (que había hecho por indicación del mismísimo presidente) contra los compañeros del otro grupo piquetero, y que ante una negativa como respuesta, anunciaríamos en la conferencia de prensa en la misma Casa de Gobierno que participaríamos de la marcha opositora una semana después, como finalmente ocurrió. La otra decisión previa a ser atendidos, fue convocar a Alberto Santillán, el papá de Darío, para que participe de la audiencia y escuche directamente las palabras de Kirchner (Mabel Ruiz, la mamá de Maxi, había fallecido semanas atrás).

La reunión fue, en términos de promesas, mucho más precisa que el primer encuentro. Kirchner se hizo fotografiar por la prensa abrazando al padre de Darío; ante nuestro reclamo porque en esos meses “todavía no se había hecho nada” el presidente dio directivas precisas al secretario de Derechos Humanos para que “el próximo lunes” ya estuviera en nuestras manos un borrador para la conformación de una Comisión Investigadora, que, integrada por organismos de Derechos Humanos, tuviera atribuciones para abrir los archivos de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) “y también los archivos de inteligencia de la Federal y la Bonaerense, que todos sabemos que hicieron inteligencia sobre ustedes”, reconoció el presidente, evidenciando en esas palabras que algo sabía del tema, y que algo había por develar en aquellos archivos. Media hora después del encuentro con el presidente, en una reunión más informal, el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, sería más transparente respecto a las verdaderas intenciones presidenciales detrás de aquellas promesas que nunca se cumplirían: “El presidente puede avanzar como les dijo, pero quiere que ustedes dejen de cortar el puente Pueyrredón, primero tenemos que ponernos de acuerdo en eso”. La respuesta nuestra fue clara: las protestas de cada día 26 eran nuestra forma de denuncia y de memoria, al igual que las rondas de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo; si realmente había un compromiso con la justicia, como decía el presidente, no podía exigir que bajáramos nuestras banderas, porque la desclasificación de los archivos de inteligencia podría resultar un avance, pero no garantizaría en sí mismo la condena a los autores ideológicos y los responsables políticos. Tal vez por la presencia del papá de Darío en esa conversación, Parrilli dejó para una próxima ocasión, en la que se encontrara conversando sólo con nosotros por nuestros reclamos sociales, el planteo más de fondo: “Para ustedes hay plata para los emprendimientos productivos, metan todos los proyectos de vivienda que quieran, y con la causa del 26 algo podemos hacer, pero tienen que acabar con las marchas y los cortes”, nos planteó. “Además –profundizó- a ustedes los queremos armando listas en cada uno de sus distritos para las próximas elecciones, de eso tendríamos que hablar”. Plata, insinuaciones electorales y exigencia de desmovilización como condición para hacer efectivas las promesas presidenciales... ¿Estaba siendo el secretario general de la presidencia “más papista que el papa”, y tratando de sacar provecho en las negociaciones con nuestro movimiento de la buena fe presidencial? Después de todo, esas propuestas y condicionamientos que nos hacía Parrilli, no habían sido planteadas por Kirchner en las reuniones anteriores. Quienes reflexionan así se hacen eco de una vieja maña de la dirigencia política consistente en “proteger al jefe”, adjudicándole siempre buenas intenciones, e inculpar a los subordinados de las decisiones que impliquen costo político. Sin embargo, lo que Kirchner esperaba lograr con sus promesas y que había callado ante nuestra presencia y la del padre de Darío Santillán, lo dijo en el marco de una conversación con el periodista Van Der Kooy que publicó el diario Clarín, semanas después: “´primero que acaben con los cortes`, exige Kirchner”, escribió el periodista en su relato sobre las perspectivas de la prometida y nunca cumplida Comisión Investigadora.

¿Alguien puede imaginarse al presidente diciéndole a las Madres de Plaza de Mayo que, si quieren que se avance en la construcción del Museo de la Memoria en el predio de la ESMA, primero acaben con las rondas de cada jueves? ¿O planteándole a los jóvenes de H.I.J.O.S. que, para avanzar en la restitución de la identidad de otros hijos de desaparecidos, primero acaben con los escraches a los represores? 



III- 
Transcurrieron casi dos años desde que Kirchner asumió la presidencia e hizo aquellas promesas. Los archivos de los servicios de inteligencia del Estado, los de las policías Federal y bonaerense (que el presidente nos dijo saber que contenían información sobre lo que sucedió aquel 26 de junio), finalmente no fueron abiertos. 

La lucha por los derechos humanos, cuando deja de ser capital simbólico de cara al pasado y se convierte en denuncia de la injusticia y la impunidad que se suceden hoy, encuentra en este gobierno el mismo desinterés que en cualquier otro: allí está la complicidad con la impunidad en la causa por los asesinatos de Darío y Maxi, pero también la impunidad que gozan quienes pusieron una bomba contra la movilización a Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2003, durante la conmemoración del segundo aniversario de la rebelión popular, hecho que nunca fue investigado; otros dos piqueteros fueron asesinados en la provincia de Jujuy, gobernada por el amigo del presidente, Eduardo Fellner, sin que nada se hiciera por esclarecer el hecho; el gatillo fácil policial sigue dejando decenas de jóvenes asesinados, y las cárceles argentinas son campos de concentración donde decenas de personas mueren por desatención, falsos enfrentamientos o motines alentados por los guardiacárceles. Tampoco pasa desapercibido para nadie que, a cambio de cierta moderación en los métodos represivos, este gobierno profundizó la persecución judicial a las protestas sociales, manteniendo a decenas de hombres y mujeres tras las rejas, y más de 4000 luchadores sociales procesados. Si de derechos humanos se trata, el derecho a la alimentación, el trabajo, la salud y la educación siguen vulnerados por decisión presidencial: la negativa a cumplir con el Decreto-Ley que establece un subsidio universal para Jefas y Jefes de Hogar desocupados tiene como único objetivo debilitar la organización popular en los barrios, ya que el superávit fiscal permitiría ampliar la ayuda social. Resultado de esta especulación política es la exclusión de millones de famillas que subsisten por debajo de la línea de indigencia. Kirchner mantiene su negativa a una más justa redistribución de la riqueza contrariando las demandas populares, pero además desoyendo las denuncias de la Defensoría del Pueblo de la Nación, incluso violando pactos internacionales en materia de Derechos Humanos contraídos por el país, como fue denunciado internacionalmente por el Informe FIAN (organismo consultor de las Naciones Unidas).

Sin embargo, la afirmación hecha más arriba puede no resultar convincente para quienes ven por televisión a familiares de víctimas del gatillo fácil ser recibidos en la Casa Rosada, o a funcionarios acercándose a barrios o actos donde se inauguran obras o se conmemora a víctimas de algún hecho de violencia policial. Es cierto que son gestos que no se veían en gobiernos anteriores. Pero igual de cierto es que en ninguno de los casos se apunta a resolver la problemática de fondo, para que no siga habiendo policías asesinando jóvenes en los barrios, militantes atacados por su actividad social, familias con necesidades básicas insatisfechas o personas sin condena muriendo en las cárceles.

Sin resolver la problemática de fondo, pero siendo ágiles a la hora de mostrarse cerca de las víctimas, lo que el gobierno realmente desarrolla es una política inteligente de neutralización de la protesta social, y cooptación de familiares o movimientos de denuncia. Por caso: la integración a las políticas oficiales y contención brindada a la mamá del chico que, hace tres años, la policía asesinó arrojándolo al Riachuelo, acalla la voz de denuncia, neutraliza la organización barrial en torno a la lucha por justicia, a la vez que deja el camino libre para que otros policías de la misma comisaría asesinen por la espalda a otra chica de 14 años en el mismo barrio, como acaba de suceder en la villa 20 de Lugano.

El papá de Darío, la hermana de Maxi, no aceptaron cargos estatales ni admitieron ser incluidos en programas oficiales, no se dejaron engañar por ningún tipo de ofrecimiento que los alejara del reclamo de justicia. Los compañeros y compañeras de militancia de Darío y Maxi, nos negamos a considerar la memoria de nuestros compañeros como prenda de negociación en una mesa ministerial. Tal vez por eso, porque entre un despacho oficial y la asamblea de barrio optamos por la asamblea de barrio, porque entre las ofertas a nuestra organización y la lealtad a nuestros compañeros caídos fuimos consecuentes con nuestros principios, tal vez porque no fuimos sumisos ante las exigencias del gobierno, hoy el encubrimiento que protege a los autores ideológicos y responsables políticos de los asesinatos de Darío y Maxi cuenta, además, con la colaboración del presidente Kirchner.

Pero no sólo eso pesó a la hora de definir posiciones en el gobierno nacional respecto a la causa del 26: el presidente sabe, porque demostró conocer más de lo que dijo sobre el tema y porque recibió, de manos nuestras, el libro que ahora reeditamos, que si fuera consecuente con sus palabras, si pusiera la voluntad política para “ir a fondo, caiga quien caiga”, se toparía de pleno con la autoría intelectual y las responsabilidades políticas de las primeras líneas del duhaldismo, ex-presidente incluido. Y también con esto especuló: trascendidos sobre la posible investigación, pedido de informes en la cámara de diputados, rumores volcados a través del periodismo obsecuente, fueron maniobras a las que apeló el kirchnerismo para “asustar” a su oponente interno, esgrimiendo la posible investigación como si fuera una “carta en la manga” que pesara en la interna partidaria para acorralar a las tropas de Duhalde. Aunque finalmente termine imponiéndose el acuerdo al interior del partido Justicialista y la interna se aquiete, los cargos y puestos de poder se repartan, y poco o nada cambie. ¿Víctimas de tanta politiquería? Entre otros, los anhelos de justicia por los asesinatos de nuestros compañeros Darío y Maxi.

"Me siento usado por Kirchner, me mintió y la impunidad sigue intacta", declaró Alberto Santillán ante todos los medios de comunicación, el 26 de enero de 2004, desde el corte del Puente Pueyrredón. Minutos después, en un clima de más confianza, los compañeros del medio alternativo Argentina Arde le preguntaron: 
- ¿Cómo te sentís, Alberto?
- Bastante molesto; enojado con este gobierno que realmente dice una cosa y hace otra ¿no?, (...) a mí en la cara Kirchner me ha dicho que la comisión se iba a crear en tres cuatro días, que ya estaba como funcionando. Me siento un estúpido, un títere al que él usó para que los medios recepcionen la buena voluntad de él (...) Me da mucho odio que me hayan “forreado” así, que yo me haya prestado para que me saquen esas fotos, con lo cual estaba avalando algo que realmente fue toda una mentira”.
Desde que el secretario de la presidencia Oscar Parrilli intentara “negociar” la causa del 26 en base a un planteo que resultaba en realidad una extorsión, y al encontrar una respuesta negativa de nuestra parte, los encuentros no volvieron a repetirse. Desde la presidencia de la Nación no volvieron a comunicarse con Alberto Santillán, ni siquiera para disculparse. 


IV- 
Por último, resultan necesarias algunas aclaraciones sobre la vigencia del trabajo que ahora reeditamos. Son contadas –y secundarias respecto a la investigación general- las novedades en el expediente judicial producidas durante los dos últimos años.
El 20 de agosto de 2003 fue apresado el sargento Carlos Leiva, hasta entonces prófugo, que será juzgado en otra causa por su detención tardía. El 27 de abril de 2004 la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó el sobreseimiento del ex-jefe de la Departamental de Lomas de Zamora, Comisario mayor Osvaldo Félix Vega. Finalmente el tribunal no admitió que se avanzara más allá de las responsabilidades materiales, y fijó como fecha de inicio del juicio, el 17 de mayo de 2005. 
Durante este tiempo, los distintos proyectos con pedidos de informes al Poder Ejecutivo presentados en la Cámara de Diputados de la Nación y las legislaturas porteña y bonaerense fueron cajoneados, en cada caso, por los bloques del PJ, la UCR y otras fuerzas parlamentarias de derecha. Esta tendencia corporativa de la clase política a consolidar la impunidad tuvo como contraparte el acompañamiento que más de 30 legisladores brindaron al surgimiento de la Comisión Independiente que impulsamos junto a los familiares. 

Otra aclaración debemos hacer, ahora respecto a nuestra organización: el MTD Aníbal Verón, que en el capítulo 10 de este libro caracterizamos como un “movimiento de movimientos” se encontró, fruto de la política gubernamental de doble discurso y cooptación, con dos posiciones a su interior que no lograron una síntesis común. Surgieron marcadas diferencias respecto a la relación con el gobierno, y por lo tanto sobre la creación de la Comisión para empujar el esclarecimiento de los crímenes de Avellaneda. Algunos MTDs, manteniendo la confianza en las promesas gubernamentales, siguieron (hasta fines de 2004) esperando ser partícipes de una Comisión gubernamental que, después de todo, nunca llegaría; otros optamos por seguir acompañando a los familiares de Darío y Maxi en un reclamo de justicia que consideramos innegociable, e impulsamos, en cambio, la constitución de una Comisión Independiente que reunió a los familiares, a organismos de Derechos Humanos y a personalidades independientes. Al igual que el resto de las organizaciones sociales que no cedieron a la exigencia de “lealtad” por parte de un gobierno que no satisface las demandas populares, nuestro sector se encontró con una actitud de creciente desprecio hacia nuestras demandas por parte de los funcionarios gubernamentales. Aún así, mantuvimos nuestros criterios de funcionamiento democrático y de base (otra diferencia que se profundizó al interior de la Verón, como consecuencia de frecuentar tantos pasillos gubernamentales); sumamos fuerzas junto a otras organizaciones de desocupados, estudiantiles, culturales y militantes sindicales, conformando el Frente Popular Darío Santillán. También profundizamos la relación con los movimientos campesinos autónomos, y seguimos en el camino de la lucha por el Trabajo, la Dignidad y el Cambio Social.
A pesar de estos cambios en la conformación de nuestro movimiento, preferimos volver a editar este trabajo sin ninguna modificación, reflejando todas las posturas de quienes, más allá de las divisiones posteriores, protagonizamos en forma conjunta aquellas jornadas de lucha, dolor y resistencia.


V-
Sobre los policías que apretaron el gatillo, no habrá durante el juicio mayores aportes que lo expuesto en las páginas que siguen, lo que debería ser suficiente para dictar condenas con las máximas penas para quienes asesinaron a nuestros compañeros. Y sobre los políticos que planificaron, complementaron la represión con directivas desde sus despachos y encubrieron y justificaron los crímenes, como también queda demostrado en las páginas que dan cuerpo a este trabajo, está claro que no será esta “justicia” la que los condene.

La contraparte de esta impunidad, lejos de la resignación o el escepticismo, fue y seguirá siendo la memoria, la denuncia y la lucha popular. Ahí están los carteles de la estación de Avellaneda, que a fuerza de insistencia militante ahora llevan los nombres de Darío y Maxi; ahí está, en el árbol de la estación, el rezo a “San Darío del andén”, manuscrito por una mano anónima y pegado sobre la corteza, mes a mes. Ahí están las pintadas con los nombres de los pibes en los paredones bonaerenses, exaltando la dignidad piquetera; y los comedores populares, centros culturales, agrupaciones estudiantiles, aulas universitarias, movimientos de desocupados que llevamos el nombre de los militantes asesinados en nuestras banderas y nuestros corazones; ahí seguimos estando, cada 26, agitando la desmemoria social, reclamando justicia, aunque las marchas y cortes de rutas y puentes “dificulten el tránsito” y alimenten el centimetraje alarmista y antipopular en medios de des-información. Ahí están también los artistas populares preparando obras de teatro, murales, canciones, para denunciar frente a los tribunales de Lomas de Zamora el inicio de un juicio que no hará justicia.
Y aunque todavía resulte insuficiente, ahí está el ex –presidente Duhalde teniendo que salir cada tantos meses a decir “yo no fui”, y soportando escraches en su propia casa; ahí está Oscar Rodríguez, ex -vicejefe de la SIDE, recluido en la cámara de diputados, señalado en los pasillos hasta por sus propios colegas como responsable de la planificación operativa de los asesinatos; ahí está Juan José Álvarez, “cerebro” de la acción conjunta de las fuerzas represivas que dio el marco necesario para los asesinatos, con su carrera manchada por el señalamiento de su responsabilidad criminal, escrachado cada vez que asume un cargo público y poniéndose nervioso cuando es interpelado por el periodismo sobre el tema; un poco más escondidos están también el ex -secretario de seguridad bonaerense Luis Genoud, el ex –jefe de la SIDE Carlos Soria, quien fuera jefe de gabinete Alfredo Atanasof, el por entonces ministro del Interior Jorge Matzkin, el ex –ministro de justicia Jorge Vanossi, el todavía gobernador bonaerense Felipe Solá y otros más... Está bien que sean señalados, que pese sobre ellos la condena social, pero si hablamos de justicia, esto solo resulta insuficiente. Tendremos que seguir aportando nuestro granito de arena, agrandando la conciencia social para que el repudio sea tal que los responsables finalmente deban pagar. Tendremos que seguir insistiendo, seguir luchando. Por Darío y Maxi, pero también por los 30.000 desaparecidos durante la dictadura, por los más de 50 asesinados en democracia en protestas sociales, y también para revertir esta terrible realidad donde generaciones enteras de pibes cuyas familias son mantenidas en la indigencia, están creciendo sub -alimentados y con sus capacidades intelectuales disminuidas, lo que condiciona el futuro de todo un pueblo. Por eso, para que haya verdadera justicia, lucharon Maxi y Darío. Por eso seguiremos adelante.