Claudio Katz
EDI

El rebrote actual de la inflaci�n es consecuencia del propio modelo exportador que impulsa el gobierno. En condiciones de alta concentraci�n oligop�lica y continuada desindustrializaci�n, este esquema amenaza la continuidad del crecimiento y agrava el empobrecimiento.

Algunos funcionarios minimizan el problema recordando que un aumento de los precios del 8 al 15% anual es irrelevante en comparaci�n a la carest�a de los a�os 80 o a la hiperinflaci�n de los 90. Pero en la actualidad, cada punto de inflaci�n sin compensaci�n salarial agrega 125.000 nuevos pobres a un infierno de miseria que no exist�a en esa �poca.

El incremento promedio del 4% de los precios minoristas durante el primer trimestre incluy� una suba del 5,9% de la canasta de alimentos, que afecta directamente a los desamparados. Si el repunte inflacionario no tiene contrapesos en aumentos de sueldos y subvenciones a los desempleados, medio mill�n de pobres se agregar�n al 40% de la poblaci�n que no cubre sus necesidades b�sicas. Existe un segmento fronterizo de 9% de cuasipobres que recaer� en la miseria si persiste la carest�a.

La inflaci�n tiene numerosas ra�ces en un pa�s con precios hist�ricamente tan descontrolados. Pero el resurgimiento actual no obedece a las distintas hip�tesis que manejan los funcionarios del gobierno.

EL FANTASMA DE LOS SALARIOS.

Lavagna ha retomado el viejo diagn�stico patronal de la inflaci�n por salarios para culpabilizar a los trabajadores por la carest�a. Por eso intenta eliminar los aumentos por decreto y quiere condicionar la recuperaci�n de los sueldos a incrementos de la productividad, negociados con cada sector empresario. Presenta este mensaje como un acto de protecci�n hacia los pobres, recordando que "en la carrera contra los precios siempre pierden los salarios". Pero no menciona que los capitalistas necesitan el auxilio de sus ministros para ganar este puja.

Si la inflaci�n dependiera del salario, el derrumbe actual de los sueldos deber�a mantener planchado a los precios. Son los capitalistas y no los trabajadores qui�nes manejan esta variable, introduciendo remarcaciones frente a una suba de los sueldos. Avalar este traslado como una reacci�n natural presupone asumir la visi�n de los empresarios, porque el salario constituye un costo s�lo para ellos. Para los trabajadores es un ingreso que disminuye en t�rminos reales cu�ndo hay inflaci�n.

Atribuir en la actualidad la inflaci�n al costo salarial es completamente absurdo, porque esta variable se ubica en un 20 o 30% por debajo del nivel vigente antes de la devaluaci�n. Los capitalistas han logrado un ahorro que solo difiere seg�n la rama, el destino de los bienes y la productividad de cada firma. Todos los empresarios lucran con el retroceso de los salarios reales que en promedio se ubican un 13% por debajo de diciembre del 2001. Esta p�rdida es menor entre los trabajadores del sector privado formal, pero se eleva al 28 % entre los empleados p�blicos y al 26% entre los informales.

Por su parte Kirchner se orienta a aceptar un "nivel moderado de inflaci�n", como si esta perspectiva fuera indolora. Una carest�a perdurable ser�a particularmente dram�tica para los desocupados y la mitad de la poblaci�n asalariada que se encuentra contratada en empleos de pobreza. Para ellos cualquier suba de precios significa enfermedad, desnutrici�n y embrutecimiento.

EL FRENO DE LA DEMANDA

Otros funcionarios como Redrado diagnostican que la inflaci�n resurgi� porque en los �ltimos meses el consumo crece por encima de la inversi�n. Pero un repunte de este tipo deber�a ser transitorio y quedar acotado a los productos adquiridos por los sectores altos ingresos. Explicar�a los aumentos de ciertos servicios, pero no la suba generalizada que en el �ltimo a�o afect� al 96% de las mercanc�as.

En el contexto de ingresos polarizados que caracteriza a la Argentina es falso sugerir que la demanda global infla los precios. Con la reactivaci�n de los �ltimos a�os la torta se agrand� en comparaci�n al desplome precedentes, pero tambi�n se ampliaron las porciones que deglute la minor�a. La brecha entre el 10 % m�s rico y m�s pobre pas� de 24,25 veces (mayo 2003) a 27,81 veces (diciembre 2003) y luego a 28,94 veces (mayo 2004). Los privilegiados recobraron su nivel de hiperconsumo, pero la mitad del pa�s carga con la cruz del subconsumo.

Los economistas m�s ortodoxos del gobierno que temen el recalentamiento de la demanda intentar�n ajustar el torniquete monetario (subejecuci�n del gasto, recorte de la emisi�n, incremento de tasas de inter�s), mientras refuerzan el apret�n fiscal sobre la clase media.

Pero estas medidas tienen limitada efectividad en el marco de in�dita austeridad que impuso Kirchner. Cualquier sugerencia monetarista de inflaci�n por emisi�n es un despiste completo en la actualidad. Con el gasto estatal en un piso sin precedentes, la impresi�n de billetes no amplifica la escalada de los precios. Lo que reina es el dogma del super�vit fiscal y el circulante se mantiene contra�do por la baja monetizaci�n que leg� el colapso bancario.

CONCERTACIONES FALLIDAS.

Otro sector del gobierno m�s cercano al presidente considera que la inflaci�n se origina en las remarcaciones que disponen las 200 empresas formadoras de precios. Por eso los funcionarios intentaron negociar un acuerdo para frenar la escalada, pero sin lograr ning�n resultado. Ahora discuten con las mismas empresas el lanzamiento de una "canasta social" de alimentos b�sicos. Nadie sabe porqu� funcionar�a esta segunda variante luego del fracaso de la primera concertaci�n. La nueva canasta permitir�a disimular los aumentos ya aplicados y seguramente incluir� bienes de baja de calidad. Podr�a adem�s servirle a Lavagna -siempre irritado con los guarismos del Indec- para construir alguna estad�stica paralela.

Para actuar efectivamente sobre los formadores de precios habr�a que utilizar ante todo las leyes de abastecimiento y emergencia que fueron sancionadas en �pocas de alta inflaci�n y que contemplan multas, clausuras y decomisos de mercader�as. Pero el presidente ni siquiera menciona esta posibilidad porque acepta de antemano el chantaje del desabastecimiento. Mientras por un lado recurre a una negociaci�n heterodoxa con las c�pulas empresarias, por otra parte exalta la vigencia neoliberal de los precios libres.

En medio de tantas idas y vueltas, Kirchner present� la anulaci�n de una suba de combustibles como un �xito de su campa�a contra los abusadores. Pero en realidad ese incremento fue eliminado cu�ndo apareci� una concesi�n oficial a las petroleras (importar gas oil sin impuestos). Adem�s, la rebaja es completamente irrelevante en comparaci�n a la renta que obtienen las compa��as por la diferencia entre costos y precio de venta locales de los combustibles.

Despu�s de ese episodio el presidente igualmente tiende a sustituir el escrache individual de los remarcadores por un vago llamado a "comprarle a los que no aumenten". Convoca a los consumidores a hacer lo obvio, imaginando que al cabo de una jornada laboral agotadora la poblaci�n dispone de tiempo y energ�as para comparar las cotizaciones de cada comercio. Dada la concentraci�n oligop�lica de muchos precios esa recorrida resultar� bastante in�til. La soberan�a del consumidor es un mito particularmente absurdo en los sectores controlados por dos o tres empresas, como l�cteos, gaseosas, cigarrillos, envases, cemento o higiene.

Es indudable que la inflaci�n actual contiene un fuerte componente de inducci�n oligop�lica, especialmente en combustibles y alimentos. Para preservar su rentabilidad cercana al 30% anual -que supera al mejor momento de la convertibilidad- las grandes compa��as ajustan precios ante cualquier asomo de mayores costos.

Un ingrediente central de este impulso son los aumentos de tarifas que ya dispuso el gobierno, como por ejemplo la suba del 53% de la energ�a el�ctrica mayorista desde enero del 2004. Qu� los futuros incrementos excluyan o no a los usuarios particulares no ser� muy relevante. Basta que afecte a los industriales o comerciantes para que lo sufran todos los consumidores.

La inflaci�n actual que plasman los formadores de precios se encuentra igualmente contrapesada por la competencia que opone a los propios monopolios. Lo que gravita m�s sobre la escalada de precios son las tensiones que emergen del propio modelo.

LAS EXPORTACIONES Y LA DEUDA

El principal motor de la inflaci�n actual �en un contexto de competencia monop�lica- es el modelo exportador de bajos salarios. Este esquema reaviva el viejo mecanismo de adaptaci�n de los precios internos al ascenso de las cotizaciones (o el volumen) de las agroexportaciones. C�mo el empresario puede colocar el mismo producto fuera del pa�s -obteniendo mayor lucro- traslada ese adicional al mercado local.

Este alineamiento �que hist�ricamente socav� la estabilidad de los precios en la Argentina- opera con plenitud desde la devaluaci�n. Por eso en los �ltimos tres a�os la carne subi� entre 113% y 150% y el aceite de ma�z trep� 339%. Para contrarrestar este desestabilizador encarecimiento se aplican las retenciones. Pero con presiones, fraudes fiscales y pr�dicas neoliberales, las grandes empresas han logrado atenuar la incidencia de este impuesto.

La carest�a actual es un efecto demorado de la devaluaci�n. La baja traslaci�n a los precios que sigui� al fin de la convertibilidad (y que tanto enorgullece a Lavagna) se est� diluyendo. La brecha entre la devaluaci�n (200%) y el aumento de los precios mayoristas (100%) y minoristas (55%) tiende a cerrarse con la reactivaci�n que sucedi� al colapso deflacionario de 1998-2001.

El propio gobierno apuntala la inflaci�n por exportaciones al sostener la cotizaci�n del d�lar. Busca evitar la revaluaci�n del peso, que deriva del reingreso de capitales y de las expectativas en nuevos negocios. C�mo, adem�s, el d�lar tiende a devaluarse a escala internacional, el costo de este sostenimiento es cada vez mayor. Si la compra oficial de divisas cruza cierto l�mite el impacto sobre los precios ser� m�s significativo.

Pero el gobierno debe convivir con este escenario, porque depende del cobro de las retenciones para mantener el super�vit fiscal que destina al pago de la deuda. No puede rehuir las derivaciones inflacionarias que tanto fastidian al presidente. El canje de los t�tulos ha introducido otro factor aut�nomo de inflaci�n, al dejar nominado en pesos indexables la mitad del nuevo pasivo. Por cada punto de incremento de los pecios la deuda trepa 1500 millones de pesos. Este tipo de desembolsos se financiaron en el pasado con emisi�n y alimentaron el c�rculo vicioso de endeudamiento inflacionario.

EL AHOGO ESTRUCTURAL.

La inflaci�n actual tambi�n proviene en cierta medida de la baja oferta industrial. Este determinante estructural sobrevuela el esquema actual de crecimiento con reducida inversi�n. Aunque la producci�n industrial ya recuper� el nivel de 1998, la inversi�n se mantiene un 20% por debajo de ese a�o y s�lo en el 2004 retom� un signo positivo. Por efecto de la depresi�n y el default, los aportes de capital externo para proyectos productivos de largo plazo no repuntan y los capitalistas locales destinan por ahora el grueso de sus fondos a especular con inmuebles, acciones y bonos.

La inflaci�n estructural actual es consecuencia de una primarizaci�n acumulativa. El extendido cementerio fabril contin�a pesando sobre el conjunto de la econom�a. La recuperaci�n solo elimin� la capacidad ociosa de las plantas ya existentes, pero no revierte el completo abandono de la gran producci�n (locomotoras, motocompresoras). Incluso la elaboraci�n local de bienes muy elementales (biromes, buj�as, tubos fluorescentes o cepillos de dientes) contin�a postergada. Por eso solo un tercio de la escasa inversi�n se destina bienes de capital, mientras los acuerdos de comercio exterior con Brasil o China convalidan la demolici�n industrial. El pa�s ha quedado convertido en un proveedor excluyente de materias primas.

La ausencia de inversi�n p�blica por la prioridad del super�vit fiscal refuerza la desindustrializaci�n y la consiguiente inflaci�n estructural. C�mo ocurri� en los 90 el gobierno apuesta todas sus fichas al resurgimiento de la inversi�n privada. Pero mientras espera se agrava un estrangulamiento de la oferta, que en algunos sectores como la energ�a ya conspiran contra la continuidad de la reactivaci�n.

CONTRADICCIONES Y ALTERNATIVAS.

El gobierno est� atrapado por los efectos de la inflaci�n que motoriza su propio modelo. Desear�a eliminarla, pero no puede taladrar los cimientos de su obra. La inflaci�n ha sido imprevista, pero no es ajena al curso elegido desde la devaluaci�n. Nadie puede en este caso achacarle culpas a la convertibilidad o a la herencia menemista.

Los economistas del "Plan F�nix" sostienen que una "inflaci�n tolerable" resultar�a beneficiosa si permite evitar el enfriamiento de la econom�a. Pero se olvidan de agregar que esta conveniencia excluye a todos los trabajadores, desempleados e integrantes de la clase media. Promueven el sostenimiento del d�lar alto con el mismo entusiasmo que auspiciaron la devaluaci�n. Como se compatibiliza este "tipo de cambio real competitivo" con la redistribuci�n del ingreso -que tambi�n promueven- es un misterio insondable.

El gobierno difunde el temor a la inflaci�n para rechazar las demandas salariales y restaurar un clima de emergencia, que no se condice con los �ndices de crecimiento, ni con las enormes ganancias empresarias. Recurre al auxilio de la burocracia sindical para contrarrestar los reclamos de los asalariados y afirma que no hay espacio para reconquistar inmediatamente los derechos arrebatados a los trabajadores.

Pero la inflaci�n no es un mal inexorable, ni se elimina con nuevos ajustes. Existen alternativas no contractivas, ni empobrecedoras de pol�tica antiinflacionaria. Aplicando las leyes que est�n vigentes se podr�a sancionar a los responsables de la carest�a, recurriendo a la movilizaci�n popular si aparece el desabastecimiento. Congelar primero y revisar despu�s todas las tarifas permitir�a anular un factor de incentivo directo del ascenso de los precios.

Pero cortar las ra�ces del impulso inflacionario exige adem�s revertir la prioridad asignada a las exportaciones en desmedro del consumo popular. El punto de partida es desvincular los precios locales de sus cotizaciones internacionales y para ese fin las retenciones son insuficientes por su limitada eficacia en la regulaci�n de los precios. Aqu� se requiere la intervenci�n estatal directa para la fijaci�n de ciertos precios estrat�gicos en funci�n de los costos internos, especialmente en el �rea de los combustibles.

Como la inflaci�n no se origina en el aumento del consumo masivo es completamente contraproducente enfriar la demanda popular. Un modelo antiinflacionario deber�a actuar en direcci�n opuesta, incentivando la recomposici�n del poder adquisitivo y aumentando simult�neamente la provisi�n de los productos prioritarios. La inflaci�n estructural se corrige reindustrializando con el sost�n de la inversi�n p�blica.

Pero esta pol�tica de obra p�blica y aumento de salarios es incompatible con el pago de la deuda. Esta hipoteca es el gran obst�culo para implementar medidas de protecci�n del bolsillo popular. El fraudulento pasivo apuntala el modelo exportador, ahoga el gasto social e impide actuar contra el rebrote de los precios. Despu�s del canje apareci� la inflaci�n, para recordar que los efectos de la deuda no desaparecieron con el fin del default.

16-4-05
* Economista, profesor de la UBA, investigador del Conicet. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda). Su p�gina Web es: www.netforsys.com/claudiokatz