Marta Inés Rondoletto
Periodista

El lugar habría sido usado por el Ejército como fosa común. En las noches, vehículos cargados con cuerpos. De día, con cal. Durante años, sotto vocce, el Pozo fue tema de conversación en Villa Muñecas. Hubo atentados contra personas relacionadas a las actuales investigaciones. En la denuncia, Bussi aparece como el principal responsable de los hechos.
Otra vez la oscuridad...el traqueteo de vehículo avanzando sin prisa, que pasaba una vez más, había dejado de despertar preguntas: ya habían logrado saber el porqué del recorrido y de la modalidad. Todos comentaban, en voz baja, lo que se iba confirmando con el paso de los días, con el paso de los meses: camiones verdes oliva se internaban en el estrecho callejón que desembocaba en el viejo pozo abandonado. En alguna oportunidad, se había encontrado pedazos de ropa alrededor o colgando de su brocal. Una vez, dijeron, hasta una camilla quedó, atascada entre los durmientes que atravesaban la boca del pozo. Otra noche, cerquita del canal, a una camioneta que iba a los tumbos, se le cayó un cuerpo. Frenaron. Gritos e insultos. Lo levantaron como si fuera un bulto y lo arrojaron al interior del vehículo que siguió su fatídico recorrido. La actividad no era solamente nocturna. De día también pasaba una camioneta, pero esas veces iba perdiendo un polvo blanco al que, en algún momento, identificaron como cal. Con el tiempo pudieron establecer un patrón: cuando de día pasaba la camioneta, esa noche seguro pasaba un vehículo con el otro cargamento. En todos los casos, el destino era el mismo: el pozo. En ambos casos, el vehículo volvía vacío.
Desde un principio los vecinos se inquietaron y el miedo comenzó a hacerlos presa de él. Increíbles historias comenzaron a circular y a dispersarse: cuerpos habían sido colocados sobre la vía, el tren les había pasado por encima y luego esos restos habían sido arrojados al pozo. En diferentes momentos, se encontraron zapatos y zapatillas en las cercanías de ese lugar, resto de ropas. Con el tiempo, moscas, inmensas, comenzaron a abundar alrededor del brocal del pozo.
Los meses pasaban...el miedo crecía y no era tiempo de andar hablando, en voz alta, de estas cosas. Los militares recorrían la zona como dueños y señores, en todo momento, en cualquier momento. Y no era cuestión de hacerse el loco, hablando de lo que se veía, se escuchaba, se encontraba, se presentía. Se conocía. Los meses se hicieron años. La historia había comenzado un tiempo antes de que vinieran los militares al gobierno y para la época de Montiel Forzano, le pidieron que se hiciera tapar el pozo. Había habido intentos anteriores, pero el hueco seguía, y entonces, era un peligro. Camionadas de ripio cumplieron el cometido. El peso y la cantidad del material fue tal que el agua del pozo rebalsó, y corrió por todas partes inundando la calle, los fondos y los jardines de las casas más cercanas. El secreto se estaba sellando. Se estaba intentado cerrar la historia. Sin embargo ésta siguió sotto voce, recorriendo los labios murmurante de la gente. Aquí y allá se decía, se comentaba y se instalaba la idea. Esos, los que estaban en el pozo, eran los desaparecidos.
Algunos de estos datos forman parte de la causa conocida como "El pozo de Vargas" y otros corresponden a relatos que circulan hoy en día, entre quienes viven en las adyacencias del lugar. Dan cuenta del clima que había en los días en que Tucumán se había convertido en un tubo de ensayo según de la Doctrina de Seguridad Nacional con el Operativo Independencia primero, y luego, con la instalación de las Fuerzas Armadas en el gobierno, con el golpe de Estado de 1976.

Siguiendo un rastro

"Un día fui a ver a una gente en Villa Muñeca, por un asunto de los comedores y ahí salió la conversación" cuenta el "Uturunco" Díaz, viejo militantes peronista a quien, por otras vías ya le habían llegado relatos sobre un pozo que habría sido usado por los militares, para arrojar los cuerpos de gente que había sido secuestrada, en época de la guerrilla. "Anduvimos siguiendo el rastro, con otro compañero, por Lules, por Famaillá, pero nada, hasta que por pura casualidad, a mediados del 2001 me dieron la precisa". El pozo estaba en una finca ubicada al final de la avenida que ahora se llama Francisco de Aguirre y que antes se conocía como Las Bases. "Poco a poco comenzamos a conocer historias y empezamos a tener más precisiones" dice Juan Carlos Díaz quien junto con otro peronista, Pedro Mercado, ligado además a la militancia de los derechos humanos, encuentran vecinos que les relatan los hechos de la época, en esa zona, y que a la larga, se muestran dispuestos a repetir la historia ante un juez. Con esos datos y croquis del lugar, van a ver a varios políticos para informales de la cuestión.
El tema no era nuevo, había muchas narraciones por el estilo y el riesgo era groso: los hechos y las circunstancias apuntaban para un solo vértice: Antonio Domingo Bussi, amo y señor de Tucumán desde finales del 75 hasta el 77, gobernador desde el 95 al 99. Hasta que encontraron un funcionario que cazó al vuelo la cuestión: Enrique Romero, director de Transporte tomó los papeles y asentó una denuncia en la justicia federal. Allí se presentan testimonios que dan cuenta de la existencia, en un pozo de agua, de restos óseos de personas que habrían sido arrojadas en ese lugar, durante el periodo en el que Antonio Bussi, fuera comandante primero y gobernador militar luego. Esos cuerpos pertenecerían a detenidos-desaparecidos, denunciados durante la ultima dictadura militar, aunque aparecen datos que remontan la situación a 1974. La denuncia cae en el juzgado federal numero 2 a cargo del doctor Felipe Terán. El fiscal es doctor Emilio Ferré. Era febrero del 2002 y en abril, varios familiares de desaparecidos se constituyen como querellantes en la causa. El fiscal Ferré había pedido ya, tras un análisis del expediente, la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

El pozo de vargas

La abogada de la querella es Laura Figueroa, reconocida en el medio por sus posiciones irreconciliables con cualquier tipo de practica autoritaria y antipopular. Buena laboralista y por convicción política, además activa militantes de derechos humanos, fue una de las fundadoras de la Asociación de Abogados de Derechos Humanos de Tucumán y en la década de los 80, junto con las actuales juezas provinciales Alicia Noli y Liliana Vitar llevó numerosas causas relacionadas a las violaciones de los derechos fundamentales. Los imputados de entonces eran entre otros, Benjamín Menéndez, González Naya, el conocido "Tuerto" Albornoz, de la policía de Tucumán y obviamente, Antonio Domingo Bussi, a quien, los que solían transitar los pasillos del juzgado federal, escucharon llamarlas "las lobas".
Es precisamente por esa época, cuando se conforma la Comisión Bicameral por los Derechos Humanos y la CONADEP, que los Familiares de Desaparecidos escuchan las primeras versiones sobre la existencia de un pozo, en los alrededores de Villa Carmela, en el cual, se decía, habían sido arrojadas personas que habían sido antes desaparecidas. Era una historia similar a muchas de las que se recibían en ese momento, a partir de cuyas comprobaciones se pudo establecer la existencia de al menos treinta tres campos de concentración en toda la provincia.
Las características de la investigación sobre el Pozo de Vargas requirió el concurso de varios factores que dieron cuenta de una situación nueva dentro de los planteos de una investigación penal. Atendiendo a la perspectiva que planteó la querella, la Justicia designo como perito, un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales, quienes venían desarrollando una metodología interdisciplinaria para analizar y llevar a cabo los trabajos en el marco de lo que se ha dado en llamar, genéricamente, Antropología Forense. El caso tiene algunas particularidades, en el sentido de que se trata del primero registrado en el país. Se usa un pozo de agua como lugar para ocultar y deshacerse de los cuerpos de los detenidos desaparecidos. La mayoría de los trabajos se han hechos sobre fosas abiertas a los efectos de enterramientos, o en cementerios.
Se trata de un pozo, ubicado a unas 60 cuadras de la Plaza principal, en las estribaciones del pedemonte tucumano, en los limites geográficos de la capital de San Miguel de Tucumán y el Departamento de Tafí Viejo. La zona se llama "Los Pocitos", y se accede al lugar, por la Avenida Francisco de Aguirre, hasta el 4.500. El predio en el que está ubicado, según los planos catastrales tuvo varios dueños, incluido, el Ingenio Concepción. Alrededor de 1972 fue adquirido por un hombre de apellido Vargas. Por las características de la construcción, los estudiosos estiman que el pozo, de tres metros y medio de diámetro y gruesas paredes de ladrillos dispuestos prolijamente, pudo haber sido construido por los ingleses ligados al ferrocarril, a comienzo del siglo XX. A escasos metros, funcionaba un cargadero de caña lo que hizo que el área alcanzara un altísimo movimiento durante las épocas de zafra, en concordancia con la importancia que tenía la Estación de Ferrocarril de Villa Muñecas, a una veinticinco cuadras del pozo. Hacia los años 60 el pozo comenzó a utilizarse en menor medida, hasta quedar prácticamente sin uso. En los últimos tiempo, y acorde con la tendencia, se dejó de cultivar caña y se puso limón.
En la actualidad, el lugar es puro campo, con casas construidas paralelas a la vieja vía del ferrocarril Belgrano por la que aun corre un tren de carga que une la capital San Miguel de Tucumán con Tafí Viejo. Es un vecindario muy humilde en el que algunas familias crían vacas, o gallinas, gansos. Hay muchos desocupados y muy pocas casas de material. La rutina del lugar se quebró cuando empezaron las investigaciones, cuando se instaló la policía federal para vigilar el predio y los familiares de los Desaparecidos empezaron una vigilia que aun se prolonga, para dar cuenta de la voluntad que los anima de que seguirán hasta el final, para lograr que se establezca la verdad de lo denunciado.
Desde diferentes modos y con distintas implicaciones, varias instituciones de la provincia de Tucumán están contribuyendo a que se avance en la investigación: la Universidad Nacional de Tucumán dispuso recursos materiales y humanos para producir cierta infraestructura que requería el equipo de investigación, la legislatura provincial otorgó, al equipo de peritos forenses, un subsidio de dieciséis mil pesos para contribuir con la realización de la investigación. Desde aproximadamente noviembre pasado se contó con el personal y la tecnología aportada por la Dirección del Agua, una dependencia del gobierno provincial, la que respondiendo a la metodología impulsada por los geólogos del equipo de peritos, realiza trabajos de drenaje, mediante perforaciones paralelas, con profundidades de hasta sesenta metros.
Hasta este momento, los arqueólogos han excavado alrededor de diecisiete metros, aplicando una técnica que se caracteriza la meticulosidad. Cada palmo de tierra extraído es analizado minuciosamente. Nada puede escapar al ojo escrutador de los especialistas: todo puede ser un buen indicio para constatar la veracidad de los hechos denunciados en relación a que cuerpos de personas habrían sido arrojados allí, hace alrededor de 27 años.
Tras la feria judicial, durante la cual se produjo la detención de los trabajos, calificada por Familiares de Desaparecidos, como injustificada, se reiniciaron las tareas, con una nueva metodología y previsibilidad por parte del juzgado, con el sólido respaldo del Consejo de la Magistratura, y del Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra de quien dependen los fiscales federales del país, y quien ha otorgado particular importancia a la investigación en el Pozo de Vargas.

La estrategia se repite

Alrededor del sexto mes de iniciados los trabajos de excavación en el Pozo de Vargas, comenzaron a producirse una seguidilla de acontecimientos, que afecta principalmente a la abogada de Familiares, y a otras personas vinculadas a la investigación.
El domingo día de la Madre, mediante un ardid, unos hombres entran, armados, a la casa de doctora Laura Figueroa, la reducen violentamente y le exigen la entrega de dinero, joyas y dinero, amenazándola con "pegarle", mientras era insultada. Los individuos le exigen dólares, pues aducen haber escuchado una conversación de ella, en la que hablaba de esa plata. Esa mañana, la abogada había, efectivamente, mantenido en su casa, una conversación telefónica con una tercera persona, sobre una posible transacción de esa persona con dólares. Laura Figueroa, en su denuncia, describió este hecho como "un operativo" que duro unos 8 minutos, en el cual los participantes demostraron que conocían detalles de su casa y finalmente, manifestaron poco interés por un dinero que sí había en la casa y del que solo tomaron, una parte.
A la semana siguiente, Figueroa tiene otros episodios de intimidación nuevamente en su domicilio por lo cual se ordenó a Gendarmería la custodia del mismo. A las 48 horas de que esta guardia comenzara su labor, la abogada sufrió otro delito: alguien entra a la casa, teniendo a la gendarmería a 50 metros, y sacan por una ventana, un televisor, otros objetos personales, y una suma importante de dinero; una vez más todo lo que hay en la casa es revuelto: papeles, ropa. Laura no estaba allí. El hecho se produce entre las 20 y las 23 y la custodia no ve nada significativo.
Por la contumacia de la acción, se produce una conmoción entre los Familiares de Desaparecidos y el mundo político de la provincia. Sin embargo no iba a ser la ultima: la opinión pública toma conocimiento de que el Fiscal de la causa, Emilio Ferre también había sido víctima de sendos episodios de intimidación: en ambas oportunidades, coincidiendo con los hechos acaecidos a Laura Figueroa, hay indicios de que su casa había sido "visitada" por extraños, sin que hubiera rastros de violencia externa. En ese contexto, la abogada vincula el robo de su automóvil, ocurrido tres semanas antes del primer episodio, desde la puerta de su estudio. El vehículo, un viejo Fiat Spacio, nunca apareció.
En esos días, también se conoce que fue violentada la sede de la Iglesia Metodista, en la cual los Familiares de Desaparecidos y la organización HIJOS, suelen realizar sus reuniones. La acción se realiza el mismo día en que se ofreció la conferencia de prensa en esa sede, para denunciar la primer intimidación contra la abogada: el procedimiento es el mismo, se forzó la cerradura y algunos barrotes de un portón lateral, e introdujeron, una escalera, que fue abandonada allí.
Todos los sectores relacionados a los Organismos de Derechos Humanos y estos mismos comienzan una serie de actividades de denuncia contra los autores de los hechos, a los que denuncian como "miembros de bandas mafiosas fascista" interesadas en que no se investigue las denuncias formuladas contra Antonio Bussi. Se realizan movilizaciones para pedir garantías, y en apoyo a la abogada intimidada y en una de ella, un nuevo acontecimiento sacude a los participantes. Cuarenta y ocho horas mas tarde, un miembro del equipo perito que realiza las investigaciones en el Pozo de Vargas, Fernanda Sansone, fue abordada por un sujeto, al bajarse de un colectivo, quien le advierte que lo del Pozo de Vargas "se estaba poniendo feo".

Centinelas de la patria, fallan como custodios

El gobierno responde a las peticiones de las movilizaciones respaldando la tarea de la abogada y de los peritos, con un público apoyo a la investigación. Sin embargo, por otro lado, , el ministro de gobierno de entonces, Fernando Juri, acompañando al gobernador Julio Miranda que recibió en audiencia a Familiares y otros sectores políticos, ante el estupor de todos los presentes, sostiene que "se trata de delitos comunes" intentando despojar a los hechos de toda connotación política. La policía había apresado a un individuo de apellido Jaime, de frondoso prontuario, en cuya casa fue encontrado el televisor que pertenecía a la abogada. Sin embargo nadie explicó cómo se puede haber realizado el robo, con Gendarmería custodiando la casa.
Varios intentos de que se profundizara la investigación sobre los delitos cometido contra la abogada, fracasan.. Comienza a sospechar que, en realidad, es a ella a quien se está investigando y no a sus agresores. Luego de un procedimiento judicial irregular, la abogada Figueroa llega a la conclusión de que le cabe imputar "al personal de gendarmería de los hechos acaecidos el día 28 de octubre de 2002, Carlos Enrique Driollé, Sergio Antonio Martearena, Héctor Molinero y a Rolando Benjamín Guanca, como coautores de los delitos de amenazas para lograr que yo no continúe con la investigación del Pozo de Vargas". Se les imputó a cada uno "violación de los deberes de funcionario público" y en el caso de Driollé, Comandante de esa fuerza, además de "abuso de autoridad". La causa está en manos del mismo juez que lleva el caso del Pozo de Vargas, el doctor Felipe Terán.
La organización Familiares de Desaparecidos de Tucumán calificó los acontecimientos de intimidación como una escalada política, al uso de la aplicada dentro de la estrategia de la última dictadura, y señalaron a sectores antidemocráticos y a Antonio Domingo Bussi como los principales interesados en que no se prosiga con las investigaciones en el Pozo de Vargas. De constatarse la verdad de los hechos denunciados, dicen, queda Bussi como el principal responsables de los crímenes cometidos entre finales del 75 al 78, en el marco de la violencia política que significó la estrategia de terror implementada por los militares del Proceso de Reorganización Nacional.
Sin dudas, la difusión que tuvo el caso del Pozo de Vargas como la de los atentados sufridos por la abogada Figueroa, el fiscal Ferré y la perito Sanssone , tanto en el país como en el exterior, dan cuenta de las implicancias políticas que rodean al caso. Esto sumado al estado actual de la investigación hace pensar que en realidad se está próximo a descorrer el velo que cubre a una de las tantas acciones criminales cometida en aquellos años.
Al final del camino está El Pozo de Vargas. Allí lo que para unos será el final para otros será el principio del fin. Ya no podrán ocultar la cobardía. Es de esperar que no haya ley que los ampare. La Justicia aunque lenta, habrá tenido la oportunidad de iluminar lo que aún hoy está en la oscuridad.

Marta Inés Rondoletto (periodista)