Grave intimidación al juez que está a cargo de la causa Feced

A.P.D.H.

La misiva incluyó el mensaje "mata a 1 advierte a 1.000". Como remitente hicieron figurar a un dirigente de APDH
El juez federal subrogante Carlos Vera Barros, a cargo de la causa Feced, entre otras que investigan la represión ilegal en el sur santafesino durante la última dictadura militar, fue blanco ayer de una grave amenaza. Recibió un sobre a su nombre con una bala, presumiblemente de FAL (Fusil Automático Liviano del Ejército Argentino), en su interior y la inscripción "mata a 1 advierte a 1.000". Llamativamente, la misiva tenía como remitente a Carlos de la Torre, dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario, quien repudió el hecho.
Según consta en la declaración del magistrado ante el fiscal federal Francisco Sosa, a las 10.30 la secretaria privada del Juzgado Nº4 le entregó un sobre dirigido a su persona con el remitente "Carlos de la Torre (APDH) Rosario".
Al abrir la correspondencia, que llegó por Correo oficial a la mesa de entrada de los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900, la sorpresa fue mayor. Contenía "una bala de bronce, aparentemente de FAL y en estado de uso", con la inscripción "Señor juez mata a 1 advierte a 1.000".
Vera Barros también describió en la denuncia que el proyectil, que estaba envuelto en papel de telgopor, "tiene en la base la inscripción 1.62x51 FLB2000", referencias que permiten determinar su procedencia.
Expertos consultados por La Capital hicieron una salvedad respecto del relato judicial sobre los datos grabados en el proyectil. Tras aclarar que el calibre 1.62 no existe, explicaron que, en realidad, la referencia 7.62 es la que corresponde a la bala que carga un FAL. Y precisaron que la leyenda FLB2000 confirma que fue producida en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (ubicada a pocos kilómetros de Rosario), hace cinco años.
Dado el carácter intimidatorio del hecho, Vera Barros decidió denunciarlo ante el fiscal, quien, por su parte, instruyó al magistrado subrogante Germán Sutter Schneider, a cargo del Juzgado Federal Nº3 (en turno), para que disponga las medidas que considere convenientes.
Acto de cobardía
Si bien el magistrado mantuvo un hermetismo inquebrantable, habituales transeúntes de los pasillos del Palacio de Justicia hablaron de "un acto de cobardía" estrechamente vinculado con las recientes resoluciones de Vera Barros en las causas abiertas por crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, De la Torre le aseguró a este diario que se trata "lisa y llanamente de una provocación, porque ponerle mi nombre a la carta garantizó su apertura". Y agregó: "Sin dudas apuntó a cruzarnos con el juez".
Para el representante de la APDH, la amenaza "tiene que ver con las causas" que instruye Vera Barros y, en ese sentido, repudió "la cobarde, anónima e histórica forma de actuar de estas personas, que pretenden amedrentar al magistrado y a los representantes de los organismos defensores de los derechos humanos".
El 5 abril pasado, Vera Barros había procesado en calidad de organizador de una asociación ilícita agravada al ex general Ramón Genaro Díaz Bessone, quien se desempeñó como comandante del II Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario, en el marco del expediente Feced.
El juez también amplió el procesamiento -en calidad de organizador- del ex jefe de la Policía provincial Carlos Ramírez y de sus otrora subordinados José Lo Fiego (alias el Ciego o Mengele), Mario Marcote (el Cura) y Ramón Vergara, como integrantes.
Asimismo, Vera Barros procesó como partícipe de una asociación ilícita agravada al civil Ricardo Chomicki, quien fue arrestado el 9 de marzo en Pehuajó (provincia de Buenos Aires).
Pero hay otro dato insoslayable: en marzo, un ataúd antiguo, de pequeñas dimensiones y en cuyo interior se encontraban huesos humanos, fue depositado frente a la emisora LT10 de la ciudad de Santa Fe.
El féretro estaba acompañado por una carta en la que se hizo alusión a las investigaciones que lleva adelante el juez federal Reynaldo Rodríguez por delitos de lesa humanidad cometidos en la capital provincial durante la dictadura.
No era la primera vez que el magistrado recibía amenazas. Sobre todo después de haber ordenado detener y procesar a siete personas, entre ellas el ex juez federal Víctor Brusa y el presidente comunal de San José del Rincón, el ex comisario Mario Facino.
No Olvidamos, No Perdonamos, No Nos Reconciliamos
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario