El atasco para salir de los palcos altos del hemiciclo sofocaba a los que siguieron las alternativas de la sesión. Les impidió seguirle los pasos a Flamarique, a quien se lo pudo recuperar más tarde en los noticiosos. Salió triunfante del Congreso. 'Jamás dije que tenía una Banelco para los senadores', balbuceó para los movileros de las radios y reporteros de televisión.

Subió al coche oficial y rumbeó para su domicilio particular de la calle Ayacucho. La ciudad estaba desierta, como en un verano cualquiera, y la atmósfera se hacía irrespirable.
Por los vidrios tintados de la ventanilla

del auto ministerial, a Flamarique se le debieron reflejar las imágenes de la reunión del 28 de enero de 2000 en la sede de la Federación de Obras Sanitarias. Fue en el 1947 de la avenida Las Heras, ciudad de Buenos Aires, donde el anfitrión, Rubén Héctor Pereyra, lo acogiera en el salón reservado, acompañado por los sindicalistas Hugo Moyano (camioneros), Saúl Eldover Ubaldini (cervecero y diputado nacional), el taxista Jorge Omar Viviani y el colectivero Juan Manuel Palacios.

El día anterior, Flamarique le había sugerido a Pereyra que organizara una cena con el objetivo de convencer a los díscolos sindicalistas de la CGT rebelde encabezada por Moyano, que se resistían a acatar con mansedumbre el indetenible proceso de la Reforma Laboral. Porque la CGT oficial no representaba ningún obstáculo. Rodolfo Daer (Alimentación), Armando Cavalieri (Mercantiles), Carlos West Ocampo (Sanidad), Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Oscar Lezcano (Luz y Fuerza) y Juan José Zanola (Bancarios) habían sido domesticados el 12 de enero por el propio Flamarique y sus subsecretarios Jorge Jerónimo Sappia y Enrique Eliseo Espínola Vera, en un encuentro vituperado por el aún vicepresidente Carlos Chacho Alvarez.

Durante la cena con Flamarique, el camionero Moyano tomó la delantera y el rosario de objeciones fue abrumador. Palacios y Viviani asentían con la cabeza. Estoico, el ministro de Trabajo los dejó hablar. Después comentó, tajante: 'Es inútil que sigan rezongando si, total, la ley va a ser aprobada en Diputados, donde la Alianza es mayoría'.

En medio de la conversación, el anfitrión, Rubén Pereyra, se levantó para ir al baño. Ubaldini comentó: 'Me parece que el Ministro dispone de mala información y evidentemente no tiene ni idea de lo que va a pasar en Diputados. Las cosas no van a ocurrir así, Ministro: va a haber varios diputados de ustedes que no van a votar la ley'. Doce, le faltó decir, que sería el número de legisladores de la Alianza que, cuando se votara la ley, el 24 de febrero siguiente, confirmarían que la información que tenía el que fuera Secretario General de la CGT durante el alfonsinismo era fidedigna. Sin dar tregua, Palacios terció: 'Y después, usted sabe que la ley no va a pasar por el Senado...'. Flamarique, ducho en cuestiones bancarias, y despabilado en el plano tecnológico, enunció la 'estridente metáfora' que pronto sería repetida en todo el país: 'Bueno, para los senadores tengo la Banelco...'.

Según Flamarique, el Presidente lo nombró en el Ministerio de Trabajo 'porque había que llevar a cabo una negociación política', a la vez que agregó: 'Yo no soy un experto en cuestiones laborales'. En esa negociación política circularía plata sucia, algo que el magistrado federal Gabriel Cavallo, llamado a resolver, no llegaría a desanudar, dejando el incidente sin esclarecer.

Flamarique tenía antecedentes en actividades financieras. En 1976 regenteó una mesa de dinero que funcionaba en la Bolsa de Comercio de Mendoza, su provincia natal. Movió clientes con sus hermanos y con Carlos Enrique Abihaggle, a quien conoció en la militancia política en Guardia de Hierro, la fracción peronista de derecha que le diera soporte a la Triple A. Esa Alianza Anticomunista Argentina fue soltada a la calle con fines represivos con la anuencia del entonces presidente Juan Domingo Perón a fines de 1973; esto es: 60 atentados diarios en algunos de esos meses de horror, alrededor de 2.000 víctimas en dos años de represión solapada desde el Estado, cobijada desde el Ministerio de Bienestar Social por 'el Brujo' José López Rega, quien cumplía órdenes del Presidente: 'aniquilar a la JP y a las formaciones especiales del justicialismo', la 'juventud maravillosa', orientada por los Montoneros.

López Rega publicaba la revista Las Bases, en la que anunciaba los blancos de los escuadrones de la muerte. Guardia de Hierro distribuía esa publicación y, después del golpe militar de 1976, se alineó detrás del proyecto político de uno de los triunviros del terrorismo de Estado: Emilio Eduardo Massera.

En 1983, con el retorno de la democracia, Flamarique pasó a desempeñarse en el Congreso de la Nación como asesor del diputado justicialista mendocino José Luis Manzano, junto con el actual coordinador general de la Unidad Presidente de Néstor Kirchner, Juan Carlos Chueco Masón, los cuales se alojaban coincidentemente en el Hotel Presidente. Al año siguiente, fue jefe de campaña del manzanista Mazzón, quien en la interna peronista mendocina venció a José Octavio Pilo Bordón por apenas 400 votos.

La victoria le reportó la secretaría provincial de las finanzas del PJ, razón por la cual Flamarique trasladó los fondos justicialistas a la financiera familiar, Multicrédito, violando la legislación orgánica de los partidos políticos, que prohíbe depositar dineros partidarios en entidades privadas. En 1995 el transformado banco Multicrédito desbarrancó en el vaciamiento con un perjuicio superior a los 300 millones de dólares. Flamarique detentaba el 1 por ciento de las acciones. Fue denunciado y sus hermanos estuvieron prófugos; hasta que fueron capturados por el juez Luis Leiva y llevados a juicio oral, que, en julio de 2004, condenó a Leandro Flamarique a tres años de prisión por administración fraudulenta.

Bordón reconocería la capacidad de Flamarique. Al ser electo gobernador de Mendoza, en 1988, lo designó vicepresidente de Bodegas y Viñedos Giol, la empresa más importante que tenía el Estado mendocino, secundando a Eduardo Ramón Sancho. El mandato era privatizar la compañía por decreto, un procedimiento que transgredía el artículo 7 de la ley provincial 3.345, según el cual las privatizaciones requieren una ley sancionada por la Legislatura provincial. Giol fue adjudicada a la sociedad en concurso de acreedores Cubas de Roble S.A. -en poder del ya fallecido Blas Martínez García, zar español del contrabando mundial de alcohol y testaferro del nefasto general panameño Manuel Noriega- y la comisión del Senado mendocino que investigó las anomalías de la privatización puso en evidencia que, en los desórdenes del traspaso, Flamarique realizó exportaciones subfacturando partidas de vino a compañías ficticias.

Con cartas de crédito del Banco de Crédito Argentino, entre cuyos ejecutivos de la época se encontraba un tal Fernando de Santibañes, Giol vendió a Martínez García al menos 490 millones de litros de vino desnaturalizado con sal para ser destilado como alcohol a 0,12 centavos el litro, cobrando Flamarique para su peculio una diferencia de 0,26 centavos por litro. Al conocerse el hecho y ser llamado a declarar por el Senado mendocino, Flamarique presentó un contrato falso, facturas sin numerar y documentos manipulados.

Adujo que los comprobantes de los fletes se habían extraviado, pero no pudo explicar por qué los dos últimos embarques se hicieron con los contratos vencidos. Para remediar el expolio, hizo ingresar en Giol la diferencia entre 0,38 y 0,12, es decir los 0,26 centavos por litro que faltaban.

De modo que el futuro ministro de Trabajo hubo de enfrentar dos acusaciones judiciales que entraron en los tribunales mendocinos en virtud de los alcoholes de Giol. Una, por contrabando. La otra, por administración fraudulenta, llegó al procesamiento, pero la causa prescribió por la inacción de la jueza Estela Garritano de Cejas y el fiscal Isidro Peña, bajo control de Eduardo Bauzá, ex Jefe de Gabinete de Menem y senador nacional involucrado en las coimas de la SIDE. La defensa del caso Giol contó con el asesoramiento entre cortinas y lienzos del abogado mendocino Nicolás Becerra, luego procurador general de la Nación hasta febrero de 2004, entretanto como se verá más adelante, hilo conductor para darle seguimiento a la naturalización irregular del narcoterrorista sirio Monzer Al Kassar. A Becerra se le atribuye la redacción de la benigna sentencia que dictara el juez Pedro Funes para exculpar a Flamarique, tarea en que lo asistió Arlington Uliarte, empleado del grupo Vila-Manzano, después camarista del crimen.

Las multas contra Giol jamás se cobraron. La bodega fue a remate. Flamarique salió sin máculas de la mina vitivinícola y el juez Funes que lo absolvió fue ascendido a camarista.