Prof. Juan Carlos Sánchez
Argenpress

Si algo existe en el Estado Nacional, en los Gobiernos provinciales y en los municipios, al igual que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la proliferación de la modalidad contractual a plazo para la incorporación de su personal.

Como bien decía Andrés en su artículo, esta invención se la debemos al Emperador Carlos Iº de Anillaco y luego se extendió por el resto de las jurisdicciones, con el fin de 'bajar' el gasto público mediante la evasión lisa y llana de los aportes jubilatorios y de incorporar mano de obra en condiciones muy cercanas a la existente desde mediados del siglo XIX...

En medio de las proclamas por 'un capitalismo en serio', nos encontramos con que el primer empleador en negro es el propio Estado, quien sigue haciendo campañas para que los empleadores declaren su personal. Es decir, sigue poniendo la paja en el ojo ajeno, en lugar del propio.

Sin embargo, existe una situación crítica, más allá de lo que significa un contrato en términos sociales, con respecto a los 2.300 contratados en la Dirección de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes han accedido a su empleo con motivo de la implementación de las Colonias de Vacaciones y que, en general, estaban desempleados o tenían diferentes planes sociales.

Desde luego, las condiciones de trabajo fueron precarias y sumamente complicadas para personas que estaban sin empleo. Hasta debieron comprar sus útiles de trabajo, como biromes y papeles, y pagarse su boleto para viajar hasta el lugar en donde prestaban servicios pero ello no salió de su bolsillo, sino de quienes les prestaron el dinero para estos menesteres.

Por supuesto, el contrato finalizó el 11 de febrero pasado pero, como no podía ser de otra manera, comenzó otro calvario adicional: cobrar los salarios estipulados. Hasta la fecha, luego que el organismo que hemos mencionado remitiera las planillas a la Dirección de Contaduría, todavía no han percibido sus haberes y se les ha informado que ello acontecería a fines de mayo.

Si estos trabajadores tuvieron que pedir el dinero prestado para cubrir las necesidades básicas del servicio y su propia manutención durante su horario laboral, esta demora perjudica sensiblemente sus intereses porque, a las claras, sus salarios ya han sido gastados con anterioridad. Entonces, cabe preguntarse: ¿ Cuáles son las prioridades para el pago de salarios ? ¿ No se ha pensado en la situación por la cual atraviesa la mayoría de ellos ? ¿ Se justifica este retraso injustificable cuando existe superávit en el presupuesto porteño ?.

Evidentemente, al ser trabajadores sin posibilidades de ejercer legítimamente sus derechos, debido a la precariedad de su vínculo, el Gobierno de la Ciudad está incurriendo en un abuso gravísimo por cuanto los salarios tienen carácter alimentario. De esta manera, se convalida la perversidad instaurada desde los `90 en donde las prioridades son establecidas arbitrariamente y se deja de lado al factor humano, como simple material descartable, en clave clientelista.

Tampoco se ha pensado en su situación, que amenaza con agravarse con cada día de retraso en el cobro de sus haberes, por cuanto las redes burocráticas siguen su curso en forma inmutable.

Sin dudas, lo peor de todo esto es la ausencia de justificación posible para esta actitud del gobierno porteño por cuanto es sabido, como también harto publicitado, el elevado superávit de su presupuesto, lo cual habla de las intenciones de Ibarra y sus funcionarios.

Y debemos pensar en otra cuestión a futuro. Aunque todavía no está reglamentada la Ley Nº 1502, sobre el cupo laboral del 5% que le corresponde a las personas con discapacidad, podemos deducir de su texto que su incorporación será realizada en carácter de contratado, hasta la sustanciación de los concursos para la efectivización en planta permanente.

Esta condición impuesta por dicha norma, si tenemos en cuenta lo que está pasando con estos trabajadores de la Dirección de Deportes, hace pensar en un futuro sombrío para aquellas personas con discapacidad que logren incorporarse. ¿ También ellas deberán pasar por el mismo calvario ? ¿ Esa es la clase de incorporación que están pensando para ellas ?.

En honor a la verdad, no sería nada extraño porque la intención es, precisamente, desalentar el empleo público de las personas con discapacidad y, al mismo tiempo, seguir ejerciendo la tutela clientelar que conocemos de sobra...

De contratos y contratados... Siguen los conos de sombra sobre una gestión ineficiente y con un alto grado de insensibilidad social y ahora parece que también gusta de abusar de su poder...

Ojalá, muy pronto, podamos decir que esta problemática ha sido superada pero estos hechos constituyen un severo llamado de atención para el colectivo de las personas con discapacidad, cuyos integrantes ansían vivir con un trabajo estable y digno y que seguramente no merecen un trato como el que hemos descripto, que tiene la esperanza pero también los ojos muy abiertos frente a una hipocresía social y estatal que no cesa...

También debería ser un llamado de atención para los funcionarios pues, según parece, no han aprendido nada de Derechos Humanos pero eso sí: conocen muy bien los propios...


* Juan Carlos Sánchez es Profesor de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales en I.S.P.'Dr. Joaquín V. González'.