El gobierno porteño impidio el cierre del casino en puerto madero
Cuando las aguas bajan turbias

Argenpress

Aníbal Ibarra apuesta a no quedar afuera del negocio del juego. Adelantó que apelará la orden de clausura del casino flotante anclado en la ribera porteña. Su jefe de gabinete, Raúl Fernández, ya advirtió al juez Roberto Gallardo que pedirá su desafuero.

Los aromas pútridos del incumplido saneamiento de las aguas del puerto de Buenos Aires y las irregularidades que marcaron los destinos de la década menemista, parecen inspirar a encumbrados dirigentes del kirchnerismo, seducidos no por las bondades recreativas del casino flotante sino por los dividendos derivados de su explotación. El reelecto gobernador de la ciudad fue el primero en cuestionar la decisión del juez Roberto Gallardo que dictaminó el cierre del barco Estrella de la Fortuna.

Con una velocidad poco común para la Justicia Federal, dos oficios a favor del gobierno comunal impidieron la clausura pedida para el pasado jueves, extendiendo el plazo para la presentación de un recurso de amparo hasta este lunes próximo a las 11 horas.

El juez en lo contencioso administrativo y tributario, arbitró a raíz de la denuncia iniciada por el abogado Ricardo Monner Sans en la que pidió se investigue una serie de ilícitos ligados al barco Estrella de la Fortuna, entre las que destaca una evasión cercana a 13 millones de pesos por ingresar de contrabando al Río de la Plata, la rúbrica de un acuerdo entre Lotería Nacional y el Instituto del Juego de la Ciudad de Buenos Aires violatorio de la Constitución porteña, presunto canje de favores a cambio de pasajes aéreos para funcionarios públicos, además de la selectiva licencia a un empresario patagónico para la instalación de máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo y en un segundo barco casino previsto en el mencionado acuerdo.

La ley del dinero

La indagaciones judiciales llevaron recientemente al juez Gallardo a la inspección de dos embarcaciones en la que presumía la existencia de garitos clandestinos, uno de las cuales estaría siendo remodelado a pedido de los concesionarios del casino flotante.

Luego de los operativos en los barcos 'Missisippi River y 'Princes', la Cámara del fuero confirmó la medida cautelar solicitada por el magistrado para suspender la habilitación de un segundo barco de apuestas.

No obstante, el autor de la norma que aprobó el convenio entre la nación y la comuna con el supuesto objetivo de generar recursos destinados 'al cumplimiento de necesidades de bien común y el desarrollo social', Aníbal Ibarra, omitió referencia alguna a los peligros posibles que ligan al juego con el lavado de dinero y el financiamiento de la política.

Las leyes del recaudador se sustentan en los aportes al año de 3 millones de pesos, que Cirsa la firma de capitales españoles dueña de Casinos de Buenos Aires S. A. rinde al Estado.

Ya en noviembre de 2003 los diputados Alexis Latendorf y Patricio Echegaray observaron que la promulgación de la ley 1182 convalidaría las prácticas evasivas, la resolución 84/02 para la habilitación de un segundo barco casino, además de resultar una abierta trasgresión del art. 50 de la Constitución comunal que reserva para su exclusiva incumbencia todo lo relacionado con la regulación, administración y explotación de juegos de azar, destreza y apuestas mutuas.

Al respecto Latendorf explicó en su discurso parlamentario que el art. 50 no admite la 'privatización o concesión salvo en lo que se refiera a agencias de distribución y expendio'.

El acuerdo entre Lotería Nacional y la entidad reguladora de la Ciudad permitió también variaciones de mercado en el mundo agenciero y que el casualmente patagónico Cristóbal López abriera juego con el usufructo de las máquinas tragamonedas, actualmente emplazadas en el Hipódromo de Palermo y a la dulce espera del segundo barco salón de apuestas.

Black Aníbal

Otra piedrita en el zapato de Ibarra además de los 193 muertos de Cromagnón, es la intimación al gobierno porteño para el retiro de los tragamonedas del Hipódromo Argentino de Palermo.

Por eso la contraofensiva sobre Gallardo intenta disimular las sospechas que apuntan hacia una investigación penal sobre el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, probablemente ligadas al proceso de asignación de permisos de explotación.

El Casino ubicado en la Dársena Sur, inauguró el 8 de octubre de 1999, cuando Ibarra aún no estaba en funciones. Por entonces el gobernador porteño era su par en la Alianza partidaria entre el FREPASO y la UCR, Fernando de la Rúa, quien se opuso a la licitación en un intricado debate legal con la nación, sobre la jurisdicción y los derechos de las aguas en las que estaría flotando el salón de juego.

Por entonces, los diputados Nilda Garré, Mario Fadel, Dario Alessandro y Manuel Martínez denunciaron el ingreso de contrabando y evasión de impuestos, merced a la interpretación indebida del decreto 347/97 que exime el pago de tributos a las importaciones temporarias, principalmente estipulado para facilitar el ingreso y egreso de barcos pesqueros. No obstante, Cirsa logro un plazo 'temporario' de amarre de 15 años.

Los argumentos que expuso la comisión evaluadora para la aceptación de la ley Ibarra 1185, fueron la situación práctica y el reconocimiento público por parte de la Lotería Nacional sobre la jurisdicción de la Ciudad acerca del juego, hasta ese momento en permanente interdicción. Algo así como blanquear una situación de hecho.

No va más

Por el momento, los funcionarios habilitados para controlar el presunto lavado de dinero proveniente de los juegos de azar son los miembros de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo completamente limitado por la escasa la asignación del presupuesto nacional y por infinidad de vericuetos administrativos que les impide actuar de oficio. Por lo tanto, imposibilitado de obrar por razones operativas a pesar de la predisposición e idoneidad de sus funcionarios de carrera.

Así la pagina oficial de Lotería Nacional anuncia con tranquilidad, entre sus productos, una réplica de las tradicionales naves casino que recorrían el río Missisipi a fines del siglo XIX, con ancla junto a la Reserva Ecológica, capacidad para 2500 personas, 600 máquinas de azar, 99 mesas de juego, restaurante, buffet froid, estacionamiento y seguridad, bajo el cuidado de expertos entrenados durante la represión de la última dictadura.