Un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Medio gabinete presidencial, empresarios del transporte, dirigentes sociales y decenas de periodistas. El presidente Kirchner anuncia el abono social para desocupados "que permitirá a unas 800 mil personas viajar en subte y en tren por 20 y 30 centavos". Es aplaudido por los oficialistas Luis D`Elía (CTA) y Jorge Ceballos (Barrios de Pie), y también por Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa). "Estos anuncios marcan que estamos viviendo una Argentina diferente", agrega el primer mandatario, y todos vuelven a aplaudir. La situación se vivió el martes 3 de febrero de 2004. Un año y medio después, todavía ningún desocupado pudo viajar en los medios de transporte por esa tarifa. El anuncio aplaudido y ampliamente difundido finalmente no se concretó.

En estos primeros dos años de gobierno, el presidente Kirchner hizo un uso inteligente de este tipo de anuncios que mostraron a su gobierno sensible a la problemática social: en gran medida, y apelando a medios de comunicación que se prestaron a difundir tales noticias sin ningún tipo de reparo crítico ni contraste con la realidad, a golpes de efecto este presidente fue construyendo una legitimidad que no le habían dado los votos. Claro que, repetido en el tiempo este mecanismo engañoso, debería despertar sospechas, como mínimo. No sólo ningún desocupado pudo viajar con una tarifa reducida en los medios de transporte; tampoco la población más empobrecida del país pudo finalmente acceder a la "garrafa económica" que se anunció desde la Casa Rosada, ni la bancarización del cobro de los planes sociales implicó beneficio alguno más que para los bancos. Ahora, el nuevo anuncio de la "Canasta Básica de Alimentos" no logra otra cosa que hacer creer, a quienes están lejos de necesitarla, que el gobierno se preocupa por los pobres. Pero ninguna familia humilde se ve beneficiada por esos anuncios, que en las barriadas populares no se concretan.

Meses después de anunciar el boleto social, el gobierno explicó que el cobro del plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados por medio de una tarjeta bancaria evitaría el "manejo político", logrando así que la ayuda llegara a quien realmente la necesitara. Un discurso que hacía bandera de la transparencia, y que tuvo amplia difusión en medios de comunicación. Concretada la bancarización del cobro, la realidad es que el manejo discrecional y en función de intereses políticos se profundizó, y el principal responsable fue el propio gobierno: bajas de beneficiarios por un lado, achicando mes a mes el padrón del Plan Jefes (que se redujo de casi dos millones cuando asumió a algo menos de un millón y medio en la actualidad, a pesar de que los números del desempleo no ceden), para redistribuir esa ayuda ofreciéndole los cupos sólo a las organizaciones oficialistas, a través del Plan de Empleo Comunitario (PEC, igual que el Jefes y Jefas pero con otro nombre). Resultado de la operación "transparencia": beneficio para el gobierno a través de anuncios que lo muestran sensible y transparente; beneficio a las organizaciones oficialistas por medio de la reorientación arbitraria de la ayuda social; beneficio a los bancos con los que se hizo el acuerdo del cobro con tarjeta de débito. Ningún beneficio para la población excluída.

La misma lógica se repite con la garrafa "social" o "económica". Lo que se anunció como una forma de amortizar los aumentos para los sectores más postergados, terminó siendo un negocio para distribuidores y comerciantes amigos de los intendentes en cada distrito. Con pocas bocas de entrega y distanciadas de los barrios humildes, las garrafas "sociales" (que reducían el precio sólo un 15 %, cuando en realidad el costo para las empresas productoras permitiría vender la garrafa a menos de la mitad de ese precio) terminaron en los negocios al precio de venta común.

Ahora, otro nuevo anuncio, otro golpe de efecto que en los barrios finalmente "no existe": la Canasta Básica de Alimentos. Los precios de los quince productos alimenticios y de limpieza anunciados, no mejoran la oferta de lo que se consigue en los barrios populares, por lo que ningún almacén de barrio adhirió al plan.

En un año electoral en el que el presidente propone plebiscitar su gestión y cierra acuerdos para ello con lo más conservador de la estructura política del Partido Justicialista, resulta imprescindible echar luz sobre estas estrategias de construcción de consensos en base a anuncios que no constituyen más que una estafa a las esperanzas de los sectores más postergados. Son pocos los medios de expresión, las voces que pueden alzarse desde los barrios más humildes para denunciar esta situación. Con este artículo nos proponemos aportar nuestro granito de arena a que esa realidad postergada sea conocida.